Recordando el título de uno de los múltiples libros y artículos que recientemente, y junto a diversas encuestas, predecían que la arena política marroquí pasaría a estar controlada por los islamistas tras las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre es importante analizar en qué situación queda este país magrebí tras los comicios y cuáles son los desafíos que afectan a su seguridad y, en consecuencia, también a la de sus vecinos inmediatos, y en particular a España. De las elecciones generales caben destacarse, en una primera lectura, dos cuestiones: la altísima abstención, del 63%, bastante parecida a la que se dio en Argelia en las también legislativas del pasado 17 de mayo, y la sorprendente victoria de un partido que no aparecía como favorito, el nacionalista Istiqlal, frente al que según las susodichas encuestas sí lo era: el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). En cualquier caso no hay que olvidar que el PJD ganó holgadamente en Rabat, Casablanca, Tánger, Meknes, Salé y Tetuán, confirmando el perfil urbano del islamismo marroquí, islamismo que no sólo representa el PJD sino también el movimiento radical, ilegal pero tolerado, Justicia y Caridad y los grupos aún más radicales situados en torno a la nebulosa Yihadiya Salafiya, que preconizaron el boicoteo de las elecciones y cuya huella habría también que buscar en parte de la altísima abstención registrada.

 

 

De los 33 partidos políticos que presentaban listas la pugna por los primeros puestos sólo afectaba a los dos citados así como a los socialistas de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), a los bereberistas del Movimiento Popular, a los postcomunistas del Partido del Progreso y del Socialismo (PPS) y a los oficialistas de la Agrupación Nacional de Independientes (RNI). Todos ellos junto al Istiqlal han compartido el poder en los últimos años y desafiándoles comparecía un PJD que, tras haberse autocontrolado en las legislativas de 2002, pretendía ahora arrasar en las urnas. Los resultados, que se empezaron a conocer a partir del 9 de septiembre, dieron finalmente 52 escaños al Istiqlal, 46 al PJD, 43 al Movimiento Popular, 38 a la RNI, 36 a la USFP y17 al PPS  quedando los restantes, hasta completar los 325 escaños, en manos de la larga lista de pequeños partidos que caracterizan con su presencia todo proceso de transición a la democracia. El PJD habría crecido en número de diputados - de 42 a 46 - pero quedaría muy lejos de los entre 60 y 70 prometidos por las susodichas encuestas y de los que ya presumía su Secretario General, Saad Eddin El Othmani.

 

La desilusión del votante marroquí - del modesto 37% de votantes un 19% fueron votos nulos o en blanco - y las medidas correctoras del sistema explican estos resultados que, sin ser ilusionantes, han de permitir al menos que Marruecos siga adelante con su proceso de modernización. Aunque un frustrado PJD ha hablado de fraude hay que considerar que el tradicional peso del mundo rural en Marruecos, que favorecido por el sistema electoral vota oficialista frente al emergente voto urbano donde medran los islamistas, unido a una estudiada redefinición de las circunscripciones que ha afectado negativamente al PJD pero también a la USFP explican los resultados. Con estas elecciones se ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad del Estado marroquí para dirigir el proceso de apertura habiendo hecho frente ahora a un escenario de posible victoria de los islamistas en un contexto regional e internacional extremadamente sensible tras la victoria de Hamas en la Autoridad Nacional Palestina (ANP) o el reforzamiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto.

 

Estimulados en gran medida por la reciente experiencia de sus homónimos turcos, los líderes del PJD creían llegado el momento de acariciar el poder, olvidando que cualquier comparación entre Turquía y Marruecos no resistiría una discusión argumentada. Mientras en Turquía la participación en las elecciones presidenciales ha sido masiva en Marruecos el abstencionismo crece. Por otro lado, con los ilegales aunque tolerados islamistas de Justicia y Caridad del jeque Yasin desafiando al sistema y con las redes del terrorismo yihadista amenazando la seguridad del Reino, a lo que habría que añadir un convulso escenario regional con Argelia sufriendo crueles zarpazos terroristas, el sistema ha apostado por la prudencia.

 

Aunque es difícil evaluarlo parte de la abstención ha podido obedecer a las consignas de los islamistas que se vienen oponiendo al PJD, desde Justicia y Caridad hasta las redes del terrorismo yihadista que van desde el espectro de la Yihadiya Salafiya hasta las células de base e individuos cada vez más motivados pasando por un Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), cuyos miembros se han movido ágilmente en los últimos años tanto por el Reino y por países árabes como Arabia Saudí o Irak como por Estados europeos como España - donde forman parte del engranaje del 11-M -, Reino Unido, Francia o Bélgica. Ahora está por ver si en el Gobierno que se diseña desde Palacio y a cuyo frente se ha colocado al desde 1998 Secretario General del Istiqlal, Abass El Fassi, Ministro de Estado sin cartera en el Gobierno saliente que ha sido designado Primer Ministro por el Rey Mohamed VI el 19 de septiembre, a los doce días de las elecciones, habrá alguna presencia de un partido, el PJD, que al fin y al cabo ha obtenido el segundo puesto. Es previsible que, en la línea de los sucesivos gobiernos de la vecina Argelia durante la presente década, dicha presencia islamista sea visible - y si no lo es en el Gobierno lo será sin duda en el Parlamento y en la calle - y cabe recordar que el Istiqlal se ha destacado en años recientes por su aproximación a los emergentes sectores islamistas: un partido que lideró junto a la Corona la lucha por la independencia y que no tiene el lastre ideológico que impide a la USFP o al PPS aproximarse al PJD podría ser en el futuro un facilitador que permitiera una mayor aunque siempre modulada visibilidad de los islamistas en la vida política de Marruecos. En paralelo, importante será observar si de confirmarse esta vía de acceso indirecto a las esferas del poder ella impide que el PJD sufra divisiones internas y deserciones. Estas, que ya se han producido recientemente - el predicador radical Abdelbari Zemzmi abandonó recientemente el PJD y se integró en el Partido del Renacimiento y la Virtud que ha concurrido a las elecciones disputante el voto islamista -, podrían agudizarse ahora tras los pobres resultados obtenidos el 7 de septiembre animando a diputados como Mustapha Ramid, el más votado del Parlamento saliente, a radicalizar su discurso y desafiar la línea moderada del Secretario General actual.

 

 

Aunque tradicionalmente ha venido siendo la Corona la que se ha venido ocupando de las denominadas “cuestiones de soberanía” - designando directamente a los ministros de asuntos exteriores, asuntos religiosos, justicia e interior, y ocupándose directamente de la defensa que carece de ministerio desde que fuera disuelto en 1972 tras los dos golpes de Estado de principios de los setenta -, y nada parece indicar que vaya a dejar de hacerlo en el inmediato futuro, sí está claro que estas cuestiones estarán presentes en la agenda del nuevo Gobierno, en la de los miembros del nuevo Parlamento, en la de los múltiples medios de comunicación que, aunque con grandes dificultades tal y como lo demuestran las medidas contra los semanarios Tel Quel y Nichane en agosto, tratan de aprovechar los resquicios que el poder les deja para hacer su trabajo, y en la de los instrumentos de una aún incipiente sociedad civil. Por supuesto, también deberá de estarlo en la de los Estados cuya seguridad se puede ver afectada según evolucione Marruecos y aquí España ocupa una posición preferente. Cuestiones como el conflicto del Sáhara Occidental y la vecindad con Argelia, la amenaza del terrorismo yihadista salafista y tráficos ilícitos como el de drogas y de seres humanos constituyen hoy y seguirán constituyendo en el futuro una posición central.

 

Tras dos rondas de reuniones sin resultados positivos conocidos - celebradas en Manhesett, cerca de Nueva York, en los días 18 y 19 de junio y 11 y 12 de agosto pasados - las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el conflicto del Sáhara Occidental no han dado los frutos que algunos observadores confiados esperaban y, aunque sí parece que ambas delegaciones acordaron volver a reunirse en la segunda mitad de 2007, esta cuestión sigue siendo uno de los principales desafíos de seguridad en la región del Magreb y también para las relaciones entre esta subregión y sus vecinos más inmediatos, en particular para España. No hay que olvidar que la aparentemente irresoluble rivalidad argelino-marroquí - alimentada en buena medida por este conflicto no resuelto pero también por la pugna por la hegemonía regional, por una atávica desconfianza mutua y por un deseo, extremado para el caso marroquí, de arrancar apoyos en el mundo occidental -  está reflejándose últimamente en una carrera de armamentos entre los dos gigantes del Magreb que debe de ser seguida con atención. Mientras una hoy muy rica Argelia, merced a los altos ingresos recibidos por la venta de sus hidrocarburos, está a punto de convertirse en el mayor comprador de armamento de la Federación Rusa - con un acuerdo sellado por Vladimir Putin en Argel en 2006, por el que Argelia comprará 62 cazas Su-30MKI y Mig-29, 185 carros T-90S, dos submarinos y otros materiales - Marruecos tiene pendiente con el Gobierno francés una compra de cazas Rafale y la Administración de la Defensa Nacional marroquí firmó un importante contrato con España, en noviembre de 2006, por el que nuestro país dotará a las Fuerzas Armadas Reales (FAR) con hasta 1.200 Vehículos de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) “Rebeco”, 800 camiones militares de transporte y 10 patrulleras similares a las que utiliza la Guardia Civil. Mientras Argelia parece interesada en adquirir en la Federación Rusa helicópteros Mi-28N, una o dos fragatas y hasta un buque capaz de portar helicópteros en una nueva licitación para compra de armamento abierta este año la Marina marroquí se ha modernizado en el último lustro con la incorporación de dos fragatas francesas clase “Floreal”: la “Mohamed V” y la “Hassan II”.

 

Otros desafíos de seguridad interna e internacional constituirán también preocupaciones para el Gobierno dirigido por Abass El Fassi. Desde la amenaza siempre presente del terrorismo yihadista hasta los omnipresentes tráficos ilícitos, destacándose entre estos últimos el de seres humanos y el de drogas. En lo que a la amenaza terrorista respecta cabe recordarse que el pasado 8 de julio Marruecos elevó al nivel máximo la alerta terrorista y aunque lo ha reducido en septiembre el inventario de suicidas que entre el 11 de marzo y el 13 de agosto han actuado en suelo marroquí - en esta última fecha un suicida intentaba sin éxito matar a un grupo de turistas occidentales en un ataque contra un autobús en Meknes - no deja lugar a dudas de que la amenaza como tal persiste y se agrava.

 

La inmigración irregular lleva largo tiempo ocupando las agendas de los Ministerios del Interior de Madrid y de Rabat y vinculando en clave de cooperación a la Guardia Civil española y a la Gendarmería Real marroquí, cuerpos que cooperan en varios ámbitos desde hace largos años y que en lo que a la lucha contra el tráfico de seres humanos respecta realizan patrullas mixtas desde 2004, pero se ha complicado en años recientes con la presencia de cayucos procedentes de diversos países de África Occidental y con la más reciente introducción de irregulares procedentes de las costas de Argelia, esta última desde fines de 2006 y con más frecuencia a lo largo de 2007. La envergadura del problema hoy crece porque, tras haber elogiado los Gobiernos español y marroquí la buena marcha de su cooperación bilateral en la materia, la ofensiva procedente de las costas de Marruecos y del Sáhara Occidental, hacia las costas de Cádiz, Málaga, Granada, Almería e incluso Murcia y Alicante, para las primeras, y hacia Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria para las segundas, se viene agudizando en las últimas semanas.

 

En cuanto al tráfico de drogas, hemos de destacar no sólo el papel de Marruecos como principal productor de hachís del mundo - al menos hasta ahora, aunque según datos de la Agencia de la ONU contra la Droga y el Crimen (ONUDC) de principios de año el efecto combinado de las campañas de erradicación y la sequía han reducido la cosecha desde las 2.760 toneladas de resina de hachís de 2004 a las 1.070 toneladas de 2005 - sino también la ruta de la cocaína que desde el Reino se dirige últimamente a Europa a través de España. Los cuatro casos de tráfico de cocaína en avionetas particulares, detectados por las fuerzas de seguridad españolas en lo que va de año, se añaden al reto diario que supone perseguir lanchas cada vez más sofisticadas que portando hachís desafían a las patrulleras y a los helicópteros de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Así, potentes planeadoras que dotadas de hasta cinco motores alcanzan 120 kilómetros por hora trasladan hachís marroquí desde la Mar Chica, en Marruecos, hasta alejadas costas españolas en Ibiza, el delta del Ebro o la Costa Brava en constantes viajes de ida y vuelta.

 

Junto a los desafíos de seguridad aquí recogidos el nuevo Gobierno habrá de hacer frente al siempre presente, y para muchos prioritario, desafío representado por la situación socioeconómica del país, que también debemos ubicar en los dominios de la seguridad, humana, y que con un 50% de la población anclada en el analfabetismo y un porcentaje parecido viviendo por debajo del umbral de la pobreza requiere de soluciones urgentes. De hecho, ya ha habido un “aviso” que recuerda las revueltas del pan que se dieron tanto en Marruecos como en Túnez en los ochenta - o la que en Argelia se denominó “revuelta de la sémola” y fue reprimida duramente por las autoridades en octubre de 1988 - y se acaba de producir en Sefrou. En esta localidad de 60.000 habitantes, situada a 28 kilómetros de Fez, sectores de la población se enfrentaban violentamente a las fuerzas de seguridad el 23 de septiembre en una protesta contra el encarecimiento del pan y otros productos de primera necesidad que degeneró en ataques contra símbolos del Estado como comisarías, cuarteles de las Fuerzas Auxiliares, la oficina de Correos o los Juzgados.