La victoria del PSOE por mayoría relativa en las elecciones del 14 de marzo, tres días después del tremendo schock emocional producido por los brutales atentados del 11-M, parece suponer un cambio en la política exterior española de 180º. Aquí se pretende argumentar la conveniencia de meditar la necesidad de mitigar ese giro.

 

El cambio de gobierno que se producirá después de las elecciones del 14 de marzo y como consecuencia de los tremendos atentados del 11-M tiene una repercusión internacional como resultado del peso alcanzado por España en cuatro grandes escenarios el concierto internacional (Estados Unidos, Hispanoamérica, Europa y Magreb) y en uno menor (África ecuatorial). Pero además conviene analizar como afectará a los propios intereses españoles un tal cambio de política exterior. Este cambio se prefigura como radical en tres de los cuatro ejes que vertebran la política exterior española y aun puede tener repercusiones en el cuarto (Hispanoamérica) y en el escenario menor (Guinea Ecuatorial). Se argumentará que la ejecución de este giro trae consigo numerosísimos inconvenientes que aconsejan meditar cuidadosamente la conveniencia de matizarlo.

 

El presupuesto del problema analizado es que hasta ahora en España, a diferencia de lo que ocurre en las grandes potencias de nuestro entorno, del mismo modo que existen graves desacuerdos de principio en política interior (cuestión de la estructura territorial del Estado), hallamos profundas divergencias en materia de política exterior. Parecía que las mismas habían encontrado cauces objetivos de superación, pero el cambio que se anuncia indica que quizá siga existiendo una gran disparidad de criterios. Un cambio radical como el que se anuncia puede tener un altísimo coste para nuestra credibilidad política internacional. Ese coste lo iba a sufrir, precisamente, el nuevo gobierno del PSOE pues los eventuales socios internacionales difícilmente adquirirán compromisos a largo plazo sabiendo el riesgo de que los mismos puedan ser revisados tras un cambio de gobierno.

 

 

El cambio de gobierno producido en España después de las elecciones del 14 de marzo ha sido visto con extrema preocupación en numerosos países. La razón no es, obviamente, porque el PSOE, como tal partido, alcance el poder: este partido ya estuvo en su día en el poder sin que se produjera ninguna alarma internacional. Pero ahora la situación es distinta. Por un lado, la España de 2004 es una España más próspera y con mayor peso internacional que la de 1982; por otro, los acontecimientos (terribles atentados terroristas de Atocha) que han preludiado este cambio de gobierno tienen, también, una relevancia universal. Por ello, el cambio en la política exterior española no es algo que suscite interés sólo en España, sino que preocupa en muchas áreas del mundo.

 

El área sin duda más importante es el de Estados Unidos, con toda la proyección que lleva consigo sobre el globo, y muy especialmente, el Oriente Medio. La retirada de las tropas españolas de Iraq, anunciada por el futuro presidente de Gobierno, no ha alarmado por causas operativas: el general Sánchez, jefe de las fuerzas armadas norteamericanas ha dicho que las tropas españolas pueden ser perfectamente sustituidas. La alarma se produce por el contexto en el que se anuncia esta retirada: justo después de unos terribles atentados cuya autoría se imputa a Al Qaeda o a otro grupo terrorista islámico (no es ocioso recordar que Al Qaeda no es el único grupo terrorista islámico). La retirada de España de Iraq, si no se hubiera producido el atentado del 11-M, hubiese sido un mero problema entre Estados Unidos y España. Pero tras el atentado del 11-M, esta retirada tiene una lectura en clave de cesión al terrorismo internacional por tres razones. Por un lado, porque precisamente el PSOE ha atribuido los atentados a un grupo terrorista islámico; por otro, porque se han aireado documentos de grupos terroristas islámicos que anunciaban que un atentado en España podría provocar la derrota del PP y la retirada de Iraq; y por último porque el mismo grupo que efectuó la primera reivindicación del atentado (Brigadas de Abu Hafs Al Masri) ha anunciado el 17 de marzo que va a “parar las operaciones en territorio español contra los llamados objetivos civiles”, después de que los españoles votaran el pasado domingo “al partido que estaba en contra de la alianza con Estados Unidos en su guerra contra el Islam”. A la luz de estos datos, la retirada española de Iraq no se ve externamente como el cumplimiento de una promesa electoral, sino como una rendición ante la amenaza de nuevos atentados. Así se ha visto en Estados Unidos no sólo por Bush, sino también por Kerry. Esta percepción resulta extraordinariamente peligrosa fuera de España pues los grupos terroristas islámicos pueden verse animados a cometer atentados de similar brutalidad y en un contexto parecido (por ejemplo, en las próximas elecciones presidenciales norteamericanas) en otros Estados de la coalición para intentar su retirada de Iraq. Es más, la percepción externa de que la retirada española se debe a la presión terrorista ha llevado a los grupos terroristas islámicos a formular amenazas de atentados para condicionar la política interior de Estados occidentales (así, la reciente amenaza del comando Movsar Baraiev –autor del secuestro de rehenes en un teatro de Moscú- de atentados si no se retira la ley contra el velo islámico). Una adecuada ponderación de la gravedad de estas circunstancias debiera mover a reflexión. Una promesa electoral hecha en un contexto anterior al 11-M no debiera obligar cuando las circunstancias han cambiado de forma tan extraordinaria. Si el cumplimiento de los tratados se produce “rebus sic stantibus”, nadie dejaría de entender que el PSOE dejara de cumplir esa promesa al haber mutado la situación.

 

En los otros grandes escenarios la preocupación no es menor. Así, en el ámbito de la Unión Europea, el cambio ha suscitado la inquietud declarada de Polonia que, hasta ahora, contaba con España para contrapesar las pretensiones de Francia y Alemania en el proyecto de Constitución Europea. Pero junto a esta inquietud declarada se halla la de otros países, como el Reino Unido e Italia que se aprovechaban de la posición española para frenar las ambiciones del eje franco-alemán. Un eventual abandono de España de sus actuales posiciones producirá un realineamiento en la UE, siendo probable que el Reino Unido apoye más abiertamente a Polonia. En efecto, desde hace siglos, el Reino Unido ha venido aplicando escrupulosamente (y con éxito) en el continente europeo la política del equilibrio de poderes y es obvio que un proyecto de Constitución como el presentado por Giscard afectaría negativamente a ese equilibrio al aumentar el peso específico del eje franco-alemán.

 

Si de la UE pasamos al Magreb, es también previsible una alteración de la situación política en esta zona. El cambio de nuestra política exterior se produce en un momento trascendental: justo cuando Marruecos se halla sometido a la mayor presión internacional desde hace muchos años al vencer, a finales de abril, el plazo dado para dar una respuesta definitiva al Plan Baker II, aprobado por unanimidad del Consejo de Seguridad en julio de 2003 y calificado como “solución política óptima” por la ONU. Todo parece indicar que el nuevo gobierno se dispone a apoyar la anexión del Sáhara por Marruecos, frustrando así todos los esfuerzos realizados por James Baker. Aplicando a este escenario la doctrina inglesa del equilibrio de poderes un apoyo español a la anexión del Sáhara Occidental por Marruecos produciría un grave desequilibrio en favor de la monarquía alauita, por lo que tal política, lejos de apaciguar el conflicto puede alimentar el enconamiento argelino e incluso mauritano, temerosos ambos países de ver en el noroeste africano un Marruecos hegemónico que tiene veleidades expansionistas sobre estos dos países. Para la paz en el Magreb, por tanto, parecía más conveniente la situación hasta ahora presente, en la que todas las potencias están relativamente equilibradas. Es más, si se produjera la anexión del Sáhara Occidental, una frustración de las esperanzas saharauis de independencia podría tener consecuencias letales al alimentar en sectores radicales la idea de que la guerra convencional o la negociación diplomática es insuficiente para conseguir la independencia.

 

 

El cambio en la política exterior anunciado no sólo tiene repercusiones internacionales. España ha ido destilando sus propios intereses políticos y económicos.

 

El abandono de la relación estratégica con los Estados Unidos y la consiguiente retirada española de Iraq puede tener gravísimas consecuencias que quizá no compensen la satisfacción de una promesa electoral. En primer lugar, la seguridad española puede verse gravemente comprometida con este abandono y ello por dos razones. En primer lugar, si, como creo que ha quedado suficientemente demostrado, la retirada de Iraq y el alejamiento de Estados Unidos se entiende como una cesión frente a los terroristas, la seguridad española quedará hipotecada al cumplimiento de sucesivas condiciones establecidas por grupos terroristas islámicos. Basta pensar en lo fácil que sería para estos grupos terroristas sin escrúpulos atentar contra los intereses turísticos españoles: pudiera suponerse que a fin de obtener “seguridad” para el turismo, España tenga que modificar su política internacional (enfrentamiento a Israel, p. ej.) e incluso su política interior (fomento de la religión islámica en España). Pero además, en segundo lugar, parece que Estados Unidos ha prestado importantes favores a España en materia de espionaje electrónico, haciendo llegar a España importantes datos captados por la NSA en las comunicaciones de ETA. El enfrentamiento con Estados Unidos, entendido como una negativa de España a colaborar con ellos en la lucha contra el terrorismo islámico, podría conllevar la negativa de Estados Unidos a colaborar con España en contra el terrorismo etarra. Si esto sucediera nos encontraríamos un riesgo cierto de repunte de la actividad terrorista de ETA. Junto a ésta, el enfrentamiento con Estados Unidos acarrearía otras dos consecuencias negativas. Una económica: la posibilidad de una guerra comercial España-Estados Unidos en el continente hispanoamericano (en el que ahora las empresas españolas han prosperado gracias al clima de entendimiento político mutuo) en la que España tiene grandes posibilidades de sufrir pérdidas que tendrían repercusiones muy desfavorables en la economía nacional española. La otra militar: la presencia de las tropas españolas en Iraq (que está avalada por las resoluciones 1483 y 1511 del Consejo de Seguridad) según los propios militares está siendo la más formativa para nuestro Ejército de cuantas misiones han realizado en el extranjero.

 

En el marco de la UE, nuestro alineamiento junto a las tesis del eje franco-alemán sólo se entendería si España renunciase a la posición favorable de la que en este momento disfruta gracias al Tratado de Niza, que es el que está vigente. Es difícil ver qué compensación podría recibir España a cambio de abandonar su posición de primera potencia en el concierto europeo. Si se especulase con la posibilidad de compensar en escaños en el Parlamento Europeo la pérdida de peso en el Consejo se estaría ante un canje muy desfavorable pues el peso porcentual y, sobre todo, político, ganado en el PE (que decide, no lo olvidemos, por mayoría simple) difícilmente puede compensar la pérdida de peso en el Consejo (que Francia y Alemania no quieren que decida por mayoría simple). Y todo ello sin mencionar que el PE no funciona con criterios nacionales exclusivamente, sino primordialmente partidistas, al revés de lo que ocurre en el Consejo.

 

En el Magreb, finalmente, el acercamiento a Marruecos nos afectaría triplemente. En primer lugar, ese acercamiento a Marruecos sumado a la proximidad de Francia, nos podría granjear un distanciamiento respecto a todos los países de la zona que están apostando progresivamente por Estados Unidos (Argelia, Libia, Mauritania) con todas las desventajas que ello conlleva. En segundo lugar, el apoyo a la anexión del Sáhara implicaría la renuncia a la presencia de un Estado aliado de cultura hispánica enfrente de Canarias para preferir la presencia de un Estado de cultura francófona y con el que las relaciones nunca han dejado de ser tensas, mientras no se satisfagan las reivindicaciones marroquíes. Y es que sucede, en tercer lugar, que es difícil conciliar ese apoyo a Marruecos con el interés español en preservar la integridad de nuestro territorio terrestre y marítimo. No se trata sólo de la seguridad de Canarias, Ceuta, Melilla y demás territorios norteafricanos españoles. Se trata del problema de las aguas de la Zona Económica Exclusiva española en el archipiélago canario. En una discutible sentencia dictada por una sección de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo presidida por Fernando Ledesma se ha anulado recientemente, por razones de forma, el real decreto que dictó el gobierno español en diciembre de 2001 otorgando concesiones de exploración y explotación petrolífera a Repsol en el archipiélago canario. Aquel decreto originó una protesta diplomática de Marruecos que considera suyas las aguas que se hallan más allá de la mediana que separa ambos países. El nuevo gobierno deberá decidir si aprueba o no el nuevo real decreto cumplidos los trámites formales antes omitidos. Aquí se verá en qué medida esta nueva política hacia Marruecos beneficia o perjudica los intereses españoles.

 

 

Nunca un cambio de gobierno en España ha venido anunciado con un giro tan drástico de nuestra política exterior. Sin embargo, nuestra política exterior se halla en este momento coherentemente trabada con nuestra política económica (inversiones en Hispanoamérica y el Magreb) y con nuestra política interior (lucha contra el terrorismo). Si en otros momentos de nuestra historia el cambio de política exterior carecía de consecuencias tangibles, en este momento ese cambio produciría una conmoción que iría mucho más allá de un cambio ideológico o simbólico: afectaría muy negativamente a nuestros intereses. El hecho de que la elección del nuevo gobierno se haya producido después de un acontecimiento tan excepcional como los atentados del 11-M debería ofrecer al nuevo Gobierno la posibilidad de replantearse las propuestas de giro en la política exterior efectuadas antes de tan trascendental hecho.