El servicio militar obligatorio es hoy fuente de fuertes controversias en toda Europa. La evolución del entorno estratégico y la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías a las fuerzas armadas están obligando a todos los países a una progresiva profesionalización de sus ejércitos. Al mismo tiempo, el creciente coste social del reclutamiento forzoso está propiciando reducciones cada vez más drásticas del tiempo de prestación en filas.

 

En este contexto son varios los países que se están replanteando la propia existencia de un servicio militar obligatorio para sus ciudadanos varones. En el continente europeo, Bélgica ha abolido ya el reclutamiento forzoso y Holanda lo hará a principios de 1996. Incluso en aquellos países en los que el servicio militar universal está más enraizado en su cultura política e histórica, como es el caso de Francia o Alemania, el debate intelectual y político sobre la continuidad del servicio militar obligatorio es cada vez más intenso.

Esta polémica sobre el servicio militar es particularmente intensa en nuestro país. La opinión pública española rechaza con mayor contundencia que cualquier otra opinión pública europea el servicio militar obligatorio. España ostenta de hecho el récord europeo en número de objetores de conciencia, encontrándonos a gran distancia del segundo clasificado. La demanda de abolición del reclutamiento forzoso es claramente mayoritaria en nuestra sociedad.

 

Por su parte, las Fuerzas armadas españolas se encuentran cada vez más involucradas en las instituciones de seguridad europeas y en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. La participación de nuestros ejércitos en un número creciente de ejercicios y operaciones fuera de nuestro territorio está exigiendo un considerable aumento de la tropa profesional. Así, en sólo dos o tres años hemos pasado de tener menos de 20.000 voluntarios especiales a disponer de más de 30.000 soldados profesionales. Este proceso seguirá avanzando hasta alcanzar los 50.000 soldados profesionales establecidos en el Modelo de FAS 2000 actualmente en desarrollo. La respuesta de nuestros jóvenes a las sucesivas convocatorias ha sido hasta el momento extraordinariamente positiva.

 

¿Es posible ofrecer hoy a la sociedad española un modelo de Fuerzas Armadas para después del año 2000 que amplíe la libertad de elección de nuestros jóvenes al tiempo que garantiza una mayor eficacia de nuestra defensa? Analizar las ventajas e inconvenientes de esa opción es el objeto del presente informe.

 

LA CRISIS DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Europa vive una etapa de enorme incertidumbre y dinamismo en su situación estratégica. El futuro de Rusia, la ampliación de la OTAN, el desenlace de la guerra en la antigua Yugoslavia y la evolución de los riesgos emergentes en el Mediterráneo son algunas de las incógnitas esenciales que pesan sobre el futuro de nuestra seguridad. Cuestiones, todas ellas, para las que distamos mucho de tener respuestas claras y precisas. En este entorno de incertidumbre e inestabilidad hay sin embargo una evidencia que puede mantenerse estable en un período razonable de tiempo: A diferencia de los tiempos de guerra fría no existe hoy una amenaza directa sobre nuestra integridad territorial o nuestra soberanía por parte de ningún otro país.

 

La paradoja es que precisamente en este momento en que la amenaza parece haberse volatilizado, la utilización de nuestras fuerzas armadas es cada vez más frecuente. En muchas ocasiones, los intereses de seguridad españoles se encuentran además a cientos e incluso miles de kilómetros de nuestras fronteras.

 

Esta nueva realidad estratégica exige necesariamente una adaptación de nuestras Fuerzas Armadas. España necesita hoy un modelo de ejércitos flexible -no se sabe bien cómo, ni cuándo, ni para qué serán utilizados-; con una gran capacidad de movilidad y proyección de fuerza -tampoco sabemos con certeza dónde se verán obligados a operar en el futuro inmediato-; y capaces de actuar integradamente con otros ejércitos aliados -su material y entrenamiento deben ser homologables al del resto de nuestros aliados y una parte importante de su adiestramiento debe ser realizada conjuntamente con otros ejércitos-. Es evidente que este tipo de unidades debe nutrirse básicamente de tropa profesional. Los últimos conflictos, como el de la guerra del Golfo, lo ponen muy claramente de manifiesto.

 

 

Todos los estudios de opinión analizados ponen en evidencia que el servicio militar, la objeción de conciencia y la insumisión son temas que preocupan en buena medida a los ciudadanos y, consecuentemente, son cuestiones relevantes para el debate político, especialmente en términos electorales. La opción por un ejército profesional resulta siempre mayoritaria entre los encuestados, recibiendo entre el 45 y el 75 por ciento de las preferencias según las diferentes encuestas analizadas.

 

El ejército profesional es demandado además con especial intensidad por los jóvenes, los habitantes de las grandes ciudades y los que tienen estudios medios y superiores. Geográficamente, la opción por un ejército profesional es especialmente significativa en el País Vasco y en Cataluña y en los municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes. Políticamente, la opinión favorable a un reclutamiento exclusivamente voluntario es especialmente elevada entre los votantes de centro y centro-izquierda.

 

No es previsible, por tanto, ninguna resistencia en el electorado a una hipotética propuesta de profesionalizar el ejército, sino más bien todo lo contrario. Esta tesis se ve reforzada por el hecho de que entre los votantes del Partido Popular son mayoría los que incluso estarían dispuestos a incrementar el gasto en defensa para financiar un ejército enteramente profesional.

 

Por el contrario, el servicio militar obligatorio sólo es apoyado mayoritariamente por quienes no tienen estudios, viven en zonas rurales o se sitúan en la extrema derecha. Resulta dramático constatar que el 70% de los que no tienen estudios prefieran el servicio militar a la objeción, mientras que entre los que tienen estudios sólo son el 30% los dispuestos a ir a la "mili". El servicio militar puede convertirse así en algo injusto que solo cumplen los que tienen menos posibilidades sociales y económicas.

 

Todas las encuestas consultadas demuestran también que el servicio militar es hoy un elemento negativo en la valoración de las Fuerzas Armadas. Este hecho se pone de manifiesto en un doble sentido: por un lado, los que han empeorado su opinión del Ejército aluden normalmente para ello a motivos relacionados con el servicio militar. Por otro, hemos constatado que la opinión de los jóvenes varones sobre el ejército tiende a empeorar tras haber realizado su servicio militar. En estas condiciones, no es posible defender que el servicio militar sea en la España actual un factor de integración del ciudadano en su defensa, sino más bien lo contrario.

 

Por otro lado, España cuenta ya con más de 300.000 objetores de conciencia. Esta cifra ha sobrepasado todas las expectativas del Gobierno, creando un importante problema político-administrativo de muy difícil solución dada la incapacidad de la Administración para ofrecer a esta avalancha de objetores la posibilidad de realizar la preceptiva prestación social sustitutoria en un plazo razonable. Esta situación está amenazando seriamente la propia viabilidad del actual modelo de servicio militar mixto. Las encuestas demuestran además que la opinión pública "ve muy bien" declararse objetor de conciencia y hacer el servicio civil sustitutorio en lugar del militar. La sociedad española es además claramente partidaria de que ambos servicios duren lo mismo -lo que provocaría un número de objetores aún mucho mayor-. Como es lógico, esta demanda es especialmente destacada entre los jóvenes. Finalmente, es destacable que una gran mayoría de la población, el 56 por ciento, considere que la solución al problema de la objeción de conciencia es el ejército profesional.

 

España cuenta también con un número de insumisos que oscilan entre los 6.000 y los 9.000 individuos. Este fenómeno, prácticamente autóctono de nuestro país, supone un grave dilema político y judicial. La insumisión está catalogada en nuestro país como un delito que lleva consigo penas de privación de libertad. Sin embargo, la resistencia social, incluyendo algunos jueces, a meter en la cárcel a este elevado número de insumisos hace en la práctica políticamente inviable la aplicación estricta de la legislación vigente. Es más, las propias encuestas de opinión muestran un importante apoyo popular para este delito. Así, a un 20 por ciento de la población española la actitud de los insumisos le parece bien o muy bien. Ese porcentaje asciende al 36 por ciento entre los jóvenes y al 41 por ciento entre los habitantes del País Vasco. Entre los votantes del Partido Popular hay un 10 por ciento que tiene una opinión favorable a la insumisión.

 

En resumen, la sociedad española plantea hoy un rechazo al servicio militar obligatorio mayor que en ninguna otra etapa de su historia -al menos desde que existen estudios de opinión que cuantifiquen ese rechazo- y mayor también que todos los casos analizados de otros países europeos. Este fuerte rechazo al servicio militar es una de las causas fundamentales del elevadísimo número de objetores de conciencia -77.121 solicitudes en 1994- y del grave problema de desobediencia civil que representa el fenómeno de la insumisión. En esta situación, el servicio militar se está convirtiendo en un claro factor de distorsión en las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. Frente a esta situación, hay una gran mayoría de los españoles se declaran partidarios del ejército profesional.

 

 

La introducción de nuevas tecnologías en los sistemas de armas actuales, la creciente hostilidad que presenta el campo de batalla moderno, los nuevos tipos de misiones internacionales en las que se ven involucrados nuestros ejércitos, unido todo ello a la drástica reducción del tiempo de prestación del servicio militar obligatorio -hemos pasado en unos pocos años de 18 meses a tan sólo 9- hace que el sistema de reclutamiento forzoso sea cada vez menos eficaz para los fines de las Fuerzas Armadas. Como señaló muy gráficamente el Almirante Vila Miranda, anterior Jefe del Estado Mayor de la Armada, en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, "en nueve meses un marinero no aprende ni a defenderse a si mismo".

 

Los cuadros de mando de nuestros ejércitos detectan en general una clara falta de motivación en la tropa de reemplazo, no solo hacia las labores de limpieza o intendencia, sino también a las más específicamente castrenses. Por el contrario, la tropa voluntaria y remunerada se muestra mucho más atraída por la vida militar. La temporalidad del paso por el Ejército, de la que es consciente el soldado de reemplazo desde el momento en que se incorpora a filas, y la necesidad repetitiva y muchas veces inútil de impartirle formación y especialización, hace que el militar de carrera prefiera el soldado voluntario y profesional antes que la tropa de reemplazo.

 

Esta mayor eficacia del soldado profesional hace que la mayoría de nuestros cuadros de mando militares prefieran un modelo de ejército puramente profesional. Según una encuesta realizada entre los militares de carrera del Ejército del Aire, el 81 por ciento de sus oficiales se decantan por el ejército profesional, frente a un 16 por ciento que lo hace por el modelo actual. Por su parte, en la Revista Ejército -revista oficial del Ejército de Tierra- han aparecido varios artículos defendiendo el ejército profesional. Este apoyo de los cuadros de mando militares al ejército profesional resulta sorprendente en tanto que en otros países que optaron previamente por un modelo de reclutamiento exclusivamente voluntario la resistencia por parte de las fuerzas armadas había sido siempre muy significativa.

 

En definitiva, un ejército profesional es más eficaz que uno de reemplazo porque la voluntariedad mejora la moral de combate de los soldados y permite períodos más largos de servicio, lo que facilita a su vez un adiestramiento más prolongado, mayor cohesión en las unidades, una formación más intensa y mayores posibilidades de especialización. Un ejército algo más reducido -en torno a los 150 mil hombres-, pero mejor entrenado, tecnológicamente más competitivo y mejor equipado puede ofrecer una mucha mayor eficacia militar a nuestro país que el actual.

 

 

El reclutamiento forzoso involucra algunas de las cuestiones fundamentales relativas a los derechos individuales y a la relación entre el Estado y los individuos. El servicio militar obligatorio no es por tanto únicamente un modo ineficaz de dotar de personal a nuestras Fuerzas Armadas, sino que supone también una evidente coerción a la libertad individual.

Así, si uno de los grandes avances de la libertad en la historia de la humanidad ha sido la conversión de los impuestos pagados con prestaciones personales, muy abundantes en tiempos pasados, a impuestos pagados en dinero, el reclutamiento obligatorio queda así como una herencia del pasado cada vez vigente en un menor número de países. Hoy tenemos una opción política para acabar con este impuesto que aún se paga con un período de la propia vida, una opción para ampliar nuestra esfera de libertad individual y hacerlo al mismo tiempo que fortalecemos nuestra seguridad nacional. Esa opción consiste en iniciar una transición hacia el ejército profesional.

 

POSIBLES DESVENTAJAS DE UN EJERCITO PROFESIONAL

 

 

Un ejército profesional en España exigiría que todos los años cerca de 20.000 jóvenes decidieran libremente incorporarse a las Fuerzas Armadas como tropa profesional. Este enorme flujo de peticionarios, que deben superar además unos mínimos requisitos físicos e intelectuales, exige para poder funcionar la existencia de una imagen positiva de las Fuerzas Armadas entre los jóvenes potencialmente reclutables y una intensa relación con el conjunto de la sociedad. La voluntariedad del servicio militar exige por tanto de los ejércitos un mayor esfuerzo de acercamiento y comunicación con la sociedad de la que se nutren que la mera existencia de un reclutamiento forzoso.

 

La experiencia demuestra además que los países de nuestro entorno con ejércitos profesionales mantienen una conciencia nacional y de defensa igual o superior a la de los países con ejércitos de leva forzosa. Es más, la existencia de tropa profesional permite una menor resistencia social a la utilización de la fuerza cuando ésta es necesaria -como puso de manifiesto el diferente apoyo social que tuvo el envío de marineros de reemplazo a la guerra del Golfo y el envío de tropa voluntaria y profesional a Bosnia-. Sin embargo, la involucración de las Fuerzas Armadas en guerras u operaciones que no cuenten con suficiente apoyo electoral supondrá en un modelo profesional la caída automática del reclutamiento de nuevos componentes de tropa. En la medida en que un servicio militar voluntario supone un mayor respeto de la libertad individual supone también un mayor control democrático de las Fuerzas Armadas.

 

En cualquier caso, la realidad es que el servicio militar actual constituye en nuestro país más un factor de rechazo y distanciamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, tal y como hemos puesto de manifiesto anteriormente al tratar sobre el servicio militar obligatorio como problema social, que un factor de cohesión de la defensa nacional. El análisis de la procedencia geográfica de la tropa profesional demuestra además que su composición es más homogénea, en términos territoriales, que la de la actual tropa de reemplazo. Este hecho se explica por las elevadas tasas de objeción de conciencia que se producen actualmente en algunas Comunidades Autónomas. Finalmente, un ejército profesional, más eficaz y menos costoso en términos sociales, tenderá sin duda a ser mejor valorado por la sociedad en su conjunto que el actual.

 

 

La necesidad de que un número suficiente de jóvenes convenientemente cualificados decidan libremente incorporarse cada año a las Fuerzas Armadas es uno de los grandes retos que plantea el ejército profesional. Sin embargo, la experiencia de los países de nuestro entorno demuestra que un número razonable de sus ciudadanos estiman que la participación activa en la defensa de su país es suficientemente honorable e importante como para moverles a alistarse y servir a su país voluntariamente (no entendemos por qué la sociedad española debe ser diferente en este punto).

 

Es más, la corta experiencia de nuestro país con la tropa profesional es más que satisfactoria a efectos de garantizar la cantidad y calidad de nuestra clase de tropa profesional. Así, entre octubre de 1992 y principios de 1994 han existido un total de 65.621 solicitudes de ingreso para únicamente 16.963 plazas convocadas, lo que representa una proporción de casi cuatro candidatos por plaza. Sólo en 1993 las solicitudes han ascendido a 33.832 peticiones. Las mujeres han representado más del 15 por ciento del total de estas solicitudes.

 

Partiendo de un contingente de 100.000 soldados profesionales y estableciendo un tiempo medio estimado de permanencia en el ejército de cinco años, el volumen de tropa profesional a contratar anualmente sería del orden de los 20.000 soldados. Como hemos visto, el número de solicitudes anuales ya supera en las actuales condiciones de la tropa profesional muy sustancialmente esa cifra. Una adecuada política de incentivos podría por tanto no solo garantizar un número suficiente de solicitudes para cubrir las plazas convocadas, sino que permitiría una rigurosa selección de los futuros componentes de la tropa profesional.

 

La viabilidad demográfica de la tropa profesional está además lamentablemente garantizada por la elevada tasa de desempleo juvenil que existe en nuestro país. España, con un 37,5 por ciento de tasa de paro para los menores de 25 años, es el país de la Unión Europea con mayor índice de paro juvenil, doblando casi la media comunitaria. Por poner solo un ejemplo, Holanda, que en 1996 culminará la transición a un ejército profesional, tiene una tasa de paro juvenil de tan solo el 15 por ciento.

 

Por el contrario, los parados menores de 24 años superaron ampliamente durante el pasado año el millón de desempleados. La tasa de paro entre los 16 y los 19 años es de hecho la más elevada, con un 53,1 por ciento. Un ejército de 100.000 soldados profesionales supondría por tanto reclutar menos del 10 por ciento de los jóvenes españoles menores de 24 años que hoy se encuentran en el paro. Esto no es solo algo posible, sino una de las pocas cosas eficaces que podría realizar cualquier Gobierno para aliviar de forma significativa un problema sangrante como es que casi la mitad de nuestro jóvenes se encuentre desempleados, viviendo a costa de sus familias y permanentemente tentados por la droga, la delincuencia y la marginalidad.

 

Lamentablemente, una reducción drástica de las tasas de desempleo juvenil que pudiera obligar a las Fuerzas Armadas a competir en el mercado en la captación de personal, como ocurre en otros países con modelos de ejército profesional, no parece un escenario realista para los próximos años. Esto significa para las fuerzas armadas una triste y firme garantía cuantitativa y cualitativa de reclutamiento a costes razonablemente bajos para el futuro previsible.

 

Ni siquiera la fuerte caída demográfica sufrida por nuestro país en la última década supone una amenaza seria para la viabilidad del ejército profesional. En año 2025 la población masculina comprendida entre los 20 y los 24 años oscilará en torno al millón de jóvenes. Esto significa que para un contingente de tropa profesional de 100.000 soldados, será uno de cada diez jóvenes españoles el que deberá tomar la decisión de alistarse. Pero si la incorporación de la mujer a los ejércitos sigue su curso natural, sería únicamente uno de cada quince o de cada veinte el que debería ingresar en el ejército.

 

 

El coste por soldado profesional establecido en los presupuestos del Ministerio de Defensa para 1995 es de 1.292.000 pesetas al año. Teniendo en consideración que ya existen en nuestros ejércitos un total de 31.574 soldados profesionales, incrementar esa cifra hasta los 100.000 establecidos en nuestro modelo de ejército profesional supondría un coste añadido de 88.406 millones de pesetas anuales. Sin embargo, a esta cantidad habría que restar los costes derivados del actual servicio obligatorio y de la prestación social sustitutoria. Así, cuando menos habría que descontar 10.189 millones de retribuciones actuales a la tropa de reemplazo, 26.092 millones de la alimentación de dicha tropa, así como 3.717 millones de gastos de gestión de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Esto significa que un ejército profesional exigiría un incremento del presupuesto de defensa del orden de los 48.000 millones de pesetas respecto al presupuesto aprobado en 1995 para el Ministerio de Defensa. Esto supondría un crecimiento en torno al cinco por ciento de nuestro gasto militar.

 

Sin embargo, si tomamos como referencia el coste final estimado del modelo de Fuerzas Armadas 2000, que incluye el objetivo de llegar a los 50.000 soldados profesionales, así como el compromiso adquirido por el Partido Popular de pagar un mínimo de 30.000 pesetas mensuales a los soldados de reemplazo, el incremento de gasto de personal que supondría el ejército profesional quedaría reducido a únicamente 10.800 millones de pesetas. Esta cifra nos permite afirmar que el argumento del coste excesivo del ejército profesional es básicamente una cuestión marginal a la hora de adoptar una decisión política sobre el modelo. Cada vez parece más evidente que a igualdad operativa los costes de los distintos modelos de servicio militar tienden a ser muy aproximados.

El fuerte incremento de la demanda de tropa voluntaria que exigiría un ejército profesional podría elevar las retribuciones de la clase de tropa, pero estas nunca deberían incrementarse por encima de un 1.500.000 pesetas, a fin de no aproximarse excesivamente a los sueldos de los suboficiales. Está demostrado que con esa retribución de 1.300.000 pesetas -hasta el año pasado era aún un 40 por ciento inferior- la afluencia de candidatos está más que garantizada. Esta retribución es además perfectamente competitiva con la que perciben otros soldados voluntario en ejércitos profesionales de otros países occidentales. En cualquier caso, un incremento de 200.000 pesetas anuales en la retribución de la tropa profesional significaría un incremento del gasto de 20.000 millones de pesetas.

 

Pero el coste económico de un sistema de reclutamiento no puede medirse solo en términos presupuestarios. El servicio militar obligatorio supone también un importante coste de oportunidad al ocupar en el ejército a personal altamente cualificado en la sociedad civil, en tareas las más de las veces muy poco cualificadas. Así, el coste del servicio militar de un abogado, un agricultor o un obrero especializado no es sólo las 1.500 pesetas que figuran en los presupuestos de defensa como retribución, sino lo que ese joven deja de producir para la sociedad y ganar para él mismo durante su tiempo de prestación del servicio militar. Sumados todos los costes de oportunidad que supone el reclutamiento forzoso, la cantidad resultante es muy superior al coste presupuestario añadido que supone el ejército profesional. Un reclutamiento voluntario es por tanto un sistema mucho más económico y eficiente de dotar del personal de tropa necesario a las Fuerzas Armadas que uno de tipo forzoso.

 

Por otro lado, la renovación de todo el personal de tropa cada nueve meses supone un enorme derroche en gastos de formación, cuyo coste apenas se puede rentabilizar con posterioridad dada la escasa duración del servicio. Así, cerca del 20 por ciento de nuestras Fuerzas Armadas está ocupada en dar o recibir formación en lugar de hacerlo en el adiestramiento para misiones concretas. Esto supone un enorme esfuerzo presupuestario y de personal e incrementa de forma innecesaria la dimensión de las Fuerzas Armadas. Y lo peor es que a pesar de ese esfuerzo, los niveles de formación, entrenamiento y especialización de la tropa que finalmente se alcanzan son en general muy bajos. Todo esto redunda en la menor eficiencia económica del ejército de reemplazo o mixto frente al exclusivamente profesional.

 

 

En contra lo que pudiera pensarse, un servicio militar voluntario supone en términos generales una mejora cualitativa del personal de las fuerzas armadas. Esto es así porque a diferencia de lo que ocurre con el reclutamiento forzoso, el ejército profesional puede seleccionar el personal qué puede alistarse, exigiendo unos requisitos físicos e intelectuales mínimos para acceder a las fuerzas armadas. La experiencia de los países de nuestro entorno con ejércitos profesionales demuestra que la supresión del servicio obligatorio ha supuesto en la mayoría de los casos una mejora de los niveles educativos medios del personal de tropa.

 

En España la experiencia de reclutamiento de un Cuerpo militar de más de 60.000 hombres como la Guardia Civil demuestra hasta que punto la profesionalización no plantea especiales problemas de falta de representación social o de refugio en su seno de las capas más marginadas de la sociedad. Por el contrario, la calidad del personal de la Guardia Civil ha sido contrastada por los hechos en múltiples ocasiones y es generalmente reconocida por la sociedad.

 

Es más, el establecimiento de un servicio militar voluntario en nuestro país provocaría con toda seguridad una mejora de los niveles educativos y sociales de nuestra clase de tropa. Tal y como vimos en el análisis de la problemática social del servicio militar la proporción de objetores de conciencia es en España más alta cuanto mayor es el nivel educativo. Así, la mayoría de los jóvenes que hoy se incorporan al servicio militar no tienen estudios o viven en zonas rurales. La sociedad se aprovecha de estos grupos marginales para emplearlos gratuitamente en una institución que en realidad nos defiende a todos. Por el contrario, casi 15.000 de los peticionario de tropa profesional en los dos últimos años habían superado el BUP y otros 5.000 tenían el COU o estudios superiores.

 

 

Un mercenario es un soldado que lucha únicamente por dinero. El soldado profesional del que nosotros hablamos es, por el contrario, un soldado español que lucharía, llegado el caso, bajo la bandera española. Este es un planteamiento completamente distinto al de un mercenario. Con el actual modelo España tendrá en los próximos años 50.000 soldados profesionales. ¿Significa eso que debamos definirlos también como mercenarios? Este punto no merece más discusión.

 

No existe, por otro lado, ninguna relación entre el tipo de reclutamiento y el grado de intervencionismo militar en el ámbito político. Como señala el Almirante Liberal Lucini, antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa, "los países desarrollados con ejércitos profesionales y regímenes democráticos firmemente establecidos no tienen conciencia histórica de golpes de estado militares, mientras que en los países subdesarrollados en los que las Fuerzas Armadas constituyen una minoría culta y disciplinada, el intervencionismo militar se produce con frecuencia aunque la tropa no sea profesional". El Almirante Liberal es, sin embargo, un defensor de la recluta obligatoria por otros motivos.

En nuestra opinión, la democracia española está hoy suficientemente madura como para que un cambio en el modelo de reclutamiento no suponga ningún tipo de amenaza política. El debate sobre el servicio militar debe estar orientado hacia la discusión sobre el sistema que se adapta mejor a las nuevas misiones de nuestros ejércitos, cuál presenta un menor coste económico y social y qué modelo es más eficaz para cubrir adecuadamente nuestras necesidades defensivas. Por el contrario, el debate sobre la intervención en política del ejército español debe ser un debate hoy superado.

 

 

El ejército español consumiría sus actuales reservas de munición a las pocas horas de iniciar una guerra. Muchas de las unidades en activo tienen además importantes déficits de material y mantenimiento. En estas circunstancias, cabe preguntarse seriamente para qué servirán los cientos de miles de jóvenes españoles que permanecen en la reserva. Máxime cuando no se ha realizado nunca en nuestro país un ejercicio de movilización que ponga a prueba el sistema.

 

Es cierto que un servicio militar obligatorio permite unas reservas de personal más numerosas que uno de recluta voluntaria. Sin embargo, en las nuevas circunstancias estratégicas descritas para Europa, en las que afortunadamente no pesa ninguna amenaza directa sobre nuestro territorio, la utilidad de esas reservas es mucho más lejana. Es más, cuando el material disponible apenas permite actualmente mantener operativas las unidades activas, resulta un tanto ilusorio preocuparse excesivamente por las unidades en reserva.

 

Por otro lado, un ejército profesional permite mantener un nivel razonable de fuerzas en reserva. Es más, el hecho de que en tiempo de paz la Ley autorice a una exención general del servicio militar obligatorio no significa que constitucionalmente el Estado no tenga el derecho a decretar una movilización general de la población para el caso de guerra. En última instancia, las limitadas oportunidades de formación militar que ofrece el servicio militar actual tampoco suponen en este sentido una ventaja significativa del actual modelo respecto al ejército profesional.

 

En cualquier caso, unas fuerzas armadas profesionales deberán tener la capacidad de duplicar su contingente mediante un sistema eficaz de reservas que permita reincorporar a sus unidades a los soldados profesionales más recientemente licenciados. Un sistema de voluntariado debería permitir además reforzar en este modelo las áreas más sensibles y menos dotadas de los ejércitos -sanidad, comunicaciones, cuadros de mando para la formación militar de ciudadanos movilizados, etc- para el caso de crisis. Finalmente, sería preciso desarrollar también un sistema hoy inexistente de movilización de material que permita reforzar los medios de transportes, de comunicación, de asistencia sanitaria e industriales a las fuerzas armadas en caso de necesidad.

 

 

Al depender el reclutamiento de un ejército profesional de la libre voluntad de los individuos para alistarse, es cierto que los planificadores militares trabajan con una cierta dosis de incertidumbre. Sin embargo, el reconocimiento de la objeción de conciencia supone de hecho que ese mismo nivel de incertidumbre exista también con un reclutamiento forzoso. En nuestro país, el espectacular crecimiento del número de objetores de conciencia de los últimos años ha llegado a hacer dudar sobre la viabilidad del sistema actual. En cualquier caso, el sistema actual tampoco permite conocer con exactitud el contingente disponible en los próximos años.

 

Por otro lado, un sistema de reclutamiento voluntario es más independiente de los vaivenes demográficos que uno de reclutamiento obligatorio. Especialmente si, como es nuestro caso, se renuncia a un mecanismo aleatorio de exclusión -excedentes de cupo-. De hecho, las disponibilidades coyunturales de varones de dieciocho años en la población no tienen por qué coincidir necesariamente con las necesidades reales de personal de las Fuerzas Armadas.

 

 

La Constitución Española de 1978 no establece en ninguno de sus artículos un mandato imperativo imponiendo el reclutamiento forzoso o prohibiendo un ejército profesional. La Constitución únicamente establece en su artículo 30, punto 1, "el derecho y el deber de defender a España" de todos los españoles. Sin embargo, la obligación de la defensa de España es algo que transciende con mucho el mero cumplimiento del servicio militar.

La Constitución deja de hecho discrecionalidad absoluta al desarrollo legislativo posterior para la fijación tanto de las obligaciones militares concretas como de las causas de exención del servicio militar obligatorio, limitándose a realizar un reconocimiento explícito del derecho a la objeción de conciencia. Finalmente, el texto constitucional tampoco obliga ni a una prestación social sustitutoria para los objetores, ni a servicio civil general para el cumplimiento de fines de interés general, sino que plantea ambas cuestiones como meras posibilidades o autorizaciones.

 

El ejército profesional tiene por tanto perfecta cabida en nuestro actual ordenamiento constitucional. Es más, en la medida en que ese ordenamiento autoriza un reclutamiento obligatorio, no consideramos conveniente su modificación, dado que una movilización general puede seguir siendo necesaria en el caso de seria amenaza para nuestra seguridad nacional. En nuestra opinión, esa posibilidad de reclutamiento obligatorio debe seguir estando amparada por la Constitución.

 

 

La crisis generalizada que padece el servicio militar obligatorio en el mundo occidental tiene una especial intensidad en nuestro país. Esta crisis se manifiesta en un elevado rechazo social, un espectacular número de objetores de conciencia e insumisos y una creciente inutilidad militar y estratégica de la prestación forzosa en filas. En todos los países de nuestro entorno puede observarse una tendencia inexorable hacia la profesionalización de las clases de tropa, acortando el servicio militar obligatorio y, en algunos países como Bélgica u Holanda, aboliendo por completo el reclutamiento forzoso.

El modelo de FAS 2000 aprobado por el Congreso de los Diputados en 1991 se está desarrollando en nuestro país a pesar de las enormes dificultades financieras que atraviesa nuestra defensa. Actualmente, contamos ya con más de 30.000 soldados profesionales y en los próximos años llegaremos a los 50.000 establecidos como objetivo final por el modelo actual. Esto supondrá un índice de profesionalización por encima del 55 por ciento de nuestras Fuerzas Armadas.

 

En este escenario de crisis del servicio militar obligatorio y satisfactoria profesionalización de nuestros ejércitos, resulta imprescindible abrir el debate sobre lo que podemos definir como "Modelo de Fuerzas Armadas para después del 2000". En este nuevo modelo sería conveniente suspender definitivamente el reclutamiento forzoso, como un medio para acrecentar nuestra libertad individual y fortalecer nuestra hoy deteriorada defensa nacional. Hacemos esta propuesta desde el convencimiento razonado de que un ejército profesional es más justo, más económico, más eficaz y mucho más aceptado socialmente que el modelo actual sustentado en el reclutamiento forzoso.