La inseguridad ciudadana constituye uno de los grandes fracasos del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. En el año 2006 la cifra de delitos y faltas conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ascendió a casi 2.300.000. Esta cifra supone un record absoluto de criminalidad en nuestro país. Desde la llegada al poder del PSOE en marzo del año 2004 el número de infracciones penales ha aumentado en más de 165 mil, lo que supone un crecimiento de casi el 8 por ciento en tres años. Nunca en España se habían cometido tantos delitos como con el actual gobierno socialista.

 

Este fuerte crecimiento de la delincuencia es la consecuencia directa de una política de seguridad equivocada y del caos en el que el Gobierno socialista ha sumido el ministerio del Interior. De hecho, la tendencia que heredó Rodríguez Zapatero de los anteriores gobiernos del Partido Popular era una reducción de la criminalidad en nuestro país. Así, en el año 2003, ultimo año completo de los gobiernos de Jose María Aznar, el número de infracciones penales se había reducido en casi 50 mil, lo que supuso una disminución del 2,2 por ciento. Sin embargo, esta buena herencia del PP duró poco a los socialistas, en 2005 el crecimiento de la criminalidad superó ya el 4 por ciento.

 

Más allá del aumento cuantitativo en las cifras de delincuencia hay que destacar la mayor gravedad de los delitos que se comenten actualmente en España. Así, los delitos contra las personas se han multiplicado por tres desde el año 2003 pasando de 24 mil a 65 mil, los robos con violencia dentro de los domicilios han crecido un 11 por ciento o los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual un 20 por ciento^[1]. En algunos casos, estamos asistiendo a una creciente desproporción entre el uso de la violencia y el objeto del delito e incluso a tipologías delictivas prácticamente desconocidas en nuestro país como los denominados “secuestros express” o los atracos a viviendas habitadas.

 

 

El Gobierno ha tratado de ocultar el crecimiento de la delincuencia con una política de ocultación sistemática de las cifras de delitos. La Policía Nacional, la Guardia Civil, las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones tienen totalmente prohibido ofrecer ninguna información sobre la evolución de la delincuencia en sus respectivas demarcaciones sin que esa información haya pasado antes el tamiz de la Secretaria de Estado de Seguridad.

 

Se omiten además los delitos cometidos en los territorios en los que la competencia de seguridad ciudadana está siendo transferida a la policía autonómica de Cataluña. Así, el Gobierno da datos de disminución de la delincuencia que no son reales, porque sencillamente eliminan a partes cada vez más relevantes de nuestro territorio.

 

Los datos de crecimiento de la delincuencia son sin embargo corroborados por todas las estadísticas judiciales. Así, según la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, en el año 2005 se incoaron más cuatro millones de diligencias previas con un incremento del 3,5 por ciento respecto al año anterior^[2]. Por su parte,  los casi seis millones de asuntos ingresados en 2005 en la jurisdicción penal suponen un crecimiento del 3 por ciento respecto al año precedente, según la estadísticas del Consejo General del Poder Judicial^[3]. A la espera de los datos de la fiscalía para 2006, la previsión del Consejo del Poder Judicial sobre los asuntos penales ingresados pronostica un crecimiento aún mayor de casi el 4 por ciento^[4].

 

La pésima evolución de los datos de delincuencia hace que la ocultación inicial del Gobierno se esté transformando progresivamente en mentiras sobre sus propios datos. Así, Perez Rubalcaba declaraba recientemente ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que el crecimiento de delitos más faltas había sido en 2006 del 0,2 por ciento. Por el contrario, las cifras del avance de resultados publicado por su propio ministerio señalan un incremento en el conjunto de España del 2,42 por ciento^[5]. Aún más evidente resulta la contradicción de cifras en demarcación de Guardia Civil donde según el ministro habría un aumento en 2006 de un 1,3 por ciento^[6] mientras que la cifra facilitada al Parlamento por el Gobierno es del 3,9 por ciento.^[7] Pero en realidad, el crecimiento real de la criminalidad en la demarcación de la Guardia Civil podría haber sido del 5,7 por ciento^[8].

 

 

El crecimiento de la delincuencia con Zapatero viene a confirmar una constante histórica de aumento de la criminalidad con los gobiernos socialistas. Así, durante el mandato de Felipe González la criminalidad se multiplicó por tres, pasando de 616.649 delitos y faltas en 1982 a 1.695.248 en 1996. En el último año de gobierno de Gonzalez el aumento de la delincuencia alcanzó el 5,7%^[9].

 

Por el contrario, el crecimiento de la criminalidad en el conjunto de los ocho años de gobierno de José Maria Aznar apenas alcanzó el 25 por ciento y como ya hemos señalado con un decrecimiento en el último año completo de su gobierno. Esto significa que si con Felipe González el aumento medio anual de infracciones fue del 13,5%, los gobiernos del Partido Popular redujeron esa tasa a un media del 3% anual. 

 

En relación a la evolución del número de delitos, excluidas las faltas, la diferencia es aún más notoria entre ambos periodos. Así, el incremento del número de delitos es diez veces superior con los gobiernos socialistas que con los gobiernos populares. Mientras que con Felipe González el crecimiento de los delitos fue del 108%, con los Gobiernos de Aznar ese aumento fue del 9%.

 

EVOLUCIÓN CRIMINALIDAD EN ESPAÑA 1982-2006
AÑO	DELITOS	FALTAS	TOTAL INFRACCIONES
1982	447.510	169.139	616.649
1983	589.450	216.621	806.071
1984	729.382	278.622	1.008.004
1985	776.529	308.656	1.085.185
1986	879.822	383.661	1.263.483
1987	977.298	489.518	1.466.816
1988	981.981	527.324	1.509.305
1989	1.027.164	534.392	1.561.556
1990	1.017.199	533.224	1.550.423
1991	986.147	539.284	1.525.431
1992	949.364	553.462	1.502.826
1993	938.612	605.823	1.544.435
1994	901.696	660.192	1.561.888
1995	908.264	694.918	1.603.182
1996	930.780	764.468	1.695.248
1997	924.398	801.953	1.726.351
1998	917.314	838.737	1.756.051
1999	918.055	854.988	1.773.043
2000	960.679	892.308	1.852.987
2001	1.058.470	986.508	2.044.978
2002	1.081.983	1.066.486	2.148.469
2003	1.013.428	1.089.048	2.102.476
2004	1.015.216	1.108.918	2.124.134
2005	1.027.555	1.186.461	2.214.016
2006			2.267.723

 

Con el Gobierno Zapatero la delincuencia ha retomado con fuerza su tendencia alcista. La evolución de las cifras totales de criminalidad no es sin embargo homogénea en toda España. Así, con excepción de Navarra, donde en 2006 hemos introducido las infracciones conocidas por su Policía Foral, son las dos castillas las comunidades que experimentan un mayor crecimiento de la criminalidad. En Castilla La Mancha ese incremento es del 14,3 por ciento entre 2004 y 2006 y en el caso de Castilla y León es del 12,1. A continuación se encuentra Cataluña, con un aumento del 10,8 por ciento, Murcia con un 8,3 y Andalucía con un 7,8.

 

En relación con la tasa de criminalidad, las infracciones penales cometidas por cada mil habitantes, las comunidades que siguen a la cabeza son Baleares (78,8), Madrid (70,8), Comunidad Valenciana (67,5) y Cataluña (56,3), todas ellas con una tasa por encima de la media española (50,7) e incluso de la tasa de criminalidad europea (69).^[10] 

 

DELITOS + FALTAS	año 04	año 05	año 06	% 04-06
ANDALUCIA	381.309,00	407.328,00	411.102,00	7,81
Almería	30.386,00	33.922,00	35.203,00	15,85
Cádiz	52.817,00	58.229,00	61.368,00	16,19
Córdoba	27.493,00	30.466,00	29.535,00	7,43
Granada	41.882,00	44.979,00	45.164,00	7,84
Huelva	28.264,00	29.559,00	25.515,00	-9,73
Jaen	17.634,00	18.043,00	17.709,00	0,43
Málaga	85.566,00	93.138,00	97.931,00	14,45
Sevilla	97.267,00	98.992,00	98.677,00	1,45
ARAGON	43.571,00	46.124,00	45.333,00	4,04
Huesca	5.395,00	5.689,00	5.689,00	5,45
Teruel	2.247,00	2.582,00	2.575,00	14,60
Zaragoza	35.929,00	37.853,00	37.069,00	3,17
ASTURIAS -PRINCIPADO DE	28.373,00	29.138,00	29.446,00	3,78
Asturias	28.373,00	29.138,00	29.446,00	3,78
BALEARS (ILLES)	77.595,00	79.356,00	78.913,00	1,70
Balears (Illes)	77.595,00	79.356,00	78.913,00	1,70
CANARIAS	102.553,00	101.341,00	99.916,00	-2,57
Palmas-Las	52.348,00	52.518,00	51.737,00	-1,17
Sta Cruz de Tenerife	50.205,00	48.823,00	48.179,00	-4,04
CANTABRIA	16.585,00	16.354,00	15.980,00	-3,65
Cantabria	16.585,00	16.354,00	15.980,00	-3,65
CASTILLA Y LEON	72.854,00	80.188,00	81.644,00	12,07
Ávila	4.973,00	5.599,00	5.317,00	6,92
Burgos	12.815,00	13.827,00	14.406,00	12,42
León	14.187,00	15.322,00	15.222,00	7,30
Palencia	5.198,00	5.435,00	5.323,00	2,40
Salamanca	7.984,00	8.702,00	9.928,00	24,35
Segovia	4.300,00	4.846,00	4.906,00	14,09
Soria	1.966,00	2.018,00	2.095,00	6,56
Valladolid	18.061,00	20.815,00	20.828,00	15,32
Zamora	3.370,00	3.624,00	3.619,00	7,39
CASTILLA LA MANCHA	54.132,00	60.276,00	61.889,00	14,33
Albacete	12.175,00	12.868,00	12.222,00	0,39
Ciudad Real	14.206,00	15.873,00	15.336,00	7,95
Cuenca	5.343,00	5.982,00	5.776,00	8,10
Guadalajara	6.817,00	6.928,00	7.496,00	9,96
Toledo	15.591,00	18.625,00	21.059,00	35,07
CATALUÑA	371.152,00	395.709,00	411.320,00	10,82
Barcelona	186.992,00+mossos	170.620,00+mosos	248.925,00	(*)
Girona	503,00 +mossos	382,00+mossos	375,00+mossos	(*)
Lleida	106,00+mossos	111,00+mossos	131,00+mossos	(*)
Tarragona	44.998,00+mossos	45.336,00+mossos	45.723,00+mossos	(*)
CEUTA	5.726,00	5.501,00	5.114,00	-10,69
Ceuta	5.726,00	5.501,00	5.114,00	-10,69
COMUNIDAD VALENCIANA	307.656,00	316.307,00	324.527,00	5,48
Alicante	121.697,00	123.995,00	124.256,00	2,10
Castellón	27.559,00	29.104,00	28.160,00	2,18
Valencia	158.400,00	163.208,00	172.111,00	8,66
EXTREMADURA	28.352,00	29.791,00	29.802,00	5,11
Badajoz	18.679,00	19.200,00	18.974,00	1,58
Cáceres	9.673,00	10.591,00	10.828,00	11,94
GALICIA	78.048,00	77.349,00	74.894,00	-4,04
Coruña – La	33.195,00	32.710,00	32.853,00	-1,03
Lugo	7.236,00	7.137,00	6.822,00	-5,72
Ourense	7.057,00	6.866,00	6.727,00	-4,68
Pontevedra	30.560,00	30.636,00	28.492,00	-6,77
MADRID - COMUNIDAD DE	395.396,00	403.882,00	414.151,00	4,74
Madrid	395.396,00	403.882,00	414.151,00	4,74
MELILLA	5.753,00	5.110,00	4.216,00	-26,72
Melilla	5.753,00	5.110,00	4.216,00	-26,72
MURCIA - REGION DE	55.478,00	59.293,00	60.071,00	8,28
Murcia	55.478,00	59.293,00	60.071,00	8,28
NAVARRA - COMUNIDAD FORAL	14.824,00	14.576,00	18.040,00 (**)	21,69
Navarra	14.824,00	14.576,00	18.040,00	21,69
PAIS VASCO	76.694,00	77.965,00	81.330,00	6,04
Alava	11.790,00	11.063,00	11.737,00	-0,45
Guipúzcoa	17.920,00	18.127,00	20.446,00	14,10
Vizcaya	46.984,00	48.775,00	49.147,00	4,60
RIOJA – LA	8.097,00	8.487,00	8.279,00	2,25
Rioja – La	8.097,00	8.487,00	8.279,00	2,25
TOTAL + ERTZANTZA + MOSSOS	2.124.148,00	2.214.016,00	2.255.967,00	6,21
(*)No se puede establecer el % de variación debido a que faltan los datos de los mossos
(**) en 2006 hemos incluido los delitos conocidos de la Policía Foral

 

 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por ocultar el aumento de la delincuencia, lo cierto es que Zapatero no consigue engañar a la opinión pública española. El aumento de las cifras de criminalidad, junto a la mayor gravedad y violencia empleada en la comisión de los delitos, está provocando una creciente preocupación ciudadana. La percepción de inseguridad está creciendo en nuestro país; es decir, no solamente aumenta objetivamente el número de delitos y faltas, sino que crece además la inseguridad subjetiva porque esa es la percepción que tienen los ciudadanos.

 

En marzo de 2004 —cuando el PSOE accedió al poder— la inseguridad ciudadana era, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la principal preocupación para el 15,7 por ciento de los ciudadanos; hoy esa percepción de inseguridad ha crecido al 18,9 por ciento, aumentado en más de tres puntos^[11]. Pero es que cuando preguntamos al ciudadano por su percepción personal, es decir, no como principal problema del país, sino como el problema que más le afecta a él personalmente, vemos que el crecimiento es aún mayor: ha pasado del 10,7 por ciento en marzo del año 2004 al 14,8 por ciento según la encuesta del CIS de enero del año 2007. La inseguridad ciudadana no sólo se mantiene como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, sino que se sitúa también en cifras record. Nunca los españoles estuvieron tan preocupados por su seguridad como lo están actualmente.

 

Esta creciente preocupación se refleja también en la creciente demanda de seguridad privada. Así, según el último informe del sector la facturación creció en 2005 dos puntos por encima de lo que lo hizo en 2004, superando los 3.124 millones de euros. Sin embargo, el crecimiento más espectacular se produce precisamente en la contratación de alarmas y sistemas de seguridad que con una facturación de 775 millones de euros supone ya una cuarta parte del negocia total del sector. Ello da buena muestra del grado de preocupación de los ciudadanos por garantizar la seguridad en sus propios domicilios.

 

 

Uno de los factores que sin duda más ha influido en el aumento de la criminalidad bajo el gobierno Zapatero es la creciente presencia en nuestro país de la delincuencia extranjera. Así, el número de detenidos extranjeros por las FCSE en 2006 se situó en casi 200.000 detenidos, de los que 86.164 lo fueron por comisión de delitos o faltas y 111.435 por infracción a la Ley de Extranjería.

 

Las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior ponen de manifiesto que uno de cada tres detenidos por infracción penal en nuestro país es ya extranjero y que los detenidos no nacionales por delito han crecido en estos tres años casi un 10%, pasando de 74.487 en 2003 a 81.219 en 2006. Este aumento de la delincuencia extranjera se ve corroborada además por los datos de población reclusa. Así, los presos extranjeros a junio del año 2006 ascendían a 16.400 que representaba a su vez un tercio del total de la población reclusa de nuestro país. Entre las nacionalidades con mayor número de reclusos destacan 4.500 presos marroquíes, casi 2.000 colombianos, 1.200 rumanos y más de mil argelinos.

 

La creciente vulnerabilidad de nuestras fronteras y el descontrol de los flujos migratorios están teniendo como efecto secundario un peligroso aumento de la inseguridad ciudadana. España se ha convertido así en un importador neto de delincuencia dada la facilidad de atravesar ilegalmente sus fronteras y la falta de respuesta del gobierno ante la creciente implantación de redes trasnacionales de delincuencia.

 

Según el informe de Europol en 2006 la mayoría de los 4 mil grupos detectados en la Unión Europea mantienen algún tipo de vinculación con nuestro país. La policía española identificó en 2005 casi 500 grupos a los que atribuía un negocio criminal de más de mil millones de euros al año.

 

El principal negocio para el crimen organizado sigue siendo el narcotráfico. España mantiene un liderazgo destacado como plataforma de entrada de buena parte de la droga que se consume en Europa, especialmente del hachís que se cultiva en Marruecos y de la cocaína iberoamericana, controlado en buena medida por los carteles colombianos. La droga incautada por España representa más de un tercio de toda la droga que se decomisa en la Unión Europea.

 

El segundo negocio criminal más lucrativo es el tráfico de seres humanos. La cara más visible de este negocio son los miles de inmigrantes subsaharianos y magrebíes que arriban cada año en nuestras costas, jugándose e incluso perdiendo la propia vida en el intento. Pero eso es sólo una mínima porción del más de los más de 600.000 de inmigrantes irregulares que entran cada año en nuestro país. Las “pateras terrestres” que entran cada día por la frontera con Francia representan un flujo diez veces superior al que ingresa por el sur. Pero son los aeropuertos, especialmente Barajas, el punto principal de entrada. Una buena parte de este tráfico ilegal de personas tiene como fin la explotación sexual de mujeres. España es con diferencia el país europeo que tiene un mayor número de prostitutas por mil habitantes. Con la mitad de población que Alemania, nuestro país tiene igual número de prostitutas, hasta 300 mil según algunos estudios. Más del 90% de estas mujeres son extranjeras y muchas de ellas se encuentran explotadas de algún modo.

 

No obstante, la actividad de esta criminalidad organizada que está causando una mayor alarma en nuestra sociedad es la proliferación de bandas dedicadas al robo utilizando cada vez un mayor grado de violencia. En los últimos años han proliferado grupos que se dedican a atracar viviendas cuando sus inquilinos están dentro. En ocasiones los delincuentes han agredido y atemorizado a sus moradores con el fin de averiguar donde guardan los objetos de valor. Se han extendido también los denominados “secuestros express” en los que los atracadores retienen a sus victimas por un corto espacio de tiempo, bien para vaciar en diversos cajeros sus tarjetas de crédito, bien para que los acompañe a sus domicilios e incluso para pedir rescates. Hay bandas que desvalijan de forma casi industrial polígonos industriales o segundas residencias. Los robos con violencia y con fuerza en las cosas en general están aumentando de forma importante según las estadísticas policiales.

 

 

El aumento de la inseguridad y de la violencia en nuestro país es una consecuencia directa de una política de seguridad del gobierno Zapatero tan errónea como ineficaz. La izquierda nunca ha asumido la seguridad como un valor esencial para la convivencia y siempre se ha aproximado al fenómeno de la delincuencia con un cierto complejo de culpabilidad. Para la izquierda el crimen no implica tanto una responsabilidad individual, como una responsabilidad colectiva. Según esta teoría el delincuente es más una victima de un orden social injusto que una persona que deba ser castigada y apartada de la sociedad. La izquierda considera además que el principio de autoridad, esencial para poder mantener el orden público y la seguridad, es un principio reaccionario que no puede figurar en su ideario. En definitiva, es la teoría del buenismo, de la que Zapatero es el máximo exponente, aplicado al ámbito de la seguridad ciudadana.

 

Todos estos prejuicios se están viendo claramente reflejados en la política de seguridad del actual Gobierno. Así, Zapatero se niega a dar una respuesta penal más dura a aquellos delitos que emplean una violencia desproporcionada y están generando mayor alarma social, como los asaltos en domicilios habitados o los denominados secuestros express. El Gobierno pretende eliminar además la cláusula que introdujeron los gobiernos de Aznar para que cualquier extranjero que cometa un pequeño delito en nuestro país sea expulsado de forma automática. El Grupo socialista introdujo una enmienda en el Congreso de los Diputados para que los delincuentes entre 18 y 21 años no pudieran ingresar en Centro Penitenciario. La inmigración pasó de ser una competencia del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales porque se considera que los flujos masivos de inmigración ilegal que sufre España no tienen en realidad implicación alguna para nuestra seguridad. La política penitenciaria se orienta a sacar los presos a la calle porque se considera que hay medidas alternativas más eficaces para la reinserción que la privación de libertad.

 

Más allá por tanto de la incompetencia del actual Gobierno o del caos que actualmente se vive en el Ministerio del Interior, con un titular del departamento desaparecido, las razones para este aumento de la criminalidad y la violencia al que asistimos tiene raíces ideológicas muy profundas: las de una izquierda española inmadura incapaz de asumir valores como el de la seguridad, el orden público o la autoridad que resultan esenciales para poder garantizar nuestra libertad y nuestra convivencia.