A finales del mes de enero, la Fiscalía de Munich decidió actuar contra 13 agentes de la CIA por su implicación en la detención ilegal de un ciudadano alemán de origen libanés, Jaled el-Masri. El caso ha reabierto la polémica sobre las cárceles y los vuelos secretos de la CIA en Europa. En España, un juez de la Audiencia Nacional ha solicitado del Gobierno que desclasifique todos los documentos que el CNI pudiera tener sobre el caso. Tanto el PSOE (López Garrido) como el PP (Arístegui) se han mostrado partidarios de la desclasificación, que, al parecer, se abordará en el Consejo de Ministros del día 9.

 

Jaled el-Masri, un vendedor de coches de Munich, parado y con cinco hijos, tras pelearse con su mujer, decidió hacer un viaje de turismo a Macedonia. Allí, el día de Nochevieja de 2003, cuando estaba a punto de atravesar la frontera en dirección a Serbia, fue detenido por la policía macedonia, que lo confundió con un terrorista implicado en la preparación del atentado del 11-S. Fue trasladado a un hotel, donde estuvo detenido 23 días. Transcurrido este tiempo fue entregado a agentes de la CIA que corroboraron las sospechas de los agentes macedonios sobre la base de que el pasaporte que llevaba les pareció falso. Un avión de la CIA, con trece tripulantes a bordo, procedente de los EEUU, tras una escala en Palma de Mallorca (de ahí la implicación de las autoridades españolas), recogió al detenido en Skopje y lo trasladó a Kabul, donde estuvo prisionero cinco meses. Tras ser reiteradamente interrogado y después de comprobar que su pasaporte era auténtico, fue liberado en Albania. Entonces, las autoridades norteamericanas, a través de su embajador en Berlín informaron a las alemanas, en la persona de su ministro del interior.

 

Masri ha iniciado una batalla legal contra los EE UU y contra su propio país, de cuyas autoridades sospecha que colaboraron, puesto que en Macedonia insisten en que la embajada en Skopje fue cumplidamente informada de la detención y porque, poco antes de su liberación, fue interrogado por un agente que le pareció pertenecía a los servicios secretos alemanes ya que hablaba un alemán sin acento (de hecho ha sido capaz de identificarlo en una rueda de reconocimiento, si bien la policía alemana considera que la identificación no es concluyente).

 

Lo primero que hay que tener bien claro es que esta clase de detenciones son, conforme al ordenamiento jurídico norteamericano, perfectamente legales. El procedimiento a seguir fue establecido por Reagan y más tarde desarrollado por Clinton, con idea de poder poner a disposición de los tribunales norteamericanos a terroristas y grandes narcotraficantes y de hecho ha sido empleado en anteriores ocasiones sin suscitar mayor polémica, como en el caso de Ramzi Youssef, detenido en Islamabad por agentes norteamericanos en 1995 como responsable del primer atentado contra el World Trade Center. En la reciente Historia Contemporánea, fuera de los casos protagonizados por los EE UU, el más notable es el del nazi Adolf Eichmann, detenido por agentes israelíes en Buenos Aires en 1960.

 

La más importante diferencia que, respecto a la justicia norteamericana, existe entre las detenciones que se están llevando a cabo ahora, tras el 11-S, y las realizadas anteriormente es que hoy los detenidos no son puestos a disposición de los tribunales ordinarios, sino que son tratados como combatientes ilegales, sin derecho a acceder a la Justicia ordinaria y sometidos a tribunales militares. Así pues, en lo que a EE UU respecta, el problema jurídico no se refiere al modo o el lugar en que son detenidos, sino al trato que reciben tras su detención. Este problema, el de las comisiones militares y la aplicabilidad de las Convenciones de Ginebra, ya ha sido tratado en un trabajo anterior dedicado a “Derecho y estrategia en la Guerra contra el Terrorismo”.

 

Por lo tanto, el verdadero problema jurídico concierne exclusivamente a los países donde las detenciones se han llevado a cabo y a aquellos en los que, como el nuestro, han hecho escala los aviones que trasladaban a los detenidos.

 

Gran Bretaña, con ocasión de la investigación abierta por el Consejo de Europa, ha reconocido haber consentido dos detenciones con anterioridad al 11-S, pero no ha admitido más. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que, para los países donde la detención se lleva a cabo, no es irrelevante lo que ocurra con el preso: no es lo mismo que el detenido sea puesto a disposición judicial que no lo sea. Ocurre como en la extradición, donde los países que extraditan detenidos se aseguran de que el país receptor va a dispensar al preso un trato similar al que recibiría en el país que entrega y limita su posible condena para que no tenga que hacer frente a una superior a la que sufriría en el país extraditante y en su caso impedir que sea condenado a muerte si esta pena no existe en el lugar donde ha sido detenido.

 

El resto de los países (hasta catorce, incluido el nuestro) que han sido acusados por el informe del Consejo de Europa de haber colaborado de una u otra forma en las detenciones y vuelos de la CIA han negado haber prestado esta colaboración.

 

Italia ha llegado a detener a dos altos funcionarios italianos, acusados de haber colaborado con la CIA en la detención ilegal de Abu Omar, un ciudadano egipcio, residente en Italia con estatuto de refugiado político, que es un conocido imán fundamentalista que predicaba en una mezquita milanesa y que era sospechoso de estar relacionado con redes terroristas radicales islámicas. Tras su detención, fue trasladado a Egipto, donde permanece detenido. Además de acusar a los agentes italianos, la fiscalía milanesa ha incriminado a tres agentes de la CIA y a un militar norteamericano de la base de Aviano, todos ellos en rebeldía. El planteamiento oficial, tanto del anterior como del actual gobierno italiano, es el de que algunos agentes de los servicios secretos, por su cuenta y riesgo, decidieron colaborar con la CIA en el secuestro de este fundamentalista sin conocimiento de sus superiores.

 

En el caso de Masri, dado que la detención se produjo en Macedonia, resulta más difícil probar la colaboración de ninguna autoridad alemana, aunque se investiga si los diplomáticos destacados en la embajada en Skopje pudieron cometer algún delito por acción u omisión, pero, de momento, la fiscalía ha decidido acusar sólo a los trece tripulantes del avión que trasladó a Masri y que los fiscales alemanes han identificado gracias a las gestiones de la Guardia Civil en Palma de Mallorca, donde el avión hizo escala antes de partir para Macedonia. En este punto debe llamarse la atención sobre lo curioso que resulta que las autoridades alemanas no hayan abierto ningún procedimiento contra los agentes macedonios, algunos perfectamente identificados, ya que fueron ellos los que detuvieron en primera instancia a Masri y lo entregaron a agentes de la CIA.

 

Con todo, las autoridades alemanas tienen un problema aun más grave que el de las italianas con el ciudadano alemán de origen turco, Murat Kurnaz, detenido poco después del 11-S en la frontera afgano-pakistaní, trasladado a Guantánamo y varias veces querido liberar por los norteamericanos sin poder hacerlo porque los alemanes se negaron a aceptarlo hasta que llegó al poder Merkel. El problema político viene agravado porque la persona responsable de este rechazo, encargado de los servicios secretos en el gabinete Schröeder, Frank Walter Steinmer, es ahora el ministro socialista de asuntos exteriores de la democristiana Angela Merkel a consecuencia de los acuerdos suscritos por socialistas y cristianodemócratas tras firmar el gobierno de gran coalición.

 

Algo parecido, aunque sin tan graves implicaciones políticas, ocurre con el alemán de origen sirio Mohammed Haydar Zammar, detenido por agentes de la CIA en Marruecos y trasladado a Siria, donde ha permanecido detenido durante cinco años por sus conexiones con el atentado del 11-S y donde se teme pueda ser condenado a muerte. En este caso, la implicación de las autoridades alemanas se da por hecha, ya que suministraron información a la inteligencia norteamericana acerca de los viajes del sospechoso.

 

Este caso pone de relieve las graves incoherencias en las que están cayendo las autoridades alemanas. Entre Masri, por un lado, y Kurnaz y Zammar, por otro, no hay ninguna diferencia de relevancia jurídica. Los tres son ciudadanos alemanes, todos ellos fueron detenidos por agentes norteamericanos y en los tres casos la detención se llevó a cabo fuera del territorio alemán. Sin embargo, ninguna fiscalía ha investigado las detenciones de Kurnaz y Zammar, y en cambio hay abierto un procedimiento contra los que trasladaron a Masri. ¿Por qué? No hay respuesta jurídica. La única respuesta es fruto de una valoración subjetiva: Kurnaz es considerado un elemento peligroso, aunque no hay ninguna prueba contra él, y las conexiones de Zammar con los terroristas que planearon el 11-S se dan por seguras. A diferencia de éstos dos, de Masri existe el completo convencimiento de que es totalmente inocente.

 

Ahora bien, este hecho no convierte en legal una detención y en ilegal otra ya que la falta de peligrosidad de Masri sólo se ha acreditado después y no cabe duda de que los que lo detuvieron estaban convencidos de estar tratando con un terrorista. Si hay que atenerse a las leyes penales, además, en Occidente todo ciudadano es inocente mientras no se acredite lo contrario ante un tribunal y la prisión preventiva sólo puede acordarla un juez en base al riesgo de fuga del detenido y la probabilidad de que sea finalmente condenado por los delitos de que se le acusan. Sin embargo, repito, la fiscalía no ha movido un dedo en el caso de Kurnaz ni en el de Zammar. Si respecto a éste último basta para explicarlo la convicción que existe de su culpabilidad, en el caso de Kurnaz cabe sospechar que lo que más pesa es la consideración de que tendrían entonces que ser detenidos el anterior Canciller y el actual ministro de asuntos exteriores, ambos socialistas, que es cosa que no está de más recordar.

 

Por otra parte, en España, la petición judicial de desclasificación es cuando menos apresurada porque el juez no tiene constancia de que haya en el CNI ningún documento sobre la cuestión (de hecho la petición se manifiesta en los términos más genéricos, lo que permitirá la gobierno desclasificar o no lo que le plazca) y lo que se sabe, al menos respecto a Masri, es que el avión que hizo escala en Palma de Mallorca no conducía en su interior a ningún detenido, puesto que se dirigían a Skopje a recogerlo y, por lo tanto, tal y como resulta del informe de la Guardia Civil, no consta que ninguno de los trece tripulantes cometiera ningún delito. ¿Qué se está investigando, entonces? ¿Los delitos que estos trece pudieran haber cometido en Macedonia? La Audiencia Nacional no tiene jurisdicción para tal cosa. Más bien, el juez está pensando en la posibilidad de que alguno de los vuelos a los que hace referencia el informe del Consejo de Europa y que hicieron escala en aeropuertos españoles, llevaran algún detenido ilegalmente de un país a otro. Lo más probable es que el Gobierno, con el valor que caracteriza a nuestros políticos, entregue al Juez todos aquellos documentos que puedan comprometer a funcionarios sin responsabilidades políticas y a agentes de países aliados, dejando siempre a salvo su propia responsabilidad. Es probable, incluso, que limite la desclasificación a los documentos que se refieran a vuelos de la etapa Aznar y olvide desclasificar los que se refieran a vuelos ocurridos durante su mandato (se habla de entre 63 y 69 escalas, de las cuales se sospecha especialmente de cuatro ocurridas en diciembre de 2003, y en enero, abril y septiembre de 2004).

 

Ante esta edificante situación, pueden deducirse algunas cosas con trascendencia jurídico-política-estratégica:

 

1º.        Las detenciones llevadas a cabo por agentes de la CIA en Europa son ilegales y constituyen un delito conforme a los ordenamientos jurídicos de los países donde se han realizado, hayan o no sido autorizadas por los respectivos gobiernos. Pero téngase en cuenta que lo esencial es la ley del lugar, en el caso de Masri, Macedonia. Y si debiera serlo la ley de la nacionalidad del detenido, tan alemán era Masri como Kurnaz.

 

2º.        Los principales responsables del sistema de detenciones que los americanos llaman “extraordinary renditions” así como el traslado de los detenidos a cárceles secretas para ser interrogados al margen de los sistemas de justicia penal norteamericanos y europeos no son los agentes que las llevaron a cabo, sino los gobernantes que las ordenaron. Los procedimientos penales se deberían dirigir también contra ellos si es que la justicia europea quiere ser coherente.

 

3º.        Es impensable que ningún gobierno europeo donde hicieran escala los aviones de la CIA no supiera lo que se estaba haciendo, aunque le gobierno de Zapatero lo ha negado en numerosas ocasiones. Es posible que en el caso concreto de Masri, dado que fue detenido en Macedonia, las autoridades alemanas no supieran nada del asunto hasta que el embajador americano comunicó su liberación, pero parece improbable porque, si comunicaron la detención de Kurnaz, llevada a cabo también fuera del territorio alemán, no había motivo para ocultar la de Masri.

 

4º.        Los gobernantes europeos, de ahora y de antes, socialistas y liberales, han emprendido una carrera para escurrir el bulto de sus responsabilidades y echarle todas las culpas a los norteamericanos, que parecen dispuestos a cargar con ellas mientras las acusaciones formales estén limitadas a sus funcionarios de bajo rango.

 

Occidente sufrió el 11 de septiembre el megaatentado terrorista más grave de toda la Historia. No hay la más mínima evidencia de que el fundamentalismo islámico haya cesado en su agresividad hacia nosotros. La relativa escasez de atentados en Occidente tras aquella fatídica fecha se debe sin duda a la enérgica respuesta de Bush y de su Administración y a la colaboración de sus socios europeos, la más de las veces vergonzante, a regañadientes y de tapadillo. Pero en Europa, sus políticos, no digamos ya nuestros actuales gobernantes, no han querido explicar la clase de enemigo a la que nos enfrentamos y ahora que empiezan a conocerse los detalles de esta guerra sin héroes ni medallas, los activistas de izquierda europeos exigen que se detenga a los agentes propios y extraños que llevaron a cabo las acciones tratando de evitar a la vez que la exigencia de responsabilidades salpique a los políticos, sobre todo cuando son de su cuerda ideológica. A la vez, la opinión pública vive ignara de la clase de gente que habita entre nosotros y de lo que pueden estar dispuestos hacer si consiguen los medios con qué hacerlo.

 

En realidad el debate jurídico debiera reducirse a un manojo de preguntas que nadie quiere en Europa hacerse: Esto que combatimos ¿es una guerra? Si lo es ¿qué leyes necesitamos para ganarla? Las que tenemos ¿son suficientes? ¿Es necesario sacrificar hoy algo de nuestra libertad para evitar perderla toda en el futuro? ¿Hasta qué punto es necesario estrechar los límites?

 

Mientras tanto, sería reconfortante encontrar entre nuestros gobernantes alguno con una brizna de coraje y alguna gota de sangre en sus venas para que, cuando la opinión pública pregunte quién ha detenido a tal o cual fundamentalista o quién lo ha trasladado a no se qué cárcel para someterlo a no se cuál interrogatorio, tome el ejemplo de Margaret Thatcher cuando asumió toda la responsabilidad por la muerte en marzo de 1988 de tres terroristas del IRA en Gibraltar a manos de soldados del SAS británico.

 

Desde luego, hay que respetar las normas, pero también es urgente dotarse de mejores leyes y de políticos más valientes.