La demagogia suele tener un alto coste en democracia. Cuando a la demagogia se suma la ineptitud que ha mostrado el Gobierno Zapatero en la dirección de la Guardia Civil, lo más probable es que se termine generando una crisis sin precedentes en una Institución que resulta vital para la seguridad de todos los españoles. Un conflicto cuyo último y más grave episodio fue la manifestación celebrada por guardias uniformados en la Plaza Mayor de Madrid como mejor exponente del caos que se vive en el Ministerio del Interior.

 

Se impone por tanto la necesidad de una reflexión serena sobre el futuro de la Guardia Civil, una creación del Estado Liberal español del siglo XIX que a lo largo de 163 años ha servido como pocas instituciones a la seguridad y a la libertad de los españoles. Un Cuerpo de seguridad que ha sabido combinar en todo este tiempo su función como fuerza coercitiva del Estado con un espíritu benemérito que la ha colocado siempre como una de las Instituciones más respetadas y queridas por los españoles.

 

Desde su misma creación la Guardia Civil ha estado sometida a una tensión entre su naturaleza militar y su función eminentemente policial. Sin embargo, es difícil discutir que esa combinación ha constituido una de las claves de su éxito histórico. Hoy la Guardia Civil es un Cuerpo especialmente versátil y eficaz para poder hacer frente a los grandes desafíos de la seguridad del siglo XXI, como el terrorismo, la inmigración ilegal masiva, la criminalidad trasnacional, las agresiones al medio ambiente o la seguridad vial, por poner algunos ejemplos. Es un Cuerpo valorado en todo el mundo y que tiene una proyección internacional cada vez más relevante en operaciones de paz.

 

En los últimos años ha surgido también en la Guardia Civil una creciente tensión entre su naturaleza militar y el ejercicio de los derechos y libertades de sus miembros. Superar esta tensión no resulta fácil, pero la vía no puede ser otra que optar de forma decidida y valiente por el cambio y la modernización de la Guardia Civil. Esa es al menos la senda que se emprendió por los gobiernos del Partido Popular y esa política no sólo permitió garantizar la estabilidad en la Institución durante todos esos años, sino que abrió un camino para superar los nuevos retos planteados. En ese período se reguló por primera vez el horario de servicio de los guardias civiles, se consolidó un estatuto de personal autónomo al de las Fuerzas Armadas, se mejoraron las retribuciones y las condiciones del servicio, se crearon nuevos cauces de comunicación interna y se reglamentó profusamente para tratar de reducir al máximo toda arbitrariedad. Quedaron dos reformas importantes en marcha, la reforma del régimen disciplinario y una Ley de Derechos y Deberes que equilibrara las exigencias de la naturaleza militar del Cuerpo con el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales por sus miembros. Pero lo más importante es que había un espíritu, una voluntad y una política de reforma y modernización del Cuerpo.

 

El PSOE cometió dos errores que por el contrario han conducido a la crisis actual. Primero generó con su demagogia en la oposición unas expectativas de cambio que resultaron inasumibles en el Gobierno, y en segundo lugar, paralizó una vez en el Poder todo el proceso de reforma emprendido en la etapa anterior. El Gobierno puede desgañitarse ahora diciendo que cumplirá sus promesas electorales, al menos las escritas, pero lo cierto es que tres años después de llegar al poder ni se ha cambiado la ley disciplinaria, ni hay modificaciones en el estatuto profesional de los guardias civiles, ni hay mejoras en las condiciones del servicio y sus sueldos se han distanciado aún en mayor medida respecto a otras fuerzas de seguridad. Lo que más frustración genera a muchos guardias civiles hoy no es su manifiestamente mejorable situación profesional, sino sobre todo el hecho de sentirse vilmente engañados por el actual Gobierno.

 

La manifestación uniformada de la Guardia Civil deja ahora al Gobierno en una posición muy delicada. Por un lado, el ministro del Interior pretende, bajo la presión de las movilizaciones, terminar en tres meses la tarea que no ha sido capaz de hacer en tres años. Por otro, se trata de recomponer la disciplina imponiendo sanciones a los organizadores del acto. El problema es que es muy difícil estar en la manifestación con los guardias mientras se está en la oposición e imponiendo sanciones a quiénes se manifiestan cuando se está en el Gobierno.