La maniobra entre el venezolano Hugo Chávez y el grupo terrorista de las FARC para pulir sus deterioradas imágenes y desgastar a su enemigo común, el presidente colombiano Álvaro Uribe culpándole de los retrasos en la liberación de tres de los cientos de secuestrados y exigiéndole que negocie con los terroristas, ha mostrado ante el mundo la crueldad de los narcoguerrilleros. Sólo los ciegos y los sectarios pueden negar ya la condición terrorista de los FARC. Por desgracia, en Occidente –salvo Estados Unidos por motivos de cercanía- no merece tanta atención la ofensiva terrorista del narcotráfico para derrotar al Estado mexicano.

 

Hace un año, en diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón (PAN) declaró la guerra a la delincuencia y el narcotráfico^[1], y ordenó el despliegue de unidades de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas^[2] para hacer frente a la potencia de fuego de varios cárteles de la droga y a su infiltración en las policías y administraciones locales. En estos meses, se han librado auténticas batallas que, en algunos lugares de México, como los estados de Sinaloa y Nuevo León y la ciudad de Tijuana, recuerdan por su violencia a Somalia, Pakistán o Irak. Las bandas de narcotraficantes llegan a sitiar comisarías, a irrumpir en cárceles, a buscar a sus víctimas heridas en el interior de hospitales para rematarlas, a robar los cadáveres de sus jefes y a emboscar convoyes militares^[3]. Además, la logística y la crueldad de los cárteles ha aumentado: son capaces de secuestrar a rivales, policías y funcionarios, ocultarlos durante días, torturarlos y matarlos. La última marca para asustar a los mexicanos es el abandono de cadáveres decapitados –más de 40- o descuartizados, como si sus asesinos fuesen partidas de hunos^[4].

 

Uno de los principales periódicos mexicanos presenta así la situación^[5]:

 

 

Los datos de la delincuencia en México, un país de 104 millones de habitantes y miembro de la OCDE, son aterradores. Tiene una las tasas de homicidios más altas del mundo. De acuerdo con un informe^[6] presentado por varios diputados a principios de enero:

 

 

Los asesinatos cometidos por narcos y sicarios, que en México se llaman ejecuciones, fueron 8,3 diarios en 2007, lo que supone 3.000 muertos, producidos en todo el país, salvo en los estados de Tolima, Tlaxcala y Baja California. Las bajas mortales entre policías federales, estatales y locales, marinos y militares fueron 197.

 

En el año recién comenzado, la violencia criminal no ha decrecido. A mediados de enero, una veintena de pistoleros se atrincheró en el centro de la ciudad de Tijuana y mantuvo un tiroteo con fuerzas policiales y militares^[7]. A los delincuentes no les importó poner en peligro la vida de unas docenas de niños^[8] que estaban en una guardería cercana y que fueron evacuados por los uniformados. Los pistoleros disponían de equipos de comunicación y “durante el tiroteo, los sicarios tuvieron acceso a la frecuencia policíaca y amenazaron a uniformados diciendo que eso les pasa por meterse con ellos”^[9].

 

La explicación de una advertencia tan chocante hay que buscarla en el pasado del país. Durante muchos años, la delincuencia organizada convivió muy a gusto con el poder monolítico del PRI. Al comentar el libro Almanaque 2008, de Sergio Aguayo^[10], un profesor universitario escribió^[11]:

 

 

Un Estado criminal, como era el mexicano levantado por el PRI o también el soviético del comunismo^[12] y el italiano de la partitocracia de posguerra^[13], carecía de acicate moral para combatir el delito común, ya que sus dirigentes eran delincuentes políticos. Éstos preferían repartirse los negocios con acuerdos entre caballeros: a cambio de dinero o servicios, como la eliminación de oponentes, los delincuentes comunes podían seguir operando. La situación se mantuvo hasta que las mafias sobrevivieron a esos regímenes y se alimentaron de sus restos. Como señala Aguayo en la entrevista citada, “la Dirección Federal de Seguridad, en los años 70 y 80, sólo incluía como amenaza a la seguridad nacional a aquéllos que se oponían al gobierno prisita” y no a la delincuencia organizada; ésta, añadimos nosotros, o era parte del régimen o estaba comprada.

 

 

Los narcotraficantes no sólo combaten contra los representantes de la ley, sino entre ellos. Por ejemplo^[14],

 

 

Pero todos los cárteles, el de Sinaloa, el del Golfo, el de Tijuana^[15], coinciden en demoler el Estado para hacerse con territorios francos y repetir lo ocurrido en Colombia en los años 80. Las guerrillas y los cárteles aliados expulsaron de amplias zonas del país sudamericano a las autoridades nacionales y sometieron a las locales. Disponían de cultivos de coca, laboratorios, pistas de aterrizaje de aviones y hasta de submarinos^[16]; los jefes de los cárteles obtuvieron cargos de elección popular; los guerrilleros hallaron un medio de ingreso de dinero. Y ambos bandos se prestaban apoyo en la lucha contra el enemigo común: el Estado. Se han descubierto alianzas entre diversos cárteles mexicanos^[17] y entre éstos y otros guatemaltecos^[18] y colombianos, al igual que hacían las familias de la mafia en Estados Unidos.

 

Un periodista mexicano resume así las similitudes y diferencias entre México y Colombia^[19]:

 

 

A las FARC y a los narcotraficantes, como a Hugo Chávez, les interesa que la desestabilización arraigue en toda Iberoamérica, porque es buena para los negocios y para su estrategia política. Por ello, el grupo narcoterrorista colombiano, del que ahora se ha revelado como protector el caudillo venezolano^[20], se ha establecido en México.

 

Respecto al narcotráfico, el titular de la Procuraduría General de la República mexicana, Eduardo Medina Mora, y el vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Santos Calderón, afirmaron en octubre de 2007 que las FARC venden en torno a la mitad de la cocaína que producen a los cárteles mexicanos^[21]. Respecto a la política, Santos reveló que el frente internacional de las FARC distribuye una media de un millón de dólares al año a sus redes de apoyo en México^[22], constituidas por profesores universitarios, estudiantes y militantes de extrema izquierda. Los miembros de estas redes se encargan de reclutar guerrilleros y colaboradores, de recoger información y de organizar actos contra los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y México.

 

Según el vicepresidente Santos, el 78% de los ingresos de las FARC proviene del narcotráfico y el resto de extorsiones, rescates por secuestrados y aportaciones internacionales. En consecuencia, de ese millón de dólares, más de tres cuartos tiene su origen en la cocaína. A los receptores de ese dinero la derrota de los narcos mexicanos tampoco les conviene.

 

Las enormes cantidades de dinero en metálico que atesoran los narcos les permiten penetrar en todos los ámbitos del Estado. En 2003, el Ejército mexicano irrumpió en 11 sedes estatales de la Fiscalía Antidroga para detener a varios funcionarios corruptos y apoderarse de pruebas de su implicación en el narcotráfico. Esta Fiscalía se fundó en 1997 para sustituir al Instituto Nacional de Combate a la Droga, cuyo jefe, el general Gutiérrez Rebollo, fue detenido y condenado como protector del cartel de Juárez. Como contaba el corresponsal del diario español El País, “cuando los cuerpos locales de policía son corrompidos, llegan los policías federales para poner orden, y cuando estos sucumben, interviene el Ejército, acechado también por las millonadas manejadas por los carteles”^[23].

 

También se han detectado apoyos financieros del narcotráfico a algunos políticos^[24]. Y, al igual que las mafias del Este de Europa y de la droga sudamericana, los cárteles mexicanos disponen de un numeroso y preparado ejército formado por militares y policías renegados. Entre 1994 y 2006, 237.000 efectivos militares desertaron. ¿Cuántos de ellos se han puesto al servicio de los narcos, con sus conocimientos sobre combate, técnicas y organización militares, espionaje, contraespionaje y comunicaciones? Los servicios de información de Estados Unidos y Colombia advirtieron a mediados de 2007 que varios sicarios ex miembros del Ejército colombiano y antiguos ejecutores a sueldo de los cárteles de Cali y Medellín se habían trasladado a México para seguir ejerciendo su trabajo: matar y entrenar gatilleros^[25].

 

En esta guerra, México cuenta con un aliado: Estados Unidos. A fin de reducir la entrada de droga en su territorio, evitar el surgimiento de un narco-Estado y frenar la expansión de las mafias^[26], Washington lleva presionando o colaborando con los distintos Gobiernos mexicanos desde hace décadas. Por ejemplo, en 1969 cerró la frontera común para obligar a la erradicación de las plantaciones de marihuana y amapola.

 

El actual presidente, George Bush, ha solicitado al Congreso la aprobación de un plan antidroga de ayuda a México valorado en 1.400 millones de dólares y que incluye equipos militares y de alta tecnología, unidades caninas y asesoría y capacitación técnica para fortalecer el sistema judicial mexicano^[27]. El Gobierno federal de EEUU también se ha comprometido a transmitir información al mexicano y a controlar el tráfico de armas. Según quienes conocen este mundo, los narcotraficantes envían a EEUU vehículos con droga a través de una frontera abierta debido al Tratado de Libre Comercio, que en el viaje de regreso vuelven cargados con armas de alta potencia y con sacos de dinero.

 

Sin embargo, Estados Unidos tiene sus propios intereses, que a veces pueden no coincidir con los de México. Como dice Aguayo,

 

 

En resumen, la persecución militar, policial y judicial de los narcotraficantes no debe ser la única política.

 

 

La campaña de Calderón, ¿es innecesaria?, ¿desproporcionada?, ¿viola los derechos fundamentales? En opinión de organizaciones bien conocidas por su dedicación a deslegitimar a los Estados y orillar los verdaderos delincuentes como Amnistía Internacional^[28], la implicación de las Fuerzas Armadas supone un riesgo para los derechos humanos. Sin embargo, ¿de qué otra manera podría combatir el Estado a semejantes enemigos? Una de las consecuencias negativas de la globalización ha sido el reforzamiento de las mafias y del terrorismo: nuevos negocios, acceso a más armamento^[29] y reclutas, dispersión de sus centros de mando. Mientras las organizaciones de delincuentes y terroristas se han adaptado al nuevo mundo de la flexibilidad y las redes, los Estados mantienen estructuras rígidas y muchos de sus funcionarios se mueven con conceptos de la Guerra Fría.

 

El narcotráfico, la corrupción y la delincuencia han crecido en las últimas décadas en México. Ahora Calderón trata de derrotarlas antes de que su país conozca el destino de Colombia o de las barriadas de las grandes ciudades brasileñas. Cuanto más tardase el Estado mexicano en combatir a los cárteles, mayor sería la potencia de éstos. Sin embargo, después de un año de lucha en campo abierto, los gobernantes^[30] y analistas^[31] mexicanos se han dado cuenta de que la respuesta armada no es la única. Tal como ha ocurrido en España en la lucha contra ETA, no bastaba con que la Guardia Civil y los demás cuerpos policiales detuvieran docenas de comandos, reales o supuestos, entrenados o bisoños, operativos o de distracción; la verdadera manera de ahogar a ETA y a todo el llamado MLNV ha sido mediante otras medidas como la expulsión del brazo político de las instituciones, una campaña internacional para demostrar el verdadero carácter de los terroristas, el cierre de los banderines de reclutamiento de etarras, el cumplimiento íntegro de las penas de cárcel... Y si se hubiera contado con la colaboración de los nacionalistas y del PSOE, la ETA habría sido derrotada hace ya unos años.

 

Junto con el ejemplo español, puede aducirse el italiano^[32]:

 

 

La ganó porque no cedió, porque los gobernantes y los ciudadanos de esos años no aceptaron rendirse.

 

Por tanto, los siguientes pasos a dar por el Gobierno mexicano deben centrarse en las áreas que no se ven, que no producen efectos en poco tiempo, pero que aíslan a los delincuentes: la información, el consumo de drogas, el reclutamiento de peones por parte de los cárteles, las reformas legales que erradiquen la impunidad, el ofrecimiento de alternativas a las personas dedicadas al menudeo, la expulsión de la política y de la Administración de los corruptos, la financiación y el blanqueo de fondos, etcétera. En esta lucha hay que romper el tópico tan querido a la izquierda y a los corresponsales de prensa extranjeros de que los delincuentes medran gracias a la pobreza de la gente; más bien a las mafias les interesa mantener la miseria, para así disponer de soldados para sus ejércitos.

 

Al menos la sociedad mexicana ya ha comprendido que la narco-violencia es un enemigo mortal, al que no se puede aplacar con tributos de las cien doncellas.

 

Y tengamos presente que los tentáculos de esas mafias llegan a España, que es uno de los principales mercados del mundo para la cocaína^[33] y de los centros de blanqueo de los narcodólares.