Días después de haber dado lectura el Juez Javier Gómez Bermúdez a la versión reducida y más vistosa de la sentencia por los atentados del 11-M parece que todo está ya dicho sobre este asunto. En realidad el momento es óptimo para hacer algo de pedagogía que nos ayude a entender las dificultades, incluso las penales, para perseguir y castigar al terrorismo yihadista salafista en la figura de sus ideólogos, planificadores, ejecutores y colaboradores.

 

 

Como ya hemos repetido en análisis anteriores, en la lucha contra el terrorismo yihadista salafista se suele detener a muchas personas, imputar a menos, procesar y condenar a muy pocas y lograr hacer firmes las condenas a un resto exiguo frente a las cifras iniciales de individuos involucrados. Si bien es cierto que quienes finalmente van a prisión lo hacen con condenas ejemplares unos, y con condenas medias que al menos demuestran que se trata de terroristas otros, lo que queda para quienes observan a este terrorismo de forma superficial es que, a fin de cuentas, casi siempre las fuerzas de seguridad y los fiscales hacen la amalgama persiguiendo a musulmanes por el hecho de serlo.

 

Que esto último no es así lo demuestran tanto los atentados realizados como los felizmente frustrados, por un lado, y la redes bien de simpatías o bien de permisividades que quienes realizan los atentados tienen, por otro. Un análisis correcto de la realidad, primero, y su reflejo posterior en la legislación española después, permitió al Gobierno de José María Aznar lograr la aprobación de una Ley de Partidos que lejos de hacer la amalgama con todos los vascos logró identificar y perseguir a instrumentos políticos y económicos y a individuos que coadyuvaban a la empresa terrorista mientras disfrutaban de libertades que no merecían. Respecto al terrorismo yihadista todos deseamos que quienes ponen bombas o cortan cuellos sean detenidos y lo paguen, como también deben pagar quienes les amparan y quienes les jalean.

 

Es normal que la sociedad se preocupe cuando individuos como Rabei Osman El Sayed, Hassan El Haski o Youssef Belhadj son bien absueltos o bien condenados a penas que la sociedad considera livianas, sobre todo después de todo lo que se ha dicho sobre ellos - considerándolos a los tres inductores de los atentados y a El Egipcio dirigente de organización terrorista - y no sólo por parte de los medios de comunicación sino también de la propia Fiscalía. El ciudadano corriente se dice que si no se ha conseguido demostrar a la luz de las pruebas obtenidas una mayor vinculación de los tres citados a las acciones terroristas concretas del 11-M sí ha quedado en evidencia su proximidad y complicidad con quienes lo hicieron o su proximidad y complicidad con quienes, muyahidin (combatientes sagrados del Yihad) para ellos, asesinan cotidianamente en Irak, en Afganistán, en Argelia o en cualquier otro rincón del mundo donde actúan. Evidentemente, individuos a los que ninguno desearíamos tener como vecinos.

 

Si esto es así para cualquiera de nosotros imagínense para las víctimas. Este colectivo, el de las víctimas del terrorismo yihadista salafista, es cada vez más numeroso en todo el mundo porque cada vez es más amplio el abanico de actuaciones de los yihadistas. Y este colectivo está tan dolido en suelo español como lo está en suelo argelino o en suelo paquistaní o indonesio cuando los terroristas y sus cómplices no cosechan condenas ejemplares en sus países o cuando en estos mismos se benefician de irresponsables amnistías. De ello se deriva un sentimiento creciente de impunidad entre las víctimas pero también entre los ciudadanos de bien que deben de clamar porque el carácter garantista de nuestros  códigos penales no se extienda a quienes se declaran enemigos de las sociedades libres y amigos de quienes las aterrorizan. Es preciso de tales tomas de posición tengan su reflejo en términos penales: con ello no se trata de hacer de los Estados instrumentos puramente represivos sino de librar a los mismos y a sus ciudadanos de una ideología atroz que se apoya en la muerte masiva de individuos para supuestamente purificar el mundo.

 

 

En la sentencia del 11-M, de la que como prometimos no estamos haciendo un análisis exhaustivo sino una búsqueda de elementos explicativos en relación con otras también emitidas contra terroristas yihadistas salafistas, nos encontramos en múltiples ocasiones las dificultades de la justicia para alimentar la carga de la prueba con respecto a indicios presentados por fiscales y acusadores. Así, los productos químicos intervenidos en el domicilio de Hassan El Haski, y en particular el ácido bórico que ha dado pie a tantísimas especulaciones, nos recuerda a casos como el del proceso contra el Comando Dixán que también ha dado que hablar y que también está de actualidad en estos días. Con frecuencia, los productos intervenidos a unos y a otros sirven por supuesto como insecticidas, como productos de limpieza, como disolventes o como instrumentos de cualquier otro tipo para el uso doméstico o incluso de aseo personal. A veces gracias a las enormes cantidades intervenidas, que dificultan a los detenidos explicar su posesión, unido a otras evidencias y pruebas, a confesiones de los detenidos o a contradicciones en las que estos caen durante los careos se logra incriminarles, pero en otras ocasiones quedan libres o al menos exonerados de buena parte de la culpa.

 

En otro orden de cosas, darle vueltas a cuestiones como la autoría intelectual del 11-M o también el origen de la orden para atentar demuestra de nuevo las dificultades para combatir el terrorismo yihadista salafista frente a las existentes para combatir otros terrorismos como el de ETA. La experiencia nos ha demostrado que en ETA siempre hay alguien que ordena algo, sus detenidos suelen reconocer que pertenecen a ETA y, aunque en ocasiones intentan escurrir el bulto frente a alguna situación que les pueda perjudicar a ellos o a sus compinches, en general asumen autorías y las pruebas a menudo les delatan claramente. Respecto a ETA no hay necesidad de buscar autorías intelectuales: se trata de una banda terrorista - para sus miembros de un ejército - y está claro lo que se busca con su activismo. Respecta a ETA también, a sus comandos y a los materiales que emplea, tampoco se ha especulado tanto como se ha hecho en el caso del 11-M. De ello no debe deducirse en absoluto que hay grupos terroristas creíbles y serios y otros que no lo son: ETA también tiene muchas páginas oscuras pues nunca ha reconocido el sangriento atentado contra la Cafetería “Rolando”, en la calle del Correo en Madrid, ni la responsabilidad por la desaparición de Eduardo Moreno Bergareche (alias Pertur), ni vinculaciones con el tráfico de estupefacientes para su financiación, aunque múltiples indicios han apuntado a ella en todas esas circunstancias, y ETA intentó realizar un atentado masivo cuando en 1982 voló parcialmente la sede de Telefónica en la calle Ríos Rosas de Madrid. Considerar que ETA actúa con seriedad, rigor y profesionalidad - como “un ejército” - y los “moritos de Lavapiés” no, conlleva aparte de prejuicios infundados hacia un colectivo desconocimiento de hasta dónde puede alcanzar la profesionalidad letal de los terroristas yihadistas. Aparte del 11-S en los EEUU, unos atentados yihadistas muy imaginativos que fueron capaces de cambiar en gran medida el mundo, los ejecutores de este terrorismo han destacado por atentados impecables en términos técnicos, utilizando o no a suicidas, y han demostrado que en el mundo del terrorismo no hay clases ni otras categorías sociales.

 

Respecto el terrorismo yihadista salafista las cosas son distintas, en realidad muy distintas: en contadísimas ocasiones los detenidos reconocen pertenencia a organización terrorista o a la red de redes, Al Qaida. Respecto a esta última casos como el de Zacarías Mussawi durante su proceso en los EEUU o Khaled Sheikh Mohamed durante su interrogatorio en Guantánamo habrían reconocido y habría transcendido su pertenencia directa a Al Qaida, pero al primero muchos no le creen, asegurando que fantasea, y respecto al segundo también muchos consideran que confesó bajo torturas. Además, los yihadistas salafistas se pueden permitir el intentar escapar a sus responsabilidades mintiendo - aplicando la “Takiya” o deber de ocultación en tierra de infieles o de shiíes (musulmanes desviados para los yihadistas salafistas que son suníes) - o pueden negar el pertenecer a organizaciones terroristas porque en realidad estas pueden no estar involucradas: si no hay nada fuera de ETA para un terrorista abertzale sí hay todo un mundo fuera del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) o de la propia Al Qaida. Ante esto parte de la opinión pública puede dar rienda suelta a todo tipo de especulaciones y puede incluso acabar perdiendo el interés por el asunto. Durante el juicio por el 11-M todos los supuestos yihadistas o colaboradores de los yihadistas, dentro y fuera de la “pecera”, negaron pertenecer a ese mundo del terrorismo yihadista que incluso algunos se permitieron criticar. Lo mismo está ocurriendo en juicios en marcha, como el de la Operación Nova, y en otros ya culminados, como los celebrados contra la célula de Al Qaida en España dirigida por Abu Dahdah o contra el Comando Dixán. En estos últimos las condenas de muchos de los involucrados se van viendo reducidas conforme van prosperando los recursos de casación de sus abogados defensores presentados ante el Tribunal Supremo. Ese instrumento que es el recurso de casación, que como vemos ha funcionado a menudo favorablemente para los terroristas, va a ser utilizado ahora por la Fiscalía ante la Sala II del Tribunal Supremo respecto a la absolución del cargo de inducción contra El Egipcio, El Haski y Belhadj y veremos los resultados. Cabe recordar que el Tribunal de Apelación de Milán rebajaba el 29 de octubre la condena de 10 años de cárcel a 8 a El Egipcio pues sí le considera integrante de una red internacional terrorista pero no organizador de atentados. Ante este goteo de noticias - pues luego vino como colofón la absolución de El Egipcio en España - es comprensible que para quienes no están iniciados en estos asuntos y hacen balance les parezca que al final no hay más que humo. Esta percepción se da con frecuencia cuando lo que se juzga son intentos de atentados pero lo grave es que tal percepción pueda darse también cuando lo juzgado son matanzas masivas como la del 11-M.

 

El problema añadido en lo que al 11-M respecta es que aquí buena parte de los autores murieron al poco tiempo, el 3 de abril de 2004, suicidándose en Leganés. En pocas ocasiones una secuencia de los hechos terroristas ha dificultado tanto la investigación posterior como en este. No olvidemos que el 7-J en Londres supuso que cuatro suicidas morían matando en medios de transporte público londinenses y en su caso todo lo más esencial estuvo y está claro. Se tuvieron desde un principio sus cuerpos en el lugar del crimen, los explosivos, incluso las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de dichos individuos dirigiéndose a cometer su empresa asesina y, a partir de todo ello, se empezó a deshacer la madeja de sus contactos, su itinerario previo a los atentados tanto en el Reino Unido como en Pakistán y otros muchos datos útiles. Respecto a quienes murieron en Leganés se ha conjeturado mucho y más aún con respecto a quienes les rodearon y que son - ¿todos los que están pero no todos los que son? - los detenidos y procesados.

 

Tratándose aquí el arma homicida de explosivos obtenidos del mundo civil - de la Mina Conchita - a través de conductos delincuenciales y desconociéndose la pericia o no de quienes se suicidaron en Leganés, de quienes han sido juzgados o, quizás, de alguien a quien/es aún no se habría identificado durante la investigación policial y la instrucción del Juez Del Olmo se han producido, y algunos aún mantienen, todo tipo de especulaciones. Además, poco han dado de sí los interrogatorios durante el juicio o incluso los careos realizados. El banquillo del 11-M ha tenido a individuos que, aunque unidos la mayoría de ellos por una ideología yihadista salafista de la que algunos se han desdicho durante el proceso, trataban cada uno de ellos de salvar su piel sin actuar como camaradas. No es el caso de los etarras, quienes en la “pecera” actúan como grupo y se muestran orgullosos de su ideología también asesina. La realidad de los suicidas de Leganés y lo resbaladizo del yihadismo salafista han ayudado mucho a tanto y tan agrio debate. Los etarras, aunque se comuniquen en euskera, emiten y se comunican con un lenguaje comprensible. Los yihadistas salafistas se ocultan en una lengua enriquecida por dialectos y plena en los casos que nos ocupan de referencias religiosas, de términos figurados, de dificultades de traducción y de una debilidad presente en quienes pretenden interpretar lo que además quienes lo traducen ya preinterpretan de forma distinta. Aquí las famosas frases de El Egipcio constituyen el mejor ejemplo de cómo algo que es una evidencia para las fuerzas de seguridad y para la Fiscalía se cae cuán castillo de naipes gracias a una hábil maniobra de la defensa.

 

 

Llegados a este punto, tras revisar algunos de los aspectos más visibles, es obligado preguntarse si para las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia sentencias como la del 11-M suponen un estímulo o no en su ardua tarea de prevenir este tipo de terrorismo.

 

Se luche contra ETA, contra Al Qaida o contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por poner tres ejemplos variados de grupos o redes terroristas, el índice de satisfacción, si es que se puede hablar en estos términos, de quienes los persiguen cada vez que logran darles un golpe es difícil de medir. Causa satisfacción, por supuesto, el lograr con las investigaciones en el ámbito de la inteligencia y con las acciones policiales el dañar las estructuras de dichos grupos, el abortar algunas de sus acciones terroristas y el dificultarles su camino. Pero para dificultar de verdad su devenir a los terroristas es preciso no sólo realizar muchas acciones contra sus estructuras y sus miembros sino que estos reciban potentes condenas que, por un lado, castiguen su labor criminal, y que por otro permitan a la sociedad y a la clase política comprender la seriedad de la amenaza. En ese camino es pues imprescindible detenernos en el instrumento judicial que es el que, en cualquier sociedad libre, va a jugar ese papel que complementa al de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.

 

Aquí no cabe detenerse tanto en la figura de los jueces como en la de la ley que estos han de aplicar. Si observamos cómo la Comisión Europea acaba de presentar nuevas áreas en las que es preciso que entre los Estados miembros de la Unión Europea nos pongamos todos al día en la lucha contra el terrorismo en general y contra el terrorismo yihadista salafista en particular - en su intento de actualización presentado por el Comisario Franco Frattini el 6 de noviembre se incluyen medidas para combatir el reflejo de la empresa terrorista en Internet, el estableciendo de un registro central de robos de explosivos y la creación de un registro con 19 datos personales de los pasajeros aéreos - comprenderemos qué es lo que desde las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia se desea. Es importante dotarse de una legislación adaptada a la naturaleza de esta amenaza que evite la impunidad. La camaradería entre terroristas de pistola y sus animadores en diversos sectores sociales está finalmente penada en lo que al terrorismo etarra respecta, pero no lo está como debiera en el mundo del yihadismo salafista en el que muchos de los que a diario plantan semillas de odio salen a menudo impunes. La utilización de Internet por los terroristas yihadistas y por sus acólitos debe de ser tan punible como lo es el uso de la red por pedófilos u otros delincuentes.

 

Por otro lado, las incógnitas que lo han sido y que para algunos aún lo son en torno al 11-M hubieran sido probablemente muchas menos si se hubiera contado entonces - lo cual no quiere decir que ahora se esté sobrado - con los medios humanos y materiales necesarios para combatir a este terrorismo. Aquí la inteligencia humana es esencial para infiltrarse o intentar infiltrarse en las células y los grupos yihadistas como también es esencial incrementar el número de agentes especializados para poder afrontar operaciones masivas. Recuérdese cómo la operación que lograba detener el 5 de septiembre de 2007 a una célula yihadista que planeaba atentar contra varios objetivos en Alemania obligó a dedicar más de 300 agentes durante nueve meses a este asunto. Por otro lado, recuérdense las muchas cintas magnetofónicas que recogen las conversaciones grabadas por autorización judicial que no se habrían traducido según la instrucción por el caso del 11-M ha demostrado. Sabido es que las grabaciones, cómo se hacen y cómo se traducen son importantes de cara a alimentar la carga de la prueba. Sin ir más lejos, el 28 de septiembre el Tribunal Supremo liberaba a un grupo de yihadistas mandado detener por orden del Juez Baltasar Garzón contra los que las pruebas se basaban en conversaciones grabadas que según el Supremo se habrían obtenido de forma ilegal. Como quiera que hoy y en el futuro seguirá siendo imprescindible realizar grabaciones en el oscuro mundo del yihadismo salafista, importante será que se cuide tanto la forma como el fondo respecto a ellas. Si algo nos ha demostrado también el juicio del 11-M es que lo primero en importancia respecto a las grabaciones que se realicen es traducirlas y luego el cómo se traducen e interpretan: para ello se debe contar con recursos humanos suficientes y bien instruidos. Es evidente que el sector de la lucha contra el terrorismo yihadista salafista tiene y seguirá teniendo futuro en términos laborales y de promoción porque la amenaza no remite, y así debe de ser presentado a los profesionales de la seguridad dotándole en consecuencia del apoyo financiero necesario.

 

Finalmente, lo que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia también necesitan es que la sociedad entienda lo que hacen. Aquí no se trata sólo de la recurrente referencia a que es preciso que alguien haga pedagogía - y esta no es labor ni policial ni de los servicios de inteligencia - para que la ciudadanía no perciba que se hace la amalgama con toda la comunidad musulmana, sino que nos estamos refiriendo a la credibilidad del trabajo de dichas fuerzas y agencias, puesta como nunca en cuestión durante la instrucción y el proceso por el 11-M. Cabe recordar que en diversas ocasiones se ha acusado de torturas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FCSE) y que ahí está también la realidad demostrada de los GAL implicando a políticos y a agentes, pero nunca hasta ahora la labor cotidiana de mandos y números de las fuerzas de seguridad, de todas, o el papel de los servicios de inteligencia, se había puesto en cuestión como ahora. La sentencia del 11-M, juzgando como siempre se juzga sólo sobre los hechos probados, ha podido clarificar algunos puntos sometidos a duda pero debe sobre todo servir para enseñarnos que debemos de cubrir las lagunas que aún tenemos, a pesar del 11-M en Madrid o del 7-J en Londres, para definir los perfiles de un terrorismo escurridizo como es el yihadista salafista. Ese es el verdadero enemigo a batir, que además se aprovecha exitosamente de todas nuestras debilidades.