Ayer, finalmente, se dejó ver por la sala donde se sigue el juicio del 11-M un viejo conocido de todos los españoles, el reptil enroscado a un hacha. Lo hizo dos veces, por la mañana y por la tarde.

 

Por la mañana, uno de los policías presentes en el interrogatorio que se le hizo a José Emilio Suárez Trashorras el día 17 de marzo de 2004, un día antes de ser formalmente detenido, confirmó que, en efecto, el ex minero les dijo que El Chino, en conversación telefónica, le había a su vez comentado que los terroristas detenidos en Cañaveras cuando transportaban más de quinientos kilos de explosivo eran amigos suyos. Esto es exactamente lo que declaró ante el tribunal en su momento el asturiano. Hasta ahora, la única persona que había declarado esto en el juicio era el propio José Emilio. Recuérdese que, sin embargo, uno de los policías presentes en el interrogatorio negó haber oído semejante declaración y el documento elaborado por el agente del CNI, también presente en aquel interrogatorio, no hacía ninguna mención al asunto.

 

El policía que ratificó ayer la declaración de Trashorras se llama Francisco Jesús Parrilla. Se trata de un agente de la UCIE (la unidad antiterrorismo islámico) que fue encarcelado por orden del Juez instructor de la causa, el Juez del Olmo, tras acusarle de revelación de secretos por haber mantenido contactos con un periodista de El Mundo. Este policía pudo pasar la Navidad en su casa gracias a que, por medio de una cuestación popular, se reunió la fianza impuesta por el Juez.

 

¿Es fiable su testimonio? Da la impresión de que sí. A preguntas de la Fiscal, que deseaba minimizar la importancia de su declaración, confirmó que Trashorras nunca mencionó a la ETA y sólo habló de los detenidos al interceptar la caravana de explosivos. Además, el policía añadió en su declaración que no se prestó demasiada atención a la revelación porque Trashorras la hizo en un momento en que estaba acorralado y muy bien pudo haberla realizado para ganar tiempo y distraer la atención de sus interrogadores. El que el propio testigo reste importancia a lo que declara incrementa su credibilidad en lo que a la realidad del hecho en sí se refiere.

 

Es, por tanto, creíble que Trashorras mencionara la relación de El Chino con los etarras y es igualmente creíble que en aquel momento ninguno de los policías presentes le diera importancia. Lo que no es creíble es que, después de la enorme polémica suscitada por la ocultación de algunas pruebas que pudieran dirigir la investigación hacia la ETA, sólo este policía esté dispuesto a recordar aquella mención. Porque, en todo este asunto de la posible relación de El Chino con los etarras detenidos en Cañaveras, lo que importa no es tanto adonde pueda conducir semejante pista, que probablemente sea a ningún sitio, sino por qué los funcionarios responsables de la investigación se han negado a seguirla. En este sentido, debe recordarse que el Presidente del tribunal acordó, antes de que comenzara el juicio, que los dos terroristas vascos comparecieran ante el tribunal en calidad de testigos para ser interrogados sobre su relación con El Chino, afeando, de algún modo, la forma en que el Juez instructor y la Fiscalía han conducido la investigación.

 

Así pues, la pregunta importante no es la que puede tener respuesta en el juicio, ¿de qué se conocían los etarras y El Chino? La pregunta importante es la que no es probable que obtenga respuesta durante el juicio, ¿por qué no se investigó esta posible relación?

 

 

Por la tarde llegó el turno de Agustín Díaz de Mera, Director General de la Policía cuando ocurrió el atentado.

 

Díaz de Mera aportó un dato importante en relación con los sucesos de Leganés. Debe recordarse que la versión oficial sostiene que los terroristas de Leganés se suicidaron y una de las pruebas en que se basa esta afirmación estriba en las llamadas telefónicas que los terroristas hicieron desde el piso para despedirse de sus familiares. El GEO que dirigió el operativo declaró que se habían instalado inhibidores de móviles, lo que hizo dudar de que los terroristas pudieran hacer ninguna llamada. Ayer, Díaz de Mera declaró que utilizaron los inhibidores de su automóvil precisamente cuando la policía se percató que los del apartamento estaban realizando llamadas a sus familiares y que, quince minutos después, tuvieron que alejar el coche de allí porque estorbaba a sus propias comunicaciones. De modo que, a pesar de la presencia temporal de inhibidores, los terroristas sí pudieron emplear sus teléfonos y las dudas que la declaración del GEO arrojó sobre la realidad de las llamadas de despedida, fueron, de momento, levantadas.

 

Finalizado el interrogatorio del Fiscal (al ex Director General lo interrogó ayer el Fiscal Jefe), llegó el turno de las acusaciones particulares. Entonces comenzó el que sin duda ha sido el momento más dramático de lo que llevamos de juicio. El abogado de la asociación filial de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, conspiracionista, para entendernos, le preguntó acerca de un informe policial que Díaz de Mera mencionó en una entrevista emitida en el programa de Federico Jiménez Losantos de la COPE. Díaz de Mera ha confirmado que es de común conocimiento, entre miembros de la policía, la existencia de un informe realizado por dos agentes, uno masculino y otro femenino, donde se señalan algunas relaciones entre la ETA y el atentado del 11-M. Díaz de Mera ha venido a decir que él no ha visto ese informe, pero que una persona del cuerpo de su absoluta confianza le ha contado que Telesforo Rubio, Comisario General de Información, o sea el jefe policial encargado de la lucha contra el terrorismo, encargó a estos policías el papel con idea de disponer de un documento donde la intervención de ETA apareciera descartada. Sin embargo, el informe arrojó, al parecer, un resultado completamente distinto al esperado y, por eso, no se entregó al Juez instructor, aunque Díaz de Mera está convencido de que, dentro de la policía, saben de su existencia varias personas.

 

Entonces, el abogado de la acusación particular le preguntó el nombre de la persona que le había dado esa información. Inmediatamente, el Presidente del tribunal intervino para decirle que, si se trataba de un funcionario policial, bastaba con que diera su número y, si no lo sabía, que escribiera su nombre en un papel y el tribunal adoptaría todas las medidas necesarias para evitar que su identidad trascendiera, aunque advirtió que, como es natural, el dato sería comunicado a la Fiscalía, a la Abogacía del estado, a los abogados de las acusaciones particulares y a los defensores, una multitud entre los que, con toda seguridad, alguno caería en la tentación de filtrarlo a la prensa. Díaz de Mera se negó a escribir el nombre alegando que su fuente sería entonces objeto de represalias por parte de sus jefes. El Juez le hizo ver que tal negativa constituía un delito de desobediencia a la Justicia. Díaz de Mera ha insistido. Gómez Bermúdez ha interrumpido la sesión para darle tiempo al testigo a reflexionar sobre las consecuencias de su actitud. Al final del receso, Díaz de Mera siguió negándose a revelar el nombre y dijo que estaba seguro de que su fuente estaba viendo el juicio y que lo que cabía esperar era que fuera él mismo el que voluntariamente se aviniera a declarar. El Juez, en un gesto absolutamente insólito, le dio la oportunidad de llamar a su fuente para solicitarle autorización para desvelar su nombre y Díaz de Mera rechazó la oportunidad que se le daba alegando que muy probablemente su fuente tendría intervenido el teléfono y su llamada desvelaría su identidad, quedando así igualmente expuesto a las represalias que quería evitarle. Entonces, Gómez Bermúdez, muy contrariado, se vio obligado, en cumplimiento de la Ley, a imponerle una multa de mil euros y a acusarle de un delito de desobediencia a la Justicia.

 

Dio la impresión de que Díaz de Mera llevó muy meditada la decisión de no revelar el nombre del funcionario que en su día le comunicó la existencia del informe. Su condición de europarlamentario exige, para que pueda continuarse el procedimiento contra él, obtener el suplicatorio del Parlamento Europeo. Por lo tanto, puede afirmarse que su actitud, al margen de los mil euros, no tiene por qué acarrearle consecuencias graves de forma inmediata.

 

Por todo ello, las preguntas que hay que hacerse son dos: ¿por qué Díaz de Mera se niega a revelar el nombre de su fuente hasta el punto de arriesgar una lejana, pero probable, condena penal? ¿Qué importancia real tiene ese informe que se ha sustraído a la investigación?

 

La primera pregunta tiene dos posibles respuestas completamente antagónicas: puede ser porque tenga el serio compromiso de no revelarle a nadie, ni siquiera a un tribunal, el nombre de la persona que le ha proporcionado la información o puede que sus manifestaciones a la COPE no fueran más que el fruto de haber oído campanas sin saber dónde y que, en realidad, no haya un nombre que revelar y que prefiera pasar por un delincuente honorable antes que por una especie de sobrino predilecto de Antoñita La Fantástica.

 

La segunda pregunta es más fácil de contestar. Nuevamente, la importancia del dato ocultado a la investigación (como ocurre con el caso del ácido bórico o con el de la relación de El Chino con los etarras de la caravana de la muerte, mencionado al principio) no está en el dato en sí mismo, que puede ser muy poco relevante, sino en la ocultación que se ha hecho de él. Lo que inquieta al espectador de a pie, más o menos predispuesto a creer en la versión oficial, no es que finalmente la ETA esté implicada en el atentado (eso puede inquietarle solamente a los que han embarcado su carrera política a bordo de la zozobrante chalupa del llamado proceso de paz), lo que realmente le inquieta es que algunos policías protejan a la ETA ocultando a jueces y fiscales toda relación que la banda pueda tener con el 11-M.

 

El juicio se despide hasta después de Semana Santa. Será difícil que en el futuro se supere la tensión de la sesión de ayer.