Las celebraciones del Día de la Mujer en todo el mundo se han convertido, salvo excepciones, en una sucesión de discursos rancios y manidos para consumo interno de las propias mujeres.

 

El tema de la igualdad y sobre todo, el de la violencia doméstica se presta a grandes dosis de demagogia. Sin embargo, hay dos temas clave para comenzar a ofrecer soluciones que faciliten que un día no se tenga que celebrar este día porque toda la sociedad entienda que las mujeres, nosotras incluidas, no somos un colectivo, sino más de la mitad de la población. Uno es la integración laboral sin estridencias y sin cuotas. Cuando se trabaja bien, el éxito y los puestos de responsabilidad llegan por sí solos. Ningún empresario es tan tonto como para dejarse ir un buen activo o no promocionarlo, sea hombre o mujer. De lo que se trata es de ofrecer la posibilidad de trabajar de acuerdo con el propio rol de la mujer en la sociedad.

 

El otro, es trabajar de firme en la educación desde la infancia, a la vez que se ponen las medidas necesarias para atajar en todo lo posible la violencia contra las mujeres a manos de sus parejas.

 

Al margen de que el cambio cultural es necesario, a la vez que lento y paulatino, los Estados, hoy, deben trabajar por garantizar la seguridad de estas víctimas.

 

En España, se aprobó a bombo y platillo la Ley Contra la Violencia de Género, que además de no ser la primera actuación que había por parte de la administración, ya que la primera piedra se puso en la anterior legislatura, la realidad es que la ley está siendo un rotundo fracaso. En dos meses y pico que llevamos de año, han muerto 18 mujeres por este motivo. Zapatero ha obrado como nos tiene acostumbrados: mucha propaganda de cara a la galería, pero poca sustancia real.

 

Queda al descubierto una vez más, el grave problema de seguridad que padecemos los españoles, en este caso, las mujeres que viven bajo la amenaza constante del maltrato en el hogar y fuera de él.

 

 

Para situar las cosas en su justa medida, hay que recordar que  la Ley 27/2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, marcó un antes y un después en la búsqueda de soluciones reales para este grave problema. Aunque ya se habían puesto en marcha otras ideas, esta norma ha supuesto uno de los instrumentos que mejores resultados ha proporcionado, al contemplar como factor fundamental, la necesidad de ofrecer protección integral de la víctima en todos los ámbitos, económica, judicial, física, social y policial.

 

Una de las claves de la Ley fue el Plan Policial de Choque contra la violencia doméstica, que fue dotado con un presupuesto de casi tres millones de euros y 500 efectivos, acompañado de un programa operativo de alejamiento para autores de malos tratos.

 

El actual Gobierno ha concentrado su estrategia en contra de la violencia de género en la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que sin embargo, sigue sin garantizar la plena seguridad de las víctimas.

 

Las claves del fracaso son la falta de dotación económica, la falta de recursos, coordinación y preparación que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en adelante, FCSE) y la lentitud de la justicia.

 

Respecto al presupuesto, en 2005 no se contempló asignación alguna para poner en marcha la Ley. Solo mediante enmienda se fijó una asignación de diez millones de euros, cantidad que se congeló en 2006, y sólo mediante enmienda se incrementó esta partida, pero seguía siendo insuficiente.

 

2007 tampoco parece que vaya a ser el año clave: se eliminó la previsión de un Fondo para la asistencia social integral contra la violencia de género (la ley preveía la dotación del fondo durante dos años).

 

En lo relativo a la seguridad y la actuación de las FCSE, hace tiempo que venimos señalando desde estas páginas el grave error de la supresión de la policía de proximidad. La Policía Local no esta protegiendo a las víctimas de  malos tratos, por ser una competencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este factor se torna todavía más grave cuando la Guardia Civil está siendo retirada de lugares donde hay policía autonómica. Como ha quedado claro en otros ámbitos, la cobertura que brinda éste Cuerpo está siendo insuficiente por falta de efectivos. Es fundamental que la Guardia Civil cubra las zonas que tradicionalmente venía cubriendo, complementando la labor del resto de policías.

 

Es preciso que exista una verdadera coordinación entre las FCSE y los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, para que en el momento de que una mujer se presente a realizar la denuncia, pueda recibir la atención multidisciplinar que ofrecen las Comunidades Autónomas y Asociaciones de Mujeres, que es mucha, y que en gran cantidad de casos es ineficaz por falta de planificación adecuada. Es hora de elaborar un protocolo común de actuación para todas las Policías, sobre la prevención y protección de las víctimas de la violencia doméstica.

 

En lo relativo a protocolos, hay que recordar que ya existía uno anterior a la nueva Ley.  Sin embargo, Amnistía Internacional, sigue denunciando que la Ley Integral introduce pocos cambios en lo relativo a la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, respeto a la legislación y protocolos anteriores. La Ley prevé el establecimiento de unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. Con anterioridad a la aprobación de esta Ley, ya existían las llamadas unidades especializadas tanto en la Guardia Civil (EMUME) como en la Policía Nacional (SAF y SAM).

 

El 25 de noviembre de 2005 el Gobierno de Zapatero informó textualmente: “Se han incorporado durante 2005,  380 nuevos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 200 SAM (Servicios de Atención a la Mujer del Cuerpo Nacional de Policía); 150 UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección del Cuerpo Nacional de Policía) y 30 EMUME (Equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil). Además se han suscrito convenios con la FEMP para la cooperación de las Policías Locales”

 

Este aumento de efectivos ha sido del todo punto insuficientes, ya que se hicieron durante la tramitación parlamentaria de la Ley Integral, y a la fecha, es todo lo que se ha hecho. Hay que seguir denunciando las limitaciones que entrañan reducir los esfuerzos de la acción policial en materia de violencia de género a la creación y formación de agentes de unidades especializadas.

 

Otro capítulo fundamental que se esbozaba es la formación de los propios efectivos. No se proporciona formación suficientemente al resto de agentes, especialmente a los mandos de las dependencias policiales, lo que puede estar produciendo una falta de diligencia en la intervención policial de modo que hay que fomentar las campañas de sensibilización y formación para la detección de la violencia de género y para dispensar un trato adecuado a estas mujeres.

 

Es urgente la inclusión de las cuestiones relativas a la violencia contra las mujeres con carácter obligatorio en el programa básico de estudios de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La Ley Integral no recoge esta previsión y dispone únicamente el establecimiento de “unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas”.

 

La prevención de la violencia, la protección de las víctimas y el control de los agresores requieren que, además de “unidades especializadas”, se provea formación obligatoria y continua a todas las personas que se forman parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Este es el único modo de garantizar que cualquier agente que tenga que atender a una mujer víctima de violencia esté capacitado para asistirla con prioridad, inmediatez y sensibilidad, cumpliendo lo previsto en el protocolo elaborado con la finalidad de asegurar una atención policial diligente.

 

El tercer factor determinante del fracaso es la falta de agilidad de la justicia y la falta de medios. Existen 417 juzgados con funciones en materia de violencia de género, pero sólo existen 21 juzgados exclusivos. En la mayor parte de las ocasiones, los juzgados están sobrecargados, cuando no saturados. Los funcionarios realizan jornadas de más de 12 horas, y las víctimas han de sufrir largos retrasos. Los primeros juzgados de violencia, comenzaron a funcionar en junio de 2005. Apenas unas semanas después, en agosto, ya estaban colapsados. Por otro lado, a pesar de que la Ley Integral y su reglamento en materia de acceso a la justicia gratuita contemplan la asistencia de un abogado, en la realidad, durante la interposición de la denuncia y la solicitud de la orden de protección, continúa siendo frecuente que las mujeres no sean asistidas por letrados.

 

 

El punto de inflexión se puede situar en 2004, cuando el conjunto de países europeos decidieron comenzar a contemplar este problema como parte de las competencias que debe asumir un Estado, y no dejarlo sólo para el ámbito de incumbencia familiar.

 

Mientras que España contempla el problema de la violencia como un problema de desigualdad de género, en Holanda, Hungría y Eslovenia, por ejemplo, tienden a enmarcar el problema de una manera más neutral con respecto al género. En estos países se habla más en términos de violencia doméstica que en términos de violencia en contra de las mujeres, como problema de derechos humanos, salud pública y justicia criminal. Además se tiende a enfatizar dos dimensiones del problema, la económica (el coste para la sociedad) y la política (la amenaza para la democracia).

 

En el caso de Francia, la ley sí contempla la violencia doméstica contra las mujeres como delito, y el hecho de que el perpetrador sea el cónyuge o compañero sentimental con el que se convive constituye un agravante. Sin embargo, los procesos judiciales aún dejan mucho que desear. La “agresión reiterada" no está tipificada como delito. Presentar una denuncia es un proceso dilatado y complejo y, si bien existen mecanismos legales, los tribunales no son aún lo suficientemente contundentes. Si un tribunal recurre a la "mediación penal", como de hecho ocurre en numerosos casos, el agresor queda impune.

Francia presenta numerosas carencias en lo relativo a la erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Se trata de un delito muy extendido, pero encubierto, porque muchas personas piensan que no se debe interferir en las cuestiones familiares. Sin embargo, el Estado comienza a tomar esta cuestión esta cuestión “privada” como un asunto de interés público, al igual que cualquier otro abuso contra los derechos humanos.

 

En Suiza, la violencia doméstica se persigue de oficio desde 2004.  Se estima que las querellas conyugales cuestan la vida a 40 mujeres cada año. Algunos cantones preparan leyes de expulsión para los cónyuges violentos. Otros incluso estudian modificar los reglamentos de policía a fin de poder expulsar a los hombres violentos del domicilio de la pareja.

 

En el Reino Unido, se están empezando a desarrollar programas denominados “Soluciones locales para problemas locales”, cuyo objetivo es hacer del problema de estas mujeres, un problema de interés común para la comunidad, como estrategia para reducir el crimen y crear comunidades seguras.

 

 

Este análisis acaba como empezó: la igualdad entre hombres y mujeres debe responder a parámetros reales englobados en la sociedad de hoy, en el que ambos sexos llevamos el mismo tipo de rol, pero que debemos encontrar un punto común donde aceptar las diferencias propias de cada sexo. Es decir, no se trata de que la mujer se sume al rol específico del hombre, sino que las mujeres debemos desempeñar el nuestro propio, como parte natural de la sociedad y no como colectivo especial, sin cuotas, en el que quede incluido trabajar, ser madres y disponer de tiempo para nosotras, al igual que los hombres desempeñan su propio rol con naturalidad. Todo, dentro del respeto que cada uno merece y donde la violencia no se puede consentir, y menos por el hecho de ser hombre o mujer.

 

Al margen de este mundo todavía ideal, hay que atajar problemas inminentes que padecen algunas mujeres, como es el acoso y maltrato a manos de su entorno familiar. Con este tema hay que ser eficaz y huir de fotos estelares. Si se hacen normas, que se hagan con fundamento y que se lleven a la práctica en su totalidad.

 

En nuestro país, es preciso que las FCSE dispongan de medios, formación y coordinación suficientes. Es necesario abordar esto con presupuesto adecuado y actualizado. Es imprescindible que la asistencia judicial sea rápida y eficaz.

 

Sin estos propósitos, las mujeres seguiremos celebrando un día absurdo de autocompasión para consumo interno de nosotras mismas, donde el hombre no quede integrado también en nuestro rol con el suyo propio.