A un año vista de las próximas elecciones generales y convalecientes de la última cita con las urnas, alguien del equipo de Zapatero debería aconsejarle que tenga mucho cuidado con las cosas que dice porque en su boca tienen mucha importancia y traen consigo muchas consecuencias. Antes de que acabe la legislatura debe tomar conciencia de que es el presidente del Gobierno y no puede hablar a la ligera.

 

El comentario viene al repasar las frases que ha ido transmitiendo durante la Campaña Electoral de las últimas elecciones municipales, en relación al grave problema de la inmigración ilegal, tema por el que ha pasado por encima, salvo en su visita a Canarias, donde no tuvo más remedio que decir algo.

 

Zapatero prometió en Las Palmas de Gran Canaria que será "implacable" con las mafias de la inmigración, enfatizando que los inmigrantes, que son "bien recibidos", tienen que venir "con empleo, con trabajo y legalmente" y que los que no lo hagan, serán "repatriados". "Por ellos y por todos".

 

Zapatero defendió la regularización de miles de trabajadores inmigrantes que llevó a cabo su Gobierno. "Un país moderno no puede consentir que la gente trabaje en el fraude para beneficiar a unos pocos". Explicó que los que pretenden venir ilegalmente han de ser repatriados en condiciones de dignidad humana. También dijo que  su política de regularización masiva ahora es todo un referente en el mundo y que países que le criticaron, ahora le imitan.

 

El presidente agradeció "de corazón" la "sensibilidad" del pueblo canario, a quienes citó como ejemplo "en el trato a los inmigrantes”. Hizo un llamamiento a "no callar ni una vez, ni dejar pasar una ocasión cuando alguien en esta democracia de todos se atreva a hacer un discurso que incite y que raye en la xenofobia”.

 

Todo esto sin pestañear.

 

 

Hay contradicciones en el discurso de Zapatero. Cuando dice que será implacable con las mafias, nada comenta de cómo va a serlo. Sabemos que el trabajo de las mafias es cada vez más sofisticado. Ya no basta con tener ahorrado unos miles de euros para comprar un pasaje al primer mundo. Los inmigrantes que deciden jugarse la vida en un cayuco tienen que tener cuidado a quién se lo compran. Los primeros que están facilitando ese trabajo de las mafias son los efectivos del país de origen de estos emigrantes que se supone que están patrullando en zona en Mauritania, y que deberían hacer todo lo contrario: trabajar con los efectivos españoles (que sí hacen su trabajo) desplegados en la zona para detectar estos cayucos.

 

En vez de ello, actúan en consonancia con las mafias facilitándoles rutas seguras, de tal manera que la llegada a Canarias está prácticamente garantizada. Hoy, quien no pasa por esas manos, no llega.

 

Nada sabemos acerca del dinero que Zapatero puede estar destinando a que estos dobles agentes dejen de actuar. Lo único que hemos escuchado es al secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs del PSOE, Pedro Zerolo, quien afirma que el primer paso para una adecuada política de inmigración estaba dado cuando se aprobó la Ley de Agencias Estatales (http://sise.fecyt.es/Secyt/secyt.asp?menu1=3&menu2=3&menu3=0&dir=./20_Normativa/23-Ley4) en julio de 2006. Literalmente, el cometido de la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración es el desarrollo y la ejecución de las competencias estatales en materia de regulación e integración social de los inmigrantes, así como para la programación y gestión de las diversas actuaciones de asistencia y apoyo a los emigrantes españoles en el extranjero.

 

Esto y nada es lo mismo.

 

Zapatero  proclama que serán bienvenidos los que venga con trabajo asegurado. Estos parámetros no se tuvieron en cuenta autorizó la regularización masiva capitaneada por el ministro Caldera, que salvo esta gestión, poco o nada sabemos de otros méritos de relevancia en su puesto. Las cifras son claras: según datos de la Seguridad Social y el Eurostat, solo 70.000 de los 600.00 inmigrantes que llegaron a España en 2006 están trabajando y cotizando en la Seguridad Social.

 

La lógica hace pensar que solo desde una contratación en origen se puede comenzar a organizar la llegada ordenada de los nuevos ciudadanos. Es imprescindible desarrollar una política específica de empleo en origen. Un buen comienzo sería la creación de una Agencia de Inmigración y Empleo como ente institucional integrado por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, y con participación de las Administraciones Públicas, para actuar como oficina de información, orientación y empleo para los inmigrantes que deseen trabajar en España. Esta Oficina deberá trabajar en consonancia con las Comunidades Autónomas, que a su vez, trabajen con las delegaciones de estas oficinas en los países emisores de trabajadores. Sería muy interesante que se buscaran sinergias con otras oficinas similares en Europa.

 

Esta política debe ir acompañada de otra basada en el apoyo a los emprendedores de los países de origen. Esta medida se está llevando a cabo desde las dos primeras Consejerías de Inmigración que hay en España: la de Baleares y la de la Comunidad de Madrid. Se puede citar como ejemplo el convenio de cooperación firmado por ésta última con el primer ministro de Perú, Jorge del Castillo Gálvez, por un valor de 110.000 euros que se destinarán para la formación de jóvenes peruanos que tengan una idea de negocio empredendora y deseen crear empresas en su país.

 

 

Todavía está fijado en nuestra memoria el capítulo de las repatriaciones con motivo del Marine I. Supimos entonces que  el Gobierno español pagó a Mauritania más de 665.000 euros para que los tripulantes de este barco fueran aceptados. Hoy, volvemos a estar en las mismas.  17.000 nuevos ilegales han llegado a España desde agosto de 2006 hasta finales del mes de abril del año en curso. El año pasado lo lograron más de 30.000, según datos de la Delegación del Gobierno en Canarias, seis veces más que durante 2005.

 

Todo lo que está haciendo el Gobierno de Zapatero es tratar de interceptar la salida de cayucos desde Senegal y Mauritania, tarea harto difícil por cuanto que el “enemigo” está entre las propias filas de cooperantes de dichos países, tal y como se ha especificado al principio de este análisis.

 

El dinero que le está costando a España frenar estas salidas masivas es una incógnita. Desde marzo del año pasado se han sucedido las operaciones y donaciones de medios tanto a Mauritania como a Senegal,  además de ayudas o compensaciones a cambio de su colaboración a Mali, Guinea Conakry, Gambia y Marruecos. A esto hay que añadirle la falta clamorosa de medios que sigue habiendo en la zona.

 

A finales de abril, los ministros de Interior de la UE acordaron un plan operativo para Frontex que incluía un catálogo de medios formado por 116 barcos, 27 helicópteros y 21 aviones para llevar a cabo once operaciones conjuntas en 2007. Aún no se ha decidido cómo será el reparto, pero se precisó que los medios estarían disponibles para los Estados “durante un tiempo limitado debido a análisis de riesgos y necesidades realizados por la Agencia”.

 

Lo que es claro es que España solo contará con un avión y un buque italianos. Por ello, el Gobierno anunció que enviará a la zona dos buques oceánicos, uno de Marina Mercante y otro de la Guardia Civil, con capacidad para entre 12 y 24 tripulantes.

 

España sigue sin desplegar una política firme  tanto en Europa como en los países emisores de inmigrantes. España es el primer interesado en que la dotación de medios europeos sea mayor y continuada en el tiempo. En vez de acudir a Europa y trabajar de firme, nuestro ministro de Exteriores prefiere acudir a Cuba dando la espalda al resto de nuestros socios europeos. Caldera no ha despegado los labios y Rubalcaba está perdido en combate.

 

En materia de convenios de repatriación, tan solo existe el firmado con Mauritania en 2003 (http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/04/pdfs/A30050-30053.pdf). Salvo este convenio, no hay firmado ninguno más, a pesar de los viajes realizados por diferentes ministros y el propio Zapatero a África, cuyo resultado  es harto conocido: ninguno. Urge que el Gobierno se ponga manos a la obra en este aspecto de una vez.

 

 

La parte más sorprendente del discurso de Zapatero en la Campaña Electoral de mayo fue cuando anunció que la política de regularización masiva desarrollada por su Administración es tan admirada, que quienes hacían objeciones, ahora imitan, y citó como ejemplo los procesos de regularización que han anunciado Holanda y Alemania.

 

Es verdad que ambos países han anunciado este particular. Lo primero que nos diferencia es eso, que primero lo han consultado y anunciado al resto de los socios y no han procedido como el Gobierno español, que hizo oídos sordos a las advertencias de los países europeos que veían un serio efecto llamada en este proceder, como luego hemos tenido la tristeza de comprobar.

 

Si no nos quedamos en el titular de la noticia, como ha hecho el Jefe del Ejecutivo español, se puede comprobar que estos procesos se harán bajo parámetros muy acotados y medidos.

 

En Holanda, el proceso sólo incluye la normalización de la situación de refugiados que no pueden ser expulsados del país pero que tampoco obtuvieron en el pasado el "asilo político". Se estima que el Gobierno Holandés quiere regularizar a unas 26.000 personas, en su mayoría iraquíes, afganos e iraníes. Previa aprobación del Parlamento, la medida se pondrá en marcha el próximo mes de Mayo.

 

En Alemania, el  ministro del Interior, Wolfgag Schäuble, explicó que se regularizará a una serie de extranjeros considerados "semilegales". Se trata de personas que solicitaron asilo político y les fue rechazado, pero a los que no se puede expulsar a sus países por motivos de conflicto o de graves dificultades económicas (destacan por su origen los kurdos de Turquía o los balcánicos, especialmente serbios y bosnios). Podrán normalizar su situación aquellos inmigrantes que puedan acreditar que tienen un trabajo y que paguen impuestos.

 

Actualmente, en Alemania hay 175.000 personas con este estatus, y el proceso de regularización beneficiará a entre 60.000 y 80.000 que cumplen las dos condiciones fijadas: tener un empleo legal o conseguirlo antes de finales de 2009, y residir en el país al menos ocho años (seis en el caso de las familias con niños).

 

Las fuentes alemanas señalaron que se trata de una regularización "limitada" de personas que ya están registradas en el país, aunque no tengan permiso de residencia, por lo que señalaron que se trata de una decisión diferente a la regularización española de inmigrantes ilegales de 2005.

 

Zapatero llegó incluso a presentar como un triunfo propio el acuerdo alcanzado por el Senado Estados Unidos, diciendo que hasta los americanos nos imitan. La  realidad es que para empezar, demócratas y republicanos han aunado esfuerzos para sentar las bases de una propuesta consensuada. El acuerdo se basará en facilitar la entrada y legalización en base a la realidad económica del país y las necesidades del mercado, reconociendo el esfuerzo de los que trabajan y ofrecen resultados óptimos. El éxito de esta reforma se basará el programa de trabajadores temporales, otorgando visados de entrada para aquellos trabajadores dispuestos a desempeñar determinados trabajos que sea necesario cubrir en un tiempo determinado.

 

 

Vivir a golpe de grandes titulares tiene sus riesgos: que hay mucha gente que lee la noticia completa, está bien informada y no está dispuesta a que le cuenten una realidad diferente a la que es.

 

Y la que es, es que seguimos padeciendo la llegada masiva de miles de personas que son engañadas por las mafias en connivencia con los propios efectivos de los países de origen que deben impedir que salgan al mar.

 

La realidad es que a finales de la legislatura no se han firmado convenios, tan solo se han ido poniendo parches a golpe de cheque cuando el problema estaba encima, mientras que los ministros involucrados en la cuestión siguen sin ofrecer propuestas.

 

A esto ya estamos acostumbrados. Lo que ha superado el listón de las dosis de demagogia con la que nos desayunamos desde que gobierna Zapatero, es que  los países que advirtieron de los efectos nefastos de un proceso de tal envergadura, hecho sin ton ni son, ahora imitan a un Gobierno que se ha hecho famoso precisamente por la falta de ideas, la carencia de una política exterior con aquellos países que no tenemos más remedio que entendernos.

 

La realidad es que en España se lee cada vez más, los españoles estamos muy bien informados y no nos creemos los titulares huecos de contenido.