La jornada de ayer se inició con una nueva exclusiva de El Mundo. Tituló el periódico a cuatro columnas: “La Policía obtuvo datos del 11-M sin orden judicial y de forma inverosímil”. La información se refiere a una deducción hecha por García Abadillo a partir de datos obrantes en el sumario. La policía localizó la finca de Morata de Tajuña porque una parte de las tarjetas telefónicas de la partida a la que pertenecía la encontrada en el teléfono de la mochila de Vallecas se activaron entre las 16 y las 19 horas del 10 de marzo en la zona de influencia de la BTS de Morata. A partir de ahí, Abadillo elabora el siguiente silogismo: las compañías telefónicas conservan los datos de las tarjetas activadas y de los terminales empleados 72 horas; el día 16, o sea, seis días después de la activación, el Juez, a petición de la policía, ordenó a la compañía afectada (Amena) que proporcionara los datos y ésta los suministró; ergo, la policía ya disponía de esa información antes de contar con una orden judicial puesto que, de no ser así, el día 16 la compañía no habría estado en condiciones de darla.

 

Si el silogismo fuera correcto, la prueba sería nula por haberse capturado esos datos sin orden judicial y, de una prueba ilegalmente obtenida, no puede deducirse ninguna culpabilidad. Sin embargo, caben otras explicaciones que el periodista no ha considerado: la mochila de Vallecas apareció la madrugada del 11 al 12; al descubrir que la bomba estaba elaborada para ser activada a través de un teléfono móvil y dada la probabilidad de que todas las bombas hubieran tenido el mismo mecanismo de activación, no puede extrañar que la policía solicitara de las compañías telefónicas que conservaran todos los datos que tuvieran correspondientes a las 72 horas anteriores al hallazgo a la espera de poder analizar el teléfono, la tarjeta y de obtener del Juez la correspondiente orden judicial. Un comportamiento así, por otra parte muy lógico, no anula la prueba, desde el momento que la compañía no suministra ninguna información a la policía antes de que el Juez lo ordene, sino que se limita a conservar, sin faltar a su obligación de guardar confidencialidad, los datos que, de otra forma, se habrían perdido. Así pues, nada que justifique el titular a cuatro columnas. Este tipo de tropezones tienden a desacreditar las otras dudas, bien fundamentadas, que han planteado los conspiracionistas.

 

 

Ayer terminó de declarar el inspector jefe de la Unidad Central de Información Exterior encargada de investigar el terrorismo islámico. A continuación lo ha hecho otro inspector de la misma Unidad. El Presidente del tribunal ha resuelto un incidente jurídico surgido por la duda de si los policías, en el momento de comparecer como testigos, podían añadir opiniones más propias de peritos o si debían esperar a testificar como tales. Además, algunos abogados han suscitado la cuestión, ya sacada a colación el jueves por la Fiscal, de si se había o no informado al gobierno acerca del peligro islamista. El testigo ha vuelto a decir que sí, pero no ha dado ninguna explicación al hecho de que, tal y como declaró el jueves, el 11 de marzo no esperaban una acción con este origen.

 

Esta afirmación con la que se inició la declaración del jueves del primer policía de la UCIE es especialmente importante a la vista de lo ocurrido en la jornada de ayer. La sala se vio invadida, sobre todo a partir de que comenzara el interrogatorio del segundo policía, de un río de nombres árabes de sospechosos que se relacionan unos con otros, que se reúnen y que son seguidos por la policía a través de las tarjetas de los teléfonos móviles. Hasta el Presidente del Tribunal acabó algo perdido cuando interrumpió el interrogatorio. De todas formas, pueden alcanzarse algunas conclusiones.

 

De los acusados, y de algunos otros musulmanes, procesados en otras causas, huidos o detenidos en otros países, la policía venía haciendo un seguimiento por su calidad de sospechosos de ser terroristas islámicos. Sin embargo, las únicas pruebas que tienen contra los que se sientan en el banquillo provienen exclusivamente de esa cadena de evidencias que los que siguen el juicio conocen bien: la mochila de Vallecas, la Renault Kangoo, el Skoda Fabia y el piso de Leganés. Todo se apoya en estas cuatro patas, ninguna sólida y alguna, muy frágil. El único personaje importante de la célula islamista que la policía conoció con posterioridad al atentado es Jamal Ahmidan, El Chino, del que se dice que vino a España en 2003 para organizar un atentado.

 

De alguna manera, la versión oficial está cuajando alrededor de la siguiente hipótesis: en España hay una serie de células islamistas más o menos radicalizadas donde confluyen musulmanes de todo tipo, desde pequeños delincuentes, hasta humildes trabajadores, pasando por algún estudiante radicalizado y un par de imanes más o menos eruditos. Todos ellos hablan entre ellos de hacer algo, de la necesidad de actuar, se comunican entre sí y demás, pero su torpeza es tan grande que dan lugar a ser controlados por la policía, que, aunque cree que pueden llegar a ser peligrosos, de momento, piensa que no van a ir a más. En julio de 2003 aparece El Chino, proveniente de Marruecos, tras salir de la cárcel después de cumplir condena. Nos han contado que atropelló a una persona en su país, que huyó a España, pero que, ante la imposibilidad de escapar de la justicia, volvió a Marruecos y allí cumplió una condena de tres años. Poco después de salir, volvió a España, donde se había casado con una española y con la que había tenido una hija. Sin embargo, lo que vuelve es un tipo al parecer decidido que, al poco de llegar, entra a formar parte de una de éstas células. La organiza, aporta financiación, a través de su negocio de hachís, contacta con unos españoles para adquirir explosivo y planifica un atentado de verdad. Estos islamistas, que hasta ahora sólo habían fantaseado con entrar en acción, se ven empujados a actuar en serio y, siguiendo las instrucciones de su jefe logístico, finalmente cometen el atentado.

 

Puede llegar a ser creíble. Pero habrá que contestar a algunas preguntas: ¿Quién es realmente El Chino? ¿Qué sabían de él los servicios secretos marroquíes? ¿Era una persona corriente abocada a la pequeña delincuencia que se había radicalizado en la cárcel? ¿O era un verdadero terrorista que se había forjado una “leyenda” (un pasado ficticio) para pasar desapercibido? ¿Y si la “leyenda” se la hubieran proporcionado los servicios secretos marroquíes? ¿Qué relación tenía con Allekema Lamari? No debe olvidarse que el argelino Lamari, otro de suicidas de Leganés, es, de todos los personajes que rodean al 11-M, el único al que la policía española consideraba realmente peligroso.

 

Es muy pronto para intentar contestar a estas preguntas, pero al menos los problemas van centrándose. Cuando menos ya sabemos que la policía los tenía a casi todos vigilados y no se dieron cuenta de lo que estaban planeando. Si al único que no controlaban era a El Chino, no cabe duda de que éste es la clave. Y Lamari.