A un mes de que los ciudadanos decidamos en las urnas si queremos seguir con el modelo de Gobierno que ya conocemos o si nos decantamos por un cambio, es momento de poner blanco sobre negro la política de inmigración que se ha desarrollado a lo largo de esta legislatura. Se trata de un fenómeno que, lejos de terminar con el proceso de regularización que se llevó a cabo en 2005, tiene visos de seguir siendo uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos.

                                                                       

La última encuesta del CIS así lo confirma. La inmigración está entre los cinco temas que más preocupan a la gente, junto con el terrorismo, la inseguridad, la vivienda o el paro.

 

Que esté en uno de los primeros lugares de la lista quiere decir que los ciudadanos no terminan de encajar la versión oficial de que todo se ha hecho de la mejor manera posible. Antes al contrario. La ciudadanía es consciente de que las cosas se podrían haber hecho de otra manera, más meditada, más ordenada, de tal forma, que habría redundado en beneficio de todos. Tanto para los que llegan como para los que están.

 

Una política de inmigración que se precie de ser considerada eficaz, debe tener como mínimo común denominador la idoneidad a medio y largo plazo en varios frentes: económico, político, social y cultural.

 

La política de gestos que solo quedan en fotos solo quedan en eso. Gestos y fotos, que a veces no resisten el paso del tiempo.

 

 

Una de las primeras impresiones que se ha ido forjando el común de los ciudadanos, es que en este campo se ha improvisado demasiado, fruto de la inexperiencia y de la falta de humildad para dejarse asesorar.

 

Cuando el Gobierno socialista consideró que un proceso de regularización masiva podría minimizar el problema de inmigración ilegal, fueron muchas las voces, dentro y fuera de España, que recomendaron no proceder de ese modo porque se acabaría generando un efecto llamada.

 

No es una impresión de quien escribe. Los mismos inmigrantes lo confirman.

 

Sirvan de muestra dos ejemplos.

 

Uno, el testimonio del presidente de la Federación Española de Inmigrantes –FEIN- Guillermo Llano Matiz, quien confirmó hace unos meses en estas páginas que el proceso de regularización ha contribuido a generar la llegada de inmigrantes de forma indiscriminada.

 

“Ha generado un efecto llamada enorme en nuestros países, se lo digo porque el comentario entre mis compatriotas colombianos ha sido el mismo. Hay que llegar a España como sea, aguantar agazapado un par de años trabajando en lo que se pueda porque se sabe que el Gobierno acabará dándote papeles. Es cuestión de tiempo”. “Las mafias han hecho su agosto y lo siguen haciendo, ellos mismos venden a bombo y platillo las buenas y fáciles oportunidades que tiene España para todos. Y no solo España, también Europa. Luego, la realidad es otra muy diferente. Creo que deberían trabajar más de cerca con Europa sobre estos temas porque les acaban afectando a todos”.

 

El señor Llano afirmaba también que esta circunstancia es común para cualquier inmigrante procedente de cualquier parte del mundo. “No olvide usted que vivimos en un mundo conectado a tope, y que la información es cada vez más accesible. Si uno no tiene oportunidad de navegar por Internet, sí tu vecino, que te lo cuenta y te lo aumenta. Imagínese”.

 

El segundo comentario que confirma la poca idoneidad de dicho proceso viene de un inmigrante procedente de Rumania, cuya identidad no se desvela en estás páginas por su propia seguridad, y para preservarla, me acojo al derecho de secreto profesional. El comentario de Pepe, al que denominaremos así por cuestiones antes mencionadas, es un adelanto de una entrevista que se publicará en estas páginas más adelante, en la que este inmigrante cuenta de primera mano, cómo se puede llegar a España de la mano de una mafia.

 

A la pregunta de “qué opinas del proceso de regularización llevado a cabo por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero” es igual de contundente que Guillermo Llano. “En mi país, al igual que en toda Europa, se sabe que España es el paraíso. Se llega fácilmente y la ley... bueno la ley no sirve de nada. Hay poca vigilancia. Si aguantas, los papeles te los dan antes o después. Ahora es más fácil llegar porque ya somos europeos, pero cuando yo vine, todo el proceso lo llevó la mafia. Si aguantas, te quedas. Es difícil que te toquen un pelo de la ropa”.

 

El mismo presidente del Gobierno español manifestó en privado a su colega francés François Fillón, que lamentaba haber impulsado dicho proceso. Un hombre que deseaba recuperar el corazón de Europa comenzó con un tropezón en este campo. Quizá actuaciones de esta naturaleza, hayan dado como resultado una imagen de un Gobierno que no merece la pena ser tenido en cuenta, como ha ocurrido en la reciente reunión para debatir sobre la crisis económica que se ha celebrado entre Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, sin contar con la presencia y opinión del Gobierno español.

 

La confianza se gana con hechos.

 

 

El próximo presidente del Gobierno que tenga la confianza de los españoles deberá tener presente que la mejor manera de ofrecer un futuro mejor a los nuevos ciudadanos es desarrollando una política basada en el sentido común y en la realidad.

 

El primer paso que tendría que dar es desarrollar una política en consonancia con nuestros socios europeos. Una política común que implique decisiones, medios y legislación para que España no sea contemplada como la frontera fácil de acceso al resto de Europa, o el lugar de llegada de otros lugares, que aquí todo es más fácil.

 

Nuestros sistemas de seguridad deben ser mejorados. Hay que dotar de medios suficientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los órganos judiciales para llevar a cabo una actuación eficaz contra la inmigración irregular.

 

Es imprescindible fortalecer el control y la seguridad en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas con unidades especiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Todas ellas conectadas con los servicios de seguridad europeos.

 

Es preciso elaborar una base de datos específica sobre inmigrantes irregulares incorporando información de aquellos con orden de expulsión; prestar atención prioritaria a la lucha contra el tráfico de los seres humanos, potenciando los medios del trabajo policial para la desarticulación de las redes criminales de traficantes de personas. También, para perseguir a quienes favorecen la inmigración ilegal, o comenten delitos contra los derechos de los trabajadores, de falsificación de documentos o fraude en los procesos de documentación.

 

No se puede bajar la guardia en cuanto al esclarecimiento de las actividades delictivas coordinadas por estos traficantes de personas, el blanqueo de capitales o la explotación sexual o de todo orden de las mujeres y los niños extranjeros.

 

Una vez coordinados nuestros sistemas de seguridad con el resto de nuestros socios y fortalecidos nuestros sistemas de seguridad dentro de nuestras fronteras, hay que mejorar el sistema legal. Prohibir las regularizaciones masivas por ley parece ser una buena solución. De esta manera se dificultaría “aguantar como sea hasta que el Gobierno de papeles”, como bien dicen los inmigrantes preguntados. 

 

Los efectos de esta decisión serían beneficiosos también para luchar contra el tráfico de seres humanos, la explotación y contribuiría a ponerle las cosas un poco más difíciles a las mafias.

 

Es preciso reforzar la política de expulsiones y repatriaciones, ampliando los medios disponibles, reformando y simplificando los procedimientos administrativos para su agilización, e impulsando la firma de acuerdos con países de origen y tránsito, de forma vinculada a las políticas de AOD.

 

 

No solo se trata de llegar de una forma segura. Lo razonable es habilitar métodos para que esa llegada se haga con garantías y en el momento adecuado, tanto para el que llega, como para las necesidades del país. Es preciso minimizar en todo lo posible, la llegada de contingentes sin ningún criterio de selección, que lo único que hacen es resolver un problema puntual de contratación, pero que no resuelve las necesidades reales del mercado.

 

Una Agencia de Contratación en Origen puede ser una de las maneras más aceptables para proceder adecuadamente. Esta Agencia, cuyo mecanismo podría ser del estilo al de las Agencias del Empleo Temporal, se deberían formalizar  en consonancia con las embajadas españolas en los países que envían mayor número de contingentes.

 

Esta Agencia debería funcionar como un ente institucional integrado por las organizaciones empresariales y sindicales, además de las administraciones autonómicas, con el fin de orquestar una auténtica política de inmigración organizada en todo el territorio nacional. Así, se podría combatir la concentración de bolsas de inmigrantes en determinadas zonas, que generalmente llegan hasta dichos lugares aprovechando los resquicios legales y la diferencia entre unas Comunidades Autónomas y otras.

 

Podría supervisarse todo el proceso, no solo de contratación, sino también de orientación, información, e incluso, de formación. Seguramente, el conocimiento de la realidad del país de acogida ayudará a muchos a no emprender ese viaje hacia El Dorado que no existe. A otros, les reafirmará en el convencimiento de que hacen lo correcto, con la tranquilidad de que se van a encontrar un puesto de trabajo y una sociedad que está dispuesta a tenderles una mano porque les espera.

 

Esta Agencia de Contratación en Origen podría contemplar también la posibilidad de ayudar al retorno. No todos los que llegan están dispuestos a quedarse para siempre, puesto que llegan con necesidades coyunturales de su propio país. Sería bueno que estas agencias proporcionaran información e, incluso, medios para el retorno.

 

La Comunidad de Madrid está llevando a cabo una magnífica política de ayuda mediante microcréditos para aquellos que desean regresar y poner en marcha un negocio, aprovechando toda la experiencia y formación que han obtenido aquí. Es una buena práctica de la que se puede tomar buena nota.

 

 

El gran desafío para la sociedad española en los próximos años es acertar con un modelo de integración de la población inmigrante.

 

Facilitar la confección de dicho modelo es la obligación de todos, de manera que podamos disfrutar de una convivencia sin conflictos, respetuosa con nuestros valores constitucionales y que contribuya al bienestar general.

 

Lo primero que deberíamos tener muy claro es que integrar no significa renegar de nuestros valores, de nuestra cultura y de nuestro modelo de convivencia, que con todos los defectos que tiene y las mejoras que puedan hacerse, se ha demostrado que es el menos malo de los conocidos hasta ahora.

 

Por un complejo de inferioridad de nuestra sociedad se ha permitido que se formen islas multiculturales que han perjudicado la estructura social. Debemos empezar por hablar de diversidad cultural y no de multiculturalismo. Hay que fabricar la diversidad dentro de un fondo común, que incluya las leyes, su conocimiento, el origen y de las mismas, así como la identidad de los valores occidentales.

 

Al fin y al cabo, los que deciden marcharse de su país es porque consideran que nuestra sociedad ofrece más oportunidades también buscan mejores condiciones sociales.

 

Hay una serie de principios que no podemos perder de vista, ni nosotros, ni los que llegan, como es el caso de la igualdad ante la ley, la dignidad para el hombre y la mujer, la igualdad de oportunidades, la tolerancia y la pluralidad de opinión, el valor del esfuerzo. Si eso lo tenemos claro, será más difícil que nuestro sistema de valores se destruya, que la democracia se debilite.

 

No hay civilización posible si no se dignifica al ser humano, sea del sexo que sea, si no se le permite vivir en libertad, opinar y participar ordenadamente en la estructura social. La asimilación de estos valores debe constituir una exigencia para los que llegan. Y hay que estar atentos para detectar si se asumen estos valores democráticos o no. De lo contrario, los Estados estarán en su perfecto derecho de mandarlos de vuelta a su lugar de origen.

 

Una buena política de integración debe tener la educación como eje prioritario. Tanto dentro como fuera de las aulas. Los adultos también deben tener la posibilidad de recibir esta ayuda. No solo en temas como el idioma, también como decimos, en algo tan importante como el sentimiento de que una sociedad se construye sobre principios de respecto, libertad e igualdad.

 

Es importante que el Estado desarrolle programas de integración a través de la cultura y el ocio, que los medios de comunicación se involucren en ello, e incluso, que patronal y sindicatos establezcan mecanismos de capacitación para mejorar la cualificación de los nuevos trabajadores, de acuerdo a la demanda del mercado.

 

En cuanto a los nuevos ciudadanos en edad escolar, es nuestro deber ofrecerles una educación de calidad, que les enseñe  a pensar y estructurar el pensamiento. El alumno debe aprender la democracia practicándola, respetándola en su entorno, no con asignaturas de pensamiento único, que están más cerca de ser una arenga política que una verdadera educación en valores.

 

 

Las medidas antes expuestas no parecen muy desencaminadas respecto a las políticas que se están adoptando en otros lugares, como es el caso de Francia. También el Partido Popular acaba de anunciar una batería de medidas que van en la misma dirección.

 

Francia aprobó hace unos meses el llamado Contrato de Acogida e Integración que se basa en cuatro aspectos: controlar los flujos migratorios, favorecer la integración, promover la identidad francesa, promover el co-desarrollo.

 

La finalidad es controlar las redes de trabajo clandestino, supervisar pormenorizadamente los procesos de derecho de asilo, primar la inmigración empresarial y controlar la familiar.

 

Además, esta medida está enfocada a ayudar a los países de origen que efectivamente colaboren en esta regulación de flujos. También se ayudará a aquellos que deseen regresar a su país.

 

El aprendizaje del idioma y la asunción de los valores franceses, así como el reforzamiento de los mismos valores dentro de Francia, es otro de los ejes que sustentan los puntos antes expuestos.

 

En el caso del Partido Popular, los aspectos fundamentales que llevan en su agenda electoral son:

 

La creación de un Contrato de Integración entre los españoles y los inmigrantes que vengan a establecerse a España.

 

El restablecimiento de la expulsión de delincuentes extranjeros que cometan delitos que no sean graves.

 

La prohibición por Ley las regularizaciones masivas y fortaleceremos el control de las fronteras de nuestro país mediante nuevos efectivos altamente especializados, dotados de todos los medios necesarios y que trabajen en coordinación con los demás países europeos.

 

La creación de una Agencia de Inmigración y Empleo de manera que se facilite la selección, formación y contratación de trabajadores extranjeros con plenas garantías.

 

El reforzamiento de la política de expulsiones y repatriaciones, ampliando los medios disponibles, reformando y simplificando los procedimientos administrativos para su agilización, e impulsando la firma de acuerdos con países de origen y tránsito, de forma vinculada a las políticas de AOD.

 

La promoción de la integración de los inmigrantes atendiendo a las necesidades específicas que puedan tener los alumnos de origen extranjero para garantizar su éxito en el sistema educativo español, y pondremos en marcha programas de formación para adultos.

 

Queda claro que la tendencia es organizar la llegada de los inmigrantes de forma más realista de lo que se viene haciendo hasta ahora.

 

 

La secuencia de los acontecimientos acaecidos a lo largo de estos cuatro años en el campo de la inmigración permiten sacar algunas conclusiones, además de apuntar algunas políticas que podrían beneficiar al conjunto de los ciudadanos que residimos en España.

 

La política de gestos improvisada que se ha llevado a cabo durante estos cuatro años, solo ha generado incertidumbre y recelo.

 

Hoy, hay un millón más de ilegales que se ven abocados a buscarse un trabajo en condiciones más difíciles por la crisis económica que empieza a vislumbrarse.

 

El efecto llamada generado no ha contribuido a sentar unas bases de convivencia orquestada a ritmos  adecuados de tiempo, de dinero e incluso, de adaptación a una situación nueva.

 

La inmigración es muy positiva en todos los campos: a nivel económico, social y cultural, pero ello no debe dejarnos caer en la fácil demagogia del “todo vale”.

 

La movilidad de personas entre países con visos de asentarse por largos períodos de tiempo debe sustentarse en políticas que contemplen su influencia económica y social.

 

Los países de nuestro entorno están comenzando a perfilar políticas de inmigración más realistas, basadas en la experiencia que se tiene: falta de integración, llegada indiscriminada y desarrollo de redes clandestinas que se aprovechan de esta situación para su propio beneficio.

 

España no ha caminado por la senda adecuada en los últimos años y es momento de rectificar como lo están haciendo nuestros socios europeos.

 

Solo así seremos capaces de adaptarnos a los nuevos modelos de convivencia globales en los que ya vivimos.