El pasado 16 de octubre, durante unas conferencias organizadas por el Foro ABC, el presidente del Gobierno, como si fuera lo más normal del mundo, pidió  al sector financiero que siguieran concediendo créditos a las inmobiliarias. Y lo dijo alegremente, sin reparar en lo más mínimo en la terrible injerencia que eso suponía. Zapatero incurrió en un triple pecado: primero, decirle al sector privado como deben hacer las cosas, segundo, hacerlo con una recomendación peligrosa dado el alto riesgo inmobiliario ya existente en el mercado y tercero, erigirse en portavoz impromptu del Banco de España (BE) como si se tratara de una sucursal más del Ministerio de Economía. En cuanto al tercer pecado, al día siguiente, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente del BE, se apresuró en llevarle la contraria y corregir el primer pecado pidiendo prudencia a los bancos a la hora de conceder sus préstamos. Cualquier esperanza de que las palabras de Zapatero hubieran sido un simple desliz o comentario inoportuno, desapareció cuando la Ministra de Vivienda repitió la petición hace apenas unos días, estando bien rodeada del recientemente formado “G-14”, que representa a las grandes inmobiliarias (por cierto, la elección semi-megalómana del nombre de la asociación no ayuda demasiado a dar la imagen de sobriedad y moderación que busca ahora el sector). Realmente, el Gobierno cree estar en su deber, o más bien, en su derecho, al dirigir a su antojo todos los aspectos de la economía, la sociedad y, desgraciadamente, incluso de la justicia.

 

Y es que los socialistas españoles no pueden olvidar completamente los orígenes de las doctrinas que defienden. Añoran los días en los que el socialismo significaba que el Estado tomaba todas las decisiones. En palabras de Rafael Pampillón Olmedo, Director del Área de Economía del Instituto de Empresa, “los partidarios del intervencionismo plantean su desconfianza en el buen funcionamiento de las reglas del mercado y su creencia de que el Estado es más sabio que el resto de los agentes económicos para alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo”.

 

Por culpa del afán intervencionista del Gobierno, órganos reguladores que deberían ser considerados apolíticos y completamente independientes están bajo sospecha. Lo acontecido con la Comisión Nacional de Energía (CNE) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el ejemplo más claro.

 

En mayo 2005, el Gobierno nombró una nueva presidenta de la CNE proveniente del PSC y siendo ex-Secretaria de Energía de la Generalitat, para asegurarse de este modo un mínimo de cooperación de un organismo teóricamente independiente y sin politizar. Y esto, pese a haber incluido en su programa electoral que era el Parlamento el que debía hacer la elección de ese puesto (es curioso lo del programa electoral del PSOE: a veces parece ley grabada en piedra y otras no son más palabras que se lleva el viento). Aún así, al darse cuenta de que contar con el apoyo de la CNE no resultaría suficiente para desbarajustar los planes del “enemigo”, hubo que ir más allá. Por ello, se aprueba el Real Decreto del 24 de febrero 2006, tres días después de la presentación de la OPA de E.on sobre Endesa, para permitir que la CNE pudiera imponer condiciones -y de facto impedir la OPA. Pero aún más increíble resultaba leer en una nota de prensa del Ministerio de Industria del 8 de septiembre 2006 en la que se resumían los “logros” del Sr. Montilla frente al Ministerio de Industria, “El ministro Montilla, con el objetivo de garantizar que los recursos energéticos estratégicos, (…) queden en manos de empresas españolas, aumentó las competencias del organismo regulador”. Es decir, que después de que, de cara a la galería, se pasara meses negando que la reforma de las competencias de la CNE tuviera nada que ver con Endesa, llegado el momento de dejar el ministerio, no tuvo ningún reparo en reconocer, con orgullo incluso, su contribución al deterioro de la credibilidad de otro organismo regulador. No debería extrañar el último capítulo de claudicación de la CNE frente al Ministerio de Industria en el que éste ha retirado cinco de las doce condiciones que impuso la CNE a la OPA sobre Endesa (de Enel y Acciona claro, a la de E.on no se las retiró de motu propio).

 

Se ha hablado tanto del escandaloso comportamiento del Gobierno en cuanto a la manipulación de la CNMV en el caso Endesa, que no es necesario ahondar en el tema. Pero hay algo que merece mención especial, por lo irritante. Se trata de unas declaraciones del actual presidente de la CNMV, Julio Segura, en las que asegura que el presidente de la CNMV debe ser nombrado por el Gobierno y no por el Parlamento, lo que evitará su “dependencia ideológica” (El País, 1 de julio 2007). Cabe preguntarse si aguantó la risa mientras hablaba con el periodista.

 

Incluso en el caso de un intento de liberalización casi completo, como ha sido la ley que reformaba el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia para crear un único organismo, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), en el que se buscaba la independencia del organismo, no han podido evitar meter la mano. La normativa de la CNC, de la que el FMI “valora su mayor independencia”^[1], supone un avance importante en ese terreno. Pero el Gobierno decidió guardarse un as en la manga y mantener su derecho a “tener la última palabra”, de forma “residual”, según palabras de Mª Teresa Fernández de La Vega, en casos considerados de “interés general”. Dado que el concepto de “interés general” es muy amplio, esto les permitirá en realidad aprobar o rechazar las concentraciones que quieran.

 

Por eso, resulta irónico y muy triste cuando el Gobierno critica lo que él mismo ha hecho. Al parecer el Gobierno estaría por fin pensando en presentar un recurso en Bruselas contra la megamulta impuesta a Telefónica, acusada de abuso de posición dominante en el mercado ADSL. Dada la enormidad de la multa, 151,8 millones de euros, y la segunda mayor de la historia tras la impuesta a Microsoft por 497 millones de euros, no es de extrañar que el Gobierno haya decidido apoyar a la multinacional. De hecho, aunque les ha costado mucho tiempo tomar esta decisión, -más vale tarde que nunca- se agradece que por una vez, este Gobierno actúe para defender los intereses de una empresa española. Lo que parece cínico de más es que base parte de su defensa en sentirse ofendidos por la “invasión de las competencias atribuidas a las autoridades nacionales”, es decir la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y que “Bruselas viola el marco regulador y vulnera el principio comunitario de seguridad jurídica y debilita la credibilidad de los supervisores nacionales” (El Mundo, 26 de octubre 2007). Ojala no fuera así, pero desgraciadamente, este Gobierno se basta por sí sólo y no necesita de la ayuda de Bruselas para conseguir que la credibilidad de los supervisores sea puesta en duda.

 

Además de esos casos concretos de intrusión del Gobierno en la marcha de la economía, son innumerables los intentos de control de otros muchos aspectos. Empezando por la inadmisible intromisión en el poder judicial de la que también se ha hablado sin parar, siendo los últimos capítulos, la desquiciada espiral de recusaciones del Tribunal Constitucional anulando su efectividad o el que el ministro de Industria se erija nuevamente por su cuenta en portavoz de la fiscalía e incluso de un juez para anunciar una detención que no ocurriría. Siguiendo por múltiples intentos de decidir por el ciudadano e imponerle todo tipo de normas, como la ley del tabaco, el intento de ley del vino, la “censura” de la “hamburguesa XXL”, la educación por la ciudadanía, la censura de El Jueves, la paulatina e inexorable destrucción de toda influencia eclesiástica, la excepción cultural y el canon a DVDs y CDs, la rigidez de los horarios comerciales… Y terminando por el aumento de impuestos y gasto público que resulta indispensable para financiar el circo que han organizado.

 

En resumen, un Gobierno que nos dice lo que podemos o no beber, comer, comprar, leer, ver o creer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y hasta con quién.  Se podría resumir con una variación de su propio slogan “No podemos conducir por ti …de momento”.

 

Sin embargo, los propios socialistas se empeñan en vestirse con piel de cordero, insistiendo en su liberalismo o su creencia en las bondades del libre mercado. De hecho, su supuesto desagrado por la intervención estatal es un discurso que han usado con frecuencia, intentando crear una ficción que les presentara bajo mejor luz frente a la comunidad empresarial. Algo así como su actual campaña patriótico-española. Esto se puede ver en una entrevista realizada al Sr. Rodríguez Zapatero antes de ser presidente del Gobierno: “Hacer negocios sin miedo al intervencionismo obsceno del Gobierno es fundamental para la economía” (El Confidencial.com, 31 julio 2003), y lo repitió el 16 de marzo 2004 cuando prometió que no practicaría ninguna forma de intervencionismo. También se puede ver en los célebres comentarios de Miguel Sebastián quien, en el verano 2006, aseguró que el PSOE era más liberal que el PP.

 

De vez en cuando, se les escapa lo que piensan de verdad, como se puede ver en las siguientes declaraciones por parte del coordinador del Comité Electoral Extremeño, Ramón Ropero, el pasado 17 de mayo, que se pueden encontrar en la página web del PSOE: “El intervencionismo del PSOE es sin duda alguna para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para prestarles los mejores servicios”. Ahí está. Ese es el verdadero peligro. Piensan que su paternalismo protector es lo mejor para el bien de los ciudadanos.

 

Habría que preguntarles qué piensan de alguien como Ludwig von Mises, uno de los mayores economistas del siglo XX, quien decía que el gran fallo del intervencionismo es su incapacidad de conseguir sus objetivos. A corto plazo, podría parecerlo, pero a la larga siempre provocaría efectos negativos tales como una mala asignación de recursos, costes en términos de eficacia, impedimentos a la expansión del conocimiento, bloqueo de la innovación, sacrificio de la libertad individual, profunda e inevitable conexión con la corrupción, secuelas con el clientelismo y perversión de la democracia. Debido a esta serie de flaquezas creadas, se crea un círculo vicioso, ya que una lacra esencial del intervencionismo es que tiende a crecer. Como dijo Mises “Intervención anterior engendra intervención posterior”. Porque, cuando, por poner un ejemplo, el Gobierno decide aumentar el salario mínimo, cómo ha hecho recientemente, lo único que consigue, es, entre otras cosas, generar desempleo y erosionar la competitividad de las empresas. Luego se reclamará la necesidad de reforzar el Estado del Bienestar con ayudas sociales para paliar los efectos del desempleo creado precisamente por ese Estado del Bienestar. Esto contrasta radicalmente con opiniones como la del ex presidente Aznar, cuando afirma con gran sensatez que “la mejor política social es generar empleo”.

 

Estar a favor de la libertad en todos los terrenos -y en temas económicos en particular-, y de limitar al máximo la intervención del Gobierno, no significa que no se reconozca la necesidad de que exista un cierto control, supervisión y/o regulación incluso de aquellos aspectos en los que no se aboga por una intervención. Pero esa regulación debe ser bajo las mismas condiciones para todos los implicados y sobre todo, debe, sin la más mínima sombra de duda, contar con total y absoluta independencia para la toma de decisiones tanto de poderes públicos como empresariales. Y como en el caso de la mujer del César, no sólo serlo, sino parecerlo. Los organismos reguladores deben poder ejercitar sus funciones sin presiones del Gobierno de turno. Son ellos los que deben intervenir cuando lo consideren oportuno, y no seguir instrucciones del poder público. Y sobre todo, es imperativo conocer con antelación cuales son las reglas del juego y que éstas no puedan cambiar a mitad de partido (como ocurrió con la OPA de Endesa).

 

Los órganos reguladores se ocupan del equilibrio entre libertad y control. O al menos lo hacen cuando cumplen sus obligaciones. Su papel consiste en asegurar el buen funcionamiento de ciertos sectores considerados como esenciales a nivel social y económico, tales como el sistema bancario (BE), energía (CNE), telecomunicaciones (CMT), mercado bursátil (CNMV), o competencia (CNC). Dada la importancia de la estabilidad y prosperidad de estos sectores, se asume que las distintas fuerzas políticas aceptan consensuar las normas a seguir y que son temas que deben quedar fuera de pugnas políticas.

 

Cualquier indicio de falta de objetividad o aceptación de presiones puede llevar a una peligrosa falta de credibilidad y anularía su efectividad ya que, de qué sirve un regulador que no regula o que regula mal? Llegar a este punto es lo que se ha dado a denominar “riesgo regulatorio”, lo que puede ser muy grave. De hecho, tiene implicaciones concretas y reales, tal y como se explica en un informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos^[2]  en que se advierte de que la pérdida de confianza en los organismos reguladores españoles tendrá como consecuencia un aumento de la prima de riesgo país, lo que resulta muy preocupante, dado el persistente déficit exterior que ha de financiarse con capital extranjero.

 

La transparencia y coherencia en la toma de decisiones son también condiciones indispensables para la eficacia de los organismos. Especialmente alarmante resulta por ello la anteriormente comentada multa a Telefónica por parte del Tribunal Europeo de Defensa de la Competencia. Y esto, no tanto por la multa en sí, sino por el hecho de que Bruselas haya decidido imponer una sanción sobre una actuación que cumplía la legislación vigente. El que la CMT y la Comisión Europea estén en contradicción añade un componente de inseguridad jurídica que la economía española desde luego no necesitaba en estos momentos. Máxime, cuando, desgraciadamente, no se trata de un hecho aislado. Hace unos días, ocurrió algo parecido cuando la CNC decidió abrir un expediente sancionador a Telefónica, Vodafone y Orange por una supuesta concertación de precios ocurrida tras el aumento de tarifas de marzo 2007, aprobadas por la CMT. En aquel momento, diversas organizaciones de consumidores lo denunciaron con tal furia que el Ministerio de Industria encargó un informe a la CMT. El ministro Clos presentó las conclusiones de dicho informe en mayo 2007 que concluía que las compañías de telefonía móvil “no configuran una actitud de concertación para evitar la libre concurrencia en el mercado”. Estas declaraciones son de lo más preocupante a la luz de lo que opina ahora la CNC. Inquietante para los consumidores que se sienten engañados, para las empresas que no saben que normas seguir y para los potenciales inversores para quienes la incertidumbre y la inseguridad jurídica son las peores características de un país.

 

Desgraciadamente, la imagen exterior y credibilidad de los organismos reguladores en España y sobre todo del Gobierno español ya están quedando en entredicho. Medios prestigiosos como el Financial Times o The Economist han publicado frases como “La resignación del Sr. Conthe supone  un duro golpe para la credibilidad de las agencias reguladoras españolas” (Financial Times, 2 abril 2007), “Se trata de una victoria hueca para el Gobierno español (…) La batalla también ha minado la credibilidad de los reguladores españoles” (The Economist, 3 abril 2007) “El Gobierno intervencionista español ha sido el mayor perdedor de la batalla de Endesa” (The Economist, 4 de abril 2007), “El sector empresarial español sigue sin apreciar al presidente y su equipo, a los que atribuyen tendencias intervencionistas” (Financial Times, 24 octubre 2007).

 

Existe una delgada línea que separa la regulación estrictamente necesaria para mantener el buen funcionamiento de la economía, del dirigismo. Y siendo necesario un mínimo de control, una vez alcanzado ese mínimo, cuanta menos regulación haya, menos posibilidad de injerencia por parte del Estado habrá. Por ello, hay que crear la menor cantidad de reglamentaciones necesarias ya que la economía de mercado funciona mejor cuando la dejan a su libre albedrío. Por eso, cada vez que se habla de nuevas necesidades de supervisión, hay que mirarlo con lupa.

 

Por supuesto, el exceso de intervención de un gobierno en los asuntos económicos no es un problema exclusivo de los socialistas españoles. Existen ejemplos en todos los países, algunos presentes a nivel global. Por poner un ejemplo, en estos momentos, a raíz de la crisis hipotecaria, está precisamente en entredicho, entre otras cosas, el futuro de la independencia de las agencias de riesgo crediticio, como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Se ha escrito mucho sobre la crisis financiera, sus causas y principales culpables o promotores. Entre éstos, las agencias de riesgo crediticio han desempeñado un papel fundamental. Es cierto que siempre es más fácil hablar a toro pasado, pero parece inconcebible pensar que ciertos fondos o empresas que hace unos meses contaban con una valoración AAA (bonos de la mejor calidad sin riesgos de pago) o AA (capacidad muy fuerte de pago)  han visto esas valoraciones disminuir hasta CCC (incumplimiento probable) o CC (altamente especulativo). Los mismos valores. Apenas unos meses después.

 

Las agencias cometen un doble error. Primero otorgar valoraciones tan altas y obviamente erróneas, llevando a muchos inversores, fiándose de la credibilidad de estas instituciones, a comprar valores inseguros bajo el auspicio de una valoración segura. Segundo, tardaron demasiado en cambiar sus valoraciones, y ampliaron así el efecto de la crisis. Los compradores desaparecen, ya que, al no fiarse ya de ninguna valoración, se niegan a comprar valores remotamente relacionados con el inmobiliario. Esto se juntó con el ansia de venta de algunos inversores, a veces obligada, como en el caso de ciertos fondos de pensión que tienen en sus estatutos un máximo riesgo asumible, y se ven obligados a vender aquellos valores que no cuenten con la valoración AAA (esta característica, por cierto, hace que las agencias hagan parte de facto de la maquinaria reguladora).

 

Y es que aquí nuevamente, hay conflicto de intereses, porque, por un lado, las agencias de rating asesoran a los bancos sobre como estructurar sus ofertas para obtener el mejor mix de valoraciones. Por otro lado, proporcionan evaluaciones que son ampliamente seguidas por los inversores. Y sobre todo, los que pagan los honorarios de S&P y Moody’s son los mismos que sacan la deuda al mercado. Si a eso le añadimos los resultados de un estudio realizado por profesores de las Universidades de Michigan y Texas^[3], donde “casi dos tercios de los analistas de Wall Street reciben favores profesionales de ejecutivos corporativos, que se aseguran así mejores calificaciones de sus compañías”, es inevitable que ciertas dudas empiecen a aflorar. Porque, sin llegar a ser sobornos escandalosos, la aceptación de estos favores es suficiente para poner en duda la objetividad y credibilidad de estas entidades, y por ende de cualquier entidad parecida.

 

Lo ocurrido expone las deficiencias en la supervisión del sector financiero. Efectivamente, confirma la necesidad de hacerla más estricta. De hecho, el rol de las agencias de riesgo crediticio tiene un cierto paralelismo con el de los organismos reguladores. Ambos deben ser considerados neutrales y en el momento en que su credibilidad es puesta en duda, pierden todo su sentido. Y quien dice una agencia de riesgo, dice un banco de inversión que emite una recomendación (como le ha ocurrido al banco de inversiones Goldman Sachs a raíz de sus inauditos informes sobre Vueling, gracias a los cuales, en el transcurso de tres semanas primero hundió a la aerolínea y luego quiso salvarla).

 

Dicho esto, no significa que haya que cambiar el sistema radicalmente. De hecho, no hay ninguna necesidad de ejecutar ninguna metamorfosis. Pero ya hay algunas voces, especialmente en Europa, que aprovechan esta circunstancia para exigir un cambio total en el sistema de supervisión. Algunos quieren poner las agencias bajo control estatal, recibiendo incluso financiación pública. Otras voces se les unen, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para exigir al mismo tiempo algo que vienen persiguiendo desde hace tiempo, desde antes de la crisis: una mayor regulación (en realidad quieren decir “control”. Absoluto si puede ser) de los “hedge funds”. No es de extrañar que uno de los peticionarios de mayores restricciones y vigilancia de los “hedge funds” sean los socialistas, representados por Poul Nyrup, presidente del Partido Socialista Europeo (Financial Times, 6 septiembre 2007). Nuevamente, se echa mano del viejo argumento intervencionista según el cual se hace por el bien de todos, para evitar mayores problemas, obviando que una regulación estricta tiene costes asociados, entre otras cosas, al inhibir las innovaciones.