Apoyar la idea de un mandato de Naciones Unidas basado en el Capítulo VII de la Carta de ese organismo con el fin de constituir un Tribunal Internacional para el Líbano es tan imperioso como necesario. Las razones son numerosas y diversas, pero por encima de todo, el hecho central y evidente es que habiendo transcurrido dos años de la retirada de la ocupación militar siria del Líbano, la dirección política libanesa que integra el gobierno legal está siendo atacada y cercada - y con ella, las Instituciones del Estado, la economía, y la sociedad libanesa en conjunto - por grupos antidemocráticos y terroristas disfrazados de oposición al servicio de Siria e Irán.

 

Han transcurrido meses de diálogos inconclusos entre gobierno y oposición. Meses y meses de tira y afloja entre cargos ministeriales. Disturbios, movilizaciones, protestas en el centro comercial de Beirut, y también tuvieron lugar algunos asesinatos en las calles. El riesgo de un escenario en el que se imponga la anarquía parece imponerse por momentos. Las declaraciones del pasado domingo de Hassán Nasralah dando por finiquitado cualquier diálogo - diálogo que en realidad nunca existió en términos de honestidad y veracidad - sumadas a la solicitud del líder de Hezbolá de anticipar las elecciones y convocar un referendo público, y nuevas amenazas de guerra a Israel, no dejan lugar a dudas. Al mismo tiempo, el capital financiero está abandonando el país tan rápido como los jóvenes y los intelectuales. La alianza entre la oposición y el eje sirio-iraní, con sus amenazas a la sociedad civil, y el golpe de estado latente contra un gobierno legal, hacen imperiosa la aplicación del Capitulo VII de la Carta del Consejo de Seguridad de la ONU, no sólo para preservar la soberanía libanesa y el gobierno democrático, sino para proteger a la sociedad libanesa de la violencia y el terror de la subyugación de la que está siendo objeto mediante leyes políticas impuestas por concepciones totalitarias y teocráticas, poniendo en serio peligro al país y a su tejido social.

 

Tras 4 meses de esta retorcida situación, queda prístinamente claro que “ni la oposición, ni el sector del gobierno” disponen de una solución a los problemas crónicos del Líbano. Por una parte, la oposición funciona para, y trabaja por, imponer por la fuerza sus políticas desde Siria e Irán, y está dispuesta a llevar esta labor adelante haciendo uso de su milicia armada ilegal - considerada una organización terrorista por la mayor parte del mundo libre - que dispone de mayor potencia de fuego que el propio ejército legal libanés. Estos grupos "de oposición" rechazan la soberanía del estado y se componen de organizaciones y partidos políticos cuyo único objetivo común es evitar que el Tribunal Internacional investigue y lleve ante la justicia a los asesinos del ex primer ministro Rafik Al Hariri, protegiendo de ese modo a Siria, cuyo régimen es el principal sospechoso del magnicidio. Es la razón por la que Nabih Berri, Presidente del Parlamento, se viene negando - en obvio boicot - a convocar sesiones parlamentarias que estén encaminadas a someter a votación la aceptación del Tribunal Internacional, según lo que exige la Constitución Nacional. Si la oposición vence en este pulso con los sectores del gobierno Siniora, ello empujará indudablemente al Líbano al desastre, puesto que Hezbolá tendrá un mayor peso en los asuntos de estado y avanzará hacia lo que es su objetivo, la instauración de una República Islámica a orillas del Mediterráneo que supedite la Constitución libanesa a la sharia islámica, disponiendo también de la última palabra a corto y medio plazo sobre iniciar una nueva guerra contra Israel; según Nasrala y Hezbolá, desean “liberar Jerusalén” tanto o más que los palestinos. Es la razón por la que Hezbolá se cierra en banda y considera “acto de guerra” cualquier mandato basado en el Capítulo VII: ello pondría fin a su chantaje al país.

 

Por otra parte, el sector legal del Gobierno Siniora ve como su poder se descompone vertiginosamente, aferrándose a una mayoría parlamentaria cada vez más ajustada y sometida al dinero y la financiación política procedente de Arabia Saudí - apoyo éste que en los años 70 llevó al país al desastre. Una victoria del gobierno sobre la oposición a estas alturas de los acontecimientos tampoco resolvería las cosas, y asegurará la vuelta a los enfrentamientos violentos de aquellos años, con la perpetuación de los problemas estructurales que corrompieron la vida política del Líbano.

 

Dada esta situación, solamente una intervención internacional ahorrará al país mayores males a manos de enemigos externos, y podrá remediar su enfermedad interna. La idea de la aplicación del Capitulo VII debe ser la protección de la sociedad civil libanesa de la violencia sectaria que pretende desencadenar la oposición, y en segundo lugar, la preservación del gobierno Siniora. El debate político acerca de quién es mayoría y cuántos escaños debe ocupar tal o cual sector religioso en el gobierno no sirve de nada para resolver los problemas reales del país, ni va a remediar su enfermedad institucional.

 

Occidente y la comunidad internacional deben apoyar la intervención de Naciones Unidas en el Líbano bajo el Capítulo VII. Es imperioso el despliegue de tropas adicionales para patrullar y estabilizar la frontera libanesa-israelí, impidiendo a Hezbolá esta vez la creación de un nuevo incidente que desencadene otra guerra contra Israel. Asimismo, las tropas de la ONU deben patrullar las fronteras con Siria e impedir que los terroristas continúen reabasteciéndose de sistemas de armamento chino, ruso e iraní, facilitados a través del régimen de los mulás. La inmediata constitución y puesta en marcha del Tribunal Internacional para procesar y llevar ante la justicia a los asesinos -y también a la dirección política colaboracionista - a los secuestradores, torturadores y criminales de guerra, es de extrema necesidad.

 

Para acabar, estabilizar el país internamente no podrá hacerse mientras Hezbolá siga operativo, por lo que es necesaria la ayuda externa a la sociedad libanesa para poder elegir a personas decentes e idóneas en las próximas elecciones; y que aquellos que salgan elegidos puedan trabajar sin la presión y el miedo a ser asesinados por desenvolverse honradamente de cara a poder integrar al país en el mundo moderno, garantizar la paz con sus vecinos democráticos, preservar la libertad de los ciudadanos, y promover el empleo y la economía, todo un marco de democracia real.