La Guardia Civil ha sobrevivido a lo largo de sus 163 años de existencia a todos los regímenes políticos que se han sucedido en este convulso periodo de nuestra historia. Sin embargo, parece difícil que la Benemérita pueda finalmente escapar al proceso general de desmantelamiento del Estado impulsado por Rodríguez Zapatero. La reforma legislativa sobre este Cuerpo aprobada hace unos días por el Parlamento va a suponer de hecho una desmilitarización encubierta de esta Fuerza de Seguridad, sembrando serias dudas sobre su pervivencia futura. Una reforma que se hace, como ha sido habitual en toda esta Legislatura, sin el concurso del principal partido de la oposición, pero con el apoyo de aquellas fuerzas minoritarias que defienden con pertinaz insistencia la desmilitarización total y la posterior disolución de la Benemérita.

 

La Guardia Civil había encontrado pleno acomodo en nuestro ordenamiento constitucional como un Cuerpo de Seguridad del Estado de naturaleza militar con una dualidad de funciones policiales y militares. El Gobierno pretende ahora una modificación sustancial de este modelo convirtiendo a la Guardia Civil en un Cuerpo con dos naturalezas según el tipo de misión que desempeñe. Con esta reforma se pone en cuestión uno más de los consensos generados en nuestra Transición democrática rompiendo el acuerdo sobre una Institución esencial para la garantizar la seguridad y la libertad de los españoles.

 

La reforma crea una gran indeterminación estatutaria para los miembros de la Guardia Civil, a los que se aplicará un régimen disciplinario, un estatuto de derechos y deberes e incluso un código penal diferente en función no sólo de la misión que desempeñen en cada momento, sino también del tipo de unidad en que se encuadren e incluso el lugar geográfico en el que se hallen. El resultado final es que un guardia civil destinado en cualquier puesto de España habrá perdido de hecho su condición de militar, mientras que ese mismo guardia se habrá convertido prácticamente en un soldado si actúa en el seno de una misión de paz en el exterior.

 

No podemos estar de acuerdo ni con que se sustraiga al guardia civil de su condición de militar en territorio nacional, ni con el hecho de que en el exterior pueda integrarse en las Fuerzas Armadas sin consideración alguna a las peculiaridades estatutarias que implica su propia condición de guardia civil. La perdida de la condición de militar en el desempeño ordinario de su misión desnaturaliza el Cuerpo hasta el punto de amenazar su propia existencia y su conversión en soldado cuando cumpla misiones relacionadas con la defensa nacional le sustrae el valor añadido que puede aportar como guardia civil a este tipo de función.

 

El cambio de modelo constituye además una verdadera chapuza jurídica. ¿Cómo puede justificarse que el guardia civil esté sometido en todo momento a la jurisdicción militar de lo contencioso en materia disciplinaria pero que al mismo tiempo sea totalmente ajeno a la jurisdicción penal militar? El sometimiento del guardia civil a la jurisdicción castrense es precisamente el elemento más determinante para definir su propia naturaleza, hasta el punto de que sacarle de esa sujeción es tanto como hacerle perder de facto su condición de militar.

 

El nuevo modelo genera por último importantes dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, como pone claramente de manifiesto en su preceptivo informe sobre la reforma el Consejo General de Poder Judicial. Si la intención del Gobierno era una desmilitarización de la Guardia Civil, el camino para hacerlo era modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la que remite directamente el artículo 104 de la Constitución. Lo que no es lícito es plantear una desmilitarización encubierta por la vía de una reforma de la Ley de Régimen Disciplinario que es contraria no sólo a lo dispuesto tanto en la vigente Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como en la Ley de Defensa Nacional.

 

En todo caso, el proceso de desmilitarización de la Guardia Civil iniciado por el Gobierno, combinado con el modelo seudo-sindical que se implanta simultáneamente en el seno del Cuerpo, es el camino más seguro hacia la desaparición del Cuerpo. La disolución de la Guardia Civil es en definitiva la meta de la mayoría de los socios que han apoyado parlamentariamente al Gobierno en esta reforma y el deseo declarado de muchos miembros relevantes del propio Partido Socialista. El Partido Popular hará todo cuanto esté en nuestra mano por asegurar el futuro de esta Institución a la que tanto debemos los españoles en su conjunto. Es más, tengo la confianza en que las próximas elecciones generales del mes de marzo nos den la fuerza parlamentaria suficiente para volver a la senda de potenciación y modernización de la Guardia Civil que ya iniciamos con éxito durante nuestra anterior etapa de Gobierno. En las difíciles circunstancias de seguridad actuales España necesita, más que nunca, de su Guardia Civil.