La historia de Pakistán no deja lugar a dudas sobre la tendencia de sus dirigentes a la corrupción, la inestabilidad parlamentaria y la disposición de las Fuerzas Armadas a asumir la responsabilidad política. Una vez más se inicia una legislatura democrática, y una vez más los nubarrones ensombrecen sus perspectivas.

 

La presencia de Musharraf como presidente supone una incitación al choque entre las instituciones. Llegó al poder dando un golpe de estado contra el entonces presidente Sharif. Encarceló durante años a Yusuf Raza Gilani, recién elegido primer ministro, y a Asif Ali Zardari, viudo de Bhutto y actual jefe del Partido Popular. La recomposición del Tribunal Supremo, violentado por Musharraf, puede llevar a reabrir el debate sobre la legalidad de su elección y su posible destitución. Un proceso que se verá animado por las sospechas de que no dotó a Bhutto de la seguridad necesaria.

 

Al mismo tiempo, crecen las sospechas de que la elección de Gilani entre los notables del PP se debe a su proximidad con Zardari y a su disposición a cederle la dirección del Gobierno cuando las circunstancias lo permitan. ¿Es la condición de viudo el mejor aval para asumir esa responsabilidad? ¿Lo es su legendaria fama de corrupto? ¿No sería más apropiado que se concentrara en mantener unido al partido y dejara actuar a sus principales figuras?

 

Iniciar un proceso de transición política poniendo en duda la legitimidad del presidente, abriendo especulaciones sobre la provisionalidad del primer ministro y adelantando la revisión del Tribunal Supremo no genera confianza. Más aún cuando el islamismo tiene allí parte de sus cuarteles generales, la inflación aumenta y la economía no acaba de despegar. Su delicada situación geográfica, su arsenal nuclear y el peso del Islam radical hacen de este país objeto de permanente preocupación. Todos nos jugamos mucho con este nuevo ensayo democrático, que debemos apoyar con inteligencia y eficacia.