Si hace pocas fechas desgranábamos desde estas páginas el desastre de la  política de inmigración del Gobierno de Zapatero durante 2006, en esta oportunidad denunciamos la triste situación que vive nuestro país en el aspecto de la seguridad ciudadana, cuyas cifras hablan por sí solas: según la Memoria del Fiscal General, ya en 2005, un año después de la llegada de ZP al Gobierno, la delincuencia en España aumentó en un 3’54%.

 

Afinando un poco más, podemos decir que según confirma la Guardia Civil, la criminalidad subió un 6% en los primeros seis meses del año que acaba. Si en 2003 el índice de crímenes había bajado en 5 puntos, añadiendo las cifras anteriores, se deduce que durante el Gobierno socialista los índices de criminalidad han aumentado en 14 puntos. Una barbaridad. El último caso sonado, el asalto a la vivienda de la familia de joyeros Tous a mediados de diciembre, caso que ha acabado en tragedia, tanto para los asaltantes, como para el guarda de seguridad.

 

La costa Mediterránea está siendo especialmente castigada por las mafias de bandas organizadas. Ya en septiembre sabíamos que de las  460.000 infracciones penales registradas en España en 2006, casi un 25% se cometieron en dicha zona.  La Asociación Unificada de Guardias Civiles así lo reveló, junto a una subida del 9% de los delitos y faltas registradas en la costa.

 

Las empresas de alarmas de seguridad en los hogares están haciendo su agosto. Hasta un 40% más se han instalado a lo largo y ancho del país este año, según admiten las mismas empresas instaladoras.

 

Ante esta situación, las autoridades recomiendan como medida de socorro que si usted se ve sorprendido en su domicilio por una banda de atracadores, lo mejor es que se haga el dormido. Con un poco de suerte, solo le robarán y le destrozarán la casa. Increíble, pero cierto.

 

No es de extrañar que esto ocurra cuando el Gobierno socialista ha dejado su programa electoral como papel mojado. El PSOE contemplaba la creación de un Ministerio para la Seguridad, un Instituto de Evaluación de la Seguridad Ciudadana, un Plan de Prevención de la Delincuencia, una reforma para que las Policías Locales pudieran considerarse judiciales, una Agencia Estatal de Policía Científica, una especialización del Cuerpo Nacional de Policía y una homologación retributiva de los distintos cuerpos. Nada de lo prometido se ha cumplido.

 

No es raro que esto suceda con un Gobierno que ha tenido que desconvocar una conferencia sobre la vivienda en Barcelona por no poder garantizar la seguridad. No tiene nada de particular que pasen estas cosas cuando el ministro Rubalcaba ha tenido que retirar efectivos de la frontera norte con Europa para poder atender al grave problema de la avalancha de cayucos que han estado llegando- y llegan pero con menor intensidad por el frío- a las Islas Canarias.

 

Para el Gobierno, resolver el problema ha consistido en nombrar un mando único para la Policía y la Guardia Civil, mando que al final se ha convertido en dos mandos únicos, que no solo no ha mejorado la organización de estos cuerpos, sino que se entorpecen uno a otro.

 

Un desastre detrás de otro que no tiene visos de solucionarse, mientras el crimen organizado, las redes multinacionales de mafias altamente cualificadas y profesionales, que superan el medio millar, se asientan en nuestro país, encantadas de disfrutar de nuestro clima, de una ley permisiva, sin olvidar  la seguridad bancaria, y la cantidad considerable de flujos migratorios que circulan por España, acrecentado por la regulación Caldera.  Seis de cada diez  reclusos de las cárceles españolas son extranjeros- que no necesariamente inmigrantes- según el Gabinete Técnico de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Cuatro mil mafias están asentadas ya en España desde hace un par de años.

 

Desde este colectivo le van a desear felices fiestas, señor Presidente, a usted y a su ministro del Interior. Lo que los criminales ya tienen claro es que ellos sí van a tener un próspero año nuevo.

 

 

El programa con el que el PSOE se presentó las últimas elecciones generales puede ya pasar a la historia como una edición más de aquella entrañable “Antoñita la fantástica”. En el campo que nos ocupa, se pueden entresacar perlas tales como el miedo de llamar a las cosas por su nombre: se propuso cambiar el Ministerio del Interior, para que nadie se asustara, por Ministerio de la Seguridad, con el objetivo de que los ciudadanos lo identificaran como una expresión de servicio al ciudadano. A la fecha, lo único que ha cambiado ha sido el titular del ministerio por dos veces, en función del mal llamado “proceso de paz” con ETA.

 

En lo que respecta a la delincuencia, nuestro Gobierno, tan aficionado a crear planes, comisiones y comisionados, ni siquiera se ha molestado en poner en marcha lo que denominó Plan Nacional de Prevención de la Delincuencia, ni tampoco el Instituto Nacional de Estadística y de Evaluación de la Seguridad Ciudadana, con el fin de detectar las tendencias de la delincuencia. Ni tan siquiera se ha elaborado el llamado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

 

Otra de las promesas incumplidas ha sido la de la modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en adelante FCSE), su organización, material, instalaciones, funciones y despliegue; tampoco sabemos nada del supuesto reforzamiento de las facultades de los alcaldes en materia de seguridad y la definición de las funciones de los policías locales como policía de proximidad. No se ha configurado el Consejo de Política de Seguridad como órgano efectivo de coordinación operativa y cooperación entre las distintas administraciones competentes.

 

Se propuso también una nueva Agencia Estatal de Policía Científica y un Centro Superior de Estudios de Seguridad, para la formación, actualización y promoción de los mandos policiales de todos los Cuerpos de Seguridad. A cierre de 2006, nada sabemos de todo esto.

 

Uno de los puntos fuertes del programa de seguridad del PSOE era la especialización del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Se transcribe el párrafo literalmente, ya que no tiene desperdicio.

 

"El Cuerpo Nacional de Policía se especializará en la lucha contra la delincuencia en los ámbitos estatales y supra-estatales, y en especial en la lucha contra el terrorismo y las nuevas formas de criminalidad económica, organizada e internacional, extranjería y control de la seguridad privada. La Guardia Civil se especializará en las funciones de control de fronteras exteriores; misiones internacionales de paz y lucha contra el terrorismo; control de armas y explosivos; policía del mar; resguardo fiscal del Estado; naturaleza y medio ambiente. La Ley Disciplinaria de la Guardia Civil suprimirá la sanción de arresto para las infracciones de los guardias civiles relacionadas con la seguridad ciudadana; en ese mismo ámbito, atribuirá en exclusiva al Ministerio del Interior y mandos de la Guardia Civil las competencias sancionadoras y evitará la concurrencia con el Código Penal Militar”.

 

La realidad es que no se ha modificado la Ley que regula esta especialización y ni tan siquiera cuenta con el respaldo de los sindicatos policiales. En cuanto a la Guardia Civil, lo que sí ha conseguido Zapatero es que se hayan manifestado por primera vez desde que se creó este Cuerpo hace más de un siglo.

 

 

Aún no se sabe por qué, la izquierda ha tenido siempre un concepto relativista de la cuestión de la seguridad, que no suele aparejarla con el verdadero valor de la libertad. Para la mayoría de los ciudadanos, ver más policía local (o de proximidad, o como quiera denominarse) en las calles es sinónimo de libertad, porque en la medida en que podamos caminar tranquilamente a la hora del día o de la noche que nos parezca, seremos más libres. Para el común de los españoles, estar más protegido es sinónimo de legislación adecuada y firme contra el delito y los delincuentes: sabernos más protegidos mejora nuestro derecho de movernos con plena libertad.

 

Para todos los que deseamos disponer de nuestra vida como mejor nos parezca, son irrelevantes los tipos de policía que tengamos en nuestro país, ya sea local, nacional o autonómica. Lo que verdaderamente nos interesa, es que haya más personal destinado a la seguridad, que los diferentes mandos estén coordinados, y que se complementen, y no que no puedan desarrollar su trabajo por trabas administrativas, de tipo local, autonómico o nacional, sin olvidar la falta de profesionales que todavía hay, simplemente, porque no se contratan más. Esta es la verdadera cuestión de la libertad.

 

Esta preocupación no es patrimonio de los partidos políticos, es de toda la sociedad. Un grupo de personas representativas de diferentes colectivos judiciales, políticos, profesionales y ciudadanos, ofrecieron sus propuestas durante la Conferencia sobre Seguridad convocada por el Partido Popular a finales de este año. 

 

Tres son los ejes de trabajo para combatir sin concesiones la criminalidad, con el fin de reducir las infracciones y delitos que se suceden en España: incrementar el número de efectivos en las calles, el equipamiento, y preparación de los mismos; mejorar la coordinación de la Policía y Guardia Civil, en especial, en la lucha contra el crimen organizado; acometer reformas legislativas con el objetivo de que tenga un carácter disuasorio, al endurecer considerablemente las penas por reincidencia, cumplimento de condenas y expulsión de extranjeros delincuentes.

 

 

No debería pasar ni un día más sin que el Gobierno de Zapatero se hiciera eco de la demanda de la ciudadanía en relación a la necesidad de reforzar la policía local en las calles, garantizando una presencia constante, con más agentes patrullando, incluidas las jornadas festivas y horarios nocturnos.  Zapatero ha eliminado los planes de prevención contra el delito ya existentes y ha suprimido la Policía de Proximidad, sin más.

 

Es preciso elaborar planes de seguridad barrio a barrio, con el fin adecuar la seguridad al crecimiento urbanístico, teniendo muy en cuenta determinados lugares conflictivos, zonas comerciales y turísticas.

 

En Madrid es ya una realidad, y su trabajo ha demostrado que es un remedio muy eficaz. En lo que va de legislatura, se ha pasado de 2.500 efectivos en la calle a 5000, incremento que ha favorecido que el índice de criminalidad haya descendido en la capital en algo más del 8%. En esta línea, el compromiso del Partido Popular para el conjunto del Estado es el de incorporar 30.000 nuevos agentes (entre Policía y Guardia Civil), y actualizar el número de efectivos de forma progresiva, de tal manera que se llegue a disponer de 90.000 guardias civiles y 70.000 policías nacionales. Estos nuevos efectivos quedarían distribuidos de acuerdo a un Plan de Despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil que asuman la necesidad antes mencionada de adecuar la seguridad a la situación real del país.

 

Este incremento específicamente distribuido de las FCSE y su labor, será mucho más efectivo si se proporcionan las condiciones para luchar de forma eficaz y contundente contra las mafias del crimen organizado, triste estrella indiscutible del delito durante 2006. Robos en serie como los perpetrados esta primavera en la Sierra de Madrid, o en Cataluña, (caso Tous) requieren de planes de trabajo concretos, como el Plan Director Global de Lucha contra las Redes Organizadas propuesto en dicha Conferencia. Este Plan se basa en el establecimiento de protocolos comunes de procedimiento frente a redes de altos perfiles de peligrosidad y violencia, sin olvidar el control de inversiones de las mafias internacionales.

 

Este Plan pretende potenciar el trabajo de investigación sobre prevención y desarticulación de estas redes. Para que sea más eficaz, prevé conectar esta lucha con el trabajo policial sobre inmigración ilegal, falsificación de documentos y con las investigaciones efectuadas en otros países sobre las actividades delictivas de las mafias.

 

Este Plan culmina con el incremento de recursos materiales y sobre todo, de una mayor innovación tecnológica, algo que en líneas generales no ha hecho el Gobierno de ZP, ni en el campo de la seguridad, ni en ningún otro, como se denuncia en el último informe sobre ayudas del Estado presentado por la Comisión Europea en diciembre de este año. En concreto, se afirma que España da cuatro veces más ayuda pública al carbón que a la investigación  y desarrollo (I+D). Este dato sitúa a España entre los cinco que menos ayudas públicas se han concedido en esta legislatura.

 

 

Ya sabemos que las mafias están encantadas con nuestro sistema judicial y legislativo.

 

Los países candidatos predilectos de estas mafias profesionales son los que gozan de una legislación benigna, con leyes de extranjería permeables, que les ofrecen indirectamente ordenamientos jurídicos que les permiten operar con los mayores beneficios que le pueda ofrecer la legalidad.

 

El ordenamiento jurídico español es muy garantista en lo que se refiere a los derechos de defensa de los imputados. Los delincuentes saben que una vez aquí es difícil salir, más en concreto, ser expulsado. Además, saben que en muchos casos les compensa cumplir las penas en España, ya que la reducción de la misma es mucho más fácil por buena conducta.

 

Por ello, el derecho penal debe adecuarse a las nuevas tendencias criminales en la búsqueda de niveles superiores de efectividad, frente a los nuevos conceptos y estrategias de la criminalidad. Hay que cerrar cualquier espacio de impunidad en nuestra legislación.

 

Pero no solo hablamos de las mafias del crimen organizado. Hablamos también de los delincuentes comunes.  Durante la Conferencia sobre Seguridad antes mencionada, fue muy interesante escuchar el testimonio de afectados directamente por este problema, como es el gremio de los joyeros o de expertos en derecho penal.

 

Gracias a este grupo de trabajo, se llegó a confeccionar propuestas en dos campos: por un lado, en lo referente a la regulación y competencias de las FCSE, y por otro, en lo relacionado con la seguridad ciudadana y al tratamiento penal del delito y los delincuentes, independientemente de su grado de “profesionalidad”.

 

La reforma de la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, a fin de desarrollar sus competencias, coordinación de mandos, ya sea local, autonómico o nacional, y cooperación entre Comunidades Autónomas, es de todo punto necesario, al igual que lo es promulgar una Ley de Policía Local que permita racionalizar el mapa de cuerpos locales, su colaboración con las FCSE y las policías autonómicas.

 

En este sentido van también las propuestas en cuanto a la cooperación de la Guardia Civil y las policías nacionales y de las CCAA. El desarrollo de políticas de cooperación internacional es otro de los aspectos fundamentales para contribuir a la lucha contra el crimen organizado.

 

En el campo penal, dos aspectos fundamentales: penar la reincidencia como elemento disuasorio y de prevención, y cumplimiento íntegro de las penas. En la medida en que el delincuente tenga claro que delinquir no es gratis se mejorará la seguridad, la convivencia y por tanto, la libertad individual. Una vía para conseguirlo es el de aplicar las funciones del juicio rápido a los delitos contra la seguridad ciudadana.

 

Hay que recuperar la prioridad de perseguir el delito y proteger a las víctimas. En este aspecto, el Partido Popular propone crear el Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal, de manera que le otorgue un mayor protagonismo y de valor a su voz desde el inicio del proceso hasta la ejecución del mismo.

 

Hay que incrementar las penas por delitos de robo con fuerza y violencia, además de modificar el Código Penal para contemplar delitos nuevos como los perpetrados por  bandas organizadas, tanto juveniles como profesionales, y los secuestros exprés.

 

 

Una vez más ha quedado de manifiesto la incompetencia de Zapatero también en este campo tan importante como es el de garantizar una convivencia segura.

 

La globalización no puede ser sinónimo de inseguridad. El sistema autonómico no puede ser sinónimo de descoordinación. La existencia de diferentes tipos de policías y la Guardia Civil no pueden ser sinónimo de desconexión de unos con otros.

 

El sistema penal vigente no puede ser sinónimo de laxitud, permisividad con el delincuente y despreocupación de la víctima.

 

La seguridad es sinónimo de libertad, colectiva e individual. Este es el deseo de quien esto escribe para el nuevo año. España necesita un Presidente que sea sinónimo de eficacia y seriedad, sin complejos.