La crisis vivida a cuenta del Marine I, pone una vez más de manifiesto que vivimos en un mundo globalizado, en el que la información es inmediata y accesible desde cualquier parte del planeta por cualquiera. El ministro Caldera pasará a la historia política de nuestro país como aquél ministro cuya, pongamos, “ingenuidad”, aseveró que con los papeles para todos estaba el asunto resuelto y que las mafias no leen el BOE.

 

La grave situación de las últimas fechas, en las que el Gobierno español ha sido ninguneado como nunca, demuestra que el negocio de las mafias es tan suculento que está altamente profesionalizado. Saben donde encontrar información, utilizarla y enriquecerse con la candidez de algunos gobernantes, que muy lejos de gobernar con sentido de Estado- y eso implica también las actuaciones en el ámbito internacional- gobiernan para minorías. Buscan arañar un puñado de votos que les permita mantenerse en el poder a costa de lo que sea, en vez de buscar esas mayorías imprescindibles para gobernar en el buen hacer y el trabajo bien hecho.

 

Como el anuncio publicitario de una conocida gran superficie comercial, “yo no soy tonto” y por eso, los ciudadanos votarán a aquellos que generen los menos problemas posibles. Esta legislatura está caracterizándose por la improvisación, por la generación de las situaciones más pintorescas, más propias de un serial de sobremesa, que de un Gobierno responsable.

 

Una vez más, queremos resaltar desde estas páginas que el problema de la inmigración es lo suficientemente complejo, delicado y difícil como para andar frivolizando con él. Recordemos que según la última encuesta del CIS- en manos siempre del gobierno de turno- la inmigración es el principal motivo de preocupación de los españoles. Y no es para menos, porque este nuevo incidente pondrá en las calles españolas a un buen puñado de “sin papeles”: ni podrán ser repatriados, ni ellos están dispuestos a echar en saco roto el dinero que han pagado a las mafias, ni los miles de kilómetros que han recorrido para llegar hasta las Islas Afortunadas. Curiosa ironía para un Archipiélago que está padeciendo una crisis sin precedentes.

 

Señor ministro: las mafias sí leen el BOE y por eso saben cómo encauzar a la gente hacia la frontera sur de Europa a la espera de que haya procesos de regularización masiva que les permita quedarse, trabajar en precario y terminar de pagar la deuda contraída. Los gobiernos de todos los países, por muy pobres que sean, tratan de jugar sus cartas lo mejor posible y reclaman ayudas económicas que no se sabe cuál es su fin exacto en la realidad. Los  ciudadanos que vienen buscando una vida mejor, no tienen nada que perder, salvo su vida, que se la juegan ante la desesperación de no tener un futuro antes sí.

 

Si además, se les anima en plena tormenta con esperanzas de trabajo regularizado que hay que poner en marcha pero a su debido tiempo y contexto, ya tenemos el cóctel preparado.

 

El silencio es un arte difícil, pero que bien manejado puede dar muchos éxitos a quien lo práctica.

 

 

Una vez que está claro que Mauritania sabía que España no iba a consentir que  estos jóvenes fueran abandonados a su suerte- lo que de todo punto es lo que tenía que hacer el Gobierno, por supuesto- ha quedado de manifiesto que el gobierno de ese país africano es un negociador astuto, puesto que aunque el barco se encontraba en sus aguas, sabe que no tiene la obligación de cumplir ninguna ley específica marítima en cuanto al amparo y socorro de barcos y tripulantes, ya que tales “leyes” no existen. La base del derecho marítimo son  los convenios, que no leyes, es decir, modelos aceptados por los países, pero que no impiden que cada Estado pueda desarrollar su propia legislación marítima. No todos tienen las mismas normas, aunque si pueden estar de acuerdo con algunos aspectos fundamentales. Estos convenios admitidos de forma voluntaria permiten una interpretación a la carta.

 

La única referencia que se puede señalar es que el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, prevé que todo Estado ribereño debe disponer de un servicio de búsqueda y salvamento adecuados y, cuando las circunstancias lo requieran, cooperen con los Estados vecinos mediante los correspondientes acuerdos.

 

El artículo 11 de esta misma Convención, hace referencia al protocolo de cooperación de los estados, diciendo que todo Estado Parte, al dictar reglas o adoptar decisiones acerca de cuestiones relacionadas con operaciones de salvamento, tales como la admisión en puerto de buques necesitados de socorro o la prestación de servicios a los salvadores, tendrá en cuenta la necesidad de que exista cooperación entre los salvadores, las otras partes interesadas y las autoridades públicas, con el fin de asegurar la ejecución eficaz y satisfactoria de las operaciones de salvamento encaminadas a salvar vidas humanas o bienes en peligro, así como a evitar daños al medio ambiente en general.

 

Convenios voluntarios y protocolos, pero nada de leyes. Al final, hemos podido saber,  a través de la Confederación Española de Policía, que el Gobierno español ha pagado a Mauritania más de 665.000 euros (unos 120 millones de las antiguas pesetas), como única manera de conseguir que estos ciudadanos lleguen a alguna parte cuanto antes. Según el portavoz de Inmigración de la CEP, Rodrigo Gavilán, la coacción del Gobierno mauritano se ha materializado en forma de subvención extraordinaria, en concepto de ayuda para que Mauritania controle la inmigración irregular, a través del Real Decreto 187/2007 del día 9 de febrero. Sería deseable que ya que se ha sucumbido a este imperativo, el Gobierno español siguiera muy de cerca que el dinero se utiliza precisamente para lo que se ha entregado y si no, denunciarlo adecuadamente.

 

Algo que se podría haber subsanado si el Gobierno socialista hubiera hecho valer el convenio de repatriación que España tiene firmado con Mauritania. El único que existe hasta la fecha y que se firmo en 2003, durante la pasada legislatura. (Puede consultarse el texto completo en http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/04/pdfs/A30050-30053.pdf)

 

Salvo este convenio, no hay firmado ninguno más, a pesar de los viajes realizados por diferentes ministros y el propio Zapatero a África, cuyo resultado  es harto conocido: ninguno. Urge que el Gobierno se ponga manos a la obra en este aspecto de una vez.

 

Mientras tanto,  estos países saben muy bien qué “protocolo” tiene que seguir. Países como India o Pakistán exigen una media de 6000 euros por persona repatriada en situaciones similares. Precisamente, Pakistán,  junto con China, es uno de los principales emisores de inmigrantes clandestinos a España de todo el continente asiático.

 

De todas formas, no parece que los gobiernos de origen de estas personas, ni ellas mismas, vayan a facilitar una información que supondría volver al punto de partida, después de meses de viaje en condiciones infrahumanas y del gasto que ha supuesto para ellas.

Las mafias son las primeras que ya han destruido toda esa información, puesto que son ellas mismas las se ocupan del  transporte, falsos documentos de identidad y paso clandestino de fronteras. Solo la falsificación de documentos cuesta alrededor de 2000 dólares por cabeza. Un dato: las mejores falsificaciones provienen de Bulgaria y Tailandia.

 

 

Ha quedado claro que las mafias sí que leen el BOE porque de estar bien informados depende en buena parte este lucrativo negocio.  Basta con ver algunos datos ofrecidos por organizaciones internacionales de primera línea. Por ejemplo, el Banco Mundial calcula que las remesas a través de canales informales fueron de 20.000 millones de dólares durante 2005 en todo el mundo. La OIT calcula que los beneficios anuales producidos por los trabajadores forzosos rozan los 26.000 millones de euros.

 

Aunque es difícil determinar la cifra real, estos datos dan una idea de que este negocio no es ni mucho menos algo baladí.

 

Las mafias internacionales controlan cerca del 80% del tráfico de personas. Este dato es fundamental para entender que es muy poco probable que estos ciudadanos se lancen a esta aventura por su cuenta y riesgo. Antes al contrario, puede afirmarse que sin entrar en el circuito de una mafia, es muy difícil tan siquiera intentarlo. África es la principal fuente de clandestinos con destino a Europa, con 300.000 ilegales por año. Para los traficantes, generalmente nigerianos, esas cifras significan una ganancia de 500 millones de dólares.

 

Como todo gran negocio, la organización interna es imprescindible, y en este caso, también. Las mafias están estructuradas como empresas multinacionales, que disponen de “sucursales” en los países emisores de ilegales: el África negra, Asia y Latinoamérica, son los principales focos del negocio. Interpol estima que tan solo en Europa pueden llegar a existir unas 4000 “oficinas” de estas mafias que están perfectamente informadas de las legislaciones nacionales para poder actuar luego en consecuencia.

 

Su estructura es tal, que controlan todo el proceso, desde el origen hasta su llegada, abandonándolos a su suerte si se presentan complicaciones, como ha sido el caso del Marine I, que es tan solo un ejemplo más de los miles de barcos que se encuentran en el litoral de estos países africanos, esperando el momento de zarpar. En el caso de los latinoamericanos, las mafias controlan el tráfico en aeropuertos, mientras que los procedentes de los países del Este de Europa, lo hacen por vía terrestre.

 

Según el  secretario regional de la Confederación Española de Policía (CEP), Agustín Brito, hay indicios suficientes para afirmar que el punto de partida de estos desvencijados pesqueros es la costa occidental africana, donde se estima que hay gran cantidad de barcos que, en sus últimos días de vida útil, se utilizan para el tráfico de seres humanos.

 

En líneas generales, se ha podido calcular que cada viaje puede suponer desde  300 a 3000 euros por cabeza, según el punto de partida, de llegada y la sofisticación de los medios utilizados. Este desembolso se hace de forma fraccionada, por ello, las mafias controlan todo el proceso, salvo emergencias como la que nos ocupa, ya que cada ilegal puede llegar a reembolsar la deuda en unos cinco años a los prestatarios, o en todo caso, siempre pueden acogerse a algún programa de reagrupación familiar, muy común entre los marroquíes que envían menores a España.

 

Tan solo unas pinceladas sobre el tema sirven para demostrar que cuando se asume la responsabilidad de gobernar, hay que informarse de lo que se ha hecho anteriormente, asesorarse por expertos en las diferentes materias y ejercer esta enorme tarea con amplitud de miras.

 

La realidad es que Zapatero le ha entregado una cartera a un ministro que ha preferido no utilizar recursos que ya estaban fijados- y conseguidos, que no es poco- por el gobierno anterior, como ha sido el caso del convenio con Mauritania, en el afán de borrar todo lo que se ha hecho, en vez de aprovechar lo que esté bien en beneficio de todos los españoles y corregir y mejorar lo que no ha estado tan bien.

Además, ha quedado patente y manifiesto que tampoco conoce la magnitud de las nuevas tecnologías de la información, ni de la globalidad de los negocios, aunque sean “mafias”, que lejos de quedar para el terreno de las películas de cine negro americano, su actividad mueve miles de millones en todo el mundo, y es suficientemente seria como para tenerla en cuenta, como bien queda referenciado en la actividad que desarrollan estos delincuentes globales: saben cómo actuar y dónde. Sin duda, la laxitud del Gobierno español y la demagogia desplegada en esta difícil cuestión del tráfico de personas facilita que estos barcos negreros ni siquiera se planteen hacer escalas en otros países y que algunos pongan rumbo desde China o Pakistán hacia España porque saben que de una forma u otra conseguirán sus objetivos.

 

En lo que respecta a la amplitud de miras, éstas no están siendo la principal hoja de ruta de Zapatero, que prometió en su programa electoral que “abordaremos la inmigración desde la normalidad política, desde un profundo y responsable sentido de Estado. Formularemos un Pacto de Estado”. Nada de esto se ha cumplido.

 

En cuanto a la creación de agencias de contratación es imprescindible que el tema laboral se conduzca por ahí, pero de manera orquestada y en los tiempos adecuados y no anunciando indiscriminadamente que hace falta mano de obra, justo cuando el propio Gobierno se ha visto inmerso en una crisis de muy difícil solución.

Prudencia, seriedad y políticas realistas. Eso es lo que votarán los españoles. “Yo no soy tonto”.