El diario financiero británico “Financial Times” publicaba un análisis a comienzos de enero que evaluaba los efectos de la crisis económica. El artículo preveía que la crisis iba a complicar la reelección de Rodríguez Zapatero como presidente de Gobierno.

           

Ciertamente las previsiones optimistas del gobierno en materia económica -como en la valoración de los efectos de su inacción- han chocado de frente con un tsunami de índices y cifras que oscilan con escaso control por su parte. Con bastante acierto el diario británico calificaba las expectativas del Gobierno como demasiado optimistas si se contrastaban con los datos del cierre económico de 2007.

 

Resumiendo mucho los factores que indican esta desproporción entre estimación y realidad podemos avanzar que una tasa de inflación muy elevada (de un 4,3%, la más elevada desde hace diez años), un aumento del desempleo (la tasa de paro ha subido en 2007 en 117.000 personas, situándose la tasa en el 8,6%, tres décimas más respecto al año anterior según datos de la Encuesta de Población Activa publicada por el INE) y una caída de los precios de la vivienda, son cuestiones clave para las elecciones generales del 9 de marzo. Estas cuestiones de interés público pueden pasar factura al partido socialista en la próxima cita electoral por dos motivos: uno, porque son el resultado de una desatención notoria del control gubernamental sobre tales índices y otra, porque nos afectan a todos en el bolsillo.

 

La claridad de los datos nos muestra efectivamente que en los últimos meses se ha puesto freno a la inversión en España, y por ello ha aumentado la desconfianza, tanto de las familias como de las empresas. Unas previsiones económicas excesivamente optimistas, y una política coherente con éstas, mostraban en el mes de septiembre un panorama nada comparable con la situación que en estos momentos nos presenta la actualidad económica y bursátil. En el presente lo único cierto es que el Gobierno no se hace con el control de la inflación, el desempleo y la bajada de previos de la vivienda (con la desaceleración encadenada del mercado de la construcción).

 

Estos datos son una consecuencia más de una mala gestión que puede convertirse en un factor decisivo en los resultados de los próximos comicios.

 

Curiosamente el citado diario inglés nos recordaba el anuncio a bombo y platillo en el mes de septiembre del presidente José Luis Rodríguez Zapatero: España había llegado “a la Champions” de las economías mundiales. Afirmación imprudente donde las haya, y desprovista de todo acierto y previsión. Frente a este derroche de confianza los datos han debido bajar los ánimos a muchos; en base a los últimos datos de diciembre, “Financial Times” aseguraba que “la inflación ha subido a máximos históricos, el desempleo sigue creciendo, la desaceleración económica es cada vez más evidente, y el estrechamiento del crédito internacional tiene estancada a España”.

 

El Gobierno, por su parte, ha rebajado su valoración sobre el curso económico para 2008 del 3.3% al 3.1%, cifras igualmente optimistas dada la situación. Pero esta reducción en las previsiones,  no oculta la crisis de confianza en la política económica del Gobierno que ha sufrido un grave deterioro en los últimos meses.

 

 

Un hecho que confirma la tendencia lo comprobábamos el pasado lunes 21 de enero, día en que nos levantamos con el desplome de los principales indicadores de todo el mundo, con pérdidas del 7,2 por ciento en el DAX 30 de Francfort y del 7,5 por ciento en el IBEX 35 de Madrid. Un inesperado recorte de tipos anunciado al día siguiente por la Reserva Federal estadounidenses hacía reaccionar a los mercados con una tendencia al alza, aunque registraron  fuertes pérdidas.

 

Tuvo que ser necesaria la intervención del banco central norteamericano mediante una rebaja de los tipos de interés de 0,75 puntos (la mayor desde 1984), dejándolos en el 3,5%. El banco americano no había tomado tal medida de urgencia desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y aun así no ha parecido suficiente la medida, puesto que la Casa Blanca anunciaba una posible ampliación de las ayudas fiscales hasta alcanzar un importe de 150.000 millones de dólares.

 

Estas medidas de emergencia nos dicen que la incertidumbre es real, y sus consecuencias apuntan a una crisis de mayor magnitud si no se le sabe hacer frente y oponer políticas de choque. Bernanke, presidente de la Reserva Federal, aludía que las condiciones financieras han ido deteriorándose como consecuencia de la crisis de las hipotecas, lo que ha aumentado la restricción de crédito a familias y empresas. La consecuencia directa de todo ello es el aumento de los riesgos a la baja que pesan sobre el crecimiento, con el empeoramiento consecuente de las expectativas de la economía.

 

Así, y no en vano, se ha llamado al pasado 21 el “lunes negro”. Para comprender la envergadura del efecto en cadena podemos recordar cómo Shangai registraba la mayor caída desde el pasado 4 de junio, al ceder un 7,22%. El nikkei se ha situado en su nivel más bajo desde septiembre de 2005; al mismo tiempo la Bolsa de Bombay cedía un 12,17%.

 

Podríamos seguir citando resultados de este complejo impacto de la incertidumbre económica, pero en este momento no nos interesan tanto los datos como el enfoque que se adopte desde nuestro país. Decimos incertidumbre porque no existía a priori un motivo real para la aparición de estas bajadas entrelazadas. Todo depende de las expectativas que a nivel internacional se generen. Por ejemplo, las principales economías del mercado asiático, como la japonesa o la china, se caracterizan por depender en gran medida de las exportaciones, sector que se vería dañado si el mercado norteamericano entrase en fase de recesión. Las miradas están orientadas pues a Estados Unidos y a su velocidad económica, cuya disminución puede generar escenas de pánico por las perspectivas económicas y las reacciones de los mercados internacionales.

 

En el caso español, la jornada de pánico de las bolsas europeas ha incidido en  un derrumbe del Ibex en un 7,54%%. Se trata de la mayor caída porcentual y en puntos (1.029,6 unidades) sufrida por el selectivo español en su historia. La marca anterior data de octubre de 1998, cuando el principal índice de la bolsa española se dejó un 7,076%. El Ibex acumula un descenso del 16,84% en 2008. Ante estos datos históricos cabe plantear que para afrontar los efectos de la crisis en primer lugar  el Gobierno habría tenido  que ser más previsor y ahora, al menos, debe asumir el análisis con el espíritu más realista posible: los efectos de esta situación son el desencadenamiento de una desestabilización que opera en cadena, y que alcanza a todas las economías internacionales con una correlación de efecto dominó. Ante estos hechos no se puede desplegar el optimismo como pantalla o alegar que es necesario esperar a ver qué pasa, porque en ese caso todo lo que puede suceder es que nuestra economía se vea arrastrada por la inercia sin opción de reajuste.

 

En relación a esta situación el vicepresidente Pedro Solbes ha negado que en España haya crisis alguna. Así decía hace escasos días: «Nada de crisis y nada de recesión”. Solbes nos ha vuelto a recordar que la economía española creció en el tercer trimestre a un ritmo del 3,8% y que la previsión para los últimos tres meses del año es del 3,5%, lejos por tanto de lo que técnicamente se considera recesión, que son dos trimestres consecutivos con crecimientos negativos. A pesar de la tranquilidad que se ha intentado transmitir con esta presentación de datos, Solbes reconocía al tiempo que es probable que la economía española crezca por debajo del 3,1% previsto por el Gobierno hace menos de un mes: «Hoy hay más riesgos a la baja para la previsión de crecimiento».

 

Este no deja ser un discurso de doble juego, atemperando la noticia con la negación de la crisis y reconociendo a la vez que el riesgo es real. Esta manera, ya habitual, de salir a la palestra y tratar la actualidad política no nos es ajena. Pero esto no dejaría de ser una más de entre tantas escandalosas y de poca altura, sino fuera porque se traduce en enormes pérdidas para el conjunto de la sociedad española. Así el Partido Popular denunciaba recientemente cómo se han perdido  hasta 100.000 millones en bolsa por la “inacción” del Gobierno. Esperar a verlas venir y seguir esperando es una actitud que nos ha perjudicado a todos.

 

Esto mismo lo reconocía con otras palabras el secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, quien calculaba una media de 8.000 euros en pérdidas por inversor, ante la pasividad del Gobierno socialista y su vicepresidente económico, Pedro Solbes. Desde las filas del Partido Popular se confía en que España pueda recuperarse de esta situación coyuntural, pero para ello es imprescindible acometer las reformas estructurales que sean necesarias.

 

Este punto en concreto genera muchas  dudas, en el caso que estas reformas las tenga que realizar el Partido Socialista. Partimos de un escenario en el que  el cambio brusco de los distintos indicadores no se traduce en la toma de medidas que permitan adaptarnos a la situación; pero no es esto lo más alarmante, sino la práctica inexistencia de un diagnóstico adecuado y veraz de la recesión por parte del Gobierno, que luego facilite acometer una política económica coherente con estas circunstancias. La pregunta más importante probablemente sea si el Partido Socialista será capaz  de asumir una política de incentivos a la inversión y al ahorro y si el Gobierno tiene suficiente crédito político para ofrecer las garantías necesarias al capital internacional.

 

Y no sólo esto; además de representar de cara al exterior una voluntad de trabajo hacia la estabilidad, el Gobierno ha de actuar en paralelo en el marco interno. En este sentido el equipo que trabaja en el programa del Partido Popular está elaborando “respuestas concretas a los problemas de millones de españoles”, según reconocía su secretario económico. Desde luego es urgente dar una respuesta política a una situación en la que los ahorradores españoles,  como otros muchos ciudadanos, han visto reducido su poder adquisitivo y cada día tienen más dificultades para financiar la vivienda ante la subida de los tipos de interés.

 

Resolver los problemas inmediatos y enfrentarse al proceso de desaceleración es tarea y responsabilidad del Gobierno. Sin embargo éste ha gestionado la crisis financiera y crediticia negando lo evidente, esperando que los datos negativos llegaran tras el 9 de marzo. No ha sido así y esto le ha obligado a replantear de nuevo parte de una campaña que aún no es definitiva.

 

La situación económica ha marcado la agenda política durante las últimas semanas por motivos económicos pero también políticos. Inicialmente el balance político de fin de legislatura se quería haber centrado en los logros del ejecutivo, sobre todo en función de la negociación con ETA. Sin embargo, tras el fracaso del proceso, el Gobierno tuvo que innovar en la presentación de los réditos político-sociales de estos últimos cuatro años. De este modo el discurso centrado en el buen estado de nuestra economía centraba la puesta en público del presidente del Gobierno y de sus ministros a la vuelta de verano. Poco imaginaba el Gobierno que este modo fácil de salir al paso de un fin de legislatura marcado por la iniciativa temeraria de Rodríguez Zapatero acabaría siendo una excusa inhábil. La burbuja del buen estado de salud de la economía española frente a la “debilidad” de las economías europeas ha desaparecido en el momento propicio.

 

Éste es un dato importante, dado que ni la economía sirve de parachoques en este momento al Gobierno en funciones dirigido por Zapatero. Por mucho que se insista a instancias del ejecutivo en que “no hay que exagerar”, lo cierto es que los datos están ahí y la economía familiar se resiente dolorosamente.

 

Y mientras resuenan los ecos de todo este asunto, ha emergido un plan de emergencia preelectoral con bastante probabilidad de haber sido atado desde hace tiempo por el Gobierno. Surge de este modo una inyección de novedades en el escenario político cuyo único objetivo es reflotar al Gobierno. De nuevo asistimos a un ejercicio de malabares y oportunismo político con un solo beneficiario, el Gobierno. Nos referimos claro está al proceso abierto para la ilegalización de ANV y del PCTV.

 

No deja de ser curioso que cuando dos noticias de gran calado -una nacional y otra internacional- saltan a la palestra salpicando negativamente al Gobierno, surja una claridad repentina respecto a la ilegalización de los brazos políticos herederos de Batasuna. La noticia internacional es la referencia obligada a la crisis bursátil, y la nacional es la ausencia escandalosa del presidente del Gobierno en el Congreso de Víctimas del Terrorismo.

 

Respecto a ésta última, la ausencia de Zapatero en el IV Congreso de Víctimas, cabe hacer dos reflexiones: la primera y más simple, que Zapatero ha pasado por alto esta cita para evitar un escándalo mayor, un abucheo general que hubiera sido un fatal comienzo de campaña electoral; el reciente reconocimiento en la convocatoria de elecciones de haberse  sentado de nuevo con ETA tras el atentado de la T-4 es un factor que ha causado revuelo entre aquellos a quienes afecta directamente, las víctimas. La mentira por bandera en este asunto no deja indiferentes a los que más han sufrido durante el manido proceso.

 

Por otra parte, la actitud de Rodríguez Zapatero es coherente con su postura durante la legislatura; la ignorancia absoluta de las víctimas y de su reivindicación de aplicar el Estado de Derecho y mantener el Pacto por las Libertades. El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz lamentaba esto mismo durante el Congreso de Víctimas. Tanto Zapatero como Pérez Rubalcaba declinaban presidir el Congreso más importante del mundo sobre víctimas, dejando vacío el asiento de quienes tienen la responsabilidad de proteger al débil frente a los asesinos. En este caso Zapatero prefiere dejar plantadas a las víctimas para no cerrar la puerta a nuevas oportunidades de negociación, si los resultados electorales se lo permiten.

 

Las declaraciones de Alcaraz son contundentes y nos muestran el lado más amargo de la negociación del Gobierno con ETA: “el Gobierno ha estado más pendiente de satisfacer en todo al entorno proetarra que a las propias víctimas”; “Cómo va a poder mirar a los ojos de las víctimas el presidente del Gobierno si realmente todas las iniciativas que ha llevado hasta el último momento han sido contrarias a la petición de las víctimas”. Alcaraz señalaba que si Zapatero tuviera “un mínimo de dignidad” habría dimitido tras el atentado de la T-4.

 

 

La concatenación de mensajes negativos que afectan al Gobierno ha sido a buen seguro el factor determinante de la elección de la fecha para iniciar el proceso de ilegalización de ANV y del PCTV. Esto no quiere decir que la decisión no estuviera ya tomada de antemano. Este paso muestra la preocupación real del Gobierno en relación al desgaste político producido por la negociación con ETA y por el hecho de haber levantado la mano con sus formaciones políticas afines. Comenzar un proceso de ilegalización en plena precampaña y cuando hasta hace sólo semanas se afirmaba que no se tenían pruebas concluyentes, significa que esta decisión es puramente electoral. Con ello se quiere lavar la imagen de un Gobierno que cede a cualquier precio: primero se sentaba con los terroristas, y ahora los persigue; antes permitía que formaciones de ultra-izquierda entraran en la arena política a través de partidos-tapadera sucedáneos de Batasuna, y ahora los ilegaliza. La conclusión acerca del electoralismo de tal medida nos la aporta la disposición de las fechas seleccionadas para emprender este proceso: el calendario judicial para la suspensión de actividades de ANV y el PCTV ya está en marcha; el primer lunes de febrero se ha citado a los representantes legales del PCTV para comunicarles, previa audiencia, que se va a clausurar sus locales y  suspender sus actividades como partido político. No hace falta que se lo pida a la Fiscalía porque la simple convocatoria ordenada por el juez indica ya que la maquinaria para la suspensión ya ha comenzado su curso. Lo mismo ocurrirá el martes cinco de febrero con ANV. Todo esto impedirá que ambas formaciones se puedan presentar a las próximas elecciones generales. El punto de partida de este proceso ha sido el informe de Baltasar Garzón según el cual existen documentos incautados tras la detención de la cúpula de Batasuna en Segura que acreditan, por un lado la relación política entre ANV y otras organizaciones del entorno de ETA como Batasuna, Segi, o Askatasuna; por otro, la tutela que responsables de Batasuna realizan sobre ANV y el PCTV.

 

En el mismo informe destaca un manifiesto firmado por Batasuna, LAB, Askatasuna, Segi y ANV en el que se reconoce “que Batasuna y ANV, a pesar de ser dos organizaciones políticas con personalidad propia, tienen la tarea común de conseguir los objetivos de independencia y socialismo para con nuestro pueblo”.

 

En la parte económica, la prueba clave es un acta de la reunión de Batasuna con el PCTV y ANV, en junio del 2007, para establecer un sistema de finanzas común. Las tres entidades políticas mantienen una gestión financiera común en la que Batasuna toma las decisiones, a través de una caja única y una contabilidad común.

 

Todo ello no deja de ser la excusa repentina para permitir aquello que ya reconocía Mariano Fernández Bermejo hace algunos meses respecto al momento de la ilegalización de ANV y PCTV: “se hará en el momento en el que la jugada lo aconseje”. Sin irnos mucho más lejos todavía podemos recordar cómo el ministro de justicia sentenciaba que esta ilegalización era una medida “desproporcionada”. Igualmente nos vienen a la memoria las declaraciones del Fiscal General de Estado Conde-Pumpido, quien se refería a esto como la creación de un “Guantánamo electoral”. Desde luego la manipulación de los términos, afirmaciones y tiempos es algo inaudito en nuestros tiempos, y más aún si sucede con la naturalidad a la que ya estamos acostumbrados.

 

El inicio de un proceso de este calibre a tan sólo mes y medio de las elecciones, con el calendario que permita la ilegalización efectiva ya establecido, no es una casualidad. La coincidencia con el calendario electoral, y con la necesidad imperiosa de puntos a favor que hagan despegar al PSOE en las encuestas tampoco es fruto del azar.

 

El Gobierno no está haciendo otra cosa que lo que venía pidiendo el Partido Popular desde hace años, impedir que los terroristas obtengan presencia política y fondos públicos. Esta fase ya estaba más que superada en 2004 y nos hemos visto retroceder en el tiempo a merced de un capricho de negociación que no ha llevado a ninguna parte. Otra vez empezar de cero, gracias a la clarividencia de Rodríguez Zapatero.  Ya adoptada la medida, declaraba Mariano Rajoy en una comparecencia: “nosotros teníamos razón”. Y cierto es, las razones estaban ahí desde hacía años pero ha faltado la voluntad política de atenderlas.

 

Sólo nos queda una reflexión más por hacer, y es hasta cuándo tendremos que asistir a este triste espectáculo en el que sólo por interés personal se atiende al interés general; en el que sólo la conveniencia electoral favorece un correcto ejercicio de la justicia; en el que sólo la necesidad desesperada de apoyo social obliga a actuar en aras de la dignidad de todos los españoles y de la derrota de quienes desprecian la democracia y su sistema de valores. La jugada sugiere que es el momento de emprender esta ilegalización dadas las circunstancias políticas, económicas y sociales. Pero los grandes asuntos de Estado no deben estar a merced de juego alguno, de maniobras calculadas que pasan por alto a las víctimas del terror para salvaguardar sus propios intereses.

 

Esperamos que la sociedad en su capacidad de juicio y ponderación pueda reflexionar sobre los principios y deberes que sustentan la labor de un Gobierno. Éste en concreto nos ha fallado en la verdad y en el servicio a todos, y eso pesa por mucho que quiera cambiar de traje a mes y medio del 9 de marzo.