Pocas cosas pueden ser tan difíciles para un político como enviar a nuestros soldados a jugarse el tipo bien lejos de nuestra patria.

 

Rodríguez Zapatero se impuso a sí mismo la obligación de que las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas españolas tuvieran la máxima cobertura política y jurídica. No sólo sería responsabilidad del ejecutivo, sino que el Congreso de Diputados tendría que emitir su juicio y, además, la ONU tendría que darles cobertura legal. Así quedó plasmado en la Ley de la Defensa Nacional tan ardorosamente defendida por José Bono antes de ser reemplazado por José Antonio Alonso como ministro de defensa.

 

La independencia de Kosovo, no reconocida por el gobierno de Rodríguez Zapatero abre una brecha importante en el ideario socialista. España tiene en Kosovo medio millar de soldados en la misión de la OTAN. Dicha misión arranca en 1999 con el mandato de la ONU (resolución 1244) como paraguas general, pero se despliega gracias a un acuerdo técnico con el gobierno de la República de Yugoslavia y Serbia, a la sazón el sujeto jurídico legítimo para tal menester. Pues bien, la contradicción del actual gobierno es no reconocer a Kosovo pero permitir que nuestras tropas sigan allí, como si nada hubiera pasado. Y sí que ha pasado.

 

El actual ministro de Defensa sabe –y debería decirlo- que nuestros soldados necesitan de una cobertura jurídica que ampare su presencia y sus acciones en suelo extranjero. Máxime cuando de esas acciones pueden derivarse implicaciones legales (desde accidentes a bajas enemigas o daños colaterales). ¿Qué estatuto jurídico puede amparar a los soldados españoles cuando la contraparte, Kosovo, no existe como sujeto de derecho ante nuestros ojos? ¿Qué acuerdo puede servir de cobertura si Serbia rechaza el marco legal sobre el que se basó el despliegue de la misión donde participamos? Decir que el mandato de la ONU sigue siendo válido mientras no se revoque, no es más que un burdo engaño. Las tareas que la ONU pedía a la OTAN que realizara siguen siendo tan necesarias hoy como hace nueve años, pues ninguna institución kosovar puede garantizar la ley y el orden, y mucho menos, la estabilidad y la ausencia de violencia. Pero toda vez que Kosovo ya no es parte de Yugoslavia, el mandato debe cambiar. Al igual que su aprobación por los diputados. No se puede afirmar, como hacen Rodríguez Zapatero y Moratinos que no se reconoce la independencia de Kosovo porque no está santificada por la ONU para, acto seguido, olvidarse de la ONU en lo tocante al despliegue de nuestros militares.

 

Ya estamos acostumbrados a la inconsistencia de las posiciones del gobierno, pero en esta ocasión se está jugando con la responsabilidad que asumen todos y cada uno de los soldados españoles actuando al margen de la legalidad internacional. Si yo fuera militar me cuestionaría muchas cosas sobre el compromiso del ejecutivo con las tropas. Y a todo esto, su ministro, el de Defensa, ¿qué dice?