Cuando nos encontramos a final de año y próximos a terminar la legislatura, podemos echar la vista atrás y sopesar las decisiones políticas que se han tomado en el ámbito de la inmigración, para poder ofrecer un pequeño balance y apuntar tendencias, además de dibujar algún horizonte que aporte elementos positivos en un tema tan difícil y controvertido como es el del recibimiento y posterior adaptación, de ciudadanos que buscan una vida mejor en nuestro país.

 

Esto último, el de saber que España se ha convertido en un destino apetecible, soñado y deseable es motivo de orgullo, puesto que demuestra que un país que hasta hace unos años era un país de emigrantes ha sido capaz de avanzar y de proyectarse como un lugar donde hay oportunidades para la mayoría, incluso, para los que vienen de fuera y no encuentran horizontes en sus lugares de origen.

 

Otro aspecto que conviene tener en cuenta, si no se quiere caer en la fácil demagogia a la que se presta el tema si no se es muy riguroso, es la globalización de nuestro entorno. Ésta facilita que los flujos de movimientos de personas sean frecuentes y constantes, como lo fue primero el económico y el de la información después.

 

En un mundo donde se produce en un país,  se vende en otro distinto y se paga desde cualquier parte; en un entorno donde la información- su creación, emisión y recepción- es inmediata, no es de extrañar que la tercera globalización sea protagonizada por las personas.

 

Ello no quiere decir que porque el mundo sea global- y cada vez más- haya que ser irresponsable cuando se toman decisiones que afectan a muchas personas y a otros tantos sectores (sanidad, educación, por ejemplo).

 

Precisamente, la globalización a la que se hace referencia, debe hacernos mucho más cuidadosos porque las decisiones implican responsabilidades mayores en muchos ámbitos de la vida cotidiana de mucha gente, tanto directa, como indirectamente.

 

De un lado,  a los que llegan no se les puede ofrece un futuro incierto, entre otras razones, porque vienen huyendo de la incertidumbre y están decididos a aportar lo mejor de sí, tanto económica como socialmente. Hay que tener en cuenta a los que están, tanto nacionales como otros inmigrantes anteriores, puesto que deben emprender un proceso de adaptación al nuevo escenario vital que se les plantea y que en principio, no ha sido buscado.

 

Quien esto escribe no participa de una visión frívola de la política en ningún aspecto. En el campo de la  inmigración, sus repercusiones para propios y ajenos, así como sus consecuencias en el futuro, no puede tolerarse que así sea, de ningún modo. Es un tema difícil en lo político, lo social, lo humano y lo económico. Su dificultad exige todavía mayor responsabilidad.

 

Debemos exigir a quienes en cada momento tienen la responsabilidad de tomar decisiones, de gobernar, que lo hagan desde la seriedad y la rigurosidad, más allá de la oportunidad del momento.

 

 

“Nunca un Gobierno de España se ha ocupado de las migraciones como el actual”. Así lo ha declarado el secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista, Pedro Zerolo. Por su importancia, se reproducen sus palabras: “este Gobierno ha construido,  mediante el diálogo social y la búsqueda de consensos, el primer modelo de gestión migratoria y de integración que ha tenido España, restaurando derechos humanos y constitucionales que el Gobierno anterior había cercenado a las personas inmigrantes y combatiendo la marginalidad, la precariedad laboral y la ilegalidad en que el PP había sumido a centenares de miles de inmigrantes.

 

 

Lamentablemente, estas aseveraciones no se pueden mantener. Se ha demostrado con muchos hechos que la realidad es otra.

 

Un primer indicio que permite desmontar este planteamiento es que la inmigración es uno de los principales problemas que preocupan a los españoles, como el terrorismo, el desempleo y el precio de la vivienda. La sociedad española no ha percibido que se haya solucionado el problema que plantea la llegada de miles de personas en un breve espacio de tiempo. Antes al contrario.

 

El proceso de regularización masiva acometido por el Ejecutivo ha dejado en evidencia que, lejos de resolver un problema, éste se ha agravado. Hoy tenemos un millón más de inmigrantes ilegales, como se ha podido demostrar con los datos del padrón en la mano. Es preciso garantizar por ley, la prohibición de regularizaciones masivas, para terminar con la imagen de que España es un país en el que se puede permanecer de forma irregular a la espera de un proceso de regularización que acabará produciéndose.

 

Tampoco se puede tomar este tipo de decisiones de forma unilateral porque afectan al resto de países y porque son socios nuestros. Hay que trabajar firmemente por establecer una verdadera política común europea de inmigración, al menos en el espacio de Schengen. Una política que responda a parámetros y criterios comunes. España debe ser proactiva en este terreno. Las posibilidades de éxito serán mayores si esta proactividad hacia fuera viene precedida de un Pacto de Estado entre las fuerzas políticas mayoritarias, por lo menos. La unión hace la fuerza.

 

 

La política poco meditada y cortoplacista ha creado problemas importantes. Los datos hablan por sí solos.

 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó en septiembre de 2007 casi ocho mil quinientas infracciones de extranjeros que no poseen permiso de trabajo. La Inspección se ha visto obligada a imponer sanciones que suman más de cincuenta y tres millones de euros.

 

Otro hecho importante es que las inmigración provocará que la tasa de paro repunte hasta el 9’1% en 2009. La población activa crece a ritmos del 3%, mientras que la capacidad de absorción del mercado de trabajo es solo del 2’5% (según el último Avance del Mercado Laboral- AML- elaborado por Afi-Agget).

 

La población activa inmigrante ha pasado a representar el 14’5% del total, frente al 1’3% de 1997. La explicación es sencilla. Hace diez años, la población extranjera que llegaba España no demandaba trabajo, sino que mayoritariamente, estaba conformada por ingleses, nórdicos y alemanes que venía a nuestro país en su etapa de jubilación, en busca de un clima más benigno.

 

Ahora, los nuevos ciudadanos buscan un puesto de trabajo. La dificultad de absorber en tiempo récord toda esta mano de obra hace que en tiempos de crisis, como la etapa que parece que estamos entrando, según anuncian los economistas, aboca a estas personas a encontrarse en circunstancias muy desfavorables, generalmente, más difíciles que las de los nacionales: ocupan puestos de trabajo en sectores como la construcción, que está dando ya claros síntomas de ralentización.

 

Hubiera sido más sensato crear Oficinas de Empleo en Origen, de manera que España hubiera podido ofrecer unas condiciones aceptables a las personas que buscan una vida mejor.  Mediante este método, se garantizaría la legalidad de la actuación propia  de la contratación, la celeridad del proceso y el acuerdo con las autoridades del país de origen de estos trabajadores, asegurando la efectiva legalidad de la afluencia de inmigrantes.

 

Estas oficinas creadas en consonancia con los países de origen podrían facilitar también la implicación de sus gobiernos en la lucha contra las mafias, así como en la comprensión y asunción del problema en sí mismo. Hoy, tal y como están las cosas, no parece que la idea de estos gobiernos sea la de colaborar en la solución del problema.

 

Una de las razones de mayor peso es la importancia que tienen las remesas de dinero que aportan los emigrados. Sirva como ejemplo un último dato publicado por el BID: en 2007, las remesas a Centroamérica han supuesto más de doce mil millones de dólares.

 

Es imprescindible que se configure una verdadera y eficaz política de cooperación al desarrollo, centrada en aquellos países que verdaderamente contribuyan a detener la inmigración ilegal. En la actualidad, el trabajo que desarrolla la AECI podría ser más eficaz. Por lo pronto, está dotada con un presupuesto de 740 millones de euros, que podrían utilizarse en este sentido. Esta podría ser una verdadera herramienta para luchar contra la pobreza de los países de origen.

 

La realidad es que los países de origen siguen sin aceptar la repatriación de las personas ilegales. Mauritania se niega a readmitir a los últimos cincuenta inmigrantes que el Gobierno de España ha tratado de repatriar. Alega que los cayucos llegados a Canarias “no ha salido de su territorio”.

 

Otro problema que hay planteado en la actualidad es el de la moratoria aprobada por el Gobierno socialista  a finales de 2006, en relación a las posibilidades de contratación de rumanos y búlgaros, a raíz de la entrada de sus países en la UE a principios de 2007. El Consejo de Ministros aprobó el establecimiento de un periodo transitorio de dos años que impide la libre circulación de rumanos y búlgaros. Además, se dispuso que al cabo de un año, se reconsideraría este plazo.

 

El Gobierno socialista se resiste a suprimir la moratoria que impide a los ciudadanos rumanos ser contratados libremente hasta 2009. El Gobierno de Zapatero teme que si levanta esta restricción, se produzca un efecto llamada. La moratoria permite trabajar a rumanos y búlgaros, siempre y cuando la persona que quiera contratarles solicite autorización por escrito al Ministerio de Trabajo. La realidad, es que los empresarios prefieren contratar a otros inmigrantes que no precisen tantos requisitos.

 

El presidente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Cultural Rumano (Adare), Daniel Tecu,  afirma que, desde que se solicita el permiso, hasta que se obtiene, transcurren unos diez meses. Tiempo suficiente para que estos ciudadanos pasen a engrosar las listas de la economía sumergida: de los 800.000 rumanos residentes en España, más de 300.000 sin papeles trabajan ilegalmente, en parte por culpa de esta moratoria.

 

La cuestión no parece que tenga mucho sentido porque se ha creado un círculo vicioso: han llegado a España masivamente porque son ciudadanos de la UE, y saben de la laxa política de inmigración de nuestro país,  pero no pueden trabajar de forma legal. Así, lo hacen de forma ilegal y no contribuyen con su trabajo a la Seguridad Social, ni pagan impuestos, ni por supuesto, han encontrado una solución al problema que venían a solventar: la falta de trabajo y un futuro como ciudadanos de pleno derecho.

 

Solo estos ejemplos demuestran que la política sobre inmigración adoptada por el actual Ejecutivo no responde a “la restauración de derechos humanos y constitucionales que el Gobierno anterior había cercenado a las personas inmigrantes, combatiendo la marginalidad,  la precariedad laboral y la ilegalidad a la que el PP había sumido a centenares de inmigrantes”.

 

 

La situación que se ha creado en las Islas Canarias no da pié para aseverar que el problema se está atajando adecuadamente. El Gobierno de Canarias ha llegado a anunciar que acudirá a instancias europeas si el Gobierno Central no aporta soluciones.

 

El ministro Caldera afirma que las comunidades gobernadas por el Partido Popular son las que más trabas ponen para acoger  a más jóvenes inmigrantes. Sin embargo, un estudio de la CE considera que Madrid es una ciudad modelo en la integración de inmigrantes. Este dato es interesante tenerlo en consideración, dado que España es el país de la UE que acoge mayor porcentaje de inmigrantes.

 

La Comisión ha puesto nota a las asociaciones de inmigrantes de cinco grandes ciudades: Madrid, Milán Tesalónica, Dublín y Tubingen. Ha llegado a la conclusión de que  Madrid facilita el asociacionismo con adecuados recursos, que proporcionan buenas perspectivas de futuro. “Madrid es un lugar modelo en integración y participación de inmigrantes en la construcción de la Europa intelectual”.

 

 

Otra argumentación que se esgrime con frecuencia es que la inmigración garantizará el futuro de las pensiones en España. Esta tesis no es mantenida por los ministros de Economía de la Unión Europea, el Ecofin. Aseguran que el aumento de la inmigración no resolverá la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Han insistido en la necesidad de hacer las reformas que están pendientes en el sistema de Seguridad Social, que se incentive la entrada y permanencia de los trabajadores en el mercado laboral.

“Mediante la regularización, se ha creado la imprescindible situación de posibilidad legal de la  integración de este colectivo y ha permitido la normalización de su aportación al crecimiento económico, al sostenimiento del sistema de la Seguridad Social y a la revitalización demográfica y la proyección cultural e internacional de nuestro país”. Queda demostrado que no.

 

 

Los ciudadanos aprecian a los políticos que tienen facilidad de palabra y fluidez en la exposición de sus ideas. Sin embargo, detrás de estas cualidades no se puede disfrazar un discurso vacío y que se puede demostrar con datos que no es más que una máscara que se pone a un problema, que sin ser de fácil solución, ha crecido exponencialmente por la adopción de medidas cortoplacistas, que tienen que ver más con el calendario electoral que con el paisaje real de España.

 

Es preciso llegar a un acuerdo entre casi todos, si es ello posible, para delimitar los parámetros de una política de inmigración sensata, cimentada en la realidad y no en el deseo.

 

Una política imbricada en la Unión Europea pero que a la vez, implique a los países emisores de ciudadanos desencantados, que buscan justicia a su existencia y que quieren disfrutar de su pleno derecho a vivir mejor, a no ser pasto de la miseria.

 

Precisamente por ello, y por nuestra condición de personas solidarias, debemos ofrecer a nuestros nuevos vecinos un entorno adecuado, donde puedan integrase y trabajar, aportar económica, social, cultural y humanamente a los que ya están.

 

Nuestro mundo es cada vez más global en lo económico, en el conocimiento y también en lo humano. Ello no debe distraernos del principal objetivo: trabajar entre todos para que esa llegada y esa acogida pueda ser efectiva, real y sensata. Ellos y nosotros nos lo merecemos.