“Con violencia, solo les queda el camino del Estado de Derecho”. Esa es la frase clave. En esas pocas palabras, pronunciadas por la vicepresidenta del gobierno Maria Teresa Fernández de la Vega tras el brutal atentado del terrorismo vasco en Durango, se resume espléndidamente la concepción del gobierno de la lucha contra el terrorismo, en este caso el de ETA. Aunque no representa nada nuevo, el mensaje está claro: con violencia el Estado de Derecho, sin violencia puede negociarse un forzamiento del mismo para dar acomodo a parte de las aspiraciones de la banda terrorista.

 

Tras el anuncio público de ETA de fin del “alto el fuego unilateral”, que la banda terrorista no respetó nunca realmente ya que, además de armarse y seguir ejerciendo la extorsión a empresarios, puso un coche bomba en el aeropuerto de Madrid en diciembre de 2006, el gobierno de Rodríguez Zapatero se había hecho ilusiones no confesadas.

 

El ejecutivo socialista confiaba en que, con la presión policial, los acuerdos con un sector del PNV, la presión sobre HB y la presión mediática, podrían impedir un atentado o al menos dificultarlos en gran medida hasta las elecciones generales.

 

Paralelamente a esta ensoñación, los dirigentes socialistas vascos reemprendieron un discurso negociador, recordando a ETA que ésta era posible, afirmando algunos de ellos como Rodolfo Ares o Miguel Buen, que incluso con violencia podría haber negociación si no había mas remedio (estas afirmaciones tuvieron que ser matizadas por petición expresa de Rodríguez Zapatero).

 

Pero ETA no jugaba, ni juega, la misma partida. Para los jefes terroristas, lo que el gobierno entendía como mensajes de buena voluntad para buscar una salida digna, era en realidad una expresión de debilidad. De ahí han deducido que, como en el pasado, como hasta ahora, un aumento de la “ofensiva armada” crearía condiciones para convencer al gobierno de que “no es posible una salida al conflicto desde la represión sino desde el respeto a la voluntad del pueblo vasco”.

 

Así, al margen de una ofensiva terrorista, neutralizada por las fuerzas de seguridad hasta los hechos de Durango, se han sucedido los actos de kale borroka, el terrorismo de baja intensidad de los nacionalistas vascos, la agitación desde las instituciones reocupadas por los representantes políticos de ETA en las últimas elecciones municipales por cesión del gobierno, y una renovación de las movilizaciones por la “autodeterminación”. No ha faltado en este contexto la ayuda representada por la iniciativa política del lehendakari Ibarretxe y del PNV recordando la promesa de un referéndum de soberanía, contra la que se ha pronunciado el presidente del PNV José Jon Imaz por discrepancias tácticas abriendo un nuevo frente en el debate interno nacionalista.

 

 

Tras el atentado de Durango, el Partido Popular planteó ágilmente una propuesta que sintonizo con la mayoría de la opinión pública trasladando el nerviosismo al gobierno socialista: reconstruir el pacto antiterrorista sobre la base de las iniciativas para ilegalizar ANV, las antiguas siglas rescatadas por iniciativa de ETA para las elecciones municipales.

 

Tras los bandazos socialistas respecto a Navarra donde había pactado con el PNV un acercamiento “blando” a las tesis nacionalistas frente a la propuesta de ETA-Batasuna en Loyola de un pacto cerrado y público por la integración de Navarra en Euskadi, la propuesta popular creó una situación de vacío en torno al gobierno.

 

La rectificación de Navarra, donde la dirección del PSOE se vio obligada a abandonar incluso el acercamiento “blando” al conocer las encuestas en toda España contra la opinión de los socialistas navarros, ya estaba pasando factura. Iniciar ahora un proceso de ilegalización de ANV aplicando la ley de partidos vigente pactada entre los socialistas y Aznar amenazaba con aumentar la crisis en las filas socialistas.

 

Antes de las elecciones municipales, con los contactos ETA-gobierno por un lado y PSOE-PNV-Batasuna por otro en pleno funcionamiento, el gobierno tuvo que hacer equilibrios en la cuerda legislativa para “abrir un espacio político a la izquierda abertzale” dando la sensación a la vez de respeto a ley. De ahí nació el esperpento de ilegalización de listas de Batasuna, la legalización de las de ANV (con candidatos de Batasuna) y la kafkiana decisión sobre Navarra donde a unos mismos candidatos se les impidió concurrir a las elecciones al parlamento regional mientras pudieron ser candidatos a concejales del ayuntamiento de Pamplona.

Desde el punto de vista abertzale, el recurso a ANV fue una solución… para el PSOE.

 

Las viejas siglas nacionalistas, nacidas mucho antes que ETA eran un camuflaje perfecto y como, además, habían firmado en el pasado una “renuncia a la violencia”, proporcionaban a los socialistas un recurso dialéctico inmejorable contra la “demagogia” del Partido Popular. Pero el gobierno ocultaba informes del CNI y la Guardia Civil demostrando la ocupación de ANV por Batasuna, la existencia de candidatos batasunos en sus filas, la repetición de asesores jurídicos,  interventores e, incluso, trabajadores en nómina entre los que estaba algún etarra buscado por los jueces, ni más ni menos.

 

Pero el atentado de Durango y la iniciativa del PP han cambiado el escenario. Los concejales elegidos en listas de ANV o similares no pueden ser desposeídos incluso si se ilegalizan las organizaciones que los presentaron y ANV, repitiendo milimétricamente el discurso de Batasuna de siempre, se ha negado a condenar el atentado porque “es consecuencia de la ausencia de soluciones y de voluntad por parte del gobierno”.

 

Ante esa situación, el PSOE ha elegido a su mejor portavoz, el más experimentado en el sofisma socialista, para salir de la situación: Alfredo Pérez Rubalcaba. Se trata de afirmar que se obró bien con ANV, ofreciendo a los etarras la vigencia del mensaje de la mano tenida y, a la vez, recordarles que el horizonte de la ilegalización y que un eventual acuerdo antiterrorista con el PP no está necesariamente lejos.

 

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que si algo ha podido aprender durante el proceso de diálogo con la banda terrorista ETA es que "la autonomía de Batasuna es cero" porque "no es capaz de encargar un café sin pedir permiso a ETA".

 

El vínculo Batasuna-ETA tiene, según ha asegurado Rubalcaba, "consecuencias jurídicas" y "políticas", toda vez que la formación ilegalizada "nunca podrá presentarse ante la sociedad vasca como algo distinto de lo que es, puramente un apéndice de ETA".

 

Respecto a las hipotéticas conexiones entre Batasuna y ANV, Rubalcaba ha explicado que el fiscal y los jueces trabajan en ello, si bien ha remarcado la necesidad de contar con "seguridad jurídica" antes de adoptar cualquier decisión.

 

"Cuando el Estado va a los tribunales debe tener la seguridad de que va a ganar en los tribunales", ha añadido el ministro, tras subrayar que sobre este asunto "delicado" no se pueden dar "pasos en falso".

 

Todo esto no es más que palabrería. Es un programa de acción política para los próximos meses.

 

Que Batasuna no es capaz de hacer nada sin consultar con ETA no es algo nuevo, ni nada que el ministro Rubalcaba, ex portavoz de los gobiernos de Felipe González en la etapa de los GAL, desconociera hasta “el proceso de diálogo con ETA”. Es no solo una verdad conocida sino expresada jurídicamente en el citado Pacto Antiterrorista y en la ley de partidos que llevó a la ilegalización de aquella formación. Solo que ahora el ministro del Interior lo recuerda como mensaje a navegantes con pistola y de  cara a una opinión pública donde el PP ha subido enteros por la política antiterrorista del gobierno PSOE que ha aparecido como proclive a un acuerdo con ETA antes que decidido a una derrota del terrorismo nacionalista. El PSOE gobernante tiende la mano a ETA “si abandona la violencia” y le recuerda a todos, hay elecciones generales en unos meses, que puede volver a la dureza formal en cuanto lo decida. Otra vez la trampa tendida por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero experto en manejar mensajes y medios y en suscitar en los partidos aledaños y de la oposición las dudas que necesita para mantener las distancias.

 

 

Pero la insistencia de los dirigentes del socialismo vasco en una eventual vuelta a la mesa de negociación “en un escenario de ausencia de violencia” no ha cesado y en ese mensaje tratan de acompasarse con un PNV en plena crisis de orientación táctica.

 

En la última reunión de la dirección del partido nacionalista vasco, las intervenciones del presidente del partido Josu Jon Imaz han estado marcadas por los mismos parámetros que el PSOE. Es decir, basadas en la necesidad de encontrar un marco de colaboración con el “gobierno de Madrid” expresado exactamente así para dejar abierta la posibilidad de un acuerdo que sea también posible con el PP.

 

De hecho, Josu Jon Imaz ha mantenido varias reuniones con Mariano Rajoy, en la convicción de ambos de que tras las próximas elecciones generales puede surgir un escenario de difícil gobernabilidad con un PP ganador pero dificultado para hacer un gobierno estable.

 

Este acuerdo estaría fijado en torno a unas pocas cuestiones vitales para el nacionalismo: mantener un acuerdo básico en cuestiones financieras y de estabilidad, estudiar la posibilidad de una “ampliación del marco estatutario” y no forzar la cuestión soberanista hasta que ETA y los suyos estén neutralizados. El fantasma de un futuro acuerdo entre socialistas y actuales aliados en ETA o similares en un gobierno “a la catalana” es algo que obsesiona y preocupa el PNV y al que Imaz quiere hacer frente reservándose la posibilidad de establecer alianzas con los partidos “españoles”. Frente a él, como es sabido, están el propio Ibarretxe y Eguibar que quieren cerrar un frente nacionalista con ETA sin matar pero sin derrotar, que fuerce la ruptura constitucional.

 

El gobierno de Rodríguez Zapatero está atento a los varios frentes que le plantea la situación vasca con los datos de las encuestas en la mano. Ya ha decidido una campaña para reivindicar la palabra España y “demostrar” el apego de los socialistas a la misma y tratar de hacer compatible esa campaña con la errática política territorial que el propio Zapatero inició nada tomar el poder y para consolidar el mismo con su alianza con las minorías nacionalistas.

 

Pero, además, las encuestas le dicen que aparece como blando ante ETA y está avanzando en su estrategia para demostrar la “falsedad” de esta afirmación y, al mismo tiempo, demostrar su voluntad negociadora frente a la “intransigencia” del PP. Ya ha negado, como Pedro a Jesús, haber negociado el gobierno de Navarra y ha desautorizado a los suyos para llevarlo a cabo. Ahora le toca demostrar dureza. Es posible que ensaye medidas contra ANV o una radicalización del lenguaje contra Batasuna tras haber declarado en el pasado reciente que Otegui era un “hombre para la paz”.

 

En el fondo, la política antiterrorista del gobierno de Rodríguez Zapatero no está encaminada, no lo ha estado nunca, a derrotar a ETA sino a obligarla a negociar a la baja. Ese es el punto en que quiere encontrarse con el PNV o con parte de él.

 

 

La fiscalía de las Audiencia Nacional ha solicitado informes a los cuerpos de seguridad sobre los eventuales lazos de ANV con ETA y Batasuna para iniciar un posible proceso de ilegalización. Hay que hacer notar que la solicitud la ha hecho la fiscalía de la Audiencia Nacional y no la Fiscalía General del Estado aunque esto no tiene por que tener consecuencias jurídicas especiales.

Serán los enésimos informes. Sobre la mesa del presidente del gobierno, del ministro del Interior, de jueces y fiscales, existen informes sobre cómo ha sido Batasuna quien ha ocupado ANV, llenado sus listas, provisto de interventores, asesores jurídicos, locales donde reunirse, aparatos de propaganda donde elaborar panfletos, comunicados periódicos y carteles electorales. Además, los servicios secretos han proporcionado abundante material de comunicaciones entre los responsables legales de ANV y dirigentes de Batasuna y hasta del Partido Comunista de las Tierras Vascas, otra de las siglas de ETA para la política, para coordinar acciones, plantear recursos y planificar el desembarco en ayuntamientos y otras instituciones.

 

No es precisamente falta de indicios y pruebas lo que tiene el gobierno para iniciar un proceso que, a fin de cuentas son los jueces quienes tienen que concluir. No salir airoso en un proceso de ilegalización de un partido con complicidades políticas con el crimen no sería un fracaso sino una demostración de voluntades políticas.

 

Pero esa es la clave: la voluntad.

 

Como en el fondo, Rodríguez Zapatero no ha renunciado a “un fin negociado de la violencia” como él suele decir, el inicio de un proceso de ilegalización de ANV no está pensado como un instrumento más para avanzar hacia la derrota de ETA sino una vuelta de tuerca más para obligar a los jefes de la banda criminal a sentarse en la mesa de negociaciones.

Como ya se parte de una aceptación de una “salida para Navarra”, aunque no hubo acuerdo sobre el tempo, punto en el que se encalló la mesa de Loyola, y como de la experiencia catalana y la de las conversaciones ZP-Imaz se deduce que el marco político es negociable “en ausencia de violencia”, ETA no va a bajar el listón ahora. Para ellos, sus “acciones armadas” han llevado al gobierno a aceptar que la negociación es el único camino solo que “está secuestrado por los poderes fácticos y no es capaz de demostrar un auténtica voluntad de resolver el conflicto”.

 

En ese pulso de mensajes y crímenes, hasta ahora ha sido el gobierno socialista el que más ha corrido con la mano tendida y el que más ha cedido, en la forma y en el fondo aunque no todo lo que los terroristas hubieran querido y creen merecer.

 

Ahora recurre a gestos de aparente dureza por presión de los sondeos electorales. Pero añade enfáticamente: “Con violencia, solo les queda el camino del Estado de Derecho”. Sin violencia, ya se sabe, todo es discutible porque los conceptos de nación son discutidos y discutibles.

 

Para Rodríguez Zapatero, acabar con las acciones de ETA vale cualquier decisión, incluso alimentar y fortalecer los mitos que han motivado sus asesinatos. Al fin y al cabo, todo es relativo y si el precio de que acaben las muertes es poner en riesgo la libertad y el Estado de Derecho a medio plazo, no hay que preocuparse. “La paz no tiene precio que no se pueda pagar”. Que siga la música.