A pesar de las esperanzas suscitadas, el juicio no ha servido para saber quién o quiénes decidieron atacarnos el 11 de marzo de 2004 con la finalidad de lograr que el PSOE ganara las elecciones de 2004. Sin embargo, eso no quiere decir, ni mucho menos, que la futura sentencia vaya a carecer de trascendencia política. La tendrá, y mucha. Veamos porqué.

 

El conjunto de la opinión pública intuye que el tribunal, a pesar suyo, desempeñará, por medio de la sentencia, el papel de árbitro entre conspiracionistas y oficialistas, y señalará quién “tiene razón”. Con todo, esto no es demasiado importante. No lo es porque, primero, no todos los medios pueden fácilmente encuadrarse en uno u otro grupo; segundo, porque, aunque el Gobierno es abiertamente oficialista, como no podía ser de otro modo, no tiene enfrente una oposición que merezca el nombre de conspiracionista, ya que sólo algunos miembros concretos del Partido Popular han criticado algunos aspectos de la versión oficial; y, tercero, porque la opinión pública, el electorado, en suma, no puede ser dividido en esas dos categorías como se les divide en electores de izquierda o derecha, sino que hay una amplia mayoría que se limita a pensar que no se sabe toda la verdad del 11-M, con independencia de que, dentro de ella, haya personas más o menos inclinadas a dar por buena, en lo sustancial, la versión oficial.

 

La gravedad política de la sentencia se deriva de otro hecho: la legitimidad, que no la legalidad, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero depende de que la sentencia corrobore la versión oficial. En efecto, durante las jornadas inmediatamente posteriores al atentado, el PSOE podía muy bien haberse limitado a aceptar las informaciones que fue suministrando el gobierno del PP como las únicas realmente disponibles, mucho más cuando las más relevantes apuntaban a la autoría islamista, que era la que más convenía a sus intereses electorales (cinta con versículos coránicos, reivindicación islamista y detención de un marroquí llamado Jamal Zougam). Sin embargo, no hizo eso. Por un lado, difundió entre los medios de comunicación que el Gobierno estaba ocultando a la opinión pública la presencia de terroristas suicidas en los trenes; y, por otro, movilizó a su electorado para que se agolpara ante las sedes del PP y reclamara saber la verdad antes de acudir a las urnas. La persona que difundió aquella mentira con la que provocar esta movilización fue el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como reveló Pedro J. Ramírez en un artículo publicado el 15 de abril de este año, sin haber sido desmentido por nadie. Naturalmente, cabe que Zapatero fuera a su vez intoxicado por un tercero, pero resulta sospechoso que no lo haya denunciado, que es lo que haría cualquiera que se viera sorprendido en su buena fe.

 

Es decir, el PSOE de Zapatero montó su victoria en las elecciones de 14 de marzo de 2004 sobre dos pilares: primero, el Gobierno del PP mentía, aunque la acusación consistía más propiamente en atribuirle la ocultación de datos relevantes de la investigación; segundo, el 11-M fue, sin sombra de duda, obra de islamistas o, mejor dicho, de estos islamistas.

 

El primer pilar, aunque muy deteriorado, se mantiene en pie gracias a que el gobierno del PP insistió en afirmar hasta el día de las elecciones algo esencialmente cierto, que todas las hipótesis seguían abiertas, pero dando la impresión de que le seguía pareciendo más probable la autoría etarra a pesar de no existir, por entonces, más que indicios, pero no pruebas. En nada puede afectar la sentencia a este pilar. Hace tiempo que se sabe que el gobierno no ocultó ninguna prueba y que el mantenimiento de la tesis etarra se basó sólo en indicios, pero muy vehementes: en el atentado de Chamartín, frustrado la Navidad anterior, en la furgoneta interceptada en Cañaveras con quinientos kilos de explosivo unos días antes del atentado y en que en la misma se halló un mapa en que se señalaban algunos lugares del corredor del Henares, precisamente el corredor que atravesaron los trenes atacados.

 

En cambio, el segundo pilar, que el atentado fue obra de estos islamistas, depende de la sentencia. Si ésta absolviera a todos los acusados del delito de asesinar a 191 personas en los trenes de cercanías la mañana del 11 de marzo (otra cosa son los delitos de tráfico de explosivos, integración en organización terrorista o cualquier otro), el gobierno de Zapatero tendría que afrontar las próximas elecciones generales con un gravísimo déficit de legitimidad, no tanto por lo que hizo durante los días inmediatamente posteriores al atentado, que también, sino sobre todo por haberse empeñado durante estos años en sostener la versión del atentado que estuvo vigente en el momento de ir a votar en 2004 a pesar de los profundos agujeros que hay en la investigación, y que una sentencia absolutoria pondría de relieve.

 

Además, no sólo una sentencia totalmente absolutoria acarrearía el déficit de legitimidad expuesto. También lo haría otra que contuviera la absolución de Jamal Zougam, aunque condenara a otros, porque fue su detención la que convenció a los españoles de la autoría islamista del 11-M. Su absolución pondría de relieve: primero, que su detención fue una medida excesiva, quizá encaminada a condicionar al electorado, y segundo y sobre todo, que su mantenimiento en prisión durante más de tres años y su sometimiento a juicio fueron acuerdos desproporcionados encaminados a sostener la mayor cantidad de tiempo posible aquella versión de los hechos que ha estado vigente desde el 14-M hasta hoy.

 

En cambio, si la sentencia considerara probada la participación de Jamal Zougam en el atentado, la versión oficial se vería confirmada y el gobierno podría respirar tranquilo porque la sentencia ratificaría que ya el 14 de marzo los españoles supimos lo esencial de la verdad del atentado del 11 de marzo.

 

En resumen: la sentencia tendrá una importante repercusión en la opinión pública y, por tanto, influirá en el resultado de las elecciones de 2008. Examinemos qué posibilidades hay de que ratifique o reste credibilidad a la versión oficial de la que tanto depende el Gobierno.

 

 

Esta larga introducción era necesaria para descubrir cuáles van a ser en la sentencia los elementos trascendentales desde un punto de vista político. Se puede afirmar que confirmará la versión oficial si condena a alguno de los acusados (cuantos más mejor) por el delito de haber asesinado a 191 personas, sobre todo si, entre ellos, está Jamal Zougam. Si la sentencia absuelve a todos los acusados de este delito, la supervivencia de la versión oficial dependerá de que la sentencia considere o no probado que fue la célula de Leganés, entre suicidados y huidos, la que perpetró el atentado.

 

Veámoslo en detalle.

 

La versión de la Fiscalía es, en resumen, la siguiente: tres cerebros (El Egipcio, el Haski y Youssef Belhadj) idearon el atentado y dieron la orden a la célula de Leganés. Ésta obtuvo los explosivos necesarios después de que un intermediario, Rafá Zouhier, los pusiera en contacto con una red de tráfico de Goma 2 ECO situada en Asturias y dirigida por Suárez Trashorras. La célula de Leganés, integrada por los que se suicidaron en el piso de la calle Martín Gaite, otros miembros huidos y por los acusados Bouchar, Gnanoui y Jamal Zougam, colocaron las bombas en los trenes la mañana del 11 de marzo de 2004. Así pues, ocho son los acusados de haber cometido el delito de asesinar a 191 personas, los tres primeros como inductores, Zouhier y Trashorras como cooperadores necesarios y los tres últimos como autores materiales. Dado que las acusaciones contra los tres “cerebros” y los suministradores del explosivo se basan en el hecho previo de que fue la célula de Leganés la que cometió el atentado, la cuestión sustancial que primero tiene que resolver la sentencia es si fue o no esta célula la que colocó las bombas. En caso de que respondiera negativamente a esta pregunta (no en el sentido de negarlo, sino en el sentido de no haber quedado demostrado que lo hiciera), todos los acusados serían absueltos del delito de asesinato.

 

Por otra parte, si la sentencia considerara probado que fue la célula de Leganés la que colocó las bombas, carecerá de interés lo que decida respecto a siete de los ocho acusados, salvo lo que se refiere a Zougam por las razones antes expuestas (fue su arresto el día antes de la votación lo que tuvo un impacto político decisivo). Así que son estos dos asuntos los que deben atraer nuestra atención cuando conozcamos la sentencia y se trate de valorarla políticamente:

 

1ª         ¿Fue la célula de Leganés la que colocó las bombas?

2ª         En caso afirmativo, ¿participó Jamal Zougam en el atentado?

 

Examinemos las dos cuestiones.

 

¿Fue la célula de Leganés la autora del 11-M?

 

Puede considerarse probado que en Madrid existía una célula terrorista islámica dirigida por Jamal Ahmidan, El Chino, que adquirió Goma 2 ECO de una red asturiana dedicada al tráfico de explosivos con el propósito de realizar atentados en España. Lo que la hace sospechosa de haber cometido el 11-M es básicamente la Goma 2 ECO hallada en la mochila de Vallecas y la tarjeta telefónica alojada en el teléfono móvil que tenía que servir como iniciador, ya que algunas tarjetas pertenecientes a la misma partida que aquélla fueron activadas en la BTS de Morata de Tajuña, esto es, probablemente en la finca alquilada por El Chino para almacenar el explosivo y montar las bombas.

 

La mochila de Vallecas apareció en una de las bolsas de enseres recogidos por la Policía en la estación de El Pozo y llevadas, primero, al IFEMA y luego a la Comisaría de Puente de Vallecas. Una vez encontrada, pudo ser desactivada por los TEDAX y gracias a ella se realizaron las primeras detenciones, en especial, la de Jamal Zougam, único de los detenidos el día 13 que fue acusado, procesado, y hoy juzgado como autor material del 11-M.

 

En principio, si aparece una bomba sin explosionar entre los enseres recogidos en una de las estaciones donde estalló uno de los trenes atacados, lo lógico es deducir que se trataba de una bomba que, estando colocada en uno de los convoyes, no estalló por haber sido fabricada de un modo defectuoso. De ser efectivamente así, la deducción lógica sería que el resto de las bombas, las que sí estallaron, fueron fabricadas de igual modo y con los mismos materiales.

 

Sin embargo, existen muchas dudas de que, en efecto, ésta fuera una de las bombas colocadas por los terroristas y no una pista falsa, colocada con posterioridad al atentado, con idea de dirigir la investigación en una dirección determinada.

 

En primer lugar, los TEDAX revisaron entre 2 y cuatro veces todos los objetos recuperados de la estación de El Pozo y resulta improbable que les pasara desapercibida ésta cuando, en la misma estación, descubrieron otra mochila sin estallar que, al tratar de desactivarla, hizo explosión.

 

En segundo lugar, con independencia del debate sostenido por conspiaracionistas y oficialistas respecto de la cadena de custodia de los bienes rescatados desde que se recogieron hasta que se llevaron a al Comisaría de El Puente de Vallecas, el caso es que no puede descartarse que, con connivencia o no de algún policía, la mochila fura colocada entre los mismos después de ocurrido el atentado, ya sea en la estación, en el IFEMA, que es el lugar más probable, o en la misma comisaría.

 

En tercer lugar, porque el defecto que hizo que la bomba no estallara, la falta de encintado en los empalmes de los cables, constituye un error de fabricación tan burdo que hace sospechar que la bomba fue fabricada ex profeso para que no estallara y dirigir la investigación.

 

En cuarto lugar, es probable que la mochila de Vallecas tuviera por finalidad conducir hasta Jamal Zougam y confirmar así la autoría islamista antes de las elecciones, ya que el teléfono contenía una tarjeta vendida en su locutorio cuando el mecanismo de activación de la bomba (la alarma despertador del teléfono) no necesita de la tarjeta para funcionar.

 

¿Son suficientes estas dudas para concluir que la mochila de Vallecas no es una prueba fiable para reconstruir los hechos? Es difícil saber lo que concluirá el tribunal.

 

Hay, sin embargo, una quinta circunstancia que hace sospechar de la fiabilidad de la mochila: el hecho de que la prueba pericial de los explosivos no haya podido confirmar que lo que estalló en los trenes fue Goma 2 ECO y la aparición en los vestigios recogidos de los focos de sustancias incompatibles con esta clase de explosivo.

 

Bueno, podrán decir unos, si no se sabe lo que estalló en los trenes, el explosivo pudo muy bien se Goma 2 ECO como cualquier otro. Es cierto, pero el tribunal podría preguntarse ¿por qué durante los tres años de instrucción y muy especialmente en los días inmediatamente posteriores al atentado, ningún responsable de la investigación se preocupó de asegurarse científicamente de que lo estallado en los trenes fue Goma 2 ECO y confirmar desde el principio la versión oficial y dotar de credibilidad a su prueba de cargo más importante, la mochila de Vallecas? ¿No será porque los análisis realizados no arrojaron esa conclusión y se prefirió no seguir analizando para evitar el bochorno de tener que empezar de nuevo desde cero o por otros motivos más o menos inconfesables?

 

Es decir, el tribunal puede preguntarse por qué los responsables de la versión oficial que le están presentando no se preocuparon de apuntalarla del modo más sencillo que había, analizando exhaustivamente los focos, y prefirieron dejar que durante años se especulara sobre el explosivo empleado, minando la credibilidad de su versión, si no es porque los primeros análisis realizados no confirmaron la Goma 2 ECO.

 

Por esta razón, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, en sus conclusiones finales ha incluido una afirmación sorprendente: da igual lo que estalló en los trenes porque las pruebas son abrumadoras en contra de los procesados. Él sabe, como cualquiera que haya seguido el juicio, que conocer lo que estalló en los trenes hubiera sido esencial para, en el caso de ser Goma 2 ECO, como la Fiscalía sostuvo sin fundamento durante toda la instrucción, corroborar la versión oficial, o para tirarla completamente abajo, en el caso de haber sido otro explosivo. Entonces, ¿por qué Zaragoza se empeña en incluir una afirmación tan obtusa como es la de que da igual qué estalló en los trenes? Sólo hay una explicación racional: para justificar el nulo interés que la Fiscalía ha tenido durante la instrucción de averiguar, sin género de duda, qué estalló en los trenes.

 

Lo sustancial, sin embargo, es que la Fiscalía no ha podido demostrar que el atentado se cometió con Goma 2 ECO procedente de mina Conchita habiendo tenido en su día ocasión de hacerlo. Es decir, no hay seguridad absoluta de que fuera la célula de Leganés la que colocó las bombas.

 

 

A Jamal Zougam lo incriminan dos cosas: primero, fue él el que vendió la tarjeta telefónica alojada dentro del teléfono que tenía que activar el explosivo de la mochila de Vallecas; fue reconocido por cuatro pasajeros en tres diferentes trenes y con diferente ropa.

 

A la vista está que las pruebas son débiles. Por mucho que Jamal Zougam sea tenido por un peligroso fundamentalista, vender tarjetas telefónicas no constituye ningún delito.

 

Por otra parte, ya hemos visto que el sistema de activación de la bomba, a través de la alarma del teléfono móvil, no necesita tener una tarjeta para funcionar. ¿Por qué la colocaron, entonces? Pues muy bien pudieron haberlo hecho, como ya se dijo antes, para que la bomba desactivada condujera hasta un conocido islamista, Zougam, antes de la celebración de las elecciones y garantizar así que se produjera el resultado deseado, la victoria del PSOE. En cualquier caso, haber vendido la tarjeta de la mochila de Vallecas, no puede ser de ningún modo suficiente prueba para condenar a Zougam por el asesinato de las 191 víctimas del 11-M.

 

Lo que hace que esta prueba lo inculpe es el hecho de haber sido reconocido dentro de los trenes junto con el hecho de haber negado él expresamente haber estado en ellos aquella mañana.

 

El Fiscal presenta como concluyente el reconocimiento hecho por dos grupos de testigos que lo vieron en dos trenes, con diferentes ropas e incluso con una férula en la nariz, en un caso, y sin férula, en otro, suponiendo que Zougam, en realidad, colocó dos mochilas en dos trenes distintos. Así pues, la Fiscalía afirma que Zougam se subió en el tren que estalló en El Pozo con una férula en la nariz, colocó una mochila-bomba, se apeó en la siguiente estación, se quitó la férula, se cambió de ropa, subió al que estalló en Santa Eugenia, dejó allí una segunda mochila y se bajó antes de que llegara al lugar donde estaba previsto que estallara. Sin embargo, esta versión plantea un problema: el testigo que lo vio en el tren que estalló en El Pozo sólo recuerda una mochila, no dos. Tampoco explica donde llevaba guardada la ropa que Zougam necesitaba para cambiar su aspecto al cambiar de tren. Y por último, no aclara qué necesidad tenía un terrorista de cambiar de tren para colocar dos bombas, una en cada uno de ellos, cuando en algunos de los convoyes llegaron a colocarse hasta cuatro artefactos.

 

Los problemas de la Fiscalía se hubieran podido resolver si hubiera sido capaz de demostrar alguna clase de relación con alguno de los miembros de la célula de Leganés, pero tal relación no se ha demostrado.

 

En estas condiciones, lo más probable es que la sentencia absuelva a Jamal Zougam de todos los cargos. Si fuera finalmente así, aunque se siguiera considerando responsable del atentado a la célula de Leganés, los españoles sabríamos que acudimos a votar el 14 de marzo sin que ninguno de los detenidos antes de las elecciones haya podido ser condenado por el atentado. ¿Por qué fueron detenidos, entonces?

 

 

Durante la exposición de sus conclusiones finales por parte de la Fiscalía y de los letrados de todas las partes, se abrió un cierto debate sobre si la sentencia debía de ser o no una “sentencia abierta”. Por tal ha de entenderse una sentencia que reconozca la necesidad de seguir investigando por no haberse a día de hoy descubierto toda la verdad. Los conspiracionistas parecen ver en ello un éxito. No lo sería tanto. Es obvio que la persona que ideó el atentado y que quiso con él producir el efecto que produjo en las elecciones del 14 de marzo de 2004 no se sienta en el banquillo. Lo diga o no la sentencia, el caso está obviamente abierto y, probablemente, lo estará durante mucho tiempo. Curiosamente, sin embargo, los oficialistas consideran que una sentencia abierta supondría un fracaso para sus tesis cuando no tiene por qué suponerlo. En cualquier caso, creo que el observador imparcial debiera prestar poca atención a este asunto.

 

Otra cosa debe decirse de la posibilidad de que el tribunal, en el momento de dictar sentencia, o en cualquier otro momento, decida deducir testimonio (esto es, trasladar al Ministerio Fiscal determinados hechos conocidos durante el juicio) por si el comportamiento o las declaraciones realizadas por algunos miembros de las fuerzas del orden pudieran ser constitutivos de delito por dolo o negligencia, por haber destruido o manipulado pruebas o por haber dejado de investigar líneas contrarias a la versión oficial. Éste sí sería un importante varapalo para el oficialismo. Con todo, su importancia sólo podrá medirse cuando se conozca la clase de testimonio que se deduce, las personas a las que afecta y los hechos en los que el tribunal crea ver la posible existencia de un delito: a más cantidad de personas y hechos, mayor varapalo para la versión oficial.

 

 

No debe esperarse que la sentencia conteste a cuestiones que no puede ni debe examinar. Por ejemplo, si absolviera del delito de asesinato a todos los procesados, no puede esperarse que señale a otras personas como probables autores. Pero, lo más importante que debe destacarse es que, con ser posible que en la instrucción se hayan empleado, a sabiendas o no, pruebas falsas, no debe descartarse la posibilidad, e incluso la probabilidad, de haber sido colocadas para facilitar el descubrimiento de una parte de la verdad, o sea, que los culpables a los que aquéllas señalen sean verdaderos culpables, aunque no sean los únicos. Pero, si la sentencia tiene por falsa alguna prueba, tendrá que prescindir de todo lo que se apoye en ella y no podrá considerarla para condenar a nadie. En realidad, con un punto de vista más político que jurídico, si la sentencia concluye que alguna prueba es falsa, lo relevante no será ya si señala o no a los verdaderos responsables del atentado, sino quién la colocó y por qué.

 

No adelantemos acontecimientos; cuando la sentencia sea pública, tendremos ocasión de examinar su trascendencia estratégica, si es que tiene alguna, su trascendencia política, que dependerá de lo expuesto anteriormente, y las cuestiones jurídicas que el debate político y el que se desarrolle en los medios exija aclarar.