Tras su gira europea, George W. Bush ha regresado a Washington con la intención de resucitar el debate en el Senado sobre el proyecto de ley de reforma migratoria. Tras el debacle del pasado jueves, Bush quiere ahora lograr que el Senado recapacite y apruebe dicho proyecto. Para ello, Bush se ha reunido este martes con los senadores republicanos para valorar los apoyos que tiene para la reanudación del debate. Todo esto ocurre cuando Bush no tiene demasiado capital en su mismo partido, cuando el índice de aprobación popular del Congreso de Estados Unidos -de mayoría demócrata- es el más bajo en los últimos diez años y cuando el líder demócrata en el Senado -Harry Reid- tiene sólo el 19% de aprobación de la ciudadanía.

 

Bush quiere el apoyo de los senadores de su partido para rescatar un proyecto de ley de reforma migratoria que estuvo a debate en el Senado hasta el pasado jueves, cuando –como ya informó Diario de América- fue retirado del orden del día ante la presión de la ciudadanía y las dificultades para llegar a acuerdos entre los senadores demócratas y los republicanos.

 

Bush ha declarado su intención de convencer a los senadores sobre su voluntad de resucitar dicho proyecto al ser, a juicio de Bush, el mejor camino para realizar una reforma integral de la cuestión migratoria en Estados Unidos. Este martes, sin embargo, Bush ha podido confirmar de primera mano la fuerte oposición de la mayoría de los senadores republicanos que, al igual que otros muchos del Partido Demócrata, son reacios a apoyar un proyecto que se percibe como carente de la necesaria claridad y que no acaba de agradar ni a unos ni a otros. Sólo un verdadero compromiso y el cambio de varias provisiones, unido a una gran infusión de dinero para inmediatas acciones en materia fronteriza, podrían salvar lo que quedaría de este proyecto.

 

En la mañana del martes, previo al almuerzo, los senadores del Partido Demócrata ya advirtieron que la reanudación del debate se condicionaría al número de enmiendas que serían permitidas en el pleno. Recordemos que el pasado jueves, cuando el debate fue cancelado por el líder de la mayoría en el Senado –Harry Reid- había al menos 44 enmiendas que a juicio de los demócratas amenazaban la vía de legalización incluido en el proyecto base elaborado por una comisión integrada por ambos partidos y la Casa Blanca. Entonces sólo 7 de los 49 senadores republicanos apoyaron el proyecto, si bien para su aprobación se requieren 60 votos de los 100 que componen el pleno. Los demócratas cuentan con 49 asientos, mientras que otros dos son ocupados por independientes.

 

Bush no parece haber logrado demasiado con esta reunión y necesitará convencer a un alto número de senadores republicanos para poder avanzar. Su escaso margen de maniobra y el periodo de campaña electoral ya en marcha hará difícil sacar adelante este proyecto. Así, por ejemplo, el senador republicano por Alabama, Jeff Sessions, no tuvo empacho en pedirle a Bush que deje al Senado hacer su labor y que, en todo caso, ayude a diseñar un proyecto de ley mejor en lugar de empujar una medida que no es posible apoyar debido a sus inconsistencias.

 

Lo que la mayoría de la ciudadanía norteamericana reprocha tanto a Bush como al Congreso de mayoría demócrata es la falta de confianza que se tiene en sus cumplimientos y en las leyes que se aprueban, sobre todo cuando existe ya una reciente Ley de Seguridad Fronteriza (“Secure Fence Act 2006”) que todavía no se ha cumplido pese a que fue ya aprobada el pasado 26 de octubre de 2006, firmada por el propio Bush y elogiada por él mismo públicamente al estar ligada exclusivamente a la seguridad fronteriza.

 

En este sentido, resulta sintomático que en estos días el secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de México, José Edmundo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), precisara en un comunicado público que los traficantes de personas en la frontera entre México y los Estados Unidos obtienen ganancias del orden de 3.000 millones de dólares e invierten parte de ese dinero en la adquisición de armas que reingresan a territorio mexicano para su comercialización ilegal.

 

Los traficantes mexicanos cobran entre 5.000 y 7.000 dólares por cada persona mexicana que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y usan ese dinero para adquirir armamento. De hecho, el 70% de las armas decomisadas por las autoridades mexicanas durante operativos policiales en México provienen de la franja fronteriza, lo que indica la importancia del tema de la seguridad y control de las fronteras.

 

Ni que decir tiene que este es un problema que debe ser atendido conjuntamente por las autoridades de los dos países y tanto Estados Unidos como México deberían hacer todos los esfuerzos por evitar estas mafias y este tráfico de personas. Hay constancia de que varios cientos de miles de mexicanos y centroamericanos emigran ilegalmente hacia Estados Unidos hasta el punto que los cálculos oficiales mexicanos indican que el saldo del sexenio anterior fue de tres millones y medio de mexicanos que cruzaron la frontera.

Es precisamente esa falta de confianza de la ciudadanía norteamericana respecto a las promesas de sus políticos en materia migratoria lo que lleva también al escepticismo y las dudas ante este nuevo proyecto de ley. Estamos en una "era del cinismo" de la que escribía ayer brillantemente Rich Lowry en las páginas del "National Review" al tratar de este asunto.

 

Calderón, en México, debe endurecer la legislación que castiga a las mafias que trafican con personas. Bush, por su parte, debería hacer lo mismo al otro lado de la frontera y entender que la verdadera reforma migratoria debe empezar por cumplir la ley ya aprobada e incumplida hasta ahora y encaminada a proteger seriamente la seguridad fronteriza.