(Publicado en La Razón, 10 de mayo de 2007)

El totalitarismo islamista es hoy la principal amenaza para las sociedades libres. Lo es en primera instancia porque esta ideología aniquila todos y cada uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra convivencia democrática: la libertad, la igualdad, la tolerancia, el imperio de la Ley o los derechos humanos. Lo es también porque esta nueva forma totalitaria ha encontrado en el terrorismo masivo e indiscriminado una forma pavorosamente eficaz para tratar de imponernos su proyecto. El acceso de estos grupos a armas de destrucción masiva, radiológicas o químicas en primera instancia, convertiría lo que ya constituye una amenaza principal en una amenaza existencial para el conjunto del mundo occidental. Una hipótesis que, por desgracia, cada vez percibimos más cerca.

 

Esta amenaza yihadista, que es común para todos los países democráticos, resulta especialmente intensa para España. Para la gran mayoría de los radicales islamistas, nuestro país, al que denominan Al Andalus, es tierra del Islam que debe reintegrarse en el gran Califato con el que pretenden dominar el mundo. Decir que la yihad islámica tiene como un objetivo prioritario reconquistar España sonaba hasta hace poco a broma pesada, especialmente para buena parte de la izquierda que lo consideran una neura de la derecha más recalcitrante con la que pretendían sembrar el miedo en beneficio propio. Sin embargo, la persistente mención de este objetivo en los comunicados de Al Quaeda y en las reivindicaciones de los últimos atentados en Argelia y Marruecos hace que cada vez más gente se empiece a tomar más en serio esta amenaza.

 

No es este el único factor de riesgo añadido para nuestro país. La situación en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla es especialmente sensible por su cercanía a Marruecos y porque una parte de su población de origen musulmana está siendo radicalizada por líderes religiosos huidos en muchos casos de sus países de origen. Este riesgo de radicalización afecta en realidad al millón largo de musulmanes que viven en nuestro país y debería ser neutralizado con una política mucho más activa por parte del Gobierno para invertir esta tendencia. La importante presencia de nuestras tropas en Afganistán o en Líbano constituye otro factor de riesgo añadido, pues estas misiones se interpretan por los yihadistas como verdaderas provocaciones que chocan con sus esfuerzos por tratar de desestabilizar estos dos países.

 

Junto a este cúmulo de hechos objetivos existe un dato subjetivo de enorme trascendencia para definir la amenaza yihadista sobre nuestro país. Para Al Quaeda y para muchos radicales islámicos España se ha convertido, bajo el Gobierno de Rodriguez Zapatero, en el eslabón más débil del mundo occidental. Nuestra precipitada retirada de Irak es interpretada por estos grupos como una victoria que pueden tener la tentación de intentar reproducir en nuevos escenarios como Afganistán. Por otro lado, Zapatero es el líder occidental más proclive al dialogo y a las políticas de apaciguamiento frente al terror, como ha demostrado con ETA y como parece apuntar su iniciativa de Alianza de Civilizaciones. Este espíritu pacifista es interpretado por los yihadistas como un síntoma de debilidad. El Gobierno de Zapatero es también el gobierno occidental que mantiene una relación más difícil con Estados Unidos, potencia que constituye el enemigo supremo para estos grupos.

 

A pesar de todos estos datos, la realidad es que Rodríguez Zapatero no tiene en estos momentos la lucha contra el terrorismo yihadista como una prioridad en su agenda política. Otras cuestiones, como el calentamiento global o la pobreza, constituyen para él las verdaderas amenazas al mundo actual, pero ni siquiera suele mencionar el terrorismo entre ellas. Es más, tras el fracaso de su proceso de negociación con ETA, Zapatero es cada vez más renuente a introducir la cuestión del terrorismo en sus discursos. Ni siquiera es capaz de definir al enemigo. El Gobierno se aferra al término de “terrorismo internacional” para diferenciarlo del de ETA, pero esta expresión resulta mucho menos precisa que la del terrorismo yihadista, el enemigo al que de verdad nos enfrentamos.

 

El Gobierno no quiere reconocer la gravedad de la amenaza que en este momento pesa sobre España. Es más, de igual forma que con el terrorismo de ETA, el ministro Rubalcaba parece poner mucho más empeño en negar la existencia de esa amenaza que en combatirla. En buena parte, el Gobierno es rehén de la demagogia que practicó el PSOE para ganar las elecciones. Si como ellos defienden, el mayor atentado terrorista que ha sufrido Europa tuvo su causa directa en el apoyo de Aznar a la guerra de Irak, tendría ahora difícil justificación que tras la abrupta retirada de nuestras tropas de ese país la amenaza terrorista no sólo persista, sino que incluso se hubiera intensificado.

 

La minusvaloración de la amenaza terrorista está llevando al Gobierno a una insuficiente respuesta a este desafío. Muchas de las recomendaciones propuestas por la comisión parlamentaria del 11-M siguen sin cumplirse. El Gobierno ha aumentado los efectivos de los servicios policiales dedicados a combatir el terrorismo internacional, pero los sindicatos policiales han denunciado que hay importantes carencias materiales en esas unidades. Los servicios de información siguen además teniendo enormes dificultades para poder acceder a bases de datos de la propia administración, datos que resultan esenciales en la investigación de los grupos terroristas.

 

España tiene, tras décadas de lucha contra ETA, una de las legislaciones europeas más avanzadas para la lucha contra el terrorismo, pero sería precisa alguna reforma legislativa añadida para hacer frente al desafío de este nuevo terrorismo. El Centro de Coordinación Antiterrorista es poco más que un gabinete de análisis conjunto, pero su capacidad analítica depende de la generosidad con la que los servicios de información quieran nutrirlo y su capacidad de coordinación operativa es nula por su bajo rango administrativo y por encontrarse totalmente al margen de la cadena de mando policial.

 

El Gobierno debería cambiar radicalmente su política antiterrorista si quiere hacer frente con eficacia a la creciente amenaza del yihadismo sobre nuestro país.  En primer lugar, debería reconocer en toda su extensión la gravedad de esta amenaza. Vencer al terrorismo es tarea colectiva de todo un país y requiere la movilización del conjunto de la sociedad. El necesario consenso político y la imprescindible cohesión social frente al terror sólo pueden construirse sobre la base de una información veraz.

 

En segundo término, el Gobierno debería enviar un mensaje de firmeza a los terroristas, tras sus últimos comunicados, en el sentido de que jamás vamos a claudicar a ninguna de sus reivindicaciones, ni en Afganistán ni en ningún otro sitito. Es preciso además elaborar un plan de lucha contra el terrorismo yihadista que no sólo culminara con urgencia las recomendaciones de la comisión del 11-M, sino que impulsara nuevas medidas a la luz de la experiencia acumulada en estos tres años. En este sentido, lo más inmediato es dotar a las unidades antiterroristas de los medios materiales y tecnológicos necesarios para desempeñar con eficacia su misión.  

 

España debería por último corregir el desvarío en que ha convertido su política exterior y recomponer su relación con sus principales aliados democráticos con el fin de poder dar una respuesta más integrada a este desafío común. Pero quizá lo más importante de todo es que Zapatero sitúe la lucha contra el terrorismo como la principal de sus prioridades políticas, abandone toda tentación de dialogo, distensión o apaciguamiento con los terroristas y lidere al conjunto del país para lograr su derrota. Nada de esto, por desgracia, parece posible.