La secretaria de Estado para Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha presentado el II Anuario de la Comunicación del Inmigrante, destacando que la buena- y responsable- gestión del Gobierno ha propiciado que a finales de 2007 se lleguen a firmar 200.000 contratos más en origen que en 2006, mediante los que los inmigrantes acceden de forma legal a España.

 

Se explica que los nuevos ciudadanos activan el consumo, puesto que este año se destinarán más de 40.000 millones de euros a la compra de viviendas, automóviles y todo tipo de bienes.

 

Los recién llegados están tan a gusto en nuestro país que se quedan, porque el Gobierno les proporciona condiciones de reagrupación familiar y disfrutan de una mayor estabilidad. Según el Anuario, unos vienen por el clima, otros por el idioma, otros por un pasado cultural común.

 

España es el paraíso en la tierra, donde la pericia de Zapatero- con Z de “zabiduría”- facilita que se aten los perros con longanizas. Esperamos con fruición el “cheque inmigrante”.

 

La realidad tiene otra cara no tan sonriente.

 

 

Uno de los datos más significativos que se publica en ese mismo Anuario es que España es el segundo receptor de inmigrantes del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, aunque las condiciones económicas, estratégicas y físicas políticas de ambos son muy diferentes.

 

Según los datos del padrón municipal, en enero de este año había 4,48 millones de inmigrantes en España. Cifra que no tiene nada que ver con la de tarjetas de residencia expedidas: algo más de tres millones. Si estos datos se actualizan a 30 de junio- aunque todavía no están disponibles dichos datos-  se calcula que tres millones y medio de extranjeros disponen de tarjeta de residencia. Se puede deducir que en estos momentos, hay un millón de ciudadanos de otros países sin papeles residiendo en España.

 

El número de nuevos ciudadanos supera en porcentaje el registrado en países europeos con larga tradición inmigratoria. Los inmigrantes constituyen casi el 10% de la población total de España. El 44,75% de los inmigrantes llegados a Europa se instalaron en nuestro país.  Esta cifra solo es superada por nuestros procesos de emigración durante el siglo XX hacia América Latina.

 

Según un informe publicado por la OCDE en 2005, “Perspectivas de las migraciones internacionales”, este tipo de migraciones aumentaron ese año un 11% respecto de años anteriores, registrándose la gran parte de los flujos migratorios en España.  El estudio afirma que, también en 2005, las peticiones de asilo bajaron hasta un 15% en el conjunto de países que forman esta organización. Este método era el más empleado por los inmigrantes para conseguir legalizar su situación en Centro Europa.

 

En 2005, España fue el segundo país, detrás de Luxemburgo, en el ranking de entrada de inmigrantes de los 30 que forman la OCDE.

 

Ese mismo año, el resto de los grandes países de la OCDE atrajeron una proporción muy inferior de inmigrantes: Canadá un 8’1 por cada mil habitantes, Reino Unido 7’9 por 1000 hab., Corea del Sur 5’5, Estados Unidos 3’4 y Francia un 2’2 por mil habitantes.

 

2005 fue el año en que el Gobierno socialista llevó cabo el proceso de regularización masiva.

 

La cuestión es que en 2025 habrá 8 millones de nuevos ciudadanos en España. Es una cifra creíble si se toma en consideración que solo en 2006 llegaron 40.000 inmigrantes en cayucos. Según el INE esto supuso un aumento de medio millón de ilegales más.

 

Esta cifra contrasta con la de Alemania. Es el único país de la UE que ha mantenido su tasa de inmigración desde hace diez años (casi el 9%). Se debe a tres aspectos de su política: nueva Ley de Extranjería, paralización de acuerdos de contratación de extranjeros en origen y políticas de integración. Estas tres medidas han estabilizado el número de inmigrantes, que suman 14 millones en un país que destaca precisamente por su cosmopolitismo.

 

Los datos expuestos llevan a deducir dos cosas. La primera, es que el número de nuevos ciudadanos está creciendo en España a un ritmo que dificulta el control y la garantía de disponer de servicios adecuados para todos en un tiempo muy pequeño de tiempo. Hablamos de sanidad, educación, vivienda, etc. La situación es especialmente sensible en un momento en el que la economía comienza a dar señales de alarma y desde el FMI o el Banco de España, se aconseja prudencia.

 

Sirva como ejemplo el problema que se ha creado con la constante llegada de cayucos a Canarias con menores a bordo: 4.132 menores extranjeros no acompañados desde el año 2000. Una circunstancia que no solo afecta a las islas, que acoge hoy día 778 menores, sino también, a las restantes comunidades autónomas, que están comenzando a restringir la llegada de estos jóvenes y niños a su ámbito territorial, ante la imposibilidad de disponer de recursos suficientes para prestarles una acogida de calidad. La Rioja rechazó hace pocas fechas la acogida de menores procedentes de Canarias por este motivo.

 

La respuesta del ministro Caldera a esta situación ha sido tachar de insolidaridad a las Comunidades gobernadas por el Partido Popular. Alega también que el Estado no puede hacerse cargo de la tutela de estos menores por ser una medida anticonstitucional.

 

El  Gobierno canario ha anunciado que se dirigirá a las instituciones europeas e internacionales para dar a conocer la situación de desamparo que sufren por parte del Gobierno de Zapatero.

 

La segunda conclusión a la que se puede llegar es que si no se establece una política de Estado que recoja la complejidad del problema, éste irá en aumento, cada vez, en más corto plazo de tiempo. Los alemanes ya lo han hecho.

 

 

Entre las razones que alega el gobierno para este espectacular incremento de inmigrantes es la reciente entrada de Rumania en la Comunidad Europea, que facilita la situación legal de los rumanos en nuestro país, como miembros comunitarios de pleno derecho. Los datos del INE demuestran que esta circunstancia no está directamente relacionada con que los rumanos sean el segundo colectivo de inmigrantes por detrás solo de los marroquíes y por encima de los ecuatorianos. Muchos de ellos ya residían en España mucho antes de forma ilegal. Según los datos del INE, la población rumana – legal- a 1 de enero de 2007 era de algo más de medio millón. Precisamente en esas fechas se concedieron 211.325 tarjetas de residencia. Ello demuestra que menos de la mitad de los rumanos que vivían en España eran ya legales.

 

Otro argumento que se esgrime desde la Secretaría de Estado para Inmigración y Emigración es que los nuevos ciudadanos activan el consumo, puesto que este año se destinarán más de 40.000 millones de euros a la compra de viviendas, automóviles y todo tipo de bienes.

 

Hay matices que invitan a no ser tan optimistas. Los inmigrantes son un activo importante para el motor de nuestra economía- y para la de su país de origen. Contribuyen a incrementar la tasa de natalidad en España. Ya hay 200.000 nuevos ciudadanos que son autónomos,  y dos millones afiliados a la Seguridad Social. Un 15% tiene vivienda en propiedad. Envían unos 7.500 millones de euros a sus países.

 

Esta realidad tiene otra cara menos agradable: los inmigrantes están comenzando a sufrir las consecuencias de los malos tiempos que pueden avecinarse, en términos económicos. Los datos oficiales cifran en 170.581 inmigrantes en situación de desempleo, en el mes de septiembre, un 22% más que en septiembre de 2006. Los inmigrantes están siendo los más afectados por la desaceleración económica, por la caía del sector de la construcción.

 

El dato del desempleo es especialmente ilustrativo de lo que puede pasar en breve espacio de tiempo, si se tiene en cuenta que la edad media de los inmigrantes es de 34 años, siendo el tramo de 30-34 el más numeroso (16,5% del total). La segunda generación de inmigrantes suma ya el 17% del total de personas nacidas en España. El 80% de los inmigrantes no supera los 45 años.

 

La población en edad de trabajar es la más numerosa, y la que sufrirá antes las consecuencias de la desaceleración de la economía.

 

Los nuevos ciudadanos están siendo las primeras víctimas de la subida de los tipos de interés. Intermón denuncia que pagan hasta un 8% más de intereses que los españoles.

 

La mayoría de los inmigrantes no desempeña un trabajo de acuerdo a su formación real, precisamente, porque han llegado primero, y han buscado trabajo después, y no al revés. Según el Instituto Elcano, el 57% de los inmigrantes residentes en España tiene estudios secundarios, mientras que el 20% tiene estudios superiores, aunque encuentran dificultades para adecuar su nivel de estudios al tipo de trabajo que consiguen, generalmente hostelería, construcción agricultura y trabajo doméstico.

 

 

Una de las políticas estrella que el Gobierno ha querido mostrar a los españoles, es la de solicitar una serie de requisitos para que los ciudadanos que ya están aquí de forma ilegal, puedan legalizar su situación, mediante un contrato de trabajo, por ejemplo.

 

Se da la circunstancia de que más de 15.00 africanos no pueden obtener un contrato de trabajo porque no pueden terminar de legalizar su situación, ante la imposibilidad de volver a su país de origen, puesto que ello supondría tener que realizar todo el penoso viaje, en unas más que dudosas condiciones a manos de las mafias.

 

Estos inmigrantes reúnen tres de las cuatro condiciones que se les pide para poder conseguir los papeles en la modalidad de “arraigo”. Se trata de una vía excepcional que creó el Gobierno para facilitar la legalización de los que ya estaban en España antes del proceso de regularización masiva de 2005. Para ello, tienen que demostrar que llevan por lo menos tres años en nuestro país, que disponen de una oferta de trabajo y que pueden presentar un justificante del ayuntamiento del municipio donde residen que acredite que están “integrados” en la sociedad.

 

Demostrar que no se tiene antecedentes legales solo es posible regresando a su país y formalizar personalmente este documento. El resultado es que este tipo de permisos de residencia se desestiman casi siempre por esta circunstancia.

 

Estas personas se encuentran inmersas en un círculo vicioso: como no pueden regresar a su país, no pueden demostrar que cumplen con todos los requisitos, y el posible contrato de trabajo se convierte en papel mojado, o sea, que siguen abocados a la ilegalidad.

 

 

Tan solo un puñado de datos demuestra que la situación de la inmigración en España es un problema que urge tratar de resolver con sensatez, puesto que de lo contrario, se llegará a una situación insostenible tanto a nivel económico, como social.

 

Es imprescindible que se llegue a un gran pacto de Estado que contemple la reorganización y distribución de las personas y los recursos, puesto que se empiezan a ver las primeras señales de caos en servicios tales como el sanitario, donde la demanda es muy superior a la atención que se puede dispensar por saturación. Sirva también la situación que se está empezando a crear por la subida de los tipos de interés, que repercute directamente en el sector de la construcción, donde se encuentran trabajando muchos de los nuevos ciudadanos. Son solo dos ejemplos.

 

El mismo Zapatero confesó al primer ministro francés, François Fillon, que lamenta "amargamente" haber impulsado la regularización de cientos de miles de inmigrantes sin papeles tras su llegada al poder en el 2004. Si bien Zapatero no reconoció el comentario, la cuestión es que Francia no lo ha desmentido.

 

El presidente del Gobierno ha sido consciente de la magnitud del problema que se ha creado y las consecuencias que está teniendo ya.

 

La secretaria de Estado propone como herramientas la igualdad, la ciudadanía y la interculturalidad. No tiene que ver con la comprensión, ni la cultura. Tiene que ver con que los recursos son limitados para todos. Si queremos que vengan nuevos ciudadanos, que favorezcan nuestra economía y enriquezcan nuestra cultura, debemos empezar por ser realistas y serios, como lo han sido en otros países de nuestro entorno. Solo así, será realidad que vienen a España porque se sienten bien entre nosotros y desean quedarse.