Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales

 

 

Cuanto menos gasta un país en su defensa, más debiera invertir en sus servicios de inteligencia. Es más, contrariamente a lo que pudiera pensarse tras el final de la "guerra fría", los servicios de inteligencia se han convertido en un instrumento del Estado mucho más importante que antes: Por un lado, el cambio acelerado que el mapa internacional está experimentando exige contar con un servicio de información e inteligencia capaz de ofrecer análisis e interpretaciones anticipadoras y válidas para los responsables políticos; por otro, la disminución sostenida de los recursos destinados a la defensa, la reducción de efectivos y la merma del grado de disponibilidad de las fuerzas armadas, vuelven más necesario que nunca contar con un tiempo de "preaviso" suficiente para poder movilizarse y contrarrestar posibles acciones por parte de terceros países contrarias a nuestros intereses.

Ahora bien, ¿están capacitados los servicios de inteligencia, nacidos y organizados en otras circunstancias para hacer frente a la nueva situación mundial? ¿Se encuentran preparados nuestros servicios nacionales? Aun concediéndoles el derecho a la duda, las noticias que salen a la luz pública resultan inquietantes: corrupción interna; espionaje al servicio de intereses particulares; intriga política; rivalidad entre distintos servicios y ministerios... Y lo que es aún más grave, una ausencia total de capacidad de control de dichos organismos. Sólo se sabe del CESID por investigaciones judiciales.

Esta situación de doble necesidad (reforma institucional y control parlamentario) ha sido percibida por el Partido Popular, quien, a finales del año pasado, promovió la creación en el Congreso de una comisión de estudio donde se plantease el futuro de la comunidad de inteligencia española, sus fines, sus medios y sus competencias. Como puede leerse en dicha propuesta:

"La política de información de la seguridad nacional no puede ser algo dependiente de la voluntad o los intereses particulares de uno u otro gobierno, sino que, dependiendo su eficacia de la estabilidad y la planificación a medio y largo plazo, tiene que ser sujeto del máximo consenso posible entre las fuerzas políticas mayoritarias del país."

"Por ello, el Partido Popular estima necesario la realización de un sosegado debate sobre los objetivos de la inteligencia española a finales de los 90, sus medios y su control por el Parlamento. Para lograr una racionalización de los servicios españoles, una mejor adaptación a las distintas tareas que el hoy, y sobre todo el mañana, parecen exigir a la inteligencia, así como para favorecer una mayor transparencia, el Partido Popular lanza la oferta de iniciar una Ponencia destinada a la clarificación de todos estos puntos bajo el objetivo último de dotar a nuestra nación de la agencia de seguridad nacional que de verdad necesita."

La propuesta no ha llegado a materializarse parlamentariamente a pesar de los diversos escándalos en los que se ha visto envuelto el CESID desde entonces. No obstante, nos ha servido a los autores como punto de partida para la reflexión que abrimos con estas páginas.

No es nuestro interés celebrar aquí y ahora un juicio sumarísmo a ningún organismo o servicio de información, a sus hombres y mujeres o a sus métodos. Como tampoco es nuestra intención elaborar un discurso elegante sobre los requerimientos de la inteligencia española a finales de los 90. Ambos son empeños a ser desarrollados en otras instancias.

Nuestro objetivo es mucho más limitado y práctico: avanzar cuatro medidas concretas que creemos favorecerían la racionalización de la comunidad de inteligencia en España y cuya combinación conduciría a unos mejores resultados en el trabajo de los distintos servicios y a un mayor control parlamentario de los mismos.

Estas propuestas son: la creación de un Comité Coordinador de la Inteligencia; en segundo lugar, la creación de una inteligencia militar, bajo la forma de una División de Análisis y Evaluación Estratégica; en tercer lugar, la constitución de una Comisión parlamentaria sobre Inteligencia; y, finalmente, el establecimiento de unos criterios de eficacia y control de calidad sobre los trabajos y operaciones de los servicios.

España no cuenta con una única agencia nacional de inteligencia, sino que las tareas de la información se encuentran repartidas, aunque de forma desigual, entre diversos organismos. De hecho, con la creación del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en 1977 mediante los reales decretos 1558/7 y 2723 de 4 de julio y 2 de noviembre respectivamente, los servicios de información españoles pasaron a ser tres: El CESID, dependiente orgánicamente del Ministerio de Defensa; la Dirección General de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior y las brigadas de información de la Guardia Civil, dependientes de su propio Director General y éste a su vez responsable ante el Ministro del Interior.

El CESID, en teoría formado para obtener, evaluar, interpretar y facilitar al titular de Defensa cuanta información sea necesaria o interese a la defensa nacional, comenzaría a funcionar en la práctica para la Presidencia de Gobierno, aunque sin perder su adscripción administrativa a la Secretaria de Estado de la Defensa. Esta doble vinculación formal a Defensa y funcional a La Moncloa no ha dejado de ser un elemento perturbador en los últimos años, al atribuirse el Centro un carácter de agencia central, dejando, de hecho, sin inteligencia militar al Ministerio de Defensa.

Por otro lado, la especial atención prestada por el CESID a la situación política interior, en sus aspectos de fuerzas involucionistas y grupos terroristas, llevó a este servicio a solaparse en el terreno de la inteligencia interior a los esfuerzos desarrollados por la DGS de la Policía y por la Guardia Civil.

Es más, la marcada autonomía del CESID generó tensiones en distintos momentos con los otros servicios, creando un malestar mutuo sin parangón anterior. Como consecuencia de las rivalidades entre los tres, la mesa de coordinación de la inteligencia, que se reunía regularmente en La Moncloa bajo la dirección de Juan Antonio Yáñez, dejó de hacerlo año y medio después de acceder el PSOE al Gobierno.

El momento de máxima tensión se produjo a finales de los 80, cuando el entonces Secretario de Estado de Interior, Rafael Vera, dió luz verde a un proyecto de constitución de una Dirección General de Información del Estado, dependiente del Ministerio del Interior y cuyas competencias serían, de acuerdo con el borrador de Ley Orgánica preparado por su equipo, "aportar toda la información necesaria al Presidente del Gobierno para el ejercicio de las funciones que le corresponden en la dirección y coordinación del Gobierno en materia de seguridad". Y más en concreto:

- Obtener, evaluar y difundir la información necesaria para prevenir cualquier peligro, amenaza o agresión exterior contra España y para asegurar sus intereses nacionales. Tal información abarcará los campos político, económico y tecnológico.

- Oponerse al espionaje y a las actividades de los servicios de Información extranjeros que atenten contra la seguridad o los intereses nacionales mediante su prevención, detección y neutralización dentro y fuera de España.

- Obtener, evaluar y difundir la información relativa a los procesos internos que mediante procedimientos anticonstitucionales atenten contra la estabilidad de sus Instituciones fundamentales.

- Establecer y mantener los canales de relación que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades específicas.

 

El proyecto de Vera, como puede apreciarse, robaba competencias hasta el momento exclusivas del CESID, como la contrainteligencia, a la par que dotaba a Interior de un elemento notable de actuación fuera de España. La filosofía de base era que la seguridad interior debía quedar en manos civiles dentro del Ministerio del Interior y que esa seguridad interior, por mor de la creciente internacionalización e integración europea que borraban las fronteras, expandía su ámbito de interés y actuación. Particularmente en lo tocante a dos terrenos, la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico.

A las ya conocidas dificultades de coordinación entre la Policia y la Guardia Civil se vino a sumar desde entonces la guerra despiadada entre Interior y CESID cuyo primer asalto perdió Rafael Vera a comienzos de 1993, cuando, tras las protestas de Alonso Manglano, Felipe González no autorizase a Vera a desplegar a varios de sus hombres como "antenas" en diversas embajadas españolas.

Como compensación, se creó un mando unificado para la lucha antiterrorista (MULA), dependiente del Secretario de Estado para la Seguridad, pero que, en la práctica, ha servido para poco.

Ante este clima de desconfianza mutua, duplicidades de esfuerzos y solapamientos de tareas, creemos que ha llegado el momento de establecer un órgano que coordine las actividades de todos los servicios de inteligencia en España, establezca las prioridades de actuación, así como sus requerimientos y apruebe los recursos de cada uno.

El Comité, formado por el Director del CESID, el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, el Director de la Guardia Civil, el Secretario de Estado de la Defensa, el Jefe de la División de Análisis y Evaluación Estratégica, y/o sus delegados directos, estaría dirigido por un presidente, con acceso directo tanto al Primer Ministro como a los Ministros de Interior y Defensa.

El Comité sería responsable, bajo la aprobación del gabinete, de fijar las tareas y necesidades de la inteligencia nacional. Esto es,

- Dar dirección y controlar la organización y el trabajo de los distintos servicios de inteligencia

- Elevar al Gobierno, en plazos determinados, las necesidades y las prioridades de los servicios

- Coordinar, en la medida que sea necesario, los planes interdepartamentales requeridos por las actividades de la inteligencia

- Producir una evaluación de seguridad conjunta

- Mantener las relaciones necesarias con los servicios de inteligencia de otros países.

 

El Presidente del Comité, o Coordinador de Inteligencia, será responsable del buen funcionamiento del mismo y servirá como asesor del Presidente del Gobierno sobre la coordinación de los servicios de inteligencia, sus recursos y programas. Para ello será de su exclusiva responsabilidad la revisión de los requerimientos de cada servicio y la propuesta de asignación de recursos para poder satisfacerlos.

El Comité contará con un reducido staff que asegure su funcionamiento. Y se hallaría físicamente encuadrado en la Presidencia de Gobierno.

Obviamente, la existencia misma del Comité implica una división del trabajo entre los distintos servicios, es decir, el mantenimiento de las tres instituciones hoy existentes más el órgano de inteligencia militar a crear.

De la misma forma, el Presidente del Comité se erige como el interlocutor natural ante el primer Ministro, aunque eso no conlleve que los directores de los servicios pierdan su acceso al Presidente del Gobierno. Habrá que establecer un mecanismo para la celebración de estas entrevistas que permita evitar "puenteos" e intrigas. Una fórmula posible es que todo contacto se desarrolle en presencia del Presidente del Comité.

No hay país cuyas fuerzas armadas no cuenten con un servicio de inteligencia específico que satisfaga las necesidades de información y análisis de los responsables militares y civiles de la política militar. España no tendría por qué ser un caso distinto.

Sin embargo, la creación del CESID en 1977 modificó sustancialmente el papel de las fuerzas armadas en la recolección y análisis de la información de la defensa al hacerse, en la práctica, depositario de dicha tarea en todo lo que fuera más allá del mero nivel táctico de las unidades.

Desde que en 1945 una orden reservada delimitara las funciones de inteligencia del Estado Mayor y de los ejércitos, éstas habían permanecido prácticamente inalteradas hasta mediados de los años 70. Así, al Alto Estado Mayor se le había dotado con la Tercera Sección, de Información, encargada de "proporcionar información política, económica, social y militar para que el Mando pudiese conocer con precisión las posibilidades y potencialidad de países extranjeros, así como desarrollar tareas de contrainteligencia en sus ámbitos de competencia".

De hecho, el mayor cambio producido ocurrió en 1976, cuando mediante el Decreto 1021 de 8 de abril, la Tercera Sección pasó a denominarse Segunda División.

Tal situación, como hemos dicho, se modificaría con la aparición del CESID, en 1977, al acaparar las tareas de contrainteligencia y de información exterior, aunque los agregados militares sigan reportando directamente al Ministerio de Defensa, especialmente a la DIGENPOL y al EMACON.

A su vez, cada ejército ha mantenido sus segundas divisiones -aunque con distintas denominaciones- pero éstas se han ocupado principalmente de la vigilancia interna de las tropas, especialmente en su lucha contra los terroristas. La constitución en el CESID de la división de tecnología, a pesar de dedicarse más que nada al espionaje industrial y no al análisis de sistemas de armas o tecnologías, frustró el seguimiento por parte militar de la evaluación de las capacidades tecnológicas de los demás ejércitos.

La creciente vertiente interior y política del CESID en los años 80 relegó sus tareas de inteligencia para la Defensa, entendida ésta en su componente militar. Sin embargo, su vocación centralizadora impidió que las fuerzas armadas se dotaran de unos mecanismos verdaderamente organizados y eficaces para el estudio de los ejércitos amigos y enemigos.

Nosotros creemos imprescindible la inmediata creación de una División de Análisis y Evaluación Estratégica, orgánicamente dependiente del Ministro de Defensa y enmarcada en el Estado Mayor Conjunto. Su responsable sería el JEMAD, quien contaría con un Director de Evaluación encargado de dirigir, coordinar y revisar los trabajos de las distintas secciones de la División.

El objetivo del trabajo de la División sería la recogida de información por medios abiertos o encubiertos y por los canales específicos de las fuerzas armadas, su evaluación, así como la evaluación de la información proveniente de otros servicios de inteligencia, y la elaboración y producción de los análisis y estudios requeridos para la formulación de la política de defensa.

Para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, la División contaría con una sección de Análisis militar; una sección de análisis económico; una sección científico-técnica; y una sección de personal.

La Sección de Análisis militar lidiaría con categorías de información como órdenes de batalla, detalles organizativos, identificación de unidades y formaciones, detalles de mandos y personalidades, grado de entrenamiento y disponibilidad, moral, material en servicio, planes de movilización, detalles sobre defensas terrestres, bases aéreas, puertos, comunicaciones, etc.

La sección de análisis económico estudiaría el esfuerzo presupuestario en defensa de los países, así como la base industrial de la defensa y las exportaciones de armas.

La sección científico-técnica trabajaría sobre el análisis de sistemas de armas concretos, por lo que a diferencia de la de Análisis militar, cuya distribución de trabajo tiene que ser geográfica a la fuerza, aquí la subdivisión debe ser funcional por categorías de sistemas de armas. El personal de análisis técnico debe mantener un estrecho contacto con las entidades de investigación del Ministerio y de las industrias, así como realizar pruebas y ensayos de piezas de material comprado o capturado a otros países.

El aspecto científico es, por naturaleza, más complejo, ya que no se refiere a ningún sistema de armas concreto sino a tecnologías de muy diversa aplicación y con un interés general. Dejando la protección y adquisición de secretos industriales al CESID, esta sección debe estar en contacto estrecho con la división técnica de los otros organismos a fin de identificar tendencias y componentes que pudieran tener un impacto futuro en el equilibrio militar.

La sección de personal cubriría distintos cometidos: primeramente, la formación del personal civil y militar para cubrir los puestos necesarios en la División o en las secciones de inteligencia de los tres ejércitos; en segundo lugar, la recogida de información, a través del interrogatorio de enemigos capturados en caso de guerra; en tercer lugar, el mantenimiento de la propia seguridad del personal, de las comunicaciones, de la información y de las instalaciones de la División; en cuarto lugar, asegurar la comunicación con los agregados militares en el extranjero; en quinto lugar, permitir la traducción del material necesario para las tareas de la División. Igualmente puede servir para enlace con los agregados militares acreditados en Madrid y como relaciones de la División con el público, institutos privados y la prensa.

En cualquier caso, tiene que quedar claro que la función principal de la División es el análisis y la evaluación, por lo que la División no debe contar con recursos para el desarrollo de operaciones encubiertas o especiales.

El hecho de su adscripción al Ministerio de Defensa no implica que su personal tenga que ser necesaria y exclusivamente militar.

En España, no hay forma alguna, si no es desde el mismo ejecutivo, de ejercer algún tipo de revisión y control del servicio de inteligencia, fundamentalmente del CESID, tarea que queda exclusivamente en manos de sus responsables políticos directos: el Ministro de Defensa y, en última instancia, el Presidente del Gobierno.

Esta situación ha favorecido un halo de misterio y opacidad en torno al CESID, del que, cuando se sabe algo, es por verse involucrado en alguna investigación judicial, como ha sido el caso de las escuchas ilegales en Barcelona.

La información y la inteligencia son funciones esenciales de la seguridad del Estado y de la nación. Pero también es importante, precisamente por ello, garantizar que sus acciones son eficaces y sujetas a derecho. Y que, además, sus realizaciones conlleven una clara responsabilidad política.

Desgraciadamente el control no es fácil. En primer lugar por la propia naturaleza del trabajo de la inteligencia, basado en el secreto y en garantizar la seguridad y la labor de quienes trabajan en los servicios.

Sin embargo, va contra la lógica que se pueda gastar una suma importante del dinero de los contribuyentes, del erario público, sin que nadie pueda saber o enjuiciar si está bien gastado. O si el dinero se gasta en lo que se había presupuestado. Por no hablar de si las mismas partidas, su definición, son las apropiadas.

En cualquier caso, parece políticamente deseable, a tenor de la voluntad popular de una mayor transparencia de las instituciones, instrumentar un sistema de control sobre los fines, medios y operaciones de los servicios de inteligencia en España.

Nosotros nos inclinamos por la creación de una Comisión sobre Inteligencia, de carácter permanente y con rango normal o igual a las ya existentes de Exteriores y Defensa.

Primeramente porque nos parece que esa es una experiencia ya ensayada con notable éxito en otros países y porque es la tendencia que se apunta en aquéllos otros que todavía no tienen establecido ningún mecanismo de vigilancia y control.

Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, el caso Watergate y las acusaciones de acciones de la CIA en el Chile de Allende, llevaron a un cambio en el sistema de control de la inteligencia americana. A pesar de la investigación dirigida en ese momento por el presidente Ford, la demanda pública condujo a la creación de dos comités parlamentarios permanentes en 1976 y 1977 (Church para el Senado y Pike para la Cámara de representantes), que han venido funcionando sin problemas desde entonces.

El comité de inteligencia de la Cámara de Representantes cuenta en la actualidad con 19 miembros, 12 de la mayoría y 9 de la minoría. Los líderes parlamentarios de la mayoría y la minoría son cooptados siempre para los comités. El Comité de la Cámara de representantes se divide en tres subcomités: legislación; control y evaluación; y programas y recursos. Por su parte, el Comité del Senado cuenta con 15 miembros (8 de la mayoría y 7 de la minoría). No cuenta con ningún subcomité.

Las competencias de ambos comité están reguladas estatutariuamente por el Acta de Inteligencia Nacional de 1980. Teóricamente, el Ejecutivo debe presentar cualquier documento que se le pida y, en consecuencia, las reglas sobre la circulación de la información y su salida al público son muy estrictas. (De hecho, en 1987 uno de los diputados se vio forzado a dimitir al haber filtrado partes de un borrador de informe).

Dentro del ejecutivo es el NSC quien está encargado del control de la comunidad de inteligencia. El Director de Inteligencia Central (coordinador de todas las agencias), tiene un puesto permanente en el NSC. Desde 1976, el presidente cuenta, además, con el comité de revisión de inteligencia (PIOB), que busca monitorizar los servicios para evitar acciones ilegales. Pero al carecer de capacidad para convocar testigos y depender, así, de informaciones indirectas, se ha criticado mucho su capacidad de control. El caso del Irangate agudizó esta sensación.

En Alemania el presente sistema para la regulación del control de los servicios de inteligencia ha estado directamente determinado por su experiencia bajo los Nazis y la falta de control de las actividades de las SS.

En la actualidad, los tres servicios, externo, interno y militar, están sometidos al control de otros tantos comités en el Bundestag. El primero regla la financiación y recursos de los tres servicios; el segundo, jurídico, estudia los permisos para la interceptación de las comunicaciones, algo que, salvo en situaciones de emergencia, no se puede realizar sin aprobación expresa del comité; el tercero examina las operaciones de los servicios.

Los comités pueden conducir investigaciones, así como citar a testigos, si así lo estiman. Los agentes dando testimonio cuentan con plena libertad de expresión.

El caso del Reino Unido es muy significativo, ya que se trata de un país donde hasta fechas muy recientes el Gobierno negaba la existencia de los servicios de inteligencia, pero donde, sin embargo, los mecanismos de control por parte del Ejecutivo han sido minuciosos y eficaces.

En cualquier caso, y dentro de la tónica general de cambios tras el final de la guerra fría, el Gobierno británico se ha visto forzado a dar unos pasos en la dirección de una mayor transparencia: se nombró a los servicios en 1989; se hizo público el nombre de sus responsables; e incluso se permitió a Mrs. Remington (Directora General del Servicio de Seguridad, conocido popularmente como MI5) tener un almuerzo con un grupo reducido de diputados del Comité de Asuntos Internos.

Es más, durante 1993 la Cámara de los Lores ha estado preparando un proyecto de Ley sobre inteligencia en el que se aboga por una cierta clase de control parlamentario. Para empezar, se crea un comité de Seguridad e Inteligencia formado por 6 miembros. Estos 6 miembros pueden ser Lores o simples diputados, pero tendrán que ser designados por el Primer Ministro tras consultas con el líder de la oposición. El Comité se encargará de la supervisión de todos los aspectos de las actividades de los servicios de inteligencia y para ello tendrá acceso a la información que necesite, excepto cuando ésta ponga en peligro alguna operación, desvele nombres de informadores o concierna a un país tercero cuyo Gobierno no autorice el que salga a la luz dicha información.

Por su parte, la existencia de este régimen de supervisión parlamentaria no excluye ni anula la responsabilidad y control por parte del Ejecutivo, que sigue como hasta ahora: cada Jefe de servicio es responsable ante su Ministro y éste ante el Primer Ministro; igualmente, en el día a día de las operaciones el Comité Conjunto de Inteligencia de la Oficina del Gabinete del Primer Ministro juega un importante rol a la hora de definir los requerimientos y los fondos necesarios para la conducción de las operaciones y actividades de los servicios; por último, un Controlador del Tribunal de Cuentas designado por el Gabinete, tiene acceso a toda la documentación, para evaluar y supervisar que tanto las actividades realizadas son acordes a la Ley, como que los fondos se han destinado correctamente.

Es evidente, por tanto, que nuestros principales aliados, las más importantes naciones democráticas, han podido establecer distintos mecanismos de control de sus servicios secretos, considerados suficientes y no perjudiciales ni para la comunidad de inteligencia ni para la seguridad nacional.

En el caso español, el único control ha venido de la mano de los responsables directos de los órganos de información y, muy especialmente, al concentrarse mucho del esfuerzo en el CESID, por el Tte. Gral. Alonso Manglano. Lo que, a tenor de los recientes escándalos, no parece ser suficiente.

Para nosotros es de vital importancia el establecimiento de un control permanente y externo al ejecutivo. La institución depositaria de esa tarea no puede ser otra que el Parlamento.

Ahora bien, la penosa experiencia de la reciente Comisión de Investigación del caso Roldán ha puesto de manifiesto que una comisión secreta, cuando el tema que trata es políticamente candente, deja, de hecho, de ser secreta y pasa a ser pública en tiempo real. a fin de garantizar la seguridad de los servicios de inteligencia y una plena eficacia de sus acciones, el funcionamiento de la Comisión sobre Inteligencia tiene que basarse sobre otras premisas mucho más estrictas.

En primer lugar, sus reuniones deben ser secretas, con un compromiso no sólo político, sino penal si llega el caso, por parte de sus miembros.

En segundo lugar, debe ser una Comisión reducida, que garantice que sólo un número pequeño de diputados tiene acceso a la información sensible y que las fugas podrían ser fácilmente detectables.

De hecho, los miembros deberían reducirse a dos personas por cada grupo parlamentario. Es más, los miembros deberían ser votados y elegidos por el Pleno de la Cámara a propuestas de los respectivos grupos parlamentarios.

Ante la Comisión deberían comparecer los Jefes o Directores de los servicios, así como el Presidente del Comité de Coordinación de la Inteligencia Nacional, cuando la Comisión lo juzgase necesario y, en cualquier caso, al menos una vez al año.

Lo importante, para nosotros, es otorgarle el carácter de permanente. Los sistemas hasta ahora empleados como, por ejemplo, en el caso de los acuerdos de cooperación con la OTAN, que quedaron depositados en la mesa de Félix Pons, presidente del Congreso, a disposición de los portavoces de los grupos parlamentarios, no son practicables para el control de las actividades de inteligencia, tarea que exige una dedicación casi en exclusiva.

Por la misma razón, otra de las alternativas imaginables, un comité especial formado exclusivamente por los portavoces de los grupos parlamentarios, sería poco efectivo, estando ya como están cargados de múltiples tareas, o se recurriría a la ayuda externa, poniendo en peligro la seguridad de la información.

La única solución es una Comisión restringida, secreta pero permanente.

España dedica una escasa atención presupuestaria a sus servicios de inteligencia. Así, el presupuesto del CESID en los últimos años se sitúa en torno al 0'5% de presupuesto de Defensa. Esta situación es más grave, si cabe, si situamos los recursos de la defensa en el contexto de una inexorable reducción como la que está teniendo lugar en los últimos años.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de los Presupuestos Generales del Estado

 

En cualquier caso, el presupuesto debe constituir el primer mecanismo de control de calidad de los servicios de inteligencia. Para ello sería necesario, sin embargo, la aplicación de un presupuesto por programas que permitiese conocer el coste de cada una de las misiones que tienen asignadas estos servicios. Sólo una vez que se conoce el coste, la importancia que hayamos otorgado a un determinado objetivo y el grado en el que ese objetivo ha sido satisfecho, será posible establecer la eficiencia de nuestros servicios, así como un establecimiento más racional de las prioridades.

El presupuesto del CESID es, en la actualidad, algo sumamente oscuro. Ni siquiera sabemos a cuanto asciende cada año el coste de nuestros servicios de inteligencia. En los presupuestos generales del Estado sólo aparecen consignadas las cantidades dedicadas a gasto de funcionamiento e inversión del CESID, pero no los gastos de personal.

Este hecho se debe a la ausencia de un estatuto específico para el personal destinado al Centro. Así, cada funcionario o miembro es retribuido por su ministerio de origen, Defensa o Interior, en función de que se trate de un militar, un guardia civil, o un policía. El personal civil ajeno a estas situaciones es pagado, aparentemente, por el Ministerio de Defensa.

Este sistema retributivo, según el cual cada uno gana según su organización de procedencia y no de la función que desempeña en el CESID, plantea muchos problemas. Se dan casos de compañeros de despacho que desarrollan la misma tarea pero tienen sueldos dispares. En muchos casos, se recurre a los fondos reservados para subsanar esas discriminaciones, así como para pagar a determinados agentes y colaboradores.

La falta de transparencia se repite también en los gastos de funcionamiento. Así, de los 2.700 millones asignados en este capítulo presupuestario al CESID en 1994, más de la mitad tuvieron el carácter de "fondos reservados", quedando fuera de todo control externo (Véase la Tabla II).

Finalmente, los gastos de inversión aparecen consignados en la mayoría de los casos a superproyectos que también tienen el carácter de secretos.

Nosotros pensamos que, a pesar de estar hablando de servicios de inteligencia, no todos los gastos en los que éstos incurran tienen por qué ser secretos o reservados, esto es, "negros" sobre los que no se puede saber nada. Por lo que habría que analizar con exactitud la proporción, sobre los fondos totales, que necesariamente debe quedar opaca ante el público.

Ahora bien, siendo conscientes de la necesidad de contar siempre con importantes sumas de fondos reservados, también estamos convencidos de que éstos no pueden escapar a un riguroso examen y control, interno a los servicios en el día a día de su gestión, pero también externo a la comunidad y servicios de inteligencia.

Es más, sería necesario que algún organismo externo, como puede ser el Tribunal de Cuentas, así como la Comisión sobre Inteligencia del Congreso, estableciera algunos mecanismos secretos que hicieran posible tanto la auditoría como el control político de la utilización de estos fondos.