El resultado de las elecciones del 9 de marzo ha puesto de nuevo sobre la mesa la cuestión de la reforma de nuestro sistema electoral. No bien cerrado el escrutinio, tanto Izquierda Unida como UPyD se apresuraron a poner de relieve la incongruencia que subyacía en el hecho de que la primera de estas formaciones hubiese obtenido apenas dos diputados con casi un millón de votos, y la segunda hubiese obtenido solamente uno con 303.000 sufragios, mientras que –se señalaba acusadoramente– el PNV se había hecho con media docena de escaños teniendo un puñado de votos menos que la formación liderada por Rosa Díez, y CiU había obtenido una decena pese a haber cosechado doscientos mil sufragios menos que la coalición liderada por Gaspar Llamazares.

 

De entrada, valdría la pena no perder de vista que resultados de este estilo no han sido infrecuentes en nuestra democracia, en la que el avance de los terceros partidos de ámbito nacional es, por mor de la legislación electoral y de las tendencias bipartidistas subyacentes en nuestro electorado, sumamente difícil. Recuérdese, a modo de botón de muestra, que los casi 200.000 votos cosechados en 1986 por el Partido Reformista Democrático –la “Operación Roca”– no se tradujeron en un solo diputado; que los casi 380.000 logrados en 1982 por Unión Nacional no se concretaron sino en el solitario escaño logrado por su líder Blas Piñar en Madrid o –en fin– que a cambio de 604.000 sufragios, el CDS de Adolfo Suárez no cosechó en 1982 más que un triste par de escaños. Elección tras elección, nuestro sistema ha arrojado resultados que, a priori, parecerían poco compatibles con la afirmación constitucional de que el sufragio es igual para todos, y contradictorios con lo que cualquier ciudadano de a pie deduciría de la fórmula “un hombre, un voto”.

 

Ahora bien: antes de demandar –como ya lo han hecho ambas formaciones– la necesidad de reformar durante esta legislatura la vigente ley electoral, convendría pararse un instante a pensar si de verdad vamos a querer –y, en tal caso, si parece plausible que vayamos a poder– llevar a cabo una reforma significativa de un sistema cuyos elementos definitorios se remontan no ya a la Ley Electoral de 1985, sino al Real Decreto por el que se regularon, allá por 1977, nuestras primeras elecciones democráticas. Y es que si el parlamento aspira a ser el rostro visible de la Nación a la que representa, la reforma del sistema electoral podría equipararse a una sustancial operación de cirugía estética, en cuyo caso convendría tener muy claro antes de ponernos bajo el bisturí del cirujano, a quién queremos parecernos, qué elementos de nuestro rostro queremos retocar, cuánto estamos dispuestos a que nos cueste, y en manos de quien vamos a confiarnos.

 

La última de estas preguntas tiene, en nuestro caso, una respuesta sencilla. La reforma del vigente sistema electoral pasa forzosamente por las manos del legislativo, de modo que el intento de plantear la cuestión ante instancias judiciales que en los días posteriores a las elecciones protagonizaron algunos dirigentes de Izquierda Unida no pasa de ser una ocurrencia sin pies ni cabeza, útil –a lo sumo– para diluir ante la opinión pública la responsabilidad por los pésimos resultados de la coalición. Pero esto obliga a reconocer de inmediato que las posibilidades de sacar adelante una reforma del sistema electoral que permita a los partidos minoritarios de ámbito nacional obtener un adecuado rédito de sus votos y reduzca la ventaja que el actual sistema brinda a los dos grandes partidos nacionales, son más bien escasas: si las leyes electorales las hacen y las deshacen los parlamentos, y –por definición– los partidos que en ellos ostentan las mayorías son aquellos que mejor han sabido servirse de las ventajas de la ley electoral existente, es poco probable que una alteración sustancial de la misma cuente con su apoyo. Los sistemas electorales tienden a perdurar en el tiempo como consecuencia del hecho de que quienes desean reformarlos no están en condiciones de hacerlo, y quienes podrían hacerlo no tienen incentivos para ello.

 

La pregunta de cuánto estaríamos dispuestos a pagar por la operación que estamos planteando obliga a reflexionar sobre cuán lejos estaríamos dispuestos a llegar para cambiar nuestro vigente sistema electoral. Y es que, aunque una parte importante de los problemas que se han venido apuntando deriven de la redacción de la vigente Ley Electoral, otros –y me atrevería a decir, los de más calado– hunden sus raíces en la propia Constitución. Es ésta la que limita a 400 el número de diputados, la que establece el criterio de reparto entre las circunscripciones, la que determina que éstas coincidan con las provincias, y –en el caso del Senado– la que establece la representación igualitaria de las provincias en nuestra supuesta cámara de representación territorial. Así las cosas, ni el establecimiento de circunscripciones de ámbito territorial más amplio –autonómico, por ejemplo–, ni el incremento del número de diputados por encima de los cuatro centenares, ni la creación de un distrito nacional único en el que se dirimiese una porción de los escaños para mejorar la proporcionalidad del actual sistema, tendrían cabida en una hipotética reforma, a menos que se quisiera dar el paso de alcanzar con ella al texto constitucional. Y esto, me temo, es una operación de las que no cubre el seguro.

 

Por supuesto, la pregunta clave en este asunto radica en cuál debería ser el objeto de la reforma, lo que a su vez obliga a preguntarse por cuáles son los supuestos defectos del actual sistema electoral que se desea eliminar. Y ahí es donde las discrepancias tardarán en aparecer lo que tarden en concretarse las primeras propuestas y en hacerse las primeras proyecciones. Porque si para unos la infrarrepresentación de las minorías resulta incompatible con las exigencias democráticas, es seguro que el PP y el PSOE no tardarán en apelar a la gobernabilidad, y a la conveniencia de que los gobiernos cuenten con el respaldo de mayorías sólidas y no hayan de depender para su estabilidad de los votos de partidos minoritarios que pretendan obtener en la mesa de negociaciones lo que no lograron sacar de las mesas electorales. A fin de cuentas, si resulta dudosamente democrático que una formación con casi un millón de sufragios no pueda siquiera formar grupo parlamentario propio, tampoco lo sería mucho que un partido con once millones de votos y 169 escaños hubiera de depender de ésta –o de otra todavía menor– para poder formar un gobierno estable.

 

En última instancia está la cuestión de cual es la imagen ideal a la que desearíamos que se pareciese nuestro legislativo. Y a este respecto, me temo que los modelos que nos ofrece nuestro entorno más próximo aconsejarían no hacer experimentos insensatos con la legislación electoral. Y es que si las democracias más estables del continente cuentan, bien con sistema electorales mayoritarios –a una sola vuelta en el caso de Gran Bretaña, y a dos vueltas en el de Francia–, bien con sistemas proporcionales dotados de amplias cláusulas de barrera –nada menos que el 5% de los votos en el caso de Alemania–, los casos más notorios de proporcionalidad extrema –Italia desde 1946 hasta 1994 sería el ejemplo clásico– no se caracterizaron precisamente por su ejemplaridad. Y es que si en democracia hay algo peor que la dictadura de la mayoría, es el abuso de las minorías.