La Guerra de Afganistán y, en general, la guerra contra el yihadismo, ha planteado un serio problema jurídico a la hora de fijar el tratamiento que merecen aquellos que fueran hechos prisioneros. ¿Se les puede tratar como si fueran soldados enemigos? ¿Se debe avanzar en un estatuto especial para terroristas? ¿Qué es terrorismo y cuáles son sus límites? ¿Dónde acaba la guerrilla y empieza el terrorismo? Como en tantas ocasiones Naciones Unidas no ha sido de gran ayuda, al mostrarse incapaz de aprobar una definición operativa de terrorismo. Muchos de sus miembros están convencidos de que el terrorismo es legítimo en determinadas ocasiones y no están dispuestos a facilitar su condena. La Administración Bush optó por definir un marco legal «ad hoc» dentro de la esfera de la justicia militar, que contó con la aprobación del Legislativo y que, finalmente, fue sólo parcialmente modificado por el Tribunal Supremo.

 

Los expedientes de instrucción siguieron su curso y van llegando a los tribunales. La petición de la máxima condena a seis de los detenidos a nadie le puede extrañar. Estamos haciendo referencia a algunos de los máximos dirigentes de Al Qaida, responsables directos de asesinatos. Entre ellos destaca Khalid Sheikh Mohammed, el jefe de operaciones de Al Qaida, colaborador directo de Osama Bin Laden y director de los atentados del 11-S.

 

El debate internacional sobre la legalidad del sistema arbitrado por Estados Unidos se volverá a abrir, al tiempo que obligará a los candidatos presidenciales a fijar posición. Sin embargo, no estamos ante un hecho que se vaya a resolver en un tiempo breve. La justicia requiere calma. Para cuando llegue el momento habrán pasado muchas cosas en la política norteamericana, pero es poco probable que para entonces los dirigentes y la opinión pública de ese país hayan dejado de considerar que los responsables de tanto sufrimiento merezcan la pena máxima. La voluntad de hacer el mayor daño posible es tan evidente en sus actos que la defensa tiene ante sí un reto casi imposible.