El 2 de diciembre, los venezolanos están convocados para aprobar o rechazar un proyecto de reforma constitucional elaborado por la Asamblea Nacional, donde el movimiento político del presidente Hugo Chávez dispone de una la casi totalidad de los asientos, ya que la oposición boicoteó las elecciones parlamentarias.

 

Lo primero que hay que decir es que la propuesta de reforma puede ser inconstitucional, pues de acuerdo con la Constitución vigente, ninguna reforma puede alterar los principios de la ley fundamental. Sin embargo, la que está en tramitación lo hace; por tanto, el chavismo debería de proceder a la convocatoria de una asamblea constituyente. He aquí otra de las similitudes entre Rodríguez Zapatero y sus aliados sudamericanos. El socialista español está cambiando la Constitución de 1978 mediante reformas estatutarias, en las que los parlamentos locales modifican el reparto del poder constitucional. El nuevo estatuto de autonomía catalán, pese a que se ha presentado como una reforma, en realidad es un texto nuevo que deroga el aprobado en 1979^[1]. Con las excusas de las reformas, los gobiernos venezolano y socialista español sortean los trámites, más largos y complejos, de abrir un proceso constituyente, y, en consecuencia, el debate político.

 

Hugo Chávez y sus partidarios ya aprobaron en 1999 una Constitución que sustituyó al texto sobre el que el militar golpista juró su cargo de presidente en 1998. En menos de ocho años, el movimiento bolivariano considera desfasada su propia Constitución.

 

Los análisis en España se han centrado en la supresión de los límites a la reelección presidencial. Ésta es una de las escasas –sino la única- aportaciones iberoamericanas al derecho constitucional. Después de abusos como el del general y masón mexicano Porfirio Díaz y del general venezolano Juan Vicente Gómez, que se hicieron reeligir como presidentes de sus repúblicas el primero durante 30 años y el segundo durante 27 años, las Constituciones trataron de limitar la reelección o prohibirla. En México, el presidente sólo puede desempeñar un mandato de seis años y en Venezuela quien había sido presidente, por cinco años, sólo podía presentarse a un nuevo mandato transcurridos dos períodos presidenciales.

 

Sin embargo, el proyecto tiene otros puntos que lo vuelven mucho más inquietante, por mucho que en algunos casos caiga en lo grotesco, como la inclusión en los límites de la República (art. 11) del “espacio ultraterrestre suprayacente, incluyendo las órbitas geoestacionarias respectivas y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad” y la repetición constante de los cargos en masculino y femenino (“presidente o presidenta”, “diputados y diputadas”, “patrón o patrona”, “trabajadores y trabajadoras”, “contralores o contraloras”, “barberos y barberas”). Reproducimos algunos de los nuevos artículos:

 

El Estado garantizará la función y uso social del suelo urbano y prohíbe toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra, propugnando la superación de los desequilibrios económicos, las asimetrías en la dotación de servicios e infraestructura, así como sobre las condiciones de accesibilidad, físicas y económicas (art. 18).

 

Se prohíben discriminaciones fundadas en lo étnico, género (sic), edad, sexo (sic), salud, credo, orientación política, orientación sexual, condición social o religiosa. (...) La ley (...) adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables (art. 21).

 

Son electores y electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciséis años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política (art. 64).

 

A objeto de que los trabajadores y trabajadoras dispongan de tiempo suficiente para su desarrollo integral, la jornada de trabajo diurna no excederá de seis horas diarias o de treinta y seis horas semanales, igualmente, la nocturna no excederá de seis horas diarias o de treinta y cuatro horas semanales. Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas o tiempo extraordinario (art. 90).

 

Las culturas y populares de los pueblos indígenas, de los eurodescendientes y de los afrodescendientes, constitutivas de la venezolanidad, gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas (art. 100).

 

La ley garantizará el voto paritario de las y los estudiantes, los profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras para elegir las autoridades universitarias (art. 109).

 

El Estado promoverá el desarrollo de un modelo económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social, y la mayor suma de felicidad posible. Asimismo, fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estadal, así como empresas y unidades económicas de producción o distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixtas entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista (art. 112).

 

El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras, consejos estudiantiles, consejos campesinos, consejos artesanales, consejos de pescadores y pescadoras, consejos deportivos, consejos de la juventud, consejos de adultos y adultas mayores, consejos de mujeres, consejos de personas con discapacidad y otros entes que señale la ley (art. 136).

 

La política exterior de la República deberá orientarse de forma activa hacia la configuración de un mundo pluripolar, libre de la hegemonía de cualquier centro de poder imperialista, colonialista o neocolonialista (art. 152).

 

El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios socialistas, antiimperialistas, humanistas, de cooperación, de eficiencia, de protección del ambiente y de solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad (art. 299).

 

El Estado promoverá la agroecología como base estratégica del desarrollo rural integral (...) La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, de distribución e intercambio, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento (art. 305).

 

Se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés social. La República determinará mediante ley la forma en la cual los latifundios serán transferidos a la propiedad del Estado, o de los entes o empresas públicas, cooperativas, comunidades u organizaciones sociales, capaces de administrar y hacer productivas las tierras (art. 307).

 

El sistema monetario nacional debe propender al logro de los fines esenciales del Estado Socialista y el bienestar del pueblo, por encima de cualquier otra consideración. (...) El Banco Central de Venezuela es persona de derecho público sin autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas correspondientes, y sus funciones estarán supeditadas a la política económica general y al Plan de Desarrollo Integral de la Nación para alcanzar los objetivos superiores del Estado Socialista y la mayor suma de felicidad posible para todo el pueblo. (art. 318).

 

Como la cabeza del régimen, la nueva Constitución es una mezcla de todo tipo de tópicos y consignas de la izquierda, tanto pasados como actuales: socialismo, intervencionismo, identidad de género, indigenismo, discriminación positiva, cháchara antiimperialista...

 

Se funda un Estado en el que la población queda distribuida en grupos (agricultores, eurodescendientes, pescadores, discapaces, latifundistas, militares, mujeres...) que, en teoría, deben representarles mejor. La realidad, como demuestra la experiencia española de fragmentación del poder, es que la sociedad se escinde y que los grupos mejor organizados o cuyos fines o ideología coinciden con la corrección política obtienen no sólo subvenciones, sino, además, leyes que imponen al resto sus ideas. En España ha ocurrido con las feministas, que han criminalizado a los varones; los homosexuales, que han alterado una institución milenaria como el matrimonio; los afiliados a la SGAE, que se han hecho con ingresos extras; los políticos y empresarios catalanes, que se han asignado un porcentaje de los Presupuestos del Estado al margen de las Cortes Generales; y los editores de libros texto, que han suprimido los descuentos a su mercancía.

 

¿Y a quién obedecerán todos esos grupos, sindicatos, asociaciones y gremios en Venezuela? A quien los ha creado y los alimenta: Hugo Chávez.

 

 

Una de las palabras que más se repiten en el proyecto de Constitución es socialismo. Si vence Chávez, ¿cabe pensar que Venezuela se encamine a un régimen plenamente socialista como Cuba o como estuvo a punto de ocurrir en el Chile de la Unidad Popular? No es probable, al menos en el corto plazo. La reforma constitucional es una vía para que el Gobierno bolivariano aumente el control de la población en campos como la educación, los medios de comunicación, la universidad o la administración. Sin embargo, Chávez no puede prescindir de la inversión extranjera para mantener en funcionamiento la industria petrolera, prácticamente la única fuente de ingresos de Venezuela, ni del comercio internacional para abastecer al país, tanto de productos de primera necesidad como de artículos de lujo. La clase política creada por Chávez, así como sus aliados, nada en el dinero del petróleo y ha emprendido una carrera consumista que humilla al resto de la población.

 

Tomemos el ejemplo de las ventas de vehículos, según los datos de la Cámara Automotriz de Venezuela^[2]. Éstas aumentaron en 47,9% entre enero y octubre de 2007 respecto al mismo período de 2006: pasaron de 268.389 unidades a 396.891. Las ventas de vehículos importados subieron 92,4% en lo que va de año, al llegar a 267.587 vehículos comercializados, frente a 139.101 en 2006. La proporción de autos importados representa el 67,4% de las ventas totales. Con un régimen socialista estilo cubano, los chavistas se quedarían sin sus BMW, sus Mercedes y sus Cadillac. La misma tendencia se repite en el crédito bancario. Al cierre de octubre el financiamiento a través de tarjetas de crédito ascendía a 12,2 billones de bolívares, mientras que los préstamos entregados a la industria manufacturera sólo representan 6,7 billones de bolívares. El crédito al consumo, que además del financiamiento con tarjetas incluye préstamos para la compra de vehículos, representa 21,6% de la cartera de los bancos, mientras que los créditos a la industria manufacturera tienen un peso de 6,68%^[3]. Además, el Gobierno venezolano está comprando carne de pollo, leche, azúcar, harina de maíz y otros alimentos básicos a Brasil y Argentina para paliar el desabastecimiento que empiezan a sufrir varias zonas del país^[4]. En conclusión, en Venezuela está desapareciendo la industria, incluso la alimenticia, por lo que necesita de las importaciones para mantener el lujo de la clase dominante y la vida de la clase baja.

 

La imagen que proyectaban Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos de guerrilleros austeros es imposible en la Venezuela chavista. No habrá dictadura socialista, pero sí un régimen plebiscitario montado en torno a un cuadillo que se cree la reencarnación de Simón Bolívar y con un poder de injerencia en la región inmenso gracias al petróleo. Demagogia izquierdista para las masas, capitalismo para las élites y negocios para los empresarios extranjeros sin conciencia. Un sistema político más cercano a la China comunista que a la Cuba castrista, con el añadido de la verborrea chavista en contraste con la discreción oriental.

 

 

Hasta ahora, Chávez no ha perdido ninguna elección o referendo. Para asegurar la victoria del sí el 2 de diciembre el militar dispone de varios factores: el dominio de las calles por sus bandas de la porra, el amedrentamiento de los cuatro millones de funcionarios y sus familias y la manipulación del censo electoral. Así, el régimen no necesita recurrir al pucherazo ni teme que la pobreza ni la delincuencia crecientes causen un voto de castigo.

 

Sin embargo, en esta ocasión el rechazo a la propuesta chavista es mayor que en otras ocasiones. No sólo se han movilizado en contra los universitarios, algunos de los cuales han sido tiroteados por encapuchados ante las cámaras, sino, además, algunas personalidades del régimen, como militares y ex ministros.

 

El diario El Universal publicó el sábado 24 una encuesta de la consultora Datanalisis, que no ha fallado ninguno de sus pronósticos anteriores, en la que el sí pierde por más de diez puntos ante el no. El director de la empresa, Luis Vicente León, afirmaba en una entrevista que era “imposible proyectar al ganador del referéndum”. El régimen goza aún de varios días de plazo para decantar al electorado a su favor: “La capacidad de movilización es la clave en un evento electoral. Nadie puede equivocarse, Chávez no se va a quedar de brazos cruzados”^[5]. Por tanto, habrá que esperar los resultados del día 2 y después a las reacciones. Ningún bando aceptará una derrota. Los años de gobierno de Chávez no sólo han significado más corrupción, más delincuencia, más pobreza y más inestabilidad, sino más enfrentamientos entre los venezolanos.