Zapatero metió mano en la chistera presupuestaria y anunció en su discurso del debate sobre el estado de la Nación una subvención de 2.500 euros por nacimiento de un nuevo hijo. Con ello pretendía, y en parte ha conseguido, desviar la atención sobre el tema central de ese debate, su fracasada negociación con ETA, con una propuesta que a buen seguro ha recibido el aplauso de la mayoría de la ciudadanía. Pero más allá de la improvisación de la que hizo gala el Jefe del Ejecutivo, aún hoy sigue habiendo dudas sobre como se ejecutará la medida, el gesto resulta manifiestamente insuficiente para salvar una Legislatura en la que la familia ha sido la gran olvidada del Gobierno socialista.

 

La familia española es con diferencia la que recibe un menor apoyo por parte de las administraciones públicas de toda Europa. La familia tiene en general un tratamiento fiscal mucho más favorable en la mayoría de los países europeos y recibe, especialmente en los más desarrollados, ayudas mucho más cuantiosas por la existencia de hijos de las que se perciben en nuestro país. Esta tradicional falta de apoyo a la familia por parte del Estado ha sido parcialmente subsanado en los últimos años por parte de algunas comunidades autónomas, como es el caso del Gobierno de Castilla y León, que en la pasada legislatura diseñó una política de apoyo a las familias que pasaba desde la concesión de ayudas directas por nacimiento, la creación de guarderías para niños de 0 a 3 años o importantes ventajas fiscales para las familias numerosas.

 

La familia ha sido por el contrario la gran olvidada del Gobierno Zapatero sin que exista una sola medida, más allá de esta subvención ahora anunciada, de apoyo a esta institución básica de la sociedad. Es más, la reforma estrella del Gobierno en este ámbito, el matrimonio homosexual, puede más bien catalogarse como una agresión a la familia al establecer una equiparación conceptual de dos cosas que no son iguales. Tampoco puede considerarse una medida de apoyo una reforma del divorcio que hace el contrato matrimonial el más endeble de nuestro ordenamiento jurídico.

 

España está viviendo, en contra del diagnóstico de Zapatero, una importante crisis en la familia. Nuestro índice de natalidad se sitúa entre los más bajos del mundo y sólo repunta levemente como consecuencia de la masiva inmigración recibida en los últimos años. Proliferan cada vez más en nuestros hogares las parejas sin hijos y los hijos únicos, los nietos únicos y los sobrinos únicos. Los jóvenes retrasan cada vez más la edad para formar una familia, lo que sin duda tiene que ver con la estabilidad en el empleo y con el encarecimiento del precio de la vivienda, pero que está relacionado también con un cambio de mentalidad. En algunas comunidades autónomas es ya mayor el número de matrimonios que se extinguen del que se forman.

 

Esta crisis está teniendo efectos catastróficos para nuestra demografía, poniendo en riesgo no sólo la viabilidad futura de nuestro sistema de bienestar, sino incluso el necesario reemplazo generacional de nuestra sociedad. La inmigración ha paliado e incluso invertido la tendencia a perder población, pero quién entienda la política migratoria como un sustituto de la política de familia está conduciendo a nuestra sociedad a su desaparición como tal.

 

Hay además una crisis de valores asociada a la crisis de la familia. Los hijos han pasado de la primera a la última prioridad en nuestro proyecto vital. Los jóvenes, que se ven obligados a ampliar su proceso de formación hasta más allá de los treinta años, tienen como prioridad encontrar un empleo estable y adquirir una vivienda que cada vez resulta más inasequible. Sólo entonces se plantean algunos el matrimonio o se deciden a abandonar el hogar paterno. Pero incluso entonces retrasan la llegada de los hijos en la idea de que tienen que disfrutar un poco más de la vida, como si los hijos además de un sacrificio no fueran la principal satisfacción que un hombre y una mujer pueden tener en su existencia.

 

Hay por tanto una tendencia en esta sociedad, en la que todo se relativiza y en la que el consumo y la cultura del placer son sus valores predominantes, una cierta resistencia a asumir la responsabilidad que implica el matrimonio en primera instancia y los hijos en segundo término. Existen además dificultades objetivas para formar una familia y hay una clamorosa falta de apoyo por parte de la administración pública para una realidad que resulta vital para la propia supervivencia de nuestra sociedad. Bienvenidos sean por tanto los 2.500 euros por nacimiento anunciados por el presidente del Gobierno, pero no son suficientes. Necesitamos una política mucho más integral y mucho más ambiciosa de apoyo a la familia, a las que existen y a las que deben formarse en el futuro. Este debería ser un tema central para la próxima legislatura.