En los últimos tiempos la iniciativa política ha ido de la mano de un sesgo ideológico de cuño ZP. Efectivamente uno de los elementos que podrían  definir esta legislatura es este carácter ideológico: la marca de Zapatero se ha vinculado a un proyecto de cambio social y político puesto de manifiesto a través de sus leyes, de su actuación política en cuanto a la unidad territorial de España y su modelo de Estado, y de sus débiles alianzas y propuestas  en materia  de política exterior.

 

Si hacemos un breve repaso hallaremos en el apartado de  leyes toda una serie de iniciativas parlamentarias de promoción de los llamados derechos de tercera generación o “nuevos derechos sociales” (desde la ley de “violencia de género”, ley del “matrimonio homosexual”, ley de “divorcio express”, ley de educación, ley de “reproducción asistida”, ley de “identidad de género”, ley de “igualdad de género”, ley de “clonación terapéutica”...). Estas leyes cuyo impulso y desarrollo ha respaldado el presidente tienen  un objetivo evidente de  transformación socio-cultural. Esta retahíla social encuentra su último eslabón en la controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía, que no deja de ser un elemento de poder en la “reeducación ciudadana”.

 

En el apartado político adquiere protagonismo el proyecto de transformación del modelo de Estado, o de su unidad territorial. Un proceso de diálogo y negociación con la banda terrorista ETA acaparaba el centro de la atención de la opinión pública y ciudadana hasta hace pocos meses, lo que vino a denominarse como “proceso de rendición”. Durante tal proceso ETA mantuvo el control, y gestos como el traslado del etarra de Juana Chaos confirmaban la debilidad del Gobierno en la negociación. Una primera crisis de gobierno puso al frente del ministerio del Interior a Alfredo Pérez Rubalcaba tras la salida de José Bono de Defensa. Poco tiempo después, el atentado de la T4 el 30 de diciembre de 2006 rompía la tregua materialmente. El objetivo de la “paz” que había servido de marketing político al proceso se desmoronaba sin posibilidad de apuntalamiento. Aquí da comienzo una etapa de erosión del gobierno que se inicia por el fracaso de su principal apuesta política en vistas a las siguientes elecciones generales.

 

Por otra parte la apuesta por las modificaciones de los estatutos de autonomía, sobre todo el estatuto catalán y andaluz, da muestras de la visión federalista del gobierno. El aumento del techo competencial catalán, las restricciones en la libertad educativa, en elección de la lengua, la denominación de Andalucía como nación, etc, son elementos estatutarios que configuran un nuevo sistema  que prima  las voluntades políticas de quienes han promovido los estatutos por encima de los principios básicos de libertad e igualdad recogidos en la Constitución de 1978. Una consecuencia directa es el desequilibrio resultante en materia de solidaridad, que sobredimensiona las diferencias existentes entre las distintas regiones y comunidades.

 

En relación a esta nueva concepción de modelo de Estado se vincula un discurso político a través de las apelaciones a la necesidad de una “segunda transición” (tutelada por sectores políticos de izquierdas que supere el marco actual). Este proyecto confirma las connotaciones ideológicas del concepto de cambio político del Presidente del Gobierno. Si a ello sumamos el discurso de goteo en torno al guerracivilismo -y el consecuente enlace con los acontecimientos de la Segunda República- confirmamos un dato esencial: los intereses de Zapatero son más particulares que generales, más de minorías que de mayorías, más de intereses privados que de interés común.

 

Una tercera pata de esta mesa coja la representa la escasa y desatinada actividad del gobierno en el sector exterior. Errores diplomáticos fruto de la imprudencia –como el calificativo de “fracasada” a la actual canciller Angela Merkel-, distanciamiento y frialdad en las relaciones con Estados Unidos, pérdida de poder específico en Europa, amistades con los nuevos gobiernos del populismo autoritario americano –de la mano de Chavez y Morales-, una política de cercanía y aproximación a Marruecos y la presentación de la “Alianza de las Civilizaciones” carente de medidas concretas (que definía el Presidente en la sede de la ONU, el 21 de septiembre de 2004 del siguiente modo: “Tiene como objetivo fundamental profundizar en la relación política, cultural, educativa, entre lo que representa el llamado mundo occidental y en este momento histórico el ámbito de países árabes y musulmanes") son datos que resumen a grandes rasgos la no apuesta internacional de Zapatero.

 

Curiosamente  y en contraposición a todo lo anteriormente citado, Rodríguez Zapatero no se concibe a sí mismo como un ideólogo, sino más bien como un pragmático. Dos frases del prólogo redactado por él mismo al libro escrito por Jordi Sevilla titulado “De Nuevo Socialismo” (Editorial Crítica, Barcelona 2002) nos dejan hacer una lectura entrelíneas:

 

“Ideología significa idea lógica y en política no hay ideas lógicas, hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica (...)  Si en política no sirve la lógica, es decir, si en el dominio de la organización de la convivencia no resultan válidos ni el método inductivo ni el método deductivo, sino tan sólo la discusión sobre diferentes opciones sin hilo conductor alguno que oriente las premisas y los objetivos, entonces todo es posible y aceptable, dado que carecemos de principios, de valores y de argumentos racionales que nos guíen en la resolución de los problemas.”

 

Todo es posible y aceptable dado que carecemos de principios, valores y argumentos racionales: he aquí una de las claves que han guiado la apuesta política del gobierno; la mera discusión, la opinión o una opción determinada han prevalecido sobre la gestión de las necesidades comunes del conjunto de los españoles.

 

Todo este proceso complejo, el del proyecto político de Zapatero, ha sufrido sin embargo  un duro golpe a raíz de los resultados de las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo. La obtención de un menor número de votos en relación al Partido Popular en el cómputo general se valoraba como un dato importante para el análisis. Dado que el propio partido socialista había apostado por la victoria en  votos totales, el aumento del poder territorial (en Baleares y algunas ciudades) no fue leitmotiv suficiente para transmitir  sensación de éxito.

 

Unos resultados tan ajustados no demostraron un respaldo mayoritario a la gestión del gobierno, como desde Moncloa se hubiera deseado. Quizá la sensación de lejanía y desatención de la ciudadanía en las prioridades del gobierno se dejó notar el 28 de mayo en las urnas (recordemos las históricas manifestaciones en relación a temas variados como educación, familia, oposición democrática a la negociación con los terroristas...).

 

Este hecho tan significativo pronto se ha traducido en un intento de cambio o de viraje político por parte del gobierno. Este cambio se ha expresado básicamente mediante la introducción de nuevas medidas políticas preelectorales y a través de un  cambio en el discurso, pero aún no se ha demostrado que tales intentos hayan surtido efecto: las encuestas siguen posicionando a los principales partidos –PP y PSOE- en situación de empate técnico.

 

Vamos a intentar analizar ahora los diversos elementos que nos hablan de este cambio de actitud del gobierno, y cómo se pone en escena este intento de reflotar la imagen del ejecutivo a tan sólo cuatro meses de las elecciones generales de marzo de 2008.

 

El primer elemento que merece atención es el factor sorpresa del anuncio del cheque-bebé en el debate sobre el estado de la nación. Este hecho anuló los efectos del debate como tal y centró a la opinión pública en el apoyo o rechazo a una medida inesperada, de carácter comercial-electoral que ni el propio vicepresidente económico Solbes había podido supervisar con anterioridad al debate.

 

En el mes de julio, y tras reiterada insistencia sobre la solidez del gobierno y la no voluntad de hacer variaciones en los titulares de las carteras ministeriales, se anunciaba un reajuste del ejecutivo. Las carteras que registran cambios son: Cultura, Vivienda, Administraciones Públicas y Sanidad. Bernat Soria,  investigador en el campo de las células madre embrionarias sustituía a Elena Salgado en Sanidad; ésta a Jordi Sevilla en Administraciones Públicas; Carmen Chacón, hasta entonces vicepresidenta del Congreso de los Diputados, sustituye a María Antonia Trujillo en Vivienda. Finalmente, César Antonio Molina, ex director del Instituto Cervantes, releva a Carmen Calvo en Cultura. Los cambios en el gobierno se presentan como otro gesto sorpresa, y las afirmaciones de Soria lo confirman cuando declara que “no entraba en mis planes ser ministro”.

 

El presidente justificaba el cambio de estos cuatro ministros de su gabinete en su deseo de completar sus compromisos electorales en los ocho meses restantes hasta las elecciones generales y en la necesidad de preparar los proyectos de la próxima legislatura. Estos cambios inesperados simbolizan una reacción del gobierno ante cierta sensación de crisis y un deseo obvio de impulso al ejecutivo.

 

A la vuelta de verano este primer intento de cambio para ganar mayor respaldo social tiene su continuidad con la llegada de  nuevos anuncios preelectorales y medidas políticas. Lo cierto es que hasta entonces el gobierno había favorecido a ciertos grupos de presión o minorías con el paquete de leyes de ideología de género, pero había descuidado una gestión más competente en lo social (relacionado con las necesidades y problemas de la sociedad en su conjunto).

 

Ahora el gobierno  trata de compensar ese desequilibrio con la introducción de nuevas iniciativas que vuelvan a generar una confianza desgastada hacia el gobierno. Así la ley de Dependencia -que sí formaba parte del programa electoral del PSOE en 2004- adquiere relevancia y difusión. Adicionalmente la marca de “Gobierno de España” se va a introducir en todos los anuncios del sector público, con una intencionalidad de reforzar la imagen y la sensación de “acción” y presencia gubernamental.

 

Un segundo plan estrella, que resultó un fiasco, sería el Plan Vivienda de Carmen Chacón. Un anuncio con puesta en escena propia de un acto de jefes de Estado en las dependencias exteriores de la Moncloa procuraba infundir notoriedad. De poco serviría dado que el propio diario El País desvelaba que el Plan de Chacón no era sin una copia modificada del anterior Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 de la ex ministra Trujillo. El propio Presidente tuvo que salir en defensa del Plan dado el revuelo mediático generado por la comparación de los dos planes, casi idénticos.

 

Si bien los gestos políticos se han orientado a mejorar la visibilidad del gobierno, a la vez se ha procurado poner punto y aparte respecto a la dinámica política de la primera parte de la legislatura. Este cambio de rumbo no ha sido ni tan sencillo ni totalmente posible dada la trayectoria del gobierno y las herencias y compromisos de sus iniciales apuestas políticas. Un hecho que así lo demuestra es el anuncio de convocatoria por parte de Juan José Ibarretxe de una consulta popular sobre el futuro del País Vasco prevista para el 25 de octubre de 2008. Ibarretxe hizo tal anuncio dentro de una “hoja de ruta” al finalizar su discurso en el debate de política general con el que el Parlamento vasco iniciaba en nuevo curso político. El lendakari vasco que apenas había estado presente en el proceso de negociación con ETA pretende de este modo tomar las riendas del proyecto de independencia; al igual que otras formaciones independentistas aprovecha la coyuntura de un gobierno con Zapatero al frente para lanzar su proyecto soberanista: los pilares del Plan Ibarretxe son la soberanía, el territorio y el factor del sentimiento nacional. La consulta, sobre la que no se dio a conocer la pregunta concreta al estar pendiente de acuerdo previo con el Estado o no, no sería jurídicamente vinculante,  hecho que a ojos de Ibarretxe no le restaba “indudable validez política, social y democrática”.

 

Aunque al principio la respuesta de Zapatero rechazaba la propuesta del lendakari, de nuevo se abrían las dudas sobre la posición del gobierno a raíz de las declaraciones del ministro de justicia: mientras Zapatero aseguraba firmemente que el referéndum de Ibarretxe es ilegal, Bermejo no lo tenía tan claro, en función del contenido exacto del mismo. Este vaivén de afirmaciones consolida una práctica ya común de este gobierno, según la cual una cuestión se somete a la legalidad o no en función del momento político. Tal práctica -aparte de ser reprochable- vulnera la independencia del poder judicial, dado que los márgenes de la legalidad o ilegalidad se minimizan por la intromisión de los actores políticos.

 

El Plan Ibarretxe nos aporta una segunda lectura del proceso de diálogo con ETA, y es que una vez abierta la puerta de la posibilidad de la independencia todos quieren entrar por ella y llevarse el rédito político.

 

Aunque el día a día del gobierno se ha caracterizado recientemente por un deseo de “seguir y mirar adelante” (lema explicitado por el presidente y la vicepresidenta en reiteradas ocasiones), la cuestión no es tan fácil cuando en la recta final de la legislatura buscan su hueco los actores que le dieron impulso  en el primer tiempo.

 

Por este motivo el gobierno ha realizado un gran esfuerzo de comunicación se ha materializado en distintas campañas y acciones.

 

En primer lugar destaca la organización de una “campaña explicativa” del Gobierno por toda España con más de quinientos actos previstos para contar la labor realizada durante estos años. Tienen la necesidad de llevar a pie de calle la gestión del ejecutivo precisamente porque la percepción del mismo es muy débil. Por idéntica razón el Presidente aumentaba significativamente el número de sus asesores, buscando un punto de conexión con la sociedad a través de su  imagen personal.

 

Al mismo tiempo se ha intentado potenciar la imagen de Zapatero como presidente de España, incluyendo el término nacional en discursos y actos, algo novedoso dadas sus distancias en este sentido. El debate suscitado con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre pone de relieve cómo los símbolos nacionales han entrado en precampaña electoral. Aunque Zapatero nunca se ha identificado con ellos, ahora quiere participar de los beneficios de la marca española. Una confirmación de este cambio nos la ofrece los mítines del Presidente en Uruguay y Argentina. En ellos Zapatero habla reiteradamente del “orgullo de la bandera” haciendo honor a un repentino patriotismo. El principal handicap en este sentido es que la españolidad  nunca ha sido su tema, y menos aún si lo analizamos en el marco de inversión de la vertebración territorial que ha propiciado a lo largo de estos años. Hablar de España en el exterior puede sumar algún punto a su imagen, pero hacerlo en casa queda incongruente dado que su política interior lo desacredita a estos efectos.

 

A falta de resultados reales que mostrar, y con la sombra de la inestabilidad económica bajo sus pies, Zapatero ha aprovechado los actos de partido para hacer una precampaña en la que abundan las promesas electorales y las medidas sociales “para los más desfavorecidos”: el cheque-bebé, el aumento de tres millones de pensiones, el aumento hasta los 800 euros del salario mínimo, la introducción de 300.000 nuevas becas, el aumento en un millón de los beneficiarios de los planes del Imserso... En cada nuevo acto se incrementa el volumen de las medidas, como si hubiera una relación directa entre el hecho de prometer más y valorar menos la situación actual.

 

Este interés electoral ha alejado sin embargo al Presidente de la máxima que establece que en el Gobierno se está para gobernar y no para ganar elecciones, hecho para el cual ya se dispone del periodo electoral. La consigna de transmitir eficacia y la impresión de que “el Gobierno cumple” ha propiciado las impopulares urgencias para la finalización de las obras del AVE a Barcelona y sus consecuencias para el bienestar de los ciudadanos. Precipitación y seguridad no suelen ir unidas pero hasta que los problemas derivados (socavones, grietas y suspensión de trenes de cercanías) no han alcanzado su punto álgido el Presidente no ha cedido en el objetivo de poner fecha al fin de las obras. Finalmente el intento de representar mayor eficacia ha dejado en evidencia a un ejecutivo ineficaz en la gestión de los problemas públicos.

 

En relación a cuestiones más ideológicas, la aprobación de la llamada ley de “Memoria Histórica” con prólogo escrito por el propio Zapatero, nos lleva de nuevo a los debates de la primera parte de la legislatura. Esta ley, fruto del compromiso del presidente con sus socios de gobierno, ha demostrado las preferencias políticas de Zapatero y ha facilitado a éste un puente hacia el electorado de Izquierda Unida. Esta medida incide en la percepción de división política por parte de los españoles, y sólo se justifica por el peso de las alianzas parlamentarias y por el apremio de un programa de revisión histórico-política orientado hacia la izquierda y hacia posturas que recuperan la noción republicana.

 

Tras su aprobación la vicepresidenta Fernández de la Vega tuvo que rechazar en comparecencia ante los medios que la ley violentara el espíritu de concordia de los españoles. Ciertamente es difícil vender una ley que incide en la fractura por encima de la unidad, pero con ella el gobierno salda su deuda y a la vez amplía el número de ciudadanos con derecho al voto, al otorgar la nacionalidad a los nietos de emigrantes o de  exiliados políticos.

 

Un tema no menos interesante es el cambio de actitud del gobierno en sus relaciones con la Iglesia. En 2006 la Iglesia española emitía un documento en la forma de Instrucción pastoral llamado “Orientaciones morales sobre la situación actual de España” (CEE, 23 de noviembre de 2006). Este documento más pastoral que de análisis político, estudiaba los cambios vividos en España y trataba el tema del relativismo moral y el laicismo. Tan sólo dos semanas después el PSOE lanzaba su Manifiesto-respuesta “Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía” (PSOE 4 de diciembre de 2006). Este documento se podía interpretar como una respuesta enfrentada, un documento programático sobre la visión laicista del gobierno o simplemente como un mensaje explícito sobre unos pilares ideológicos bastante asentados en el pensamiento político de Zapatero. Pues bien, durante los últimos meses las relaciones Iglesia-Estado han pasado de tensas a normales. La interlocución del embajador español Francisco Vázquez ha servido de puente entre ambas instituciones. La presencia de miembros del gobierno en las beatificaciones del 24 de noviembre en Roma lo demuestra. Aunque las relaciones han mejorado no quiere decir que el gobierno vaya a dar marcha atrás en iniciativas legislativas o políticas que lo han enfrentado a la Iglesia.  Una característica de Zapatero es que puede moderar o flexibilizar su acción en un momento dado, pero nunca deshace el camino andado. La apuesta decidida por la asignatura de Educación para la Ciudadanía es un buen ejemplo. En este caso podía haberlo dejado pasar incluso pensando en una segunda legislatura, pero la implantación de la asignatura no es tema susceptible de negociación. Esto nos lleva a una conclusión: la filosofía del talante queda al margen a la hora de desarrollar y ejecutar las leyes que canalizan el programa ideológico del presidente.

 

No podemos concluir esta revisión sin citar, aunque sea de pasada, la importancia de lo sucedido en la reciente Cumbre Iberoamericana. El episodio entre el Rey D. Juan Carlos y el Presidente venezolano Chávez -por sus críticas al ex presidente Aznar y a las empresas españolas- pone de manifiesto el agotamiento institucional del modelo errático de política exterior de Rodríguez Zapatero. La incapacidad de poner orden y concierto en una cumbre por momentos anti española encontró en el abandono del Rey su consecuencia más plausible. Este es el resultado previsible de un juego peligroso de colaboración y amistad con los nuevos mandatarios del populismo socialista de Hispanoamérica. Un planteamiento riguroso de las líneas estratégicas de la política exterior española habría desaconsejado desde un primer momento cualquier tipo de simpatía o consentimiento hacia estos representantes del caciquismo americano del siglo XXI. El discurso del respeto mutuo por parte de gobiernos democráticos no es suficiente cuando se están atacando de manera directa los intereses de España. El ejercicio de la responsabilidad política debiera haber evitado tan calamitosa situación. Parece lógico pensar que un presidente de gobierno debe representar y defender los intereses de su país en cualquier foro, ya sea económico, empresarial, social, político nacional o internacional; no es nuestro caso.

 

La debilidad de Zapatero ha sido un acicate para erosionar la cohesión de España dentro y fuera de nuestras fronteras, algo que no es desconocido a estas alturas. A pesar de los intentos por enderezar la actividad del Gobierno no se puede concluir que los resultados sean por el momento satisfactorios. Mientras el ejecutivo trabaja en paliar su déficit (social aumentando los asesores en comunicación e implementando campañas de imagen), la polarización de la vida política ha llevado a la sociedad española a un clima de incertidumbre. Por mucho que Zapatero se presente a sí mismo como una garantía, falta confirmar que la sociedad lo percibe así. En último término la falta de confianza política es la clave del giro de Zapatero, y también la llave de las próximas elecciones generales.