(Publicado en La Razón, 13 de junio de 2006)

 

 

Mucho se habla de China, de India, del despegue de Asia, del “siglo del Pacífico”. “La inversión europea y americana se marcha a Asia”, dicen algunos. “La industria europea se deslocaliza y se instala en China, India y Corea”, afirman otros.

 

Estos lugares comunes corren de boca en boca, pero los datos oficiales refutan este análisis simplista. En 2003 la inversión directa de los EE.UU. en Irlanda fue más de dos veces y media la realizada en China. El volumen de capital estadounidense invertido en el Reino Unido es una y media veces mayor que todo el capital invertido por empresas estadounidenses en Asia. Las inversiones mutuas europeas y estadounidenses dan empleo a 14 millones de personas en ambos lados del Atlántico.

 

Porque, ¿cuál es la inversión de China en España? ¿Cuántos puestos de trabajo crean las empresas chinas en nuestro país? Las empresas estadounidenses facturan en territorio patrio 57.000 millones de euros (el 7% del PIB español), dan empleo de forma directa a más de 330.000 españoles y son el origen del 40% de la IDE que afluye a España. ¿Qué pasaría si Ford cerrara la factoría de Almusafes en Valencia? ¿Y si General Motors hiciera lo propio con la de Zaragoza? ¿O si DaymlerChrysler, HP, IBM, Accenture o Coca-Cola levantaran el vuelo?

 

La realidad tangible es que la UE y los EE.UU. concentran el 42% del PIB mundial, el 80% del capital acumulado en inversiones directas extranjeras, el 79% del volumen anualmente negociado en las bolsas de valores y más del 70% del valor de las fusiones y adquisiciones. La UE y los EE.UU. son recíprocamente el primer destino de sus exportaciones y su principal suministrador. Las disputas comerciales apenas afectan a entre el 1 y el 2 por cien de los intercambios atlánticos.

 

La economía atlántica ha rebasado ya la fase de “integración superficial” (en la terminología de Hamilton y Quinlan, profesores de la Johns Hopkins University) y ha iniciado un proceso de “integración profunda”, caracterizado por la difuminación de la distinción entre barreras a las transacciones nacionales y barreras a las transacciones frente al exterior. Pero incurriríamos en un grave error si pensáramos que queda poco por hacer en la economía atlántica. En un reciente libro titulado “A case for an open Atlantic Prosperity Area”, publicado por la Fundación FAES, y del que somos autores Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo y quien suscribe, proponemos eliminar todas las barreras que aún fragmentan el mercado atlántico, pero de modo profundamente respetuoso con el orden comercial multilateral. No apostamos por una zona de libre comercio, es decir, por un acuerdo preferencial que elimine bilateralmente aranceles y restricciones cuantitativas tradicionales, sino por un acuerdo “OMC plus” que construya un Área Atlántica de Prosperidad abierta al resto del mundo.

 

Bilateralmente se acordaría eliminar aquellas barreras que no están en la agenda de la Ronda Doha. Las más peligrosas son las regulaciones proteccionistas, omnipresentes con la excusa de ofrecer una (falsa) protección al consumidor o al medio ambiente, incluyendo los estándares técnicos. Igualmente perniciosas resultan las barreras procedentes de decisiones disfrazadamente proteccionistas de autoridades políticas (vgr. el caso Pepsico-Danone o la normativa anti-E.On), organismos reguladores y de la competencia y autoridades judiciales. La restricción a suministradores nacionales de buena parte de las compras públicas es otro mecanismo de protección sobresaliente. Finalmente, el uso torticero de las denominadas “medidas de defensa comercial”, como la cláusula de salvaguardia, las medidas antidumping o las medidas anti-subvención, esconde dañinas decisiones proteccionistas manejadas por los burócratas en connivencia con los lobbies sectoriales. 

 

El acuerdo para crear un Área Atlántica de Prosperidad debería incorporar, así, el mutuo reconocimiento de la regulación y de los estándares, la mutua aceptación de las decisiones de organismos reguladores, de la competencia y judiciales y el desmantelamiento de las políticas de compras públicas restringidas a suministradores nacionales. Al tiempo, ambas partes renunciarían al uso mutuo de las cláusulas de salvaguardia, antidumping y anti-subvención.

 

Multilateralmente, la UE y los EE.UU. deberían ofrecer una reducción unilateral de sus aranceles, sobre todo de los agrícolas, una eliminación de las restricciones cuantitativas, un adelanto a 2010 de la eliminación de las subvenciones a las exportaciones agrarias y la reducción de las subvenciones a la producción agraria. Complementariamente, proponemos abrir los acuerdos comerciales preferenciales vigentes con países en desarrollo al otro socio atlántico. Estas medidas sí ayudarían de verdad al desarrollo de los países más pobres. Mucho hay de hipócrita en los políticos que se niegan a abrir los mercados a las exportaciones de los países más pobres al tiempo que les prometen programas de caridad-cooperación.

 

Resulta esencial, por último, preservar el carácter abierto del área. Otras naciones que quisieran unirse podrían ingresar en el club aceptando esas reglas del juego.

 

La propuesta dista de ser un mero ejercicio académico. Las ganancias serían tangibles. Un informe de la OCDE de 2005 las cifra en un incremento permanente de la renta de cada europeo de un 3,5%, o visto de otra forma, una renta adicional equivalente a lo que cada uno de nosotros ganamos en un año. A eso equivale seguir de brazos cruzados en Bruselas y Washington.