Ahora que Pinochet ha muerto y que las aguas mediáticas desbordadas a consecuencia del hecho han vuelto a su cauce, es un buen momento para examinar si es correcta la doctrina jurídica que se está extendiendo por Europa según la cual determinados delitos cometidos por jefes de estado y dirigentes de todo el mundo no deben quedar bajo ningún concepto impunes.

 

El derecho penal no sólo tiene por finalidad castigar los delitos, sino que cumple, además, una función ejemplarizadora consistente en desincentivar la comisión de otros por personas que pudieran verse tentadas de hacerlo. En el caso de Pinochet, el mensaje para los dirigentes del mundo sería: no cometas asesinatos porque, de otro modo, te verás como Pinochet. Si ese fuera el verdadero mensaje que esta ola de justicia universal a cuyos lomos cabalga nuestro justiciero Garzón, nada habría que objetar. Sin embargo, el verdadero mensaje es este otro: si no quieres verte como Pinochet, no dejes nunca la jefatura del estado ni permitas que tu país se encamine a una transición democrática, al menos hasta tu muerte. Si Occidente tiene interés estratégico en propagar la democracia, las consecuencias no pueden ser más negativas, pues el mensaje desincentiva las transiciones democráticas y anima a apuntalar las dictaduras.

 

En efecto, sólo resultan perseguidos los que han abandonado el poder, pero nada se hace contra gente que merecería tanta o más persecución, pero que, precisamente por sostenerse en el poder, quedan impunes. El caso de Fidel Castro es paradigmático. A ningún juez español se le ha ocurrido hasta ahora abrir un procedimiento penal contra él a pesar de estar tan justificado como en el caso de Pinochet. Y no se le ha ocurrido porque, si se diera una orden de busca y captura contra él, Fidel, un jefe de estado de un país con el que se mantienen relaciones diplomáticas, no podría viajar a Europa sin correr el riesgo de verse detenido al pie de la escalerilla del avión.

 

La cosa no acaba aquí. Nuestra justicia universal no sólo se limita a perseguir a dictadores retirados, sin importunar a los que continúan en el poder, sino que encima, cuando los EE UU se deciden a derrocar a uno de los más sanguinarios, recibe toda clase de oprobios por “violar” el derecho internacional, iniciar una “guerra ilegal” y invadir un país que no merecía semejante trato, prescindiendo de considerar el trato que tal país estaba recibiendo del dictador en cuestión. Esto es lo que ha pasado con Sadam Hussein.

 

Así pues, nuestra recién estrenada justicia universal, nuestra beatífica tolerancia cero respecto al genocidio y a la sistemática violación de los derechos humanos están limitadas a los dictadores que dejan el poder, con mayor celo si aceptaron una transición democrática que permitiera a sus órganos judiciales perseguir al exdictador y a los que con él colaboraron. Y a la vez, no sólo dejamos que los que se mantienen en el poder y continúan violando los derechos humanos sigan haciéndolo, sino que recriminamos agriamente a los que los derrocan.

 

Esto más que Justicia universal, es justicia cobarde, que persigue al caído y halaga al poderoso. Es un invento para ganar un premio Nobel de la paz y no una laureada de San Fernando.