Que el gobierno del Sr. Morales iba a llegar a esta situación no es una sorpresa para nadie. La crisis permanente en la que vive el Estado desde que el Presidente se hizo con las riendas del país ha alcanzado su punto más álgido con los violentos sucesos acaecidos en Cochabamba y la pasividad de un gobierno que no ha sabido afrontar los problemas originados por la intransigencia y la falta de sensibilidad para evitar la confrontación civil entre sus ciudadanos.

 

Bolivia ha vuelto a derramar su sangre envuelta en el engaño continuo y las recetas fallidas de sus gobernantes, cubierta de promesas idílicas y viviendo la  realidad de una prosperidad precaria que no tiene visos de mejorar.

 

Llegados a este punto el actual problema no radica en nacionalizar los recursos, ni siquiera en recuperar el orgullo del indigenismo patrio, sino que más bien la cuestión se concentra en frenar las ansias de autoritarismo del “ensayo Morales” para evitar un conflicto civil que parece no tener retorno.

 

Cochabamba es, por desgracia, el símbolo y escenario de lo esperado por la mayoría de la población boliviana desde hace muchos meses. Es la consecuencia de los continuos asaltos a los valores democráticos por parte del Sr. Morales y de los más altos representantes del MAS, que sin ningún rubor han azuzado a las turbas campesinas, mineros y cocaleros contra los  ciudadanos que piensan, legítimamente, de forma distinta al oficialismo.

 

Quizás no haya sido el momento más oportuno para proponer un nuevo referéndum autonómico en la ciudad del valle, pero la respuesta que ha encontrado el Prefecto  Manfred Reyes tanto en el partido progubernamental como en los sindicatos y bases sociales que apoyan  el proyecto de Morales es ciertamente desmedida, irracional y despiadada, y lo que es más grave, calculada y dirigida desde las más altas esferas de un gobierno pretendidamente democrático.

 

Indudablemente el Presidente está cumpliendo el guión revolucionario que pretende anular políticamente no sólo la  oposición al régimen, sino también la propia Constitución del Estado. En este escenario de despropósitos los Prefectos suponen un problema porque sus planteamientos no forman parte de la guía de ruta diseñada desde el gobierno para alcanzar el prometido paraíso socialista-indígena.

 

Y es que la plaza 14 de Septiembre, escenario de los duros enfrentamientos habidos en Cochabamba, se ha convertido a día de hoy en un vergonzoso símbolo de la política autoritaria, de la ignominia y la manipulación constante ejercida por el gobierno en el poder.

 

¿Por qué gran parte del pueblo boliviano dirige sus miradas y acusaciones hacia las más altas instancias gubernamentales como instigadoras directas del levantamiento cochabambino? Varias son las circunstancias que apuntan en esa dirección y el hecho de que los campesinos y cocaleros presentes en los disturbios hayan recibido de manos de la senadora suplente del MAS, Leonilda Zurita, víveres con el sello del Ministerio de Defensa Nacional constituye una de las más relevantes.

 

Además la llamada del Presidente para defender las tesis del gobierno en la ciudad del valle ha sido desoída por la mayoría de las organizaciones sindicales afiliadas a la Central Obrera Departamental  (COD). De las treinta y cinco existentes sólo seis han tomado partido por la dimisión del Prefecto y la intervención directa en el conflicto… y casualmente todas  pertenecientes al MAS.

 

A ello se suman las declaraciones públicas del Secretario de dicha organización,  D. Héctor Urey, cuando reconoció públicamente “la metedura de pata” y afirmó: “Lamentablemente ésta es una situación política y se dan cuenta las organizaciones, por eso no están todas”.

 

Parece evidente que el  ensayo del Sr. Morales en Cochabamba no es más que el comienzo de un  intento de eliminación progresiva de las ansias autonómicas de los Departamentos de la Media Luna, a los que se ha unido a última hora Manfred Reyes. Tras el obligado receso, volverán las estrategias de las organizaciones sociales para presionar al prefecto a renunciar, pues nada indica lo contrario.

 

En estas circunstancias el Presidente no sólo no ha contado con la necesaria  capacidad de reacción ante la gravedad de los acontecimientos sufridos en el país, sino que además se empecina en mantener unos argumentos programáticos imposibles que, de continuar el rumbo que han tomado los acontecimientos, terminarán por quebrar definitivamente la  endeble y difícil estabilidad mantenida durante los últimos años en el país.

 

Los hechos son irrefutables y demuestran que el gobierno cuenta con una estrategia excluyente, pero no con un proyecto nacional. Evo quiere el control absoluto de todas las instancias del poder porque su visión política no admite el concepto democrático de organización del Estado, y menos aún la negociación con “sus oponentes”, a los que considera el primer problema a resolver.

 

Es urgente y necesaria la mediación de la Iglesia boliviana aunque, vista la situación, quizás no sea suficiente su buen hacer y las partes deban acudir a los organismos internacionales como último recurso para resolver unas diferencias que parecen insalvables.

 

Dicha Institución se ha ofrecido ya, a través del prestigioso y reconocido Cardenal  D. Julio Terrazas, para concertar un encuentro entre los Prefectos de Pando, Beni, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz con el Gobierno Nacional y entablar un diálogo orientado a la pacificación de Cochabamba, además de discutir  el resto de “cuestiones litigiosas” habidas en el país.

 

Sin duda se trata de una gestión gubernamental de la crisis que sólo se puede calificar de lamentable y que, de no cambiar su rumbo 180º, dará al traste con las esperanzas puestas en el cambio por gran parte del pueblo boliviano.

 

En ese sentido se ha posicionado D. José Antonio Quiroga, reconocido y nada dudoso intelectual de izquierdas, cuando ha declarado públicamente: “Estamos ya en una crisis política. Lo que está en juego en Cochabamba es el destino del actual Gobierno, el del actual proceso de cambio. Es la opción por la vía de la confrontación revolucionaria. Creo que ya cruzamos la delgada línea roja. Esto podría llevarnos a una confrontación ampliada, a un golpe de Estado propiciado desde el Gobierno o en contra de él, a la fragmentación territorial o a la guerra civil”.

 

Ahora más que nunca es necesario recordar a los bolivianos, en especial a su Presidente, que la nación no necesita de visionarios ni de salvadores de la patria. Bolivia se basta con el simple respeto a la libertad y a los principios constitucionales.