Esta legislatura ha llegado a su fin, casi al tiempo que el fin de año. Con ello se cierra una etapa más de nuestra historia política; historia que no será recordada ni por sus éxitos ni por una brillantez de la que ha carecido en todo momento. Más bien la recordaremos como un periodo de vaivén político, de montaña rusa en la que todos en algún momento hemos sentido el hormigueo en el estómago. Porque han sido numerosos los momentos en los que unos han dudado, otros se han sentido defraudados, otros se han indignado y muchos han aumentado su indiferencia hacia el mundo de la cosa publica.

 

Quizá haya sido una de las etapas de nuestra democracia en las que más se ha jugado desde instancias políticas con las expectativas de la sociedad. La siembra premeditada de un clima de esperanza de cara a una negociación con ETA ha sido uno de los elementos más degradantes de esta legislatura. Una esperanza finalmente frustrada porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero se equivocó respecto a las intenciones de la banda. Este fue un error de elevados costes para numerosos sectores: en primer lugar para la sociedad española, que tras largos años de padecer la lacra del terrorismo ha soportado con espíritu de fortaleza todos sus embistes; al mismo nivel situaríamos a las víctimas y sus familiares, quienes han sufrido una humillación sin precedentes y se han visto rechazados por parte de las autoridades gubernamentales frente a un favoritismo sorprendente para con el entorno político de ETA; por otra parte las fuerzas de seguridad del Estado han experimentado la limitación en los medios de que disponen para realizar su labor y han tenido que contener su actividad en función del momento;  en cuanto  al Partido Popular, éste ha contemplado no sin cierta impotencia cómo se desandaba el camino andado y cómo la política de bloqueo del entorno abertzale era sustituida por otra de oxigenación. Pero a efectos políticos, y ahora, al final de esta etapa política, el mayor perjudicado es el propio gobierno y un Partido Socialista que ha sido arrastrado por la iniciativa delirante de Zapatero.

 

Las ausencias ciudadanas en la concentración que convocaba el Gobierno en respuesta al atentado doblemente mortal de Capbreton así lo demostraron. La sociedad anda a vueltas respecto a determinados temas, y esto debería ser un síntoma de alerta para quienes menosprecian la sensibilidad popular. La reciente bomba en Vizcaya nos recuerda que el terrorismo no descansa, y mucho menos muestra respeto ni siquiera en días entrañables como Nochebuena.

 

Pero si la negociación ha sido un rotundo fracaso, a pesar de ser el tema estrella de la legislatura, no menos desastrosas han sido sus consecuencias sobre las aspiraciones políticas de los nacionalismos periféricos. A día de hoy se puede afirmar sin lugar a dudas que existen frentes nacionalistas pro independencia perfectamente alineados en País Vasco y Cataluña, y emergentes con cierta fuerza en Galicia.

 

Todos ellos se han visto fortalecidos por la acción del Gobierno -y su concepción maniquea de la unidad del Estado- y no olvidemos por la relación interesada y el tono cuasi nacionalista del partido socialista en estas Comunidades Autónomas. Prueba de esta alineación en torno a las tesis más radicales son las recientes declaraciones de Juan José Ibarretxe, en las que iguala el terrorismo de ETA con el fallo judicial contra su trama civil. Sin vacilaciones afirmaba  que en la “espiral” de violencia que vive el País Vasco entran tanto el atentado de Capbreton, como el encarcelamiento de Arnaldo Otegi o la dispersión de los presos. Su única vía de solución es la de una interesada “participación democrática de todos los vascos” a través de su conocida intención de consulta popular. Tal desvarío irracional, en el que se confunde lo justo y lo injusto, lo posible y lo imposible, es hoy por hoy un discurso ilógico pero aceptable para algunos dentro de nuestro marco político. Esta situación nos ha llevado a jugar en un terreno en el que las normas son extremadamente flexibles, en el que traspasar los límites de lo permitido forma parte del juego.

 

Y en un escenario de márgenes débiles, éstos se vuelven aún más inconsistentes cuando los movimientos de las federaciones regionales de un partido nacional como el socialista hacen guiños al nacionalismo dominante. Según un estudio reciente del diario El Mundo del más de medio centenar de ayuntamientos gobernados por el PSOE en el País Vasco, Cataluña y las islas apenas una decena cumple la Ley 39/1981, que obliga a que la bandera de España ondee en el exterior de todos los edificios. A este respecto el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmaba hace apenas dos meses: "Saben que deberían cumplirla y lo harán". Frente a las  palabras emerge una realidad más cruda: 47 consistorios con alcaldes socialistas no muestran la enseña nacional. En el País Vasco más de la mitad de los ayuntamientos gobernados por el PSE -10 de 18- prescinden de la bandera española. En Cataluña de los 278 municipios gobernados por el PSC, al menos una treintena continúa incumpliendo la Ley de Banderas.

 

Un último paso en esta línea de gestos es la reciente “declaración de San Mamés” a través de la cual los gobiernos vasco, catalán y gallego han firmado un acuerdo de colaboración institucional para la promoción del deporte con el que pretenden impulsar la participación de las selecciones autonómicas en competiciones internacionales e incluso crear "marcos competitivos" en los que puedan tomar parte las "selecciones nacionales" y los "clubes de los tres países". Para lograr este objetivo las consejeras de Cultura vasca y gallega, Miren Azkarate y Ángela Bugallo y el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, José Luis Carod Rovira, elegían el césped del estadio del Athletic de Bilbao para rubricar este compromiso, contando con la presencia del presidente del club bilbaíno, Fernando García Macua, y de buena parte de su junta directiva.

 

El acto buscaba dar publicidad al contenido de los respectivos estatutos (gallego, catalán y vasco), que concede a los gobiernos autonómicos “la competencia exclusiva en la promoción del deporte”, y que vincula el desarrollo de las competiciones deportivas al más alto nivel a las federaciones deportivas internacionales, que son "entidades privadas sometidas a su propia normativa, de conformidad con la legislación del país donde se constituyen". Con estos argumentos, los tres gobiernos autonómicos afirmaron que corresponde a sus respectivas federaciones deportivas "decidir" si "conviene", para el "desarrollo del deporte", afiliarse a las correspondientes federaciones deportivas internacionales.

 

Por último, y como colofón de fin de año, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha manifestado en su discurso de Fin de Año que 2008 "será el año en el que Cataluña disfrutará de un nuevo sistema de financiación". La intención de negociar un nuevo sistema de financiación es el apéndice a un estatuto que a instancias del gobierno catalán parece incompleto.

 

Este tipo de actos públicos, mediáticos y de calado político nos enseña a valorar un programa real de pequeños pasos a favor de una concienciación colectiva a favor de la autonomía total. Y lo más sorprendente no es que los actores políticos que encarnan el discurso independentista asuman la iniciativa en este sentido; lo trascendente es que los que gobiernan para todo el pueblo español no emiten una respuesta clara y decidida a este ir y venir de pretensiones hegemónicas. A la acción de unos sucede la inacción o silencio de otros, que prefieren callar para no comprometer sus coqueteos de Cámara Baja.

 

No es de extrañar que este escenario haya generado descontento y desconfianza en un amplio sector de la población. Esta desconfianza se manifestaba abiertamente hace semanas durante el aniversario de la aprobación de la Constitución, día  en el que el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que escuchar silbidos y abucheos a su llegada al Congreso. La espontaneidad del ciudadano de a pie es una buena encuesta si lo que se valora es la labor de gestión y gobierno para una mayoría. Esta respuesta espontánea no deja de ser una anécdota pero dice mucho acerca de la inexistencia de un espíritu real de concordia, si se trata de las actuaciones del Gobierno. Las llamadas a la unidad no dejan de ser una forma, un gesto de cara a la galería; la realidad nos ha demostrado lo contrario.

 

Pero a pesar de la iniciativa nacionalista, de los deseos de transición al modelo confederal de Zapatero, se han generado ciertos cambios que podemos considerar como positivos en este mismo terreno. Precisamente por el grado de radicalidad en las propuestas y por la exigencia de asumir nuevas competencias de carácter estatal en el plano autonómico, esta tendencia ha propiciado un clima de saturación y agotamiento que se ha dejado notar en la calle y en la opinión pública. Se podría decir que se ha tensado tanto la cuerda que ya no da más de sí, y nuevas iniciativas abordan la agenda política. Las referencias últimas que se han escuchado en relación a una posible reforma de la Constitución van en este sentido.

 

Hace meses se oía hablar a Zapatero acerca de una reforma de carácter descentralizador, otorgando un nuevo papel a los entes autonómicos y con un nuevo modelo de relaciones entre personas, comunidades autónomas y gobierno/administración estatal. Eso era hace poco tiempo, durante las reformas estatutarias, y antes que las distintas vertientes del nacionalismo unieran sus fuerzas a favor de una reivindicación común. Ahora se empieza a oír hablar de reforma, pero de connotaciones contrarias a las expuestas, en un sentido de reafirmar la unidad del Estado y de proteger y cuidar lo nacional, y esta vez desde la oposición.

 

Lo que hace algunos años era un tema tabú, algo “intocable” dado su eminente carácter político, hoy ha dejado de sonar extraño. La cobertura coyuntural que ofrecía la Constitución de 1978 al “nacionalismo histórico” y su amparo a través de los estatutos de autonomía ha traspasado las barreras previstas, de modo que lo autonómico se equipara ya a lo nacional en ciertos casos. Este hecho resulta incongruente, y lo que antes servía para facilitar la convivencia y resolvía circunstancialmente ciertos problemas de la administración general del Estado, hoy resulta inoperativo.

 

Por ello no es de extrañar que como reacción a esta situación círculos de intelectuales y políticos hayan dado un giro, reflexionado sobre el problema y sugerido un cambio que se atisba más que necesario. El Partido Popular como principal partido de la oposición  ha sugerido e incluido en su programa electoral una futura reforma de la Carta Magna. En palabras propias de Mariano Rajoy la Constitución de 1978 "empieza a no ser útil para resolver los problemas propios de un Estado". Por ello, el líder del PP se ha comprometido a un cambio "como el que se está planteando en Alemania" con el fin de "garantizar la igualdad de los españoles, la cohesión y la solidaridad" si llega al poder. Dentro de la misma reflexión  Rajoy señalaba que la reforma de los Estatutos, concretamente el catalán "establece una confederación" y supone la construcción de "un Estado débil, sin competencias, sin funciones y sin recursos".

 

En este caso Mariano Rajoy no hace sino describir lo que es ya una realidad. Y no se le puede restar valor al haber puesto sobre la mesa un debate vital para el futuro del conjunto de la sociedad española, a pesar de lo comprometido del tema. Esta reflexión es propia de alguien con visión de gobierno, que pone por encima el interés general de un interés personal o de partido. En este aspecto Mariano Rajoy ha sido claro,  y también valiente. Precisamente cuando los principales partidos nacionales precisan de los apoyos de los partidos con sobre representación en el Congreso para formar mayorías estables -en caso de no obtener mayoría suficiente- el líder de la oposición arriesga a favor de esta reforma.

 

No se puede poner en duda el sentido de hombre de Estado y el carácter de responsabilidad para el gobierno del líder de la oposición. Esta capacidad dista mucho del talante, es menos mediática pero ofrece mayores garantías al conjunto de los españoles de cara a trabajar por una de verdadera unidad y el buen funcionamiento de las instituciones.

 

Y si de garantías hablamos, un dato interesante a analizar es la mínima distancia en intención de voto que separa a los dos grandes partidos en este fin de etapa. Un máximo de  tres puntos es la delgada línea de la victoria. Esto se traduce en una situación de empate técnico, que abre muchas posibilidades y despeja a la vez otras tantas incógnitas. Empezando por lo segundo, estos son los datos del balance del Gobierno de Rodríguez Zapatero: casi cuatro años de continua iniciativa legislativa del Partido Socialista no han conseguido atraer un apoyo mayoritario en las encuestas de fin de legislatura.

 

 

Mostramos a continuación algunos datos concretos que contrastan este análisis: la inflación española se disparaba en noviembre hasta el 4,1 por ciento, su tasa más alta desde enero de 2006, y según las estimaciones del Gobierno los niveles seguirán altos.

 

Por otra parte la crisis de sectores como el de la construcción ha llevado a que empresas como las inmobiliarias españolas hayan puesto en marcha operaciones de desinversión de activos con el objetivo de aliviar un endeudamiento financiero que asciende a casi 300.000 millones de euros. Esta cifra cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que  tal cantidad representa casi el 30% del producto interior bruto español. Una consecuencia directa de esta falta de liquidez es el aumento del paro; la cifra de desempleados ha sufrido un aumento constante, alcanzando en el mes de noviembre un 2.34 por ciento respecto a octubre en todas las comunidades autónomas, según datos del Instituto Nacional de Empleo (INE). En 2006 el desempleo aumentó 30.328 personas, y en  el último año, el desempleo ha acumulado un incremento de 71.309 personas, es decir, un 3.5 por ciento más.

 

Estas cifras no dejan de transmitir una sensación de cambio de ciclo económico, que desde hace meses se deja notar en la calle. Y esta valoración persiste a pesar del despliegue de medidas-regalo preelectorales lanzadas desde el Gobierno. Un paquete de compromisos para la siguiente legislatura que ya ha sobrecargado los recientes presupuestos generales del Estado en un desfase de doscientos millones de euros. Y la conclusión que podemos sacar es que la oferta del gobierno no convence de momento a una mayoría. No hay mucho más que ofrecer, o puede que todavía Zapatero entre aún más de lleno en el terreno de las promesas asistenciales; lo que queda claro es que los resultados de esa vía no son los esperados.

 

El resultado es similar si el análisis lo hacemos desde la óptica del bombardeo informativo de anuncios promocionales de la actividad del Gobierno bajo la marca “Gobierno de España”. Según un vídeo-denuncia realizado por el Partido Popular, en los últimos meses Zapatero habría gastado alrededor de 20 millones de euros al mes en propaganda. La cuña “Gobierno de España” que cierra estos anuncios cuesta 600.000 euros al día, procedentes del erario público. Un aumento muy considerable de la publicidad televisiva que no se ha traducido tampoco en una adhesión añadida significativa de votantes a la marca de Zapatero.

 

Esto implica un replanteamiento de la próxima campaña electoral, en el que los pesos pesados del Partido Socialista se verán obligados a recurrir a la movilización de sus bases a través de un reclamo generalizado del voto de izquierda. Suponemos que en este caso los asesores de campaña y del propio Presidente se hallan ante un escenario complejo, dado que deben guardar las formas y el tono moderado por cuestiones de imagen, pero a la vez deben armar una batería de mensajes explícitos para recuperar el ambiente de participación de las anteriores elecciones generales.

 

A este respecto el objetivo es difícil de conseguir, debido a dos razones fundamentales: de una parte no existe el elemento de impacto e inestabilidad que aportó el tremendo atentado de Madrid en 2004; de la otra, ahora los ciudadanos cuentan con su propia valoración de lo que ha sido esta legislatura. Y en cuanto a esto último, determinadas acciones del Gobierno han dejado un poso de descalabro perceptible y de involución en determinadas áreas que hacen contrapeso al propio Zapatero. En cierta forma los hechos empiezan a pesar más que el influjo de la imagen.

 

Este panorama no es desde luego en nada favorable a los resultados que Zapatero necesita para consolidarse como Presidente. No en vano ha realizado una llamada en determinadas ocasiones a un apoyo “mayoritario” en la próxima cita electoral. Zapatero sabe que para despejar las dudas sobre su elección imprevista en 2004 debe recibir ahora un apoyo suficiente que confirme una posición de liderazgo. Esta necesidad se convierte en una complicación porque de momento no cuenta con este respaldo social.

 

Probablemente en un deseo de sumar fuerzas, de aumentar adhesiones y sobre todo de mostrar un “rostro más social”, el partido socialista haya avanzado en la negociación con UGT tras su petición de un diputado propio. Según Cándido Méndez, el sindicato incidiría en las leyes y en los debates que afecten a los trabajadores, aunque su diputado siempre sería “cien por cien” del grupo socialista. El nombre propuesto por UGT ha sido el de Manuel de la Rocha, actual representante de UGT en el Consejo Económico y Social. Esta negociación en curso muestra al mismo tiempo las excelentes relaciones que existen en este momento entre el Gobierno y UGT, muy lejos de la frialdad de años anteriores.

 

Una circunstancia añadida es el “presentimiento” de sensación de inseguridad económica en la calle; y para evitar la acusación antes que ésta se produzca el gobierno ha lanzado otra cosa el gobierno ha lanzado la pelota al tejado del ciudadano. Evidentemente tal hecho ha despertado indignación, porque el trabajador de clase media o el ama de casa no son responsables del control de los indicadores macroeconómicos, simplemente delegan en otros esta capacidad. Qué decir que cuando se presume de superávit económico como ha hecho el Presidente, y a la vez se pide que se cambie la cena navideña por un plato de conejo surge una duda más que razonable acerca de la eficacia de este gobierno.

 

Por estos y otros motivos los sondeos no recogen un mayor índice de participación a favor del partido socialista al final de la legislatura, que en un intento torpe de generar eficacia y estabilidad ha conseguido más bien lo contrario, por hacerlo deprisa y mal, sin medida de los riesgos, basándose únicamente en la confianza efímera que Zapatero tiene de sí mismo.

 

Si valoramos los posibles aspectos de desgaste, no creemos que a partir de esta fecha el Partido Socialista disminuya en sus resultados de intención de voto, debido a que todos los factores que podrían pasarle factura ya han tenido un tiempo de reposo en la opinión pública. Salvo un acontecimiento de grandes dimensiones los porcentajes no disminuirán demasiado en los próximos meses; pero insistimos que no es esto lo que ahora preocupa al Gobierno como el complejo empate técnico PP-PSOE.

 

La misma coyuntura de empate vista desde el banquillo de la oposición ofrece más posibilidades que riesgos. El Partido Popular ya está en la oposición, perdió las anteriores elecciones y ahora se sitúa en una posición cercana a la del partido en el gobierno. En este punto concreto no se puede hacer una lectura de equidistancia entre ambos partidos, porque no es real. El PSOE se sitúa a tres puntos por delante del PP, pero teniendo en cuenta que recibe una mayor cobertura informativa, y que el hecho de estar en el Gobierno siempre aporta un plus en las valoraciones.

 

En este caso el Partido Popular cuenta con voto muy cohesionado y con un proyecto más claro y transparente: hace lo que dice y no al revés. Un posible segundo mandato de Zapatero abre un vacío respecto a grandes temas como podría ser la presencia exterior de España, el liderazgo de ésta a nivel internacional, su capacidad de acuerdo y negociación en los problemas de carácter europeo y nacional, la lucha contra la inflación, el debate sobre el futuro modelo de Estado…

 

Como balance de final de legislatura se percibe un agotamiento de los grandes ejes que el Gobierno ha intentado fijar como palancas de seguridad:

 

1.      La apuesta por la negociación con ETA ha tenido que ser sustituida en el último año por una rectificación a favor de la lucha antiterrorista.

 

2.      El apoyo incondicional al Partido Socialista en Cataluña y a sus socios de Gobierno no ha servido de mucho a pesar de numerosas concesiones económicas y políticas. Las protestas y el clima de confrontación se han vuelto casi más intempestivos en los dos últimos meses que en los años anteriores.

 

3.      El compromiso suscrito con el Tripartito catalán ha puesto en tela de juicio el sentido de solidaridad nacional y de atención política real a regiones más desfavorecidas en unos casos, y en otros casos a las que son de distinto color político en el plano autonómico (especialmente Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana).

 

4.      El trato de favor recibido en el periodo de elecciones autonómicas por ANV y el PCTV en un ambiente político de gran pacto de garantías -para favorecer un avance en la independencia del País Vasco- ha comprometido el discurso político del Gobierno hacia el País Vasco. En este momento, ni se afirma que estos partidos estén en vías de ilegalización, ni se muestra un apoyo explicito como en meses anteriores.

 

5.      El intento de avanzar hacia una transición en el modelo de Estado a una fórmula confederal ha sufrido un parón real ante el retorno de la actividad terrorista de ETA y la redefinición de los ejes independentistas en País Vasco y Cataluña. El intento de reforzar la imagen de partido de carácter nacional resulta incoherente con el proyecto anunciado en estos años de la realización de una segunda transición.

 

6.      La confianza generada por el mantenimiento de una buena situación económica se ha transformado en desconfianza a merced de los últimos datos macroeconómicos y los compromisos preelectorales del Gobierno.

 

Esta esquemática radiografía de intenciones políticas y resultados dibuja con claridad cómo la planificación política de Zapatero -si es que ésta existe- se mueve al margen de la realidad. Éste es su talón de Aquiles. La falta de acierto y el querer jugar a todas las bandas le impide marcar una trayectoria continua y estable. Contrarrestar estos efectos en escasos dos meses de precampaña y campaña electoral es una elevada meta. Si frente a esto el Partido Popular sabe jugar bien sus bazas y arriesgar en el discurso mostrando una verdadera capacidad de Gobierno, tiene mucho que ganar. Falta ver cómo se van a orientar las distintas estrategias de cara a un objetivo común, ganar las elecciones.