Es imposible dejar de analizar y pensar sobre el terrible atentado terrorista que una vez más, hemos vuelto a padecer en España, aunque algunos políticos pretendan presentar el tema como si tal cosa. Desgraciadamente, las quinielas que hacíamos muchos se han cumplido: la banda terrorista ETA no quiere dejar de matar, simplemente, porque no sabe hacer otra cosa, es su oficio, su modus vivendi. Salvo ZP, ya nadie cree en las bondades del “proceso de paz” que tanto defiende nuestro presidente, él sabrá por qué, y su cohorte de subvencionados, que se han convertido en enfermeros de cuarta división con su cordón sanitario. 

           

Un Zapatero que casi un mes después del atentado, se ha mostrado tal cual es: más proclive a lanzar misivas propagandísticas, como lo fue la entrevista concedida a El País, o las vaguedades en las que basó su comparecencia en el Congreso de los Diputados,  su propuesta de “pacto para todos”,echando balones fuera.

 

Pero ETA ha convertido su maquinaria de atentados y extorsiones en una manera de vivir, que muchas veces se obvia porque se contempla exclusivamente bajo el prisma político. Es un tema político de primera magnitud, por supuesto que sí, pero también es un problema de seguridad ciudadana de peor naturaleza que  los robos en viviendas o los atracos con violencia, delitos y crímenes.

 

Para muestra un botón: los cachorros de ETA no han dado tregua este fin de semana, una vez que se ha sabido la resolución del Tribunal Supremo, que no deja lugar a dudas.  Estos “niños” son terroristas y los terroristas son delincuentes, aquí y en Lima.

 

Hace dos años que el salvajismo ha vuelto a las calles del País Vasco: contenedores quemados, cajeros reventados, sucursales bancarias ardiendo, viandantes amenazados, casas del pueblo asaltadas y repletas de pintadas a favor de los embriones de etarras arrestados.

 

No porque sea un desgraciado problema inherente a la sociedad española desde hace 40 años deben minimizarse sus consecuencias para el ciudadano de a pie, que como Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio Sivisapa, los dos ecuatorianos que han sido asesinados en esta ocasión, han sido víctimas de la indefensión.  Lo que se ha demostrado en este atentado una vez más es que ETA actúa como cualquier banda mafiosa. Los muertos han sido estos dos jóvenes, pero podíamos haber sido cualquiera. Se trata de una banda de mafiosos como otra más, independientemente de cuáles sean sus objetivos.

 

También ha quedado claro que el Gobierno no tiene una política de seguridad ciudadana, dada la vulnerabilidad de un edificio tan importante como lo es el Aeropuerto de Barajas. El hecho de que los principales lugares de nuestro país puedan ser un objetivo fácil para los terroristas a estas alturas de la película, manifiesta también el poco olfato que tienen el ministro Rubalcaba y Zapatero, puesto cualquiera puede sospechar que lugares como éste son objetivos prioritarios para una banda terrorista. Es un razonamiento tan infantil como cuando juegas al escondite con los niños y ellos se esconden después donde tú te has escondido.

 

Algo que hasta el ex presidente del Gobierno, Felipe González denunció hace pocas fechas: el Gobierno no tiene plan B, aunque Rubalcaba demuestre que se sabe el abecedario.

 

Es más grave cuando ha tenido que ser la oposición la que tenga que poner por escrito, como lo hizo durante la Conferencia de Seguridad celebrada en noviembre de 2006,  que una de sus prioridades cuanto vuelva a gobernar es la de proteger los sistemas de transporte y a la población frente al terrorismo, introduciendo las medidas necesarias para mejorar las medidas de seguridad en aeropuertos, puertos y barcos, fortaleciendo la capacidad interna de los Estados- puesto que lo plantea en un ámbito no solo nacional, sino europeo-  para gestionar y paliar las consecuencias de ataques terroristas en la población y desarrollando políticas para fortalecer la protección de los ciudadanos, los servicios esenciales y los sistemas de producción.

 

No se entiende por qué Zapatero no trata a ETA como a cualquier mafia que roba, por que roba, (recordemos el robo de las 350 pistolas); mata, porque mata, (más de 800 muertos), chantajea (impuesto revolucionario, cartas bomba), porque así lo hace, y secuestra, al igual que lo hacen las bandas organizadas que actúan en la costa o en Madrid, como los Latin King en Alcorcón. No es comprensible por qué el Estado de Derecho no se aplica frente a estos crímenes como se aplica en otros casos, que si bien no tienen un objetivo como es el de la independencia del País Vasco, tienen otros como es robar, extorsionar o matar. Igual que ellos.

 

La sociedad no está acostumbrada a analizar los crímenes de ETA bajo el prisma de la amenaza contra su seguridad cotidiana. Simplemente, se trata de “la izquierda aberzale”. ¿Qué pasaría si estas acciones las llevaran a cabo otro tipo de gente, de otras ideologías, de otro color?

 

Es precisamente éste el objetivo de estas líneas. Al margen de las connotaciones políticas que tiene la actuación de estos terroristas, queremos poner sobre la mesa otro aspecto no menos importante: acabar con ETA es una necesidad de seguridad ciudadana, tanto como lo es la lucha contra las bandas organizadas de los países del Este, los asesinatos perpetrados a joyeros, las jóvenes que son víctimas de sus violadores, las mujeres asesinadas por sus parejas o el joven gravemente herido en los altercados de este fin de semana en Alcorcón.

 

Es preciso terminar con esta lacra porque la falta de seguridad, como ya se ha dicho desde estas páginas, atenta contra la libertad del individuo, nos hace más vulnerables. España no está en guerra. En una guerra se tienen posibilidades de defenderse. Una sociedad pacífica frente a la mafia juega en desventaja. Estamos siendo constantemente atacados por una banda de criminales, no solo los españoles, sino también, personas que han venido a nuestro país a trabajar en paz, como ha ocurrido en esta ocasión. No se entiende que un asesino como Tony King sea abucheado y no lo sea Txapote.  Tan asesino es uno como otro. La única arma que tenemos es la aplicación de la ley sin miramientos.

 

Señor Zapatero: usted tiene la obligación política, constitucional y moral de trabajar por nuestra seguridad, y ello compete también a los crímenes de ETA. No valen los chivatazos, ni que la ley se aplique de acuerdo al momento político- o electoral- que vivimos.

 

 

Si nos pusiéramos a desgranar todo el historial de muertes, extorsiones, chantajes y demás acciones de ETA no acabaríamos nunca y además, es ya conocido por todos.

 

Tan solo hace falta rescatar algunas perlas que han jalonado el último año, desde el anuncio de la Tregua permanente de 22 de marzo de 2006 (por cierto, ¿qué se entiende por “permanente”?).

 

El 13 de abril del año que acabamos de cerrar ya aparecían en los periódicos noticias sobre cartas de extorsión enviadas por la banda a empresarios vascos. En el lenguaje común, chantaje. A mediados de noviembre, los servicios de información españoles estimaban que ETA posee unos seis millones de euros, procedentes en su mayoría de la extorsión a empresarios.

 

El chantaje mediante cartas no ha cesado, como han denunciado reiteradamente parte de los extorsionados y confirmó la operación policial contra la trama de chantaje de la banda. Según las mismas fuentes, el capital acumulado podría durarles dos años. 

 

Un dinero destinado a matar y a sostener económicamente a los terroristas que viven escondidos en el extranjero. No está de más recordar que para terminar con  la financiación del terrorismo, en tiempos de Aznar se aprobó una ley cuyo objetivo era la actuación inmediata sobre cuentas y operaciones utilizadas por los terroristas. Una Comisión de Vigilancia Permanente que puede bloquear cuentas y transferencias para evitar que el dinero llegue a los criminales.

 

Para poder contar algo relevante sobre la lucha contra el entramado financiero de ETA, hay que remontarse a finales de mayo de 1998, cuando se lanzaba la primera operación contra la trama de finanzas de ETA, con la detención de 12 personas y el registro de varias sedes de empresas sospechosas de estar implicadas en la financiación.

En julio de 1998, la Policía Nacional puso en marcha un operativo en diversas localidades de Vizcaya, Álava, Navarra y Guipúzcoa, que culminó con la detención de 11 personas. La mayoría ocupaba o había mantenido en años anteriores cargos de responsabilidad en los Consejos de Administración del grupo de empresas de Orain S.A., editora del diario Egin y Egin Irratia. Garzón decretó el cierre del periódico y la emisora.

 

Nada que ver con su actitud de estos últimos tiempos.

El 29 de abril de 2002, 11 militantes y dirigentes de Batasuna fueron detenidos en el País Vasco y Navarra en el marco de una amplia operación contra la red de blanqueo de dinero en las herriko tabernas. Entre los arrestados estaba el tesorero de la formación e integrante de la Mesa Nacional Jon Gorrotxategi.

 

Hoy, todo lo que se ha avanzado es que el Fiscal General del Estado considera que las herriko tabernas nada tienen que ver con Batasuna.  Una buena noticia para la sociedad española ha sido la sentencia del Supremo que ya conocemos. Todavía hay algo de cordura en algunas instituciones. Aún así, no se sabe qué ha pasado con todos esos jóvenes pertenecientes a organizaciones juveniles del entorno de ETA que han logrado escapar de la justicia.

 

Es preciso seguir avanzando en la prevención de la financiación del terrorismo y el crimen organizado mediante acciones que impidan la llegada de fondos a organizaciones y sus entornos, incrementando la cooperación entre las autoridades nacionales, las Unidades de Inteligencia financiera y las instituciones financieras de ámbito privado para facilitar el intercambio de información al respecto. Esta es otra propuesta que ya quedó encima de la mesa durante la citada Conferencia de Seguridad.

 

Otro de los focos de criminalidad permanente que padecemos es el de la Kale Borroka, terrorismo callejero que se ha intensificado en los últimos meses, con actos tan denigrantes como el intento de quemar vivos a dos policías, o el ataque a una sucursal de La Caixa las pasadas Navidades, que obligó a desalojar de sus casa a 50 familias.  Tampoco se puede olvidar la omnipresente presencia de ETA en la tamboreada de San Sebastián.

 

Estos actos vandálicos demuestran el ínfimo grado de seguridad en el que viven los ciudadanos del País Vasco, que ni tan siquiera pueden esperar la llegada de los Reyes Magos en sus casas, ni celebrar sus fiestas populares. Es especialmente indignante que por la laxa actitud del Gobierno de Zapatero, haya resurgido el terrorismo callejero cuando con la sola aplicación de la Ley, éste estaba prácticamente liquidado.

 

Las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, permitieron en la pasada legislatura mejorar considerablemente la regulación penal de la colaboración con el terrorismo. Por primera vez, se contemplaba como delito la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas. Se incrementaron las penas y se obligó por ley a los padres de estos embriones de futuros criminales a pagar los daños causados por sus hijos en el mobiliario y servicios urbanos.

 

Hoy, volvemos a desayunarnos con noticias de autobuses quemados, de cajeros destrozados y de niñatos eufóricos por el poder que supone atemorizar a la población que pretende vivir pacíficamente en su municipio. No se entiende por qué debemos preocuparnos más de la violencia en el colegio contra compañeros y profesores, o contra el acoso escolar, y no hacerlo contra este tipo de delitos, que violentan la convivencia y acosan a los que no piensan como ellos.

 

Es preciso modificar el Código Penal de forma que los actos cometidos por las bandas de delincuentes se encuentren debidamente tipificados y adecuadamente castigados. Por ello, tal y como propuso el Partido Popular en la Conferencia de Seguridad, es conveniente modificar el artículo 515 del Código Penal, a fin de considerar asociación ilícita la agrupación, aún transitoria, de malhechores que tuviera por fin la comisión reiterada de delitos graves contra las personas o la propiedad, incrementando la respuesta punitiva que establece la Ley ante este grave fenómeno delictivo de las bandas organizadas. Porque los chicos de la Kale Borroka son bandas organizadas.

 

No se puede olvidar que otro aspecto fundamental para trabajar por una sociedad más segura, y en este caso es prioritario,  es el cumplimento de las condenas. La Ley Orgánica de medidas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas garantizó que los terroristas paguen a las víctimas las indemnizaciones debidas, quedando comprometido su patrimonio en ello. La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permitió que con los Juzgados Centrales de Vigilancia en la Audiencias nacional, se unifiquen los criterios para el cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo y se eviten situaciones inaceptables.

 

 

La primera obligación de cualquier gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo lo posible, independientemente del tipo de delito que sea o quién lo perpetre. Hay que combatir el terrorismo como parte de las políticas de seguridad desde una política de principios, medios y firmeza, clara y contundente.

 

Terrorismo e inseguridad, junto con la inmigración ilegal, son los primeros motivos de preocupación de los españoles, sobre todo cuando se ha demostrado que con la ley en la mano y desde la transparencia de actuación del Estado, se puede combatir, el terror, que no es más – ni menos- que crimen organizado con fines, no solo políticos, sino también económicos. 

 

La sociedad española demanda que el presidente del Gobierno se ponga manos a la obra en este sentido, un presidente volcado en preparar manifestaciones secundadas por un gremio de titiriteros subvencionados por todos los españoles, pidiendo el diálogo con unos terroristas que señalan las últimas muertes como “daños colaterales”, sin olvidar los lapsus que sufre el propio presidente del Gobierno cuando se refiere a los asesinados como “accidentes”.

 

Con ETA solo cabe la firmeza del Estado de Derecho porque ETA es una organización catalogada por la UE como una banda terrorista, articulada en redes que multiplica su capacidad delictiva, que blanquea dinero, que hace uso de Internet para comunicarse con los suyos y que en definitiva, merma las libertades públicas de quienes deseamos vivir en paz. Una organización que sigue extorsionando a los ciudadanos para amedrentarlos, mermando su derecho de libertad.

 

De ningún modo se pueden aplicar las leyes de acuerdo al momento político que se atraviesa. El crimen tiene su tipificación en el Código Penal, la extorsión, el secuestro y el terrorismo callejero, sea de Latin Kings o de cachorros de ETA, también. Eso es igual para todos.

 

Prevenir el futuro es poner en marcha mecanismos para garantizar la seguridad de las personas. Y esto nada tiene que ver con el momento político, las afinidades, ni las subvenciones.