A fecha de ayer y desde el inicio de las operaciones en Afganistán, allá por octubre de 2001, las tropas aliadas han sufrido 458 bajas mortales, de las cuales 276 por acciones en combate, el resto en accidentes de diverso tipo.

 

España, como se enorgullece el actual gobierno, es el noveno contribuyente de fuerzas de la coalición internacional liderada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

 

Con la muerte de la soldado Idoia Rodríguez Buján, España ocupa el cuarto puesto en lo que se refiere al número de bajas.

 

Y eso sin contar el accidente del Yak, pues entonces seríamos los segundos tras los Estados Unidos.

 

España aporta apenas el 2 por ciento de las tropas aliadas, pero ya lleva encajado casi el 3 por ciento de sus bajas.

 

Y esta cifra hay que entenderla en el contexto de lo que dicen nuestras autoridades, que el contingente español se encuentra en una zona relativamente tranquila.

 

Si Canadá y el reino Unido nos superan en pérdidas humanas se explica porque sus militares han realizado misiones ofensivas en zonas de fuerte presencia talibán.

 

Esto es, la desproporción de las bajas españolas es aún más llamativa.

 

Mientras que los mandos de la OTAN alertaban ya en marzo pasado de la creciente conflictividad en todo Afganistán, con especial virulencia en el sur, nuestro gobierno prefirió escudarse en la naturaleza humanitaria de la misión y no atender así ni a las peticiones militares de reforzar el contingente ni a las de la Alianza de aumentar la contribución.

 

El problema es que Afganistán no va sino a empeorar a corto plazo. Como en los 80, jihadistas del golfo e Irak vuelven a las montañas afganas para combatir a los infieles.

 

Y el ingenio explosivo que segó la vida de nuestra soldado huele a diseño iraní como el que se emplea contra los americanos en Irak.

 

Ser militar entraña riesgos. Por eso no valen medias tintas. Y el gobierno debe respaldarles y eso empieza por su propia seguridad.