No es de extrañar que el presidente Zapatero se crea un dios: no hace oír a los sordos, pero sí hace protestar hasta a aquellos cuya disciplina y buen hacer son un ejemplo para la ciudadanía. Esta vez, el frente abierto de este presidente con ansias de paz lo ha generado con un Cuerpo tan disciplinado y tan por encima de intereses políticos como es la Guardia Civil, colectivo que lleva sirviendo a España desde los tiempos de Isabel II. Esta aclaración viene a cuenta de esas noticias que se han publicado en algunos medios donde se identifica a la Guardia Civil con el régimen franquista, cuando la Guardia Civil se creó en 1844, como primer cuerpo de seguridad pública de ámbito estatal surgido en España.

 

Se creó por el gobierno moderado de González Bravo con el consenso de las demás fuerzas políticas, que vieron la necesidad que tenía el Estado liberal español de disponer de una fuerza de seguridad pública para abarcar todo el territorio peninsular y para hacer frente a la alarmante situación de inseguridad generada por el bandolerismo que desde la Guerra de la Independencia azotaba los caminos y campos de España.

 

Al margen de esta pequeña pincelada de historia, lo que es cierto en nuestros días, es que los guardias civiles están siendo víctimas de un Gobierno que incumple sus promesas electorales, que no puede cumplir porque no es lo mismo predicar que dar trigo, y porque centró su discurso de modernización de este Cuerpo en viejas reivindicaciones de la izquierda más rancia y demagoga. Algo parecido a aquél grito contra la OTAN de Felipe González vertido en el clamor de la batalla electoral y que una vez al frente del Ejecutivo, tuvo que recoger velas, al ser consciente de que España es un país que está en el mundo, y no es una entelequia, como a algunos les gustaría que fuera.

 

En esta oportunidad, ha pasado lo mismo. Los guardias civiles que se manifestaron el pasado mes de enero llaman embustero a ZP y con razón, porque en su programa electoral de 2004 (página 50) dejaba bien claro que si llegaba a gobernar, llevaría a cabo una serie de reformas, como la desmilitarización del Cuerpo, una desmilitarización que no puede hacer, porque no es prudente, por más que a este Gobierno de la paz le gustara que uno de colectivos más independientes del poder político, pasara a ser un ente cuyo trabajo estuviera a expensas del Ejecutivo.

 

Es precisamente, su carácter militar, el que le otorga su valor de independencia de cualquier gobierno y el que mantendrá viva la institución por otros 150 años. No está de más recordarlo.

 

El senador del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, fue muy claro en su interpelación al ministro Rubalcaba, el pasado 7 de febrero: el PSOE creó una expectativa de cambio en la Guardia Civil, de modernización y de democratización. Entre los compromisos que el senador se molestó en recordarle está una nueva Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la que nada se sabe; también se habló de un programa especial para modernizar los acuartelamientos, o mejorar el reparto de la productividad.

 

Todo lo que se ha promovido ha sido reuniones que no han servido para nada, dado que al final, un grupo de guardias civiles se han manifestado sin que el Gobierno haya hecho nada para impedirlo, cuando la propia asesoría jurídica de la Dirección General advirtió de que era un hecho ilegal.

 

Se ha creado una sensación de impunidad ante cualquier acto de esta naturaleza que no tiene nada que ver con los más elementales principios de autoridad y de disciplina, sin los que la Guardia Civil no puede funcionar, tal y como explicó Cosidó.

 

La seguridad ciudadana se ha deteriorado, el índice de esclarecimiento de delitos ha disminuido y el número de bajas aumentaron en 2005 en más de nueve mil, con cerca de tres millones de días perdidos, por poner un ejemplo.

 

La cuestión de fondo, es que la Guardia Civil está perdiendo posiciones, peso específico y competencias. Si a esto se el suma la deseada desmilitarización que promueven algunos, la benemérita será un cuerpo policial más, al servicio del gobierno de turno.

 

 

No hay más que leer por encima la trayectoria de la Guardia Civil desde sus orígenes para casi encontrar el calco de la situación de hoy en la II República, cuando la izquierda radical demandó su disolución, por el carácter militar del Cuerpo. Este carácter de fuerza armada otorgaba- y otorga- a la Guardia Civil una gran autonomía en el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser manipulada por ningún gobierno. La realidad es que no solo no fue disuelta, sino que durante la II República, la Guardia Civil fue segregada del Ministerio de la Guerra, integrándose en el Ministerio de la Gobernación.

 

Durante la dictadura, la Guardia Civil hizo suyas las funciones del Cuerpo de Carabineros, a la vez que se fortalecía la influencia del Ejército con la creación del Estado Mayor. Con la llegada de la democracia, el Instituto fue dotado de un nuevo ordenamiento, acorde con la Constitución.

 

Hay que puntualizar, que el carácter castrense de esta organización es una consecuencia directa de algunas de sus funciones: auxilio en caso de calamidad pública, o la protección de las fronteras. El Cuerpo fue creado con la misión de proteger a "las personas y propiedades dentro y fuera de las poblaciones" y abarcó siempre todas las funciones relativas a la conservación del orden público.

 

A medida que su eficacia se iba poniendo de manifiesto, se producía una progresiva asunción de competencias: funciones de policía judicial, de policía militar (no hubo campaña en España desde 1844 en que no estuviesen presentes unidades de la Guardia Civil, a veces, como en la Guerra Civil, con un papel destacado), de policía fiscal, de beneficencia pública, de guardería rural (específicamente asumida por Ley de 7 de julio de 1876).

 

Además, hay que resaltar la enrome versatilidad que viene demostrando desde sus comienzos, ya que sus tareas se han ido adaptando a las necesidades del Estado en cada momento, demostrando su eficacia en numerables ocasiones. Como ejemplo, la labor importantísima que viene desarrollando en la lucha contra ETA, y más cuando es uno de los principales objetivos terroristas de la banda. 

 

No cabe duda, que entonces, el único objetivo de su desmilitarización en aras de la “democracia” no es más que una maniobra política, que sin ser de nuevo cuño, es imprescindible para salvar el obstáculo que supone tener una organización independiente, de carácter nacional, que representa uno de los pilares del estado español.

 

 

Es claro que la naturaleza vigente de la Guardia Civil a fecha de hoy es incompatible con el modelo de Estado de Zapatero. Para muestra, la paulatina retirada de efectivos de agentes en Cataluña, labor que ha resultado ser una chapuza, dado que los puestos no se han cubierto con Mossos d´Escuadra suficientes para garantizar la seguridad de los catalanes, que en vista de que están siendo uno de los principales puntos de mira de las mafias, hace tiempo que reclaman la vuelta de la Guardia Civil a Cataluña, por más que los políticos antisistema, como ellos mismos se vanaglorian en llamarse, digan que la inseguridad no es para tanto.

 

El hecho es que los robos con violencia han aumentado casi un 7%, y los delitos de lesiones un 19%. Tampoco está de más recordar la disminución de la presencia en la Guardia Civil de Tráfico en nuestras carreteras. Ignacio Cosidó, aseguró que en 2005 se disminuyeron más de ocho mil servicios y más de cincuenta mil horas.

 

Otro ejemplo ha sido la bochornosa manifestación de los cachorros de Jarrai durante el primer fin de semana de febrero; han sido detenidos cuando la Ertzaintza ha tenido el permiso para poderlos detener, porque es un cuerpo policial que no goza de la independencia política que tiene todavía la Guardia Civil, precisamente, por su carácter militar.

 

Zapatero necesita de los nacionalismos excluyentes para mantenerse en el poder y éstos no están dispuestos a que la Guardia Civil siga existiendo como tal. Es más efectivo para sus intereses fusionarla con el Cuerpo Nacional de Policía, dando lugar a una policía civil al servicio del Gobierno. Esto es fundamental para poder seguir negociando con ETA, ya que su falta de independencia del poder político la abocaría a seguir determinadas pautas de actuación, en función del interés político concreto. El ejemplo lo tenemos en el papel que desempeña el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, y el rol del Poder Judicial, que afortunadamente, está trabajando a favor de la libertad frente a ETA, y esto lo puede hacer, gracias a su independencia, como ha ocurrido con el caso de De Juana Chaos.

 

No hay que olvidar que la Guardia Civil, concebida como es hoy por hoy, es un obstáculo para cerrar la investigación del 11-M: unas Fuerzas de Seguridad independientes no se dejarán manipular nunca y continuarán desarrollando su trabajo, con independencia del resultado que se obtenga.

 

Todos estos ingredientes, unidos a ese afán demagogo y trasnochado de la izquierda española  de acabar con los militares, como si éstos fueran los culpables de los conflictos del mundo, en vez de observarlos como defensores de nuestra libertad frente al terrorismo, forman un cóctel que no tardará en pasar factura al conjunto de España si lo consentimos. Y los primeros que no deben dejarse pisar el terreno son esos guardias civiles que se han visto manipulados por aquellos que han mezclado sus lógicas reivindicaciones laborales, con la discusión de la naturaleza militar del Cuerpo. Es imprescindible que sean ellos mismos los que no lo permitan.

 

En definitiva, la desmilitarización de la Guardia Civil abonaría el campo hacia su politización, abriendo la veda para la valoración subjetiva de los resultados profesionales de cada miembro en función de su afinidad política, porque llegaría el momento que los cargos superiores fueran de libre designación, como ocurre en los ministerios, donde las direcciones de los equipos cambian de acuerdo al gobierno de turno.

 

Este aspecto de la cuestión es totalmente incompatible con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de eso precisamente, del Estado, de los ciudadanos, y no de los políticos.

 

 

Al margen de este primer aspecto de la cuestión de la movilización del pasado mes de enero, es de recibo comprender que los guardias civiles demanden mejoras salariales y laborales, junto con la demanda de la modernización del Cuerpo, tal y como prometió el entonces Jefe de la Oposición.

 

El Gobierno, más bien Rubalcaba y Alonso, han hecho todo el ruido posible interpretando el papel de firmeza, discutiendo acerca de la legalidad o no de la manifestación, que sin ser un tema menor, puesto que el reglamento hoy por hoy es muy claro al respecto en cuanto a las infracciones supuestamente cometidas y las medidas disciplinarias que deben tomarse, han dejado de lado otro aspecto muy importante de la reivindicación, como es la modernización y la inversión en medios y tecnologías acordes con los tiempos.

 

Es imprescindible que el Gobierno ponga en marcha una reforma que contemple tres aspectos: coordinación para potenciar su eficacia, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nacionales y autonómicas; inversión en infraestructuras y dotaciones; formación específica y especializada.

 

Por un lado, hay que fortalecer el actual modelo policial y reforzar la identidad propia de cada Cuerpo. Eso no quiere decir que cada uno vaya por un lado. Parece muy razonable la propuesta hecha por el Partido Popular durante la Conferencia de Seguridad celebrada en noviembre de 2006, en relación a la creación de un Secretario de Estado de Seguridad como mando único de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con función de coordinación general del conjunto del sistema de seguridad, dotándole de los instrumentos y apoyos necesarios para realizar esta tarea.

 

Durante estas sesiones, se puso de manifiesto que es preciso estudiar las labores de cada Cuerpo a fin de no solapar funciones, redistribuyéndolos mejor, apostando por destinar más efectivos en la calle y apartándolos de funciones administrativas para las que en principio no se han postulado, y que abocados a desarrollarlas, además de ser ineficaz, produce malestar y desmotivación entre los agentes, como es lógico.

 

En el campo de la formación, hay que impulsar la formación especializada en las nuevas formas de delincuencia. La Guardia Civil lleva demostrando su eficacia durante 150 años, en todas las misiones en las que se ha ido especializando. Por ello, hay que promover la elaboración de Planes de Formación Conjunta desde los Centros de Formación de los diferentes Cuerpos de Seguridad y crear un Instituto Nacional de Seguridad Interior para la formación de alto nivel de los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la realización de tareas de investigación y el desarrollo de una doctrina policial común.

 

Por último, en el campo legal, es preciso actualizar los estatutos jurídicos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, sin que por ello se tenga que discutir el carácter militar de la Benemérita. Durante la Conferencia, se tomó el compromiso de reformar los regímenes disciplinarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para adaptarlos mejor a las funciones de ambos Cuerpos y garantizar, en mayor medida, los derechos profesionales de sus miembros.

 

Mejorar las condiciones de trabajo y retributivas de nuestros policías y guardias civiles, incentivos y condiciones de trabajo, es procedente.

 

 

Queda claro que Zapatero adoptó compromisos en campaña que ahora no puede asumir, dado el momento delicado que atraviesa su Ejecutivo por la política que está desarrollando en la cuestión de ETA, y para muestra, el millón y medio de gente que demanda en la calle que no se puede negociar. Ahora no es el momento de echar más leña al fuego de unas reivindicaciones que sembró el mismo Zapatero.

 

En este momento, toda la atención se centra en la posible ilegalidad de la concentración protagonizada por algunos miles de guardias civiles, que sin ser una cuestión baladí, desvían la atención de lo que realmente es importante: reivindicar las ventajas de la naturaleza militar de la Guardia Civil, concienciando a sus agentes que ésta no es el origen de sus “males”, ni debe ser obstáculo para exigir al Gobierno una serie de mejoras profesionales.

 

La Guardia Civil es un Cuerpo que goza del respeto de la mayoría de los españoles. Han demostrado durante muchos años su profesionalidad en labores tan difíciles como la lucha contra el terrorismo de ETA, padeciendo los zarpazos del terror en sus propias filas.

 

Los nuevos agentes deben conocer su historia, su origen y sus logros, para no perder de vista lo que realmente interesa, que es un mejora laboral y profesional, y no reivindicando, indirectamente, la pérdida de autonomía a favor del interés político del Gobierno, en cuyo trayecto de ceder a los nacionalismos excluyentes puede derivar en un Cuerpo politizado, y por tanto, sin autonomía.