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11-M: la guerra mediática
Colaboraciones nº 1504   |  19 de Febrero de 2007
 
Mientras el juicio avanza, la guerra mediática se sigue desarrollando en viejos y nuevos frentes. La apertura de los nuevos se debe en parte a la actitud del Presidente del tribunal, que ha solicitado que se practiquen pruebas, se emitan informes o comparezcan testigos que el Juez instructor no consideró pertinente ordenar. Esto implica una cierta reprobación al Juez instructor, pues si el Presidente del tribunal, antes de iniciarse el juicio, y por tanto sin más datos que los que resultan del sumario, considera necesario realizar actuaciones propias de la instrucción es porque cree que debiera haberlas hecho el instructor. Sin embargo, a pesar de que las pruebas ordenadas tienden a dar pábulo a la teoría conspirativa, los medios oficialistas todavía no han apuntado sus baterías contra Gómez Bermúdez, Presidente del tribunal. Tales medios sostienen que estas pruebas son hoy necesarias precisamente para despejar todas las dudas que, irresponsablemente, los conspiranoicos han arrojado sobre la versión oficial.
 
Se sigue combatiendo en el viejo frente de la mochila de Vallecas y el explosivo efectivamente empleado en los trenes.
 
El ABC finalmente analiza con rigor el informe pericial preliminar de los peritos. Se trata del informe que el Presidente de la sala ha encargado. Ahora es posible encontrar en el periódico una actitud más abierta a la posibilidad de que el explosivo que estalló en los trenes sea distinto de la Goma 2 ECO. Debe recordarse que este es el explosivo encontrado en la mochila aparecida entre los enseres amontonados en la Comisaría de Vallecas. Si lo que estalló fue un explosivo distinto, la tarjeta telefónica hallada en la mochila sería una prueba falsa. Esto es muy importante porque esa tarjeta telefónica fue la que condujo el 13 de marzo hasta el locutorio de Zougam y constituye el pequeño ovillo de donde ha salido gran parte del hilo de la instrucción. No obstante, el periódico defiende su posición e insiste en que el informe preliminar da base suficiente para prever que el informe definitivo confirmará la tesis oficial, que lo que estalló en los trenes es el mismo explosivo que había en la mochila. Así, el artículo pone de relieve que, a pesar de que el fabricante no reconoce el dinitrotolueno como una sustancia que se emplee en su fabricación, la misma aparece en cantidad minoritaria en la muestra de Goma 2 ECO enviada por la misma fábrica. Por lo tanto, deducen en el ABC, no puede extrañar que aparezca igualmente en los focos de la explosión. Además, advierten, como lo hacen los mismos peritos, que, habida cuenta del tiempo transcurrido y del hecho de haber sido lavadas con agua y acetona las muestras tomadas de los trenes, lo que ha podido hacer desaparecer muchos componentes, es muy probable que no se pueda saber con exactitud qué es lo que estalló. Ahora bien, si efectivamente los peritos alcanzan la conclusión de que el comportamiento negligente de la policía (por el lavado y la falta de conservación de muestras suficientes) y del juez instructor (por no ordenar un análisis exhaustivo cuando todavía podía haberse realizado) impide saber qué estalló en los trenes, lo relevante no será tanto que hay que conformarse con la versión oficial relativa a los explosivos por ser la más probable, sino que hay que investigar el comportamiento de los funcionarios que ha impedido alcanzar una certeza sobre un aspecto tan importante de la investigación.
 
Por otra parte, El Mundo reabre el frente que surgió cuando publicó una entrevista realizada en la cárcel a Suárez Trashorras, el que vendió los explosivos a los islamistas.
 
El periódico de Pedro J. Ramírez salió ayer a cuatro columnas diciendo que el CNI se ha negado a entregar al tribunal el informe sobre el interrogatorio al que fue sometido Trashorras antes de ser detenido. Hay que recordar que Trashorras es el elemento clave de la trama asturiana ya que está acusado de vender el explosivo a Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los suicidas de Leganés. Según la entrevista que El Mundo publicó mucho después de su detención, El Chino le contó a Trashorras que conocía a los etarras de la caravana de la muerte (una furgoneta cargada de explosivo que fue interceptada por la policía a finales de febrero de 2004). Trashorras declaró a El Mundo que hizo saber este extremo a la policía y a un agente del CNI durante un interrogatorio al que fue sometido días antes de ser detenido. La información fue desprestigiada por los oficialistas acusando a El Mundo de haber pagado esas declaraciones, aunque tales pagos nunca se han llegado a demostrar. Tras la publicación de la entrevista, la policía informó por escrito que, durante aquel interrogatorio, Trashorras no había manifestado tal cosa, y el Juez del Olmo se conformó. Gómez Bermúdez no se ha conformado. Ha decidido prescindir de la policía, lo que indica cierto grado de desconfianza, y acudir directamente al Centro Nacional de Inteligencia. Éste, por medio de su director, se ha amparado en al Ley de Secretos Oficiales y, puesto que la documentación exigida está clasificada, se ha remitido al Consejo de Ministros, que es al que corresponde decidir si ante una petición así debe o no desclasificar. Cabe esperar que el tribunal solicite oficialmente al Consejo de Ministros la desclasificación.
 
Por último, también El País abrió una trinchera ayer con una exclusiva sobre el 11-M.
 
Al parecer, entre los enseres recuperados tras la explosión de Leganés, ha aparecido un manual para hacer frente a los interrogatorios de la policía y de las autoridades judiciales. En ellos se aconseja negarlo todo, poniendo en tela de juicio hasta las pruebas más evidentes. La verdad es que, el de negar la evidencia, es un consejo que se brinda con demasiada frecuencia a los que son acusados de cualquier cosa como para llamar la atención. En el fondo, lo que El País pretende no es dar una explicación a la negativa a responder a las preguntas de la Fiscal de los supuestos autores intelectuales de la matanza, ya que la estrategia de negar la acusación no necesita, para ser adoptada, de un manual que instruya en ella, sino dejar en sus lectores la impresión de que contra El Egipcio y los otros dos autores intelectuales de la matanza hay una evidencia que éstos tienen que negar. Es cierto que existen abundantes pruebas de sus contactos con el fundamentalismo islámico, pero no así de su relación directa con el 11-M. Aquí las pruebas brillan por su ausencia. El periódico acentúa su argumento llamando la atención sobre un hecho ya observado por Victoria Prego en  El Mundo, esto es, que El Egipcio ocupa en la cámara blindada de los acusados un lugar de privilegio, al frente de todos ellos, rodeado de un semicírculo de vacío que sugiere al espectador un aparente respeto por parte de los demás. El hecho puede ser llamativo, pero no parece serio pretender basar una condena por el asesinato de 191 personas en el modo en que los acusados se sientan en el banquillo. Son mucho más relevantes, y es lo que debieran destacar los oficialistas, las negativas de El Egipcio, Belhadj y Haski a contestar a las preguntas del Fiscal y de la acusación particular. El inconveniente es que Zougam, que también ha negado toda participación en el atentado y constituye el eslabón entre la mochila y los demás detenidos, sí aceptó contestar al Fiscal. Para los que sigan su declaración de hoy, hay que recordar que en ninguno de los lugares donde se ha podido seguir el rastro de los suicidas de Leganés y demás acusados (especialmente en la casa de Morata de Tajuña, donde se supone se montaron las mochilas-bomba), no ha aparecido ni una sola brizna del ADN de Zougam.
 
Por último, José Alejandro Vara, director de La Razón, un periódico que se ha esforzado por mantenerse al margen de la polémica entre oficialistas y críticos o conspirativistas, atisba una línea de investigación al tachar de abertzale al abogado de El Egipcio. Es cierto que Endika Zuleta defendió a una mujer acusada de formar parte de Jarrai en el sumario del caso Segi, consiguiendo que fuera absuelta, cosa que ya había destacado Libertad Digital. Pero su hipotética relación con el entorno etarra no está acreditada más allá de lo que podríamos calificar de cierta simpatía. En cualquier caso, un asunto a no perder de vista.

 
 
Emilio Campmany es licenciado en Historia Contemporánea y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es Registrador de la Propiedad, actualmente destinado en comisión de servicios en la Dirección General de los Registros y del Notariado en el Ministerio de Justicia. Su novela “Operación Chaplin”, cuya trama gira alrededor del atentado que sufrió José María Aznar en 1995 a manos de la ETA, fue finalista del V Premio Río Manzanares en 2003. Próximamente publicará otra en torno al asesinato de Efialtes, líder del partido democrático en la Atenas de Pericles. Colabora con la revista Chesterton. Estudioso de temas estratégicos. Actualmente trabaja sobre los problemas jurídicos que plantean las estrategias de la guerra contra el terror.


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