Nuestra democracia se asienta en un sistema de valores compartidos y por ello es garante de derechos y obligaciones, atributos que permiten una buena organización de la sociedad. La elección de este modelo se debe, en parte, a que permite la representación a través del sistema de partidos favoreciendo además la participación social al margen del esquema partitocrático. Si las demandas políticas se canalizan casi exclusivamente por la vía de los programas electorales, de las iniciativas legislativas y por el contacto entre los gobiernos y las entidades representativas de la sociedad civil, la expresión de la opinión pública y de las inquietudes personales se ampara en un repertorio más amplio y diverso que el del canal estrictamente político.

 

Uno de los componentes básicos de la fórmula democrática es la existencia de foros de opinión,  entidades culturales, medios de comunicación, organismos especializados en áreas de estudio o trabajo, asociaciones de vecinos,  padres,  profesores, alumnos, profesionales... Y así podríamos alargar la lista hasta agotar el folio.

 

Una de las garantías que supone a la vez una justificación del sistema es la capacidad de apertura a mayorías y minorías de índole político, social, cultural, económico, religioso... Es la posibilidad de un amplio marco de experiencia civil que significa un dinamismo intrínseco, una riqueza de todos. El hecho de convivir y de compartir experiencia nos dota de recursos nuevos y actuales que ayudan a afrontar los desafíos y retos de la sociedad actual.

 

Al mismo tiempo la democracia forma parte y es heredera de una cultura rica y diversa, esto es, la cultura occidental. Y como tal es fruto de un ejercicio de prueba y error, es el último eslabón de un largo recorrido en el campo de la civilización. La historia y las diferentes experiencias nacionales de los países avanzados o desarrollados han puesto de manifiesto que es necesario generar espacios donde las personas se puedan expresar, trasladar sus inquietudes, aportar ideas, participar, donde en definitiva se logren integrar los distintos sujetos que conforman las sociedades contemporáneas. Este objetivo en nada fácil, es una de las palancas de nuestro sistema democrático. La protección del individuo y de los grupos de carácter social así como la protección de sus derechos se ha convertido en elenco, en motivo suficiente. En este sentido los poderes públicos tienen un deber fundamental de permitir y facilitar la participación social y de garantizar las condiciones básicas para que esto suceda en un clima de normalidad.

 

Comprender el sentido profundo que subyace en la raíz de nuestro sistema de organización política supone partir del respeto insustituible a la persona -y a su dimensión social- a su expresión cultural en el ámbito público y privado. Disponer del recurso de comunicación de ideas, pensamiento, experiencia, es un logro del que disfrutamos como sociedad democrática. Pero no debemos olvidar que son muchos y numerosos los países que viven aún bajo el yugo de la ideología férrea; en ellos no se permite hablar de manera autónoma, discrepar, construir un futuro digno... Si esta realidad nos parece lejana no será por mucho tiempo, dado que aquí en España los vientos que soplan son adversos y pretenden derribar nuestra amada libertad.

 

Durante la última semana hemos contemplado un espectáculo propio del socialismo más rancio y anacrónico. Todo comenzaba a merced de una convocatoria de los obispos a los fieles que desearan participar en un acto de comunidad familiar dentro de las fiestas navideñas. El Partido Socialista a través de su secretario general José Blanco y el propio Gobierno de España con Zapatero a la cabeza han iniciado una ofensiva sorprendente contra los dos millones de personas que se manifestaban el día 30 de diciembre a favor de la familia en la madrileña plaza de Colón.

 

La cuestión fundamental es que tal acto no sentó nada bien al gobierno, especialmente a su Presidente Rodríguez Zapatero, y vamos a analizar por qué. Por una parte el éxito de esta convocatoria, que sin entrar en la guerra de cifras, logró una presencia masiva de familias procedentes de muchos rincones de España. Por otra, el carácter público del encuentro. Y por último, el discurso emitido por los distintos obispos en el que se afirmaba el papel insustituible que a sus ojos tiene la familia en la sociedad, y la denuncia de las agresiones que ésta ha sufrido últimamente por parte de un laicismo radical, y un intento de manipulación a través de leyes como educación para la ciudadanía, etc. Un discurso que se puede calificar como defensivo, en el que se habló de “retroceso en los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, ha tocado la fibra sensible de Zapatero.

 

Prueba de ello es la respuesta política inmediata por parte de miembros del gobierno y del propio Zapatero descalificando a los obispos y otorgando un objetivo político que realmente no tenía dicho acto. En el intento de neutralizar sus efectos el propio embajador ante el Vaticano Francisco Vázquez declaraba que el discurso de la concentración había sido exagerado y que no representaba a toda la Iglesia. Probablemente como confirmación del mismo y respuesta al embajador español, el Papa Benedicto XVI insistía este lunes en la defensa de la familia en su encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

 

A nadie se le escapa que durante la agotada legislatura las relaciones Iglesia-Estado no han pasado por sus mejores momentos. En un intento de suavizar las tensiones generadas por la iniciativa del gobierno, se nombraba al alcalde Francisco Vázquez embajador en el Vaticano. Este paso no ha solucionado un problema de índole cultural, política e ideológica, que no tiene nada que ver con la catolicidad o no del embajador de turno. Es una cuestión de respeto de las dos esferas y del ámbito de actuación de cada una de ellas. Una acusación formal a la Iglesia por parte de las autoridades públicas significa que no entienden que también ésta tiene una dimensión social, y que en el ámbito moral y doctrinal puede ejercer su derecho a opinar e instruir a sus fieles según convenga.

 

Sólo a un inconsciente como Zapatero se le puede ocurrir la idea de enconarse con la Iglesia a tres meses vista de las elecciones. Si esto lo ha planteado como baza electoral se equivoca, porque la familia en general sigue siendo la institución más valorada por los españoles y porque entrar en la arena de los enfrentamientos genera un mayor clima de malestar que de satisfacción. En un intento de levantar los ánimos más bien los enturbia, pero se olvida el señor Zapatero que ahora no está en la oposición, que necesita revalidar una mayoría que ya se atisba insuficiente y que en este marco todos los gestos cuentan.

 

Desde luego esta respuesta del gobierno -que se puede considerar como desmedida o desproporcionada- hay que analizarla más allá de la noticia o del titular de periódico. Si el Gobierno ha reaccionado de esta manera es porque de algún modo se ha sentido aludido, se ha visto criticado y ha constatado que su modelo social impuesto a golpe de ley no es compartido por todos. Esto que no es nada nuevo, ha suscitado una irritabilidad especial en el momento en que ha sido la Iglesia quien ha respondido. En este sentido se han vertido acusaciones no fundamentadas con cierto interés en sembrar división y generar crispación con el tema. Se comparta o no lo expresado en el acto, lo cierto es que la gente que acudió al mismo se sentía representada por los que la convocaban; el argumento que los obispos no representan a aquellos fieles es inconsistente a primera vista. Como esta crítica no cuajó se pasó a querer mezclar al Partido Popular con la organización de la convocatoria; otra metedura de pata porque éste nada tenía que ver. Finalmente, aprovechando los actos de la Pascua Militar, Zapatero se ha decantado por valorar con aprobado y suspenso las distintas intervenciones de los prelados, como si éstas estuvieran sometidas a su venia.

 

Quizá en el intento de dar un carácter más formal a la crítica el Partido Socialista emitía un comunicado “Las cosas en su sitio”, del que ya se ha hablado en estos días, y del que sólo citaré un aspecto breve. Dicho comunicado decía en su punto tres:

 

“Toda confesión religiosa tiene plena autonomía en su orden doctrinal respecto de quienes participan de ella, pero es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de la libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos. Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan estos principios se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia”.

 

El párrafo no tiene desperdicio; en él se atribuye a los representantes, referencia indirecta al Gobierno actual, la capacidad de ordenar la libertad individual y de establecer las reglas de convivencia para todos. Con esto quiere decir por una parte que la Iglesia no tiene potestad para hablar para todos, y por otra que ésta capacidad le es propia, en “representación de la sociedad”. Lo que Zapatero no entiende, es que en una sociedad libre no es el gobierno el que asienta los principios de la libertad, porque éstos existen previamente al mismo. Por otra, niega a cualquier entidad externa al poder público la posibilidad de emitir discurso social o moral. En el fondo, y de forma paradójica, Zapatero niega en este caso a  la Iglesia la capacidad de emitir una doctrina abierta a todos para poder reafirmar la suya propia. Quiere decir que no hay otros principios de convivencia social aceptables que los que él mismo dicta. He aquí el caso clarísimo de la asignatura de educación para la ciudadanía, compendio de doctrina laica que sí considera materia obligatoria. Lo suyo no es una  propuesta a diferencia de los obispos, es una imposición.

 

Y por último, en relación al texto, viene a decir que quienes no respetan estos principios se apartan de los fundamentos de la democracia; es decir, quienes no aceptan sus normas, no son demócratas, luego la Iglesia se sitúa con este acto al margen de la democracia. El texto es un ejercicio más de sutil manipulación.

 

A este respecto cabe decir que cualquier asociación o entidad de carácter público o privado puede realizar una convocatoria de este tipo, amparada en los principios constitucionales de libertad de expresión y libertad religiosa.

 

Parece que no está de más recordar que éstos forman parte de los derechos fundamentales de la persona recogidos en el título primero de nuestra Constitución. Éstos son derechos que se ejercen frente al Estado y los poderes públicos; en sí mismos suponen un límite al poder político, en el ámbito de la autonomía individual. Son derechos de un rango superior, que forman parte de un sistema de garantías. Así la Constitución establece en su artículo 14 que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y en el artículo 16 concluye que “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”.

 

Quizá el presidente Zapatero necesite un intensivo breve de Derecho Constitucional, aparte de aquél sobre economía. Por encima de lo circunstancial estos hechos merecían una atención particular por varios motivos:

 

Uno de ellos es la voluntad dogmática que ha sido puesta de manifiesto por parte del Gobierno, confirmada en su comunicado. El equipo de Zapatero trabaja en la aplicación de un programa ideológico muy claro, sin derecho a respuesta y sin vuelta atrás. La escala de valores oficial no admite competencia, ya sea de la Iglesia, de la asociación de víctimas del terrorismo, de los padres y profesores... Zapatero aplica un modelo cultural que pretende arrinconar o extrapolar las realidades sociales preexistentes. Por eso el acto de la familia ha sido “escandaloso”; Zapatero no admite la pluralidad. Pero además pretende borrar del mapa público a aquellos que ejerzan liderazgo moral o ético, porque él mismo se erige como líder de una nueva moral ética laica que debe ser asumida por todos. Esto no es ni más ni menos que un “código doctrinal Z para todos”, es el “gran proyecto” que se nos viene si Zapatero revalida la mayoría el 9 de marzo.

 

Dada la experiencia que nos arroja el paso de este gobierno, se puede decir que su axioma de base responde al dicho de “estás conmigo o contra mí”. El respeto y la tolerancia quedan muy bien en un mitin, en una declaración de buenas intenciones, con aires de solidaridad y sentido social. Pero si nos aproximamos a los hechos, nada más lejos de la realidad: la tolerancia que encontramos es de grado cero.

 

Si algo se escapa al control del Gobierno o se aleja de su modelo reformador será objeto de duda, siempre habrá un motivo. La sombra de la sospecha es propia de otros regímenes políticos, no de una democracia; la acusación formal a instancias de la autoridad la vivieron antes y después de la Segunda Guerra Mundial muchos países de Europa, hoy democráticos. El afán sistemático de hacer parecer negro lo blanco y lo blanco negro no es propio de una sociedad moderna, civilizada, con una ciudadanía responsable y activa. Es propio de aquellos tiempos en los que había un pensamiento único o dominante que no admitía rival ni compañeros de viaje.

 

Las declaraciones de esta semana, nos muestran con palpable claridad que no todos somos iguales, existen diferencias en función de las ideas expresadas o dependiendo de la docilidad a las políticas del ejecutivo. Esto no ayuda a fortalecer la democracia, nos lleva simplemente hacia una democracia más débil. Oponerse a una manifestación pública es oponerse a esa ciudadanía que tanto se enarbola, y erosionar con ello los principios más elementales de la democracia. El Gobierno se considera fuerte a este respecto, dotado de capacidad para acusar y desmentir, para doblegar las voluntades a su santa voluntad. Pero en el fondo es un gigante con pies de barro, porque esta actitud le vuelve tosco y torpe en sus movimientos.

 

El resultado de las próximas elecciones generales es de gran importancia a este respecto. Es competencia de la propia sociedad analizar si desea seguir por esta vía, por el camino de la sumisión al arbitrio de unos pocos, o si por el contrario quiere dar carpetazo a una etapa de desvarío y capricho político. Zapatero sueña con hacer una España a su manera, reorganizarla a su manera, sembrar una ideología a su manera, y crear súbditos que sepan callar y asentir como bufones de corte. Debemos ser conscientes de la magnitud de este proyecto que Zapatero asume como propio; la extensión de un populismo laico como sistema cultural desprovisto de tradición histórica y de carácter nacional es su gran programa. Un proyecto descafeinado de corta y pega para una España moderna que no se merece eso.

 

En estos casos siempre es positivo recurrir a la confianza en la enorme capacidad de los  recursos humanos de que este país dispone, de su potencial social. Recurrir a la conciencia, a la meditación pausada de los acontecimientos ayuda a ver con nitidez y poner –tomando la palabra- las cosas en su sitio. Desde luego tales maneras, esa forma de hacer las cosas no me representa, ni a mí ni a muchos. Ese modo de ver, por el cual se ataca al que responde y se arrincona al que no piensa como yo, es de perfil muy bajo. Zapatero se cree legitimado para hacer de todo en nombre de todos, y en el fondo ya no se sabe a cuántos representa realmente.

 

Zapatero en nombre de todos deja caer el peso de su sistema para todos. Tanto se ha insinuado durante estos días sobre la falta de democracia, que pensándolo bien probablemente ésta haya sido tocada, pero desde el ángulo político que pretende poner trabas y peros al ejercicio de los derechos básicos de la persona. En relación a esto podemos pensar que históricamente los mayores cambios se han producido cuando se ha intentado limitar los atributos esenciales que definen antropológicamente al ser humano, uno de ellos su libertad. Algo hay dentro del hombre que le lleva a decidir y rebelarse cuando algo es impropio o indigno, o cuando simplemente no merece la pena. Y cuando algunos gobernantes se han visto limitados por la acción de otros -que les recordaban su injusticia o exceso de poder- se han vuelto opresores y en nombre de la libertad han perseguido a los que la bandeaban.

 

Hoy constatamos que es relativamente fácil apropiarse de lo que sólo es prestado y actuar como si fuera un mérito adquirido. No es necesario volverse visceral y antipático, por el mero hecho que otros vean las cosas desde otra óptica o propongan otros modelos. Si el gobierno presenta un programa atractivo no necesita tapar la boca a otros, no hacen falta tantas vueltas. La cuestión es que Zapatero titubea, no tiene las mejores cartas en su mano, los números fallan y sólo quedan dos meses para la cita electoral. El nerviosismo a veces juega malas pasadas y la prepotencia mostrada estos días puede que sea una de ellas.

 

El presidente no debiera tener miedo; de aquellos que salen a la calle para confirmar lo que piensan, lo que viven, aquello que mueve sus vidas o que supone un reto personal, un desafío digno de ser vivido tema; de la sociedad y de su capacidad de juzgar, de reír o de sopesar; de quienes no le aplauden o consienten a cualquier precio, más bien que tema a sus propios miedos.

 

Quien ama de veras la libertad no puede temerla, de modo que sólo le cabe preguntarse si sabe de veras qué significa y por qué a muchos les parece tan bella.