Los datos de coyuntura económica que han visto la luz recientemente han confirmado oficialmente lo que ya muchos españoles sabían. El largo ciclo de bonanza económica iniciado a mediados de la década de los noventa, de la mano del gobierno del Partido Popular, y continuado hasta bien entrada esta legislatura, ha tocado su fin.

 

Mientras tanto, el gobierno, confiado en que la inercia de las reformas económicas implantadas durante el mandato del Partido Popular le permitiría llegar triunfante hasta las elecciones de marzo de 2008, trata de esconder a los españoles la realidad y evita tomar ninguna medida hasta que acabe la contienda electoral.

 

Se contraponen así dos modelos de gestión, la determinación reformista del Partido Popular, frente a la indolencia vaga y cobarde del Partido Socialista. El primero de ellos propició los mejores éxitos de la economía nacional, y el segundo, en sólo cuatro años de legislatura, devuelve a nuestra economía a los niveles de incertidumbre que los españoles pensaban en 2004 que nunca volverían a experimentar.

 

 

 

 

El indicador de confianza del consumidor (ICC-ICO) descendió en diciembre 3,8 puntos respecto al mes anterior. El dato de diciembre es el más bajo de la serie histórica, y ha pasado de 94,4 puntos en abril a 72,3. Estos datos del ICO corroboran la encuesta que publicaba recientemente la Vanguardia en la que figura que en marzo de 2004 el 50% opinaba que la situación de la economía era buena o muy buena y el 27% mala o muy mala, mientras que en diciembre de 2007 el 34% de los encuestados afirmaba que era buena o muy buena y el 44% mala o muy mala.

 

El paro, que inició en 1996 una imparable senda de reducción desde el 22,8% de la población activa hasta el 11,5%, vuelve a ser un problema. Desde enero la variación interanual del paro no ha hecho más que crecer.

 

 

 

 

 

El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo subió en 106.674 personas durante el pasado año, un 5,27 por ciento más que en 2006, con lo que la cifra total de parados se situó al finalizar el ejercicio en 2.129.547. Este aumento contrasta con la caída experimentada en 2006, año en que el desempleo se redujo en 80.064 personas.

 

La confianza del consumidor se desploma, el empleo vuelve a ser el bien más preciado, los precios se desbocan, y a las familias cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. Durante esta legislatura productos básicos como la leche han aumentado sus precios más de un 40%, el gas un 30%, el tabaco un 23%.

 

Además, una familia con una hipoteca media (120.000 euros a 35 años contratada a tipo variable euribor + 0,5%) paga una cuota de 174,45 euros más al mes que en marzo de 2004. Quien tenga ahora que hacer frente a la compra de una vivienda pagará por cada metro cuadrado un 42% más que cuando el PSOE llegó al poder^[1].

 

La vida se encarece y los productos españoles son menos competitivos en el exterior. A diferencia de lo que afirma el gobierno, los precios crecen en España mucho más de lo que lo hacen en los países de nuestro entorno. La inflación se ha disparado hasta el nivel más alto de la última década. El gobierno anunció que en diciembre rondaría el 3% y finalmente la variación interanual del IPC se ha situado en el 4,2%.

 

 

 

 

 

El crecimiento interanual del IPC Armonizado del pasado mes de diciembre ascendió a 4,3%, el dato mayor de la serie histórica desde diciembre de 1995. Teniendo en cuenta que el diferencial de Inflación con la Zona Euro ha pasado en 5 meses del 0,5% al 1,3%, aseverar, como hace el gobierno, que los precios están creciendo igual en los países de nuestro entorno que en España, es toda una invención.

 

Estos y otros muchos datos no hacen más que certificar dos tristes realidades. La primera de ellas es que el crecimiento económico, del que tanto presume el gobierno, no ha servido para mejorar el bienestar de los españoles. Buena muestra de ello es la triste evolución de la convergencia con la UE.

 

 

 

Y es que, como muestra el gráfico anterior^[2], el Gobierno socialista ha conseguido lo que parecía imposible: truncar por primera vez, desde la crisis internacional de 2001, la senda de convergencia de España con la Unión Europea a 15.

 

La segunda de las realidades a las que se enfrenta España hoy en día, tras cuatro años de parálisis en la gestión de la economía, es esta fuerte desaceleración provocada por la caída de la actividad del sector inmobiliario, y por la crisis de confianza y de liquidez derivada de las turbulencias financieras en los Estados Unidos el pasado verano.

 

El gobierno ha tardado en reconocer la existencia de esta fuerte corrección, y, ahora, que tibiamente reconoce una leve y “deseada” desaceleración, engaña a los españoles diciendo que España está mejor preparada que los países del entorno para afrontarla. Entre otras excusas, el gobierno alega que esta “corrección” está permitiendo que la construcción reduzca su peso en la economía en favor de la industria y el sector exterior.

 

Sin embargo, por un lado, no parece que la demanda externa vaya a compensar la caída de la demanda nacional, dado que el déficit exterior alcanza niveles históricamente altos, rondando el 10% del PIB, y teniendo en cuenta que España ha perdido 5 puestos en el ranking de competitividad del Global Competitiveness Index^[3] y ha visto cómo su productividad crecía sólo a la mitad de lo que lo hacía en la UE. Además el Euro no se ha parado de apreciar.

 

Por otro lado, la afirmación de que será el sector industrial quien tomará el relevo del de la construcción, vistos los últimos datos de producción industrial, supone todo un ejemplo de voluntarismo malintencionado. Mientras que el índice de Producción Industrial de noviembre de 2006 creció un 4,1% interanual, el índice de noviembre de 2007 se redujo un 0,6%. Toda una corrección.

 

 

 

Tras haberse visto obligado a reducir la previsión oficial de crecimiento del PIB, haber anunciado en repetidas ocasiones que el euribor había tocado techo por fin, y vaticinar que la inflación acabaría el año 1,3 puntos por debajo de como finalmente ha acabado, el Gobierno se empeña hoy, a menos de 2 meses para las próximas elecciones, en vender a los españoles la idea de que, gracias a su gestión, la economía española afrontará la situación mejor que las demás.

 

Ésta es sólo otra mentira que el gobierno pronto se verá obligado a aceptar. Y para ello no le hará falta asumir el contenido de los alarmantes informes de los principales bancos mundiales sobre la situación de la economía nacional^[4], ni las serias advertencias de la prensa internacional^[5], ni siquiera las advertencias que desde hace ya muchos meses le viene haciendo el Partido Popular. El PSOE sólo tiene que escuchar a su anterior Secretario General.

 

Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, afirmó el pasado 11 de enero que “en la medida en que España, Irlanda, Reino Unido, y algún otro país, el sector de la vivienda tiene un peso mayor que en la media de la Zona Euro y de la UE, la desaceleración del mercado de la vivienda tendrá un impacto mayor en estos países que en el resto de las economías”.

 

Y por si todo ello no es suficiente para que los socialistas reconozcan la magnitud de la desaceleración y la importancia de sus consecuencias, no está de más que atiendan a David Taguas, Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, quien ha admitido recientemente que “el ajuste inmobiliario costará 345.000 empleos en dos años”.

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es obvio que el gobierno es muy consciente de lo que está por venir. Simplemente ha decidido deliberadamente esconder la cabeza bajo tierra, cual avestruz, para intentar llegar a las elecciones sin reconocer la situación, y, por supuesto, sin hacer nada para remediarlo.

 

Ese es precisamente el mayor problema que acecha a la economía española. El gobierno lleva medio año engañando a los españoles sobre la situación económica no sólo para mantener su discurso triunfalista sobre la economía, sino, sobre todo, para no verse obligado a reaccionar y tomar las medidas necesarias, cuyos hipotéticos costes electorales no está dispuesto a afrontar. El propio Solbes lo reconoció el pasado día 10 de enero en el Congreso de los Diputados cuando anunció que “nada sería peor que adoptar medidas de choque” contra esta situación.

 

Esta es la estrategia de la indolencia, de la apatía, del inmovilismo, de la falta de coraje, que tantos problemas ocasionó a nuestro país, y que, en un plazo breve de tiempo, los españoles pueden rechazar si eligen el modelo de gestión económica reformista y valiente que ya ha demostrado que sabe aplicar el Partido Popular.