La detención del ciudadano ruso Viktor Bout, según algunas fuentes el mayor traficante de armas del mundo y calificado por Amnistía Internacional como “el hombre de negocios más prominente” de dicho tráfico, producida en el Hotel “Sofitel” de Bangkok el pasado 6 de marzo, ha puesto de nuevo sobre la mesa la manida cuestión de las conexiones logísticas de los distintos terrorismos que siguen actuando en diversas latitudes del mundo. La aparentemente contradictoria presencia en su “agenda” de clientes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o los yihadistas de Al Qaida puede, quizás, haber sorprendido a algunos pero nos sirve por el contrario a otros para confirmar nuestros escenarios que a veces son calificados por algunos incrédulos de “catastrofistas”. Cabe destacarse que la detención de Bout, a quien la policía tailandesa seguía la pista en el país desde el pasado enero, sería uno de los frutos más inmediatos de la acción militar colombiana en suelo ecuatoriano producida el 1 de marzo y en la que moría el “número dos” de las FARC, Raúl Reyes, en cuyos ordenadores se habría hallado la información necesaria para detenerle. La referencia en este análisis a las FARC como grupo terrorista no debería a estas alturas sorprender a nadie pero, como a algunos no les basta con recordar que tanto la UE como los EEUU las consideran como tales, bueno será citar la opinión al respecto de Joaquín Villalobos, quien durante años fuera guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) salvadoreño y hoy es un prestigioso consultor para la resolución de conflictos internacionales con base en el Reino Unido.^[1]

 

Aunque hoy se hable de las FARC en términos de dispersión de sus miembros - cifrados en unos 17.000, no lo olvidemos - y de debilitamiento de sus estructuras de mando no hemos de olvidar lo que aún representan y que, además, el hecho de que la operación contra Viktor Bout o la también tratada en este análisis contra el traficante de armas sirio Moncer Al Kassar tenga las siglas de los narcoterroristas colombianos como telón de fondo dice mucho sobre la realidad de su amenaza. Involucradas de lleno en el lucrativo tráfico de cocaína - en el que comenzaron controlando territorios de cultivo para acabar abarcando también las fases de la transformación y de la distribución por el mundo -, recibiendo fondos financieros abundantes como la información intervenida a Reyes demuestra sobradamente,^[2] y comprometidas en la guerra contra el imperialismo representado por los EEUU en la que se encuentran o se encontrarán con terroristas europeos, con los disciplinados elementos de Hizbollah o con los innovadores llamamientos a unificar frentes de los líderes de Al Qaida, lanzados en 2007, la búsqueda de sofisticados sistemas de armas por su parte parece lógica y no sorprende por tanto a veteranos traficantes de armmento como los aquí estudiados.

 

 

Bout, a quien se conoce como “el mercader de la muerte” o “el señor de la guerra”, es un antiguo ciudadano soviético y ahora ruso cuyo origen estaría en Tayikistán, en Ucrania o en la Federación Rusa según diversas fuentes. Lo que sí es seguro es que vio truncada su carrera en la KGB con la desaparición de la Unión Soviética y se dedicó a lo largo de los años noventa a alimentar con armamento conflictos africanos - en Angola suministrando a UNITA, en la República Democrática del Congo donde la Primera Guerra Mundial Africana le permitió hacer buen dinero o en Liberia y Sierra Leona, donde facilitó armamento respectivamente al sanguinario Frente Revolucionario Unido (FRU) y a su valedor liberiano y Presidente Charles Taylor, además de Ruanda y Sudán -, las luchas en Filipinas y el activismo letal de diversos grupos terroristas. Entre estos habría facilitado armas en el pasado a las FARC, algo que ahora habría intentado hacer de nuevo cayendo en una trampa minuciosamente preparada por el Administrador Adjunto de la Agencia Antidroga estadounidense (DEA), Michael Braun, parecida a la también reciente tendida contra el ciudadano sirio y residente en España Moncer Al Kassar y a la que nos referiremos más adelante,^[3] y habría vendido o al menos discutido sobre la posible venta de armas con los Talibán y con Al Qaida, algo que el ahora detenido no deja de negar. A los Talibán ya les había vendido armas - a la vez que se las facilitaba también a sus enemigos de la Alianza del Norte - antes del 11-S y de la intervención militar en Afganistán que acabó con su régimen, pero en 2002 rechazó en declaraciones a la radio en Moscú que hubiera tenido contactos o mucho menos negocios con los Talibán y, sobre todo, con la red dirigida por Osama Bin Laden.

 

Dominando seis idiomas - de hecho en África decía trabajar como traductor y había estudiado en el prestigioso Instituto Militar de Lenguas Extranjeras de Moscú - y con gran habilidad para los negocios, Bout vivía en Moscú y desde allí se desplazaba con gran cautela por el mundo. Precisamente desde Moscú se vio atraído a Bangkok por un negocio en el que esperaba obtener una comisión de 5 millones de dólares facilitando armamento diverso a las FARC que iba a incluir misiles y lanzagranadas.

 

El interés de actores tan diversos por tratar con Bout en los últimos años está justificado en la medida en que este escurridizo traficante - interpretado en el cine por Nicolas Cage en la película “El señor de la guerra”, basada en el libro El mercader de la muerte de Douglas Farah y Stephen Braun - disponía de una flota de aviones “Antonov” y de pequeñas avionetas hasta un total de 40 aparatos y de acceso a armamento ruso que pasando por múltiples modelos de armas ligeras incluye los atractivos misiles tierra-aire y contracarro que diversos grupos terroristas y delincuenciales ansían poseer para dar una dimensión nueva a su actividad delictiva.^[4] Sobre Bout pendía desde 2002 una orden internacional de busca y captura emitida por la Interpol a requerimiento de Bélgica y los EEUU llevaban años pisándole los talones. En julio de 2004 el Departamento del Tesoro congelaba bienes de Bout bajo jurisdicción estadounidense, en abril de 2005 tomaba idéntica medida contra 30 de sus compañías y cuatro personas vinculadas a él y, finalmente, en octubre de 2006 los EEUU imponían ya sanciones contra el resto de las empresas en las que se había hallado rastro suyo.^[5] Más recientemente, en 2007, otras siete compañías conectadas con Bout y tres personas acusadas de enviar armas a la República Democrática del Congo siguiendo órdenes del traficante vieron congelados sus fondos y la propia ONU incluyó, a petición de Washington, a estas y a las anteriormente señaladas en su lista de sanciones.

 

Mientras aguarda a su procesamiento en Tailandia y/o su extradición a los EEUU Bout puede fijarse en los precedentes creados por la cooperación bilateral en el ámbito judicial entre Colombia y los EEUU, extraordinariamente desarrollada bajo la Presidencia de Álvaro Uribe. Ilustrativo es el ejemplo más reciente de dicha colaboración, reflejado en la condena a 60 años de prisión dictada el pasado 28 de enero contra el cabecilla de las FARC Ricardo Palmera (alias Simón Trinidad), detenido en Ecuador y extraditado por Colombia a los EEUU en 2004 acusado de narcotráfico y de conspirar para el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses que investigaban cultivos ilícitos en la selva colombiana y que aún están en manos de los narcoterroristas.^[6] Es algo harto evidente en la dimensión global de la delincuencia organizada de nuestros días que el tráfico ilegal de armas y de drogas y, en consecuencia, el mundo del terrorismo tenga la etiqueta que tenga, están interconectados tal y como día a día se va confirmando gracias a operaciones lanzadas en todo el mundo.^[7]

 

 

La detención de individuos como Bout o la situación legal de otros como Al Kassar en España ponen sobre la mesa las dificultades existentes a la hora de luchar contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada, dificultades que no hacen sino facilitar la circulación descontrolada por el mundo de diverso tipo de armamento.

 

En el caso de Viktor Bout las autoridades tailandesas tienen motivos sobrados para juzgarle en el país, retrasando con ello los deseos estadounidenses de obtener una extradición que ya han solicitado formalmente.^[8] Por otro lado, diversos medios de comunicación han incidido mucho en los riesgos que el procesamiento de individuos como Bout o como Al Kassar tendría dado que ambos, con intensidades diferentes, habrían colaborado con servicios de inteligencia y agencias de seguridad o incluso, y en lo que al primero respecta, con el abastecimiento, a través de algunas empresas pantalla, de suministros a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak desde 2003. Esta doble faceta de Bout explicaría el porqué de la desunión occidental a la hora de coordinarse para atraparle o incluso de las contradicciones internas, en los EEUU por ejemplo entre la DEA y el Pentágono, a la hora de calificarlo.^[9]

 

Bout conspiraba, junto con su socio el británico Andrew Smulian a quien el 10 de marzo también se imputaba en Nueva York por conspiración para dotar de apoyo material a organización terrorista, para vender armas valoradas en millones de dólares a las FARC según un comunicado hecho público el 8 de marzo en Nueva York en el que se incluye la acusación presentada por el Fiscal del Tribunal Federal del Distrito Sur de dicha ciudad, Michael J. García.

 

Como se recordará, en el caso de Moncer Al Kassar existe un paralelismo en cuanto a las circunstancias en las que fue detenido por última vez, el 7 de junio de 2007 en el Aeropuerto de Barajas, tratándose de un “delito inducido” por la DEA para tratar de involucrar a este ciudadano sirio residente en España desde 1980 en una actividad criminal susceptible de permitir la extradición del mismo a los EEUU. Al igual que en el caso de Bout la detención de Al Kassar se produjo bajo la acusación de conspiración para vender armas a las FARC. El plan de la Agencia Antidroga estadounidense consistía en vender al Gobierno de Nicaragua armas rumanas que, pasando por Polonia, finalmente deberían de acabar en manos de los terroristas de las FARC, actuando Al Kassar como intermediario entre la fábrica en Rumanía y el Gobierno nicaragüense, algo en principio legal y que es lo máximo que el acusado ha aceptado en términos de responsabilidad, afirmando desconocer que el destinatario último pudiera ser el grupo terrorista colombiano. Los estadounidenses por el contrario insisten en que sí quedó claro durante la operación que los compradores se presentaban como representantes de los narcoterroristas colombianos. Tras haber decidido la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, en octubre de 2007 y por dos votos a favor y uno en contra, autorizar la extradición a los EEUU del ciudadano sirio, y habiéndolo ratificado el Pleno de la Sala de lo Penal de dicha instancia judicial, en febrero de 2008 y con el voto en contra de algunos de los 17 miembros del mismo, su abogado defensor ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que hasta que no se resuelva impedirá al Consejo de Ministros tomar una decisión al respecto.^[10] Mientras tanto Al Kassar está en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado 9 de junio y su situación provoca de forma cíclica la atención de algunos medios de comunicación así como el debate sobre las capacidades de actuación que en suelo español pueden tener las fuerzas de seguridad de otros países.^[11] España es muy restrictiva en este ámbito, tanto en lo que respecta a las actividades de los funcionarios de la Oficina Federal de Investigación (FBI) o de la DEA como a los del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) o a los de la Oficina de Investigaciones Especiales (AFOSI) de la Fuerza Aérea estadounidense en el ámbito militar.^[12] En cuanto a su actividad cabe recordar que Al Kassar ha traficado con armas desde principios de los años setenta del siglo XX, con clientes en Nicaragua, Brasil, Chipre, Bosnia, Croacia, Somalia, Irán e Irak además de, según varias fuentes aparte de los actuales acusadores estadounidenses, diversos grupos terroristas.