Parece que los periódicos aprovechan las treguas que Gómez Bermúdez declara en el desarrollo del juicio para librar sus guerras entorno al 11-M. A principios de esta semana hicimos referencia a la petición que el Presidente del tribunal había dirigido al CNI para que le entregara el informe acerca del interrogatorio que se le hizo a Suárez Trashorras en Avilés antes de ser detenido. El minero había declarado a El Mundo que, en aquel interrogatorio al que le sometió la policía y que presenció un agente del CNI, contó que Jamal Ahmidan, El Chino, le había a su vez dicho que conocía a dos de los tres etarras detenidos con ocasión de la interceptación de la caravana de la muerte en Cañaveras el 29 de febrero de 2004. Cuando la entrevista fue publicada, el Juez instructor pidió a la policía que informase sobre este hecho. Ésta dijo que Suárez Trashorras, durante su interrogatorio en Avilés, no había hecho ninguna referencia a ETA. El juez del Olmo no investigó más. Sin embargo, Gómez Bermúdez, consciente de la importancia de esa supuesta declaración, aceptó que durante el juicio comparezcan como testigos los dos etarras detenidos que se supone conocían a El Chino. Además, solicitó el informe que el CNI pudiera tener sobre aquel interrogatorio para corroborar o desmentir la versión policial. El CNI le contestó que, al tratarse de documentación clasificada, no podía entregarla sin que previamente fuera desclasificada por el Consejo de Ministros. Y así lo ha solicitado el Juez. Pues bien, el viernes, El País dio la doble noticia, gracias evidentemente a una filtración procedente del gobierno, de que el Consejo de Ministros desclasificará el documento y que en él no consta que Trashorras hiciera ningún comentario relativo a la ETA. Un tanto para los oficialistas, siempre que la noticia de El País se confirme.

 

 

El viernes por la tarde se supo que la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado el recurso interpuesto por la cúpula de la Policía Científica, por lo que tendrán que sentarse en el banquillo cuatro de sus miembros para dilucidar si, cuando alteraron un informe pericial de sus subordinados, cometieron o no delito. Es el llamado caso del ácido bórico. Un tanto para los conspiracionistas.

 

Merece la pena detenerse unas líneas para recordar el caso. Tres peritos de la Policía Científica elaboraron un informe a petición del Juez del Olmo sobre las sustancias halladas en el piso de el Haski tras ser detenido. El Haski es uno de los procesados y es uno de los supuestos autores intelectuales del 11-M. Una de las sustancias encontradas en su piso de Lanzarote fue ácido bórico. Los peritos creyeron que debían recordar al Juez que esta misma sustancia se encontró en un piso franco de ETA en 2001. Sus jefes, al verlo, decidieron que se debían suprimir las referencias a ETA. Los peritos que elaboraron el informe se negaron a modificarlo. Entonces, uno de sus superiores, redactó uno nuevo, idéntico al que habían hecho sus subordinados, sin más modificación que la supresión de la referencia a la banda terrorista vasca, y lo firmó él mismo. Luego, se alteró el libro de Registro de Muestras y se destruyó el sobre original de asignación de informes y se elaboró uno nuevo. Unos meses más tarde, El Mundo publicó el informe firmado por los tres peritos que lo habían elaborado presentándolo como el original. No lo era. El documento había sido nuevamente impreso y nuevamente firmado por los peritos que lo elaboraron. Denunciado el caso ante la Audiencia Nacional, el Juez Garzón consideró que los tres peritos eran responsables de un delito de falsificación a pesar de que es difícil imaginar cómo puede nadie falsificar con su firma un documento elaborado por él mismo. Al ser incompetente la Audiencia Nacional, el caso llegó a los Juzgados de Plaza Castilla donde las diligencias abiertas a los tres peritos se sobreseyeron y sus superiores, en cambio, fueron acusados de cometer varios delitos sobre la base de que modificar y luego firmar como propio un documento que han hecho personas distintas puede constituir un delito. Los oficialistas han venido insistiendo en la escasa entidad de los hechos y en la irrelevancia de la coincidencia de que en ambos pisos apareciera ácido bórico, una sustancia muy empleada para usos domésticos. Los conspiracionistas, acertadamente, han puesto el acento en que lo que importa del caso es el empeño de los altos mandos de la Policía Científica en impedir que llegue al sumario nada que tenga que ver con ETA hasta el punto de arriesgar una condena penal por algo tan poco relevante como es la aparición del bórico en ambos pisos.

 

 

Los oficialistas pretendieron el viernes apuntarse otro tanto al destacar la sagacidad del Ministerio Fiscal al pedir al tribunal que incorpore al sumario del 11-M los análisis que se hicieron durante la Operación Pipol. A consecuencia de esta operación, le fueron intervenidos a Suárez Trashorras, el minero acusado de suministrar los explosivos del 11-M, unos cartuchos de Goma 2 ECO que estaban contaminados con dinitrotolueno, tal y como revelaron los análisis. El País pretende hacer creer a sus lectores que esto corrobora la tesis oficialista cuando lo cierto es que corrobora bien poco. Sólo demuestra que La Goma 2 ECO de la mochila, de la Kangoo y de los demás lugares relacionados con los acusados es igual que aquella con la que traficaba Trashorras. Y esto no es lo que está en discusión. Lo que se discute es si lo que estalló en los trenes fue Goma 2 ECO o no. Si lo fue, podría muy bien proceder de mina Conchita, de donde la robaba Trashorras. Es más, la presencia de pequeñas cantidades de dinitrotolueno lo ratificaría. Pero, si los peritos concluyen que las proporciones del dinitrotolueno hallado en los focos es tan elevada que no puede ser fruto de una contaminación, sino que ha de ser a consecuencia de que el explosivo empleado tenía ese elemento como básico, carece de relevancia lo que le intervinieran a Trashorras en la Operación Pipol porque estaría acreditado que no había sido su explosivo el empleado para cometer el atentado y buena parte de las pruebas aportadas al sumario quedarían en entredicho.

 

 

El absurdo empeño de los oficialistas en demostrar antes del resultado de los análisis que lo que estalló fue Goma 2 ECO, así como el infantil afán por conseguir que en el sumario no aparezca ninguna referencia a ETA, están haciendo que los conspiracionistas empiecen a preguntarse: ¿y si la pista etarra fuera un señuelo? ¿Y si todos estos a veces ridículos esfuerzos por evitar que la ETA salga relacionada con el 11-M tienen por finalidad encelarlos con una línea falsa para luego, cuando se demuestre su falsedad, desprestigiar cualquier otra teoría, más próxima a la verdad, hacia la que la investigación pudiera conducir? Entre líneas empieza a percibirse que temen que al final el informe pericial de los explosivos arroje el resultado de que, en efecto, lo que estalló en los trenes fue Goma 2 ECO ligeramente contaminada con dinitrotolueno, esto es, la misma clase de explosivo hallado en la mochila de Vallecas y demás. En definitiva, sospechan haber sido víctimas de una estrategia consistente en eludir el análisis de los focos de la explosión para hacer creer que de ahí saldría la prueba de la autoría etarra. Cuando se confirmara que no, que no había sido Tytadine, sino Goma 2 ECO lo que estalló, y que, por tanto, la mochila de Vallecas es auténtica porque contiene el mismo explosivo empleado en los trenes, se consolidaría la versión oficial. De hecho, es muy extraño que alguien que se propone condicionar la investigación colocando una prueba falsa consistente en una mochila llena de explosivo sin estallar emplee uno distinto del que deflagró en los trenes pues, entonces, el engaño se descubriría en el momento de hacer los análisis (que, sin embargo, en este caso, se han retrasado tres años incomprensiblemente). La ridícula supresión de la mención del ácido bórico en un informe pericial, la omisión del adjetivo “bilbaínas” en otro y algunos detalles más de la investigación policial habrían tenido esta misma finalidad, la de hacer creer a los periodistas de investigación que pusieron desde el principio en tela de juicio la tesis oficial, que se estaba tratando de ocultar la autoría de la ETA para proteger el buen fin del llamado proceso de paz. Así, cuando luego finalmente se concluya que estaban equivocados, que la ETA no ha tenido nada que ver, al quedar en definitiva desacreditada la tesis etarra, con ella quedarían desacreditados ellos como investigadores y con ellos, todas las demás teorías que sus investigaciones pudieran sugerir, quedando como únicamente creíble la tesis oficial.

 

Es verdad que son muchas las cosas por explicar, que hay infinidad de indicios de que las pruebas en que se basa el sumario son falsas, que hay un sinfín de preguntas sin respuesta, que los periodistas que llevan años investigando el caso no se dejarán convencer hasta que todo esté suficientemente explicado, y que los conspiracionistas nunca se han decantado por ninguna tesis y han insistido en que se limitaban a dudar de la versión oficial. Pero, si su trabajo quedara desacreditado, esa tercera parte de españoles que hoy comparten esas dudas se reducirá a una pequeña minoría, irrelevante en términos electorales.

 

Si este temor de los conspiracionistas tiene fundamento o si por el contrario se limita a ser una manera de ponerse la venda antes de la herida para el caso de que el informe pericial del explosivo confirme que el empleado en los trenes fue Goma 2 ECO es discutible, pero debe reseñarse porque, desgraciadamente, podrían tener razón.