Ayer siguieron declarando policías de la UCIE, o sea, la unidad de la policía destinada a combatir el terrorismo islámico. La impresión confirma la de anteayer. La mayoría de los implicados estaban controlados, eran tenidos por islamistas radicales, pero no parecían capaces de organizar un atentado.

 

De nuevo ha desfilado por la sala el rosario de explicaciones de por qué España era objetivo prioritario de la yihad, de la manera en que los vigilados se fueron radicalizando, de cómo, gracias a los rastreos telefónicos, los fundamentalistas fueron saliendo como las cerezas, enredados unos con otros, etc.. Pero, al final, lo que ha quedado claro es que, para los de la UICE, las únicas pruebas contra los procesados son las que conocemos, las muy citadas Renault Kangoo aparecida el día de los atentados, la mochila de Vallecas, localizada en la comisaría de dicho distrito la madrugada del día siguiente, el Skoda Fabia, encontrado mucho después, y el piso de Leganés. Más allá de esto, los policías de la UCIE no han sido capaces de aportar pruebas sustanciales que incriminen a los acusados.

 

 

Ahora, uno de los policías ha puesto el acento en un aspecto de la investigación casi irrelevante para el juicio, pero muy interesante desde el punto de vista político: hasta el 4 de abril, día del suicidio en Leganés de varios de los perpetradores del atentado del 11-M, El Chino, El Tunecino, Allekema Lamari y los demás, todas las hipótesis estuvieron abiertas. Esto significa que la pista etarra no estuvo cerrada hasta ese momento, tres semanas después de celebradas las elecciones generales. Por lo tanto, cuando los días anteriores a esas elecciones el gobierno del PP insistió en que “su” hipótesis más probable era la de que se trataba de un atentado de la ETA, no estaba mintiendo, estaba valorando, quizá erróneamente (ni aun hoy podemos estar seguros), la información que se le iba suministrando.

 

A la vez, los mismos policías de la UCIE han declarado que nunca tuvieron ningún indicio de que el atentado del 11-M hubiera sido obra de suicidas. Con lo que se acredita que la SER, que durante aquellos días previos a las elecciones dio la noticia de que había datos que hacían suponer que el atentado era obra de suicidas y, por lo tanto, de islamistas, estaba mintiendo.

 

Es importante destacar esta cuestión porque los medios de izquierda, que se presentan como oficialistas, insisten una y otra vez en que la más relevante finalidad del juicio, desde el punto de vista político, es la de determinar si el atentado fue obra de islamistas o de la ETA. Se trata de preparar a la opinión pública para que, si el juicio demostrara que fueron islamistas, alcance la siguiente conclusión: ha quedado judicialmente acreditado que el gobierno del PP mintió. Pues no. Si los datos obrantes en poder del gobierno los días 12 y 13 de marzo no permitían descartar la posibilidad de un atentado etarra, el gobierno no mintió. A lo sumo, podría acusársele de destacar en exceso una posibilidad, de entre las que entonces se manejaron, porque le convenía electoralmente hacerlo. Pero eso no es mentir, como mucho es valorar interesadamente.

 

Al contrario, la SER inventó unos datos que nunca llegó a manejar la policía durante aquellos días con el fin de hacer creer, antes de las elecciones, que se confirmaba lo que por entonces no pasaba de ser una hipótesis más. El que luego se confirme la autoría islamista no transforma ese embuste en verdad.

 

El Gobierno Aznar hizo una valoración, y hoy parece que se equivocó. Pero la Ser no hizo una valoración ni un análisis, sino que inventó una información para presentar una posibilidad como un hecho contrastado. Esto no es una valoración que luego los hechos demuestran acertada. Esto es mentir.

 

Es sencillamente ignominioso que una mentira flagrante, como la patraña de los suicidas, se presente hoy como una manera de acertar y, por lo tanto, de decir la verdad, y que, en cambio, dar mayor crédito a una de las hipótesis que realmente manejaba la policía se presente como una forma de mentir.

 

 

La intervención como testigo de Haizam Amirah Fernández, analista del Real Instituto Elcano ha sido algo triste, especialmente para los que colaboramos en este think tank que trata de competir con él, aunque con muchos menos medios. Y ha sido algo triste porque ha transmitido a los legos la impresión de que los analistas no sirven (o si quieren, “no servimos”) para nada. Su testimonio ha girado sobre el famoso documento descubierto por un analista de defensa noruego y que nosotros conocimos después del atentado, aquél en que se analizaban los réditos que podía producir para la yihad golpear a España, en especial si se hacía poco antes de las elecciones del mes tercero. Pues bien, el testigo no ha podido aclarar si la página donde apareció colgado es un lugar donde se publica documentación fiable acerca de las intenciones de los fundamentalistas, cuán difícil es el acceso a esta clase de información ni cómo se valora la gravedad de una amenaza cuando es descubierta en la red. Para colmo, Haizam Amirah Fernández, a preguntas de Endika Zulueta, el abogado de El Egipcio, no pudo recordar en qué concreto medio de prensa leyó por primera vez la referencia a este documento, cuando esta es una cosa que los analistas, repasando nuestras notas o los discos duros de nuestros ordenadores, podemos saber. También hay que decir que no hay forma de imaginar en qué podía ayudar a la defensa de Rabei Osman, El Egipcio, que el tribunal supiera en qué medio Haizam Amirah había tenido noticia por primera vez del documento.