La economía española aumenta constantemente su brecha de competitividad con sus socios europeos, alcanzando niveles históricos de déficit comercial y pobres cifras de inversión directa extranjera.

 

Si esta situación venía siendo ya de por sí preocupante en estos años de bonanza económica, una vez que la tasa de crecimiento del PIB ha tocado techo y la economía española se enfrenta a una importante desaceleración, las consecuencias de esta pérdida de competitividad pueden ser dramáticas:

 

La posición competitiva de España con la zona euro no ha hecho más que empeorar desde que el Gobierno socialista llegó al poder. El aumento de la productividad de la economía española, un 0,8% el pasado año según los propios datos de la Comisión Europea, se sitúa en el furgón de cola de nuestros socios europeos, donde de media creció un 1,5%.

 

 

No por casualidad España ha pasado del puesto 23 del Global Competitiveness Index^[1] al puesto 29 entre 2003 y 2007, registrando este año una nota media de 4,66 sobre 7 puntos.

 

El propio estudio detalla cuáles son los principales problemas que amenazan nuestra economía, de acuerdo a las contestaciones de los empresarios encuestados. En primer lugar se encuentran las regulaciones restrictivas del mercado de trabajo. El segundo problema que destaca el índice es el de la ineficiente burocracia administrativa. En tercer y cuarto lugar el índice sitúa los tipos impositivos y regulación fiscal como limitadores de nuestra competitividad. El sexto y último problema relevante que destaca el índice es la falta de calidad de la educación de los trabajadores.

Según el último informe Doing Business del Banco Mundial^[2], España, pese a permanecer en el puesto 38 en facilidad de hacer negocios, ha pasado del puesto 108 al 118 en el ranking que establece la facilidad de abrir un negocio entre 2006 y 2007. Frente a los 10 procedimientos y 47 días necesarios de media para abrir un negocio en España, en Australia sólo son necesarios 2 procedimientos y 2 días.

 

De acuerdo al estudio, cualquier empresario que se disponga a montar un negocio debe seguir los siguientes pasos: registrar el nombre comercial, depositar el capital inicial en el banco, firmar una escritura notarial, obtener el número CIF, pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, registrar la compañía en el Registro Mercantil, legalizar los libros comerciales, solicitar las licencias municipales, registrar a los empleados en la Seguridad Social, y notificar el comienzo del funcionamiento del negocio.

 

Frente a este vía crucis empresarial de duración aproximada de 47 días, en Australia un emprendedor simplemente necesitará obtener el certificado de registro de la compañía, y solicitar el Número de Negocio Australiano en la agencia tributaria.

 

Una vez terminado el proceso, según el informe, el empresario australiano habrá gastado 15 veces menos dinero en el proceso que el emprendedor que quiera crear un negocio en España.

 

Pese a ser sustancialmente más complicado abrir un negocio en España que en muchos otros países, en concreto que 118, según el estudio, no es este paso el que relativamente cuesta más a los emprendedores en nuestro país.

 

Contratar trabajadores es un paso mucho más complicado aún, según este índice. España ha retrocedido dos puestos en el ranking del informe entre 2006 y 2007, pasando del puesto 152 al 154.

En un índice que tiene en cuenta aspectos tales como las limitaciones a las horas extras, las autorizaciones de los expedientes de regulación de empleo o las duraciones de los contratos fijos, España alcanzó una puntuación de 55,9, siendo 0 el nivel que indica mayor facilidad para contratar trabajadores. Las dos economías que muestran mayores facilidades a la contratación son Estados Unidos, con una puntuación de 0,0 y Reino Unido, con 7,0 puntos.

 

Un emprendedor no sólo encuentra muchas más dificultades a la hora de abrir un negocio o de contratar personal en España que en la mayoría de los países. De acuerdo al informe, la tercera principal traba a la creación de empresas en nuestro país se encuentra en el ámbito tributario. Existen 92 economías en las que pagar impuestos es menos costoso en términos de trámites, tiempo y dinero que en España. Mientras que un empresario en España para cumplir sus obligaciones fiscales dedica de media 8 pagos, 298 horas y el 62% del beneficio (incluye IVA, Impuestos sobre el transporte, seguros, medio ambiente, hidrocarburos, patrimonio, sociedades, y Seguridad Social), en el Reino Unido sólo debe dedicar, según el índice, 8 pagos, 105 horas, y el 35,7% del beneficio.

 

 

La última de las principales trabas a las que se enfrenta un emprendedor en España de acuerdo al índice es la escasa protección relativa de los inversores. España se sitúa en el ranking en el puesto 83, dos puestos más atrás que el año anterior. Nueva Zelanda y Estados Unidos son las economías que registran en el índice mejores resultados en materia de protección al inversor.

 

Con ejemplos como el de Australia en materia de facilidades a la creación de empresas, Estados Unidos en materia de empleo, Reino Unido en materia de tributación, y Nueva Zelanda en materia de defensa de los inversores, queda patente así que hay muchas cosas por hacer y que el Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de acometer reformas estructurales que dinamicen nuestra economía y la sitúen de nuevo en la senda de la competitividad.

 

Si la pobre evolución de la competitividad de nuestra economía requería ya de por sí de un inminente paquete de reformas que la dotaran de una mayor flexibilidad y de un mayor atractivo para la inversión extranjera, la sucesión de datos macroeconómicos que auguran una fuerte desaceleración de nuestra economía, hace más necesario que nunca reformas estructurales que supongan una apuesta fuerte por la mejora de la productividad de nuestra economía.

 

El reciente dato del IPC de octubre^[3], sitúa el crecimiento interanual del índice de precios en el 3,6%, 0,9 puntos más que el mes anterior, ampliando el diferencial de inflación con la UEM desde el 0,6% al 1%.

 

 

La presión al alza de los precios en España por encima de la mayoría de nuestros socios comerciales europeos perjudicará aún más nuestra competitividad, lo cual impedirá mejoras sustanciales en nuestro abultadísimo déficit comercial.

 

La falta de competitividad de nuestra economía se ve reflejada especialmente en nuestro saldo comercial, que se sitúa entre los más altos en proporción del PIB a nivel mundial.

 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda

 

Los datos de Contabilidad Nacional Trimestral del Tercer Trimestre de 2007 ^[4]reflejan una seria desaceleración. Pese a que la tasa de crecimiento interanual se mantuvo alta el pasado trimestre alcanzando el 3,8%, el descenso del crecimiento intertrimestral desde el 0,9% hasta el 0,7%, hace perder 8 décimas de crecimiento respecto al trimestre anterior si anualizados el dato. Esto quiere decir que el trimestre pasado el PIB español estaba creciendo a un ritmo del 2,8% anual, muy por debajo de la previsión del Gobierno del 3,3·% de crecimiento del PIB real para el año 2008, año en que se considera que se acentuará aún más la desaceleración.

 

 

El trimestre anterior la economía española creció por primera vez por debajo de la media de la UE-25 desde la década de los 90.

 

A estos preocupantes datos de inflación, déficit exterior, y crecimiento, se les unen otros como los de paro, que viene aumentando desde el verano, muy especialmente en el sector de la construcción, así como los de confianza de los consumidores, cuyo último dato ha sido el peor de la serie histórica.

 

No cabe duda de que hay que actuar, y cuanto antes se haga, mejor. Es por todo ello necesario que se proponga un plan urgente de acción global que mejore nuestra competitividad.

 

En primer lugar, resulta imprescindible reducir el diferencial de inflación con nuestros socios comerciales más próximos, esto es la UEM. Para ello es necesario actuar en varios campos. Por un lado, es necesario fomentar la competencia en los mercados energéticos. Se deben promover medidas que garanticen que en todas las Comunidades Autónomas los consumidores tendrán la posibilidad de elegir entre varios proveedores de electricidad y gas. Además, en lo referente al precio de los hidrocarburos, es preciso acabar con el control férreo de las grandes petroleras sobre el precio de venta al público en las estaciones de servicio.

 

Por otro lado, para atajar las fuertes subidas de los precios de los alimentos y del vestido y calzado, precisamente las partidas que más repercutieron al alza de los precios el pasado mes según el INE^[5], es necesario liberalizar progresivamente el sector de la distribución, recuperando de forma inmediata la situación vigente hasta el cambio legislativo de 2004. Tal y como han demostrado recientes estudios^[6], la liberalización del comercio en la Comunidad de Madrid (que ha permitido aumentar en 7 años un 11% el número de locales comerciales frente a una reducción del 5,7% en Cataluña) ha provocado una sustancial rebaja relativa del nivel de precios en dicha comunidad respecto a otras más intervencionistas. Todo ello se ha conseguido, por cierto, junto con un aumento del empleo desde 1996 del 77,2% en Madrid frente al 22,7% de Cataluña.

 

Las Administraciones Públicas son un agente crucial para la evolución de los precios de los bienes y servicios. Fuertes incrementos del gasto público, incrementan la demanda interna de la economía, presionando al alza los precios.

 

 

Por ello, es necesario, a su vez, contener la generación de inflación causada por el estímulo de la demanda interna a través del fuerte crecimiento del consumo público. Tal y como se observa en el gráfico anterior, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se ha disparado desde el segundo trimestre de 2006, compensando así en cierto modo la desaceleración paulatina del consumo privado. El rebote inflacionista provocado por la presión alcista de los precios causado por el impulso del gasto público hace menos competitivos los productos españoles en el exterior, deteriora la balanza comercial, y aumenta la contribución negativa del sector exterior al crecimiento del PIB.

 

Finalmente, para aliviar las tensiones inflacionistas, en concreto en los mercados de alimentos, es preciso aumentar la oferta de materias primas, promoviendo su cultivo de forma competitiva. Es necesario defender ante las instituciones comunitarias una flexibilización de la política agrícola que garantice el suficiente abastecimiento de productos en los momentos de mayor demanda, limitando así los cuellos de botella que presionan al alza de los precios.

 

El agua es, a su vez, una materia prima imprescindible no sólo para la actividad agrícola, sino para uno de los principales sectores de nuestra economía, como es el turismo. Es por ello necesario hacer un especial esfuerzo para asegurar un suministro adecuado de agua en términos de cantidad, calidad, y de precio, tal y como se establecía en el Plan Hidrológico Nacional, que el gobierno actual desgraciadamente derogó.

 

En segundo lugar, es necesario eliminar las trabas para hacer negocios a las que aludía el informe Doing Business. Ello, además de fomentar el empleo y el crecimiento económico, aumentará la oferta de bienes y servicios, contribuyendo así a moderar el crecimiento de los precios. Es necesario  reducir los costes y la duración de los trámites, como la concesión de licencias, certificaciones, etc; necesarios para la apertura de un negocio: Facilitar los trámites a los emprendedores es una cuestión clave para fomentar el empleo y la actividad económica, y así, dinamizar le economía española.

 

En lo que respecta al mercado de trabajo, es preciso acometer una verdadera reforma que flexibilice el mercado laboral y permita a las empresas españolas mejorar su productividad. En particular, es necesario impulsar una reforma de la negociación colectiva que ligue de forma más directa los aumentos salariales y los crecimientos de productividad. A su vez, es preciso estudiar la adopción de medidas encaminadas a reducir la ratio de temporalidad de los contratos de trabajo fomentando así mejorar la productividad por empleado.

 

Tal y como se desprende de los datos del informe doing business, uno de los factores que más potencial resta a nuestra economía es el sistema tributario. El sistema español, pese a haber experimentado grandes avances en lo referente a equidad, eficiencia y simplicidad en las reformas de 1998 y 2002, mantiene aún ciertas deficiencias. Aparte de ser necesaria una reforma que simplifique aún más el impuesto, es sin duda imprescindible acometer una rebaja sustancial de tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades, haciendo así el sistema fiscal más competitivo.

 

Por otro lado, es preciso dotar de más recursos a la administración de justicia, para que se pueda adaptar más adecuadamente a las demandas del mundo empresarial, reduciendo los costes, y sobre todo, los plazos de los procedimientos judiciales.

 

En el ámbito regulatorio es necesario simplificar y dotar de estabilidad a la legislación para no quebrantar el principio de seguridad jurídica. En respuesta a una de las principales quejas del sector empresarial, es preciso, además,  homogeneizar en la medida de lo posible las diferentes regulaciones autonómicas, de forma que una empresa que opere en todo el territorio nacional, no se vea afectada por 19 regulaciones diferentes.

 

Un elemento imprescindible para determinar la competitividad de una economía es la oferta y calidad de los recursos energéticos. La creación de un mercado único de la energía en la Unión Europea y la mejora de las interconexiones energéticas de España con el resto de Europa y con África son imprescindibles para garantizar el suministro adecuado y mejorar la competitividad del sistema productivo español.

 

En este sentido, es necesario no prescindir de ninguna de las fuentes de energía de las que se nutre el mix energético español actual, siendo especialmente necesaria incrementar la inversión en las nuevas fuentes de energía renovables, por su potencial, y en la energía nuclear, por su coste y actual garantía de seguridad.

 

No menos importante que ninguna de las anteriores medidas es que se apueste de verdad por las nuevas tecnologías. Para ello, en primer lugar, es necesario mantener e incrementar las deducciones por I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades, agilizando a su vez las gestiones para beneficiarse de ellas. Es preciso, a su vez, adecuar las investigaciones del ámbito académico a las necesidades del tejido industrial, así como hacer atractivo nuestro país en materia de investigación, atrayendo a los mejores profesionales.

 

Finalmente, teniendo en cuenta que, como viene siendo anunciado año tras año por los informes que evalúan la calidad de la educación a nivel mundial, España carece de un sistema educativo de calidad, es absolutamente prioritario alcanzar un pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas y las diferentes administraciones con competencias en la materia para diseñar de una vez por todas un sistema educativo estable y eficaz, que ofrezca a los estudiantes españoles una educación de calidad, y a la economía española una mano de obra reconocida y competitiva a nivel internacional.

 

Estas son sólo algunas de las muchas medidas que deberían estar ya en marcha no ya para mantener la economía española en los pobres niveles de competitividad que registra en este momento, sino para evitar que se acabe hundiendo del todo.

 

Fuente: INE

 

Una vez que el patrón de crecimiento fundamentado en la construcción y el consumo privado parece que toca su fin, el aumento de la productividad de la economía española es imprescindible para mejorar sus niveles de competitividad, favoreciendo así un aumento de la demanda externa que compense la pérdida de vigor de la demanda nacional.