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El tratado de reforma de la UE en su contexto
Colaboraciones nº 1984   |  16 de Octubre de 2007
 
El escaso interés suscitado en España por el último tratado europeo denota la ausencia de entusiasmo que provoca el texto. Es cierto que el Consejo de Bruselas de junio que lanzó el proceso hace apenas unos meses fue ampliamente divulgado en la prensa, y que se supone que el resultado sólo es la concreción técnica de aquello. Se prevé su firma el 18 y 19 de octubre en Lisboa.
 
No sólo España ha seguido el consejo de los Del Río, “si lo apoyan los políticos”; el resto de Europa tampoco ha prestado demasiada atención a la redacción del texto. En Inglaterra, no obstante, se ha aprovechado para ampliar las excepciones en materia de Justicia e Interior. Se cree que la soberanía británica está amenazada por la sujeción al Tribunal de Justicia europeo de las nuevas disposiciones. No menos por la ampliación de la cooperación penal y la posible creación de una fiscalía europea.
 
En los Países Bajos, el parlamento ha decidido que no habrá referéndum sobre el asunto. Temen que las similitudes con el Tratado constitucional, justamente fenecido ante el veredicto de las urnas francesas y holandesas, hagan que el pueblo le de la espalda a la reforma limitada que se aprobará ahora. Irlanda será el único país que someta el texto al pueblo.
 
Ahora bien, el auténtico significado de la nueva fase que emprende la Unión tras este tratado sólo se puede conocer a la luz de su historia, que cumple cincuenta años.
 
La Unión surgió de la doble necesidad, europea y americana – partes de un todo que llamamos cada vez menos Occidente – de la paz. Una parte de la doctrina Truman, la defensa de aquellos países que podían verse amenazados por el comunismo, desembocó en el Plan Marshall. Aunque España no se benefició de él, supuso el inicio de un periodo de prosperidad económica que no llegó a terminar ni con las sucesivas crisis del petróleo de los setenta. En el lóbulo europeo se encontró con el hastío por la guerra y con una generación de políticos católicos dispuestos a aprovechar la oportunidad de hacer renacer Europa.
 
Adenauer, De Gasperi, Schumann propusieron la unión de las industrias que entonces se llamaban pesadas para hacer surgir una solidaridad de hecho que evitara las guerras. Con el éxito inicial del carbón y del acero vino la idea de unir el todo de las economías europeas, sobre la base de lo reconstruido por el dinero americano. Nace así el mercado común, o, en la formulación de muchos de sus críticos, una Europa de los mercaderes. Esto debía molestar a aquellos que miraban con un ojo hacia el Este y con el otro lamentaban que, entre mercaderes no suele haber guerras. Siguieron lo que en Francia llaman los treinta años gloriosos de la posguerra, por el avance económico que lograron.
 
Los tres primeros tratados, de la CECA, EURATOM y Comunidad económica europea pretendieron la creación de instituciones comunes en las que se compartiera la soberanía. Europa era consciente de su inanidad tras la guerra y veía en el poder compartido una doble salvación: prevenir la violencia y una posición en el mundo. Tras los años sesenta y el componente de revolución cultural que supusieron, se fueron diluyendo los objetivos originales. Por otra parte, lo que estaba concebido como la generación de un patriotismo europeo fundado en la historia común del continente fue perdiendo fuerza, debido a que no se superaba la idea específicamente económica de la comunidad. Buscando otro aspecto que pudiera alumbrar ese orgullo europeo se encontraron con la organización administrativa que eventualmente se desarrolló tanto que degeneró en el burocratismo. Ante esta situación que llega hasta mediados de los ochenta se intentó dar el impulso definitivo al mercado común con el Tratado denominado del Acta Única.
 
La concreción de este último exigía la adopción de numerosas reglas que se bautizaron con el nombre de las “trescientas directivas”. Es el momento del ingreso español en la comunidad. Tras este indiscutible avance y la caída del Muro de Berlín, Francia y Alemania vieron la oportunidad de lograr un incremento de su poder a través de la Unión política. Así fue surgiendo la idea que culminaría en el Tratado de Maastricht de 1992, completado luego con el de Ámsterdam de 1997. En este periodo surgió un rechazo a esta progresión principalmente capitaneado por Inglaterra, en la figura de la hoy baronesa Thatcher. No sólo temía que la unificación alemana variara el equilibrio europeo que ha sido la preocupación tradicional de las Islas en la historia europea, sino que la conjunción de la unión monetaria (alemana) con la política (francesa) diera lugar a un entramado administrativo difícil de controlar y eventualmente separado de la idea original de un patriotismo de hecho europeo.
 
Finalmente el poder de las propias instituciones comunitarias y la posibilidad de obtener puestos bien remunerados en Bruselas fue convirtiéndolas en los sujetos más importantes de la vida de la Unión, por encima de las naciones sin la cual no es nada. A su vez, la dificultad para lograr acuerdos, incrementada por el aumento de países  y la presencia desmesurada de la prensa convirtió a las cumbres europeas en momentos en los que había que decir que se había acordado algo aunque no significara nada.
 
En los sesenta, el general De Gaulle había querido evitar esta tendencia hablando de la Europa de las patrias. Es cierto que su preocupación principal era que Francia no perdiera demasiado poder, pero no lo es menos que sin patrias no habría Europa sino un administrativismo insustancial y despojado de interés y relevancia. La tendencia que se imponía, sin embargo, era la de Jean Monnet y de los hechos consumados de los poderes cada vez más descontrolados de los funcionarios. De Gaulle decía de Monnet que hacía buen coñac, pero que, por desgracia no le bastaba. Es una buena metáfora. Así como el alcohol podía alegrar el corazón del hombre europeo, la gris burocracia lo entristecía.
 
La voluntad de crear un Constitución europea llegó pues fuera de sazón. Peor fue el hecho de que se pretendiera que un fracasado político francés dirigiera sus trabajos. La percepción de los pueblos de Europa tendía a la perplejidad. Había sido difícil aprobar el Tratado de Maastricht y su dirección hacia la unión política. No estaba el árbol maduro para otros frutos. Además, la preocupación por la ampliación al Este había sido resuelta por el Tratado de Niza. La justificación de que eran necesarios otros mecanismos suprimiendo la unanimidad para muchos aspectos fue vista como excusa para propiciar el aumento de poder de Bruselas y el monstruo arquitectónico del Berlaymont donde tiene su sede la Comisión.
 
Tras la constatación de la negativa de Francia y Holanda sólo quedaba ponerse a trabajar en un objetivo menos ambicioso. De ahí ese tratado de reforma que hoy nos ocupa. La idea es la misma que la puesta en marcha en Maastricht. Es preocupante el aumento de poder de la política exterior de la Unión no quedando muy claro el ámbito de libertad de las naciones. No lo es menos el aumento de competencias en materias de justicia e interior  basándose en la excusa de la seguridad. La inclusión de una carta de derechos, no en el tratado mismo pero con el mismo valor vinculante, hace temer por la confusión entre las propias constituciones nacionales, la Convención europea de Derechos humanos y el nuevo texto. ¿Le interesaba tanto al ciudadano?
 
Cada vez parece más que la inercia, u otros poderes más o menos ocultos – ¿se sabe que Solana puede ser el único cargo en su puesto en el año 2009 consecuencia del vacío generado por las elecciones al parlamento y la ausencia de una comisión elegida? – están creando una especie de ONU europea. Un organismo sin alma ni mayor preocupación que engendrar falsos consensos sobre la nada,… o sobre el “progresismo” políticamente correcto que nos anega. Cuando se sabe que estas fuerzas abogan por una política exterior antiamericana y una consideración de la seguridad como una exclusiva cuestión policial, se ve hasta qué punto se ha hurtado la opinión del pueblo en todo ello.
 
Por fin, los problemas reales, presentes en toda una literatura actual que no se comenta en Bruselas, desde “Los últimos días de Europa” de Walter Laqueur hasta “America Alone” de Mark Steyn, pasando por “Eurabia” de Bat Yeor o “Londonistan” de Melanie Phillips, hacen pensar que la Unión ha perdido el tren de los tiempos. La falta de nacimientos que no preocupa a nadie, sin embargo, pone completamente en entredicho el supuesto modelo de bienestar europeo y denota una falta de fibra moral que quizá sea lo que se refleja en la Unión de nuestros días. Contrasta además con ciertas políticas nacionales en Alemania, Francia, Holanda, etc… que tratan por su cuenta de reducir el gasto excesivo y los problemas de integración de cierta inmigración, especialmente la musulmana. Mientras, países con graves problemas, España sin ir más lejos, o la propia Bélgica en plena crisis nacional parecen no tener que ver con lo que se hace en la Unión.
 
Espronceda iba a entrar en Lisboa, donde se congregan hoy los mandamases europeos, con muy poco en el bolsillo y, al ver la ciudad se dijo: "saqué un duro, único que tenía, y me devolvieron dos pesetas, que arrojé al Tajo porque no quería entrar en tan gran capital con tan poco dinero". No estaría de más que alguien tuviera la grandeza de espíritu suficiente para hacer hoy lo mismo con el tratado. Hay que pararse a pensar un poco y preguntarse a dónde nos lleva esta inercia, a ver si – desde el punto de vista de un patriotismo estrictamente europeo - nos compensa, o no.

 
 
Juan F. Carmona Choussat es Licenciado y Doctor en Derecho cum laude por la UCM, Diplomado en Derecho comunitario por el CEU-San Pablo, Administrador civil del Estado, y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Su libro más reciente es "Constituciones: interpretación histórica y sentimiento constitucional", Thomson-Civitas, 2005.


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