La admisión del Gobierno de Zapatero de que dos millones de mujeres en España sufren malos tratos, a las que hay que sumar la muerte de 61 víctimas cuando estamos finalizando 2006, supone otro ejemplo más de que el Gobierno socialista fracasa en uno de los frentes más importantes para vivir en libertad: la seguridad de las personas, incluso en el ámbito privado del hogar.
A estas alturas de legislatura, queda claro que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, es la antítesis del Rey Midas. Las dos actuaciones estrella de su Ministerio, la regularización masiva de inmigrantes ilegales (hoy principal preocupación de los españoles según la última encuesta del CIS) y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante Ley Integral), no solo no están cercanas a convertirse en oro, sino más bien en carbón, un carbón que no da calor ni a sus más fieles seguidores, ni tan siquiera, a compañeros- y compañeras- de las filas socialistas.
Frente a este fracaso sonado, que ni la vicepresidenta De la Vega puede soslayar bajo el anunciado Plan de Sensibilización, la sociedad se pregunta para qué ha servido tanta propaganda.
La sociedad exige respuestas concretas para la seguridad de estas víctimas, no castillos en el aire. Y pueden darse.
Planes, planes y más planes
Se cumplen ya dos años desde la aprobación de la Ley Integral, uno de los ejes estrella de esta legislatura. Es cierto que ha aumentado el número de denuncias, las órdenes de alejamiento y las causas penales, pero el barco hace aguas.
Ese es el problema número uno, que el número de víctimas descienda todo lo posible. Bien es cierto que una buena educación social y familiar contribuirá en gran medida a paliar este problema, pero esto son actuaciones de largo recorrido que hay que acompañar de actuaciones de seguridad inmediatas para la tragedia que estas mujeres. Mientras se trabaja en esto, lo prioritario es salvar vidas y garantizar una existencia digna para estos millones de mujeres. Que son millones, señor ministro.
Reveladoras las palabras de la que fue ministra de Asuntos Sociales con Felipe González, Cristina Alberdi, en una entrevista concedida a Fax Press y publicada en Época, en la que asegura que “No se puede hacer una Ley de violencia de género por propaganda, ahora estamos peor que antes (sic) el Gobierno no debería haber prometido los juzgados de violencia si no iban a hacer un esfuerzo económico”. En sus declaraciones va más allá y comenta que “no se como al Ministerio de Justicia no se le cae la cara de vergüenza”, al asegurar que en un congreso celebrado en 2005 por el Consejo General del Poder Judicial se prometió que se ampliarían el número de juzgados dedicados exclusivamente a este tipo de delitos en ciudades de más de 150.000 habitantes. Hasta ahora, solo se ha llevado a cabo en Cataluña y País Vasco.
Admite que la Ley Regional de Madrid es mucho más amplia, ya que en ésta se incluye bajo el parámetro de violencia de género las agresiones sexuales, la prostitución, el acoso sexual, la ablación y el tráfico de mujeres.
Como solución, Caldera recurre a uno de sus ya manidos recursos: un nuevo Plan, esta vez de Sensibilización, que tiene todos los visos de volver a ser una gran entelequia cargada de buenas intenciones y propaganda, ya que sigue sin atajar el problema de base: garantizar todo lo posible la seguridad de estas mujeres con propuestas concretas de actuación.
El sonado Plan promete una gran campaña institucional en la que se han invertido casi dos millones de euros destinados a anuncios de televisión, radio y prensa. Caldera ya ha anunciado que se trata de una campaña englobada en un conjunto de medidas que desde el Ejecutivo se van a desarrollar, para acabar contra la violencia machista. Más de lo mismo porque de las medidas específicas nada se ha dicho.
Una Ley con importantes carencias
Al margen de entelequias, lo que si ha quedado claro es que Gobierno de Zapatero está dispuesto a invertir dinero en el tema. Lo malo es que se irá por las rendijas de la demagogia, en vez de subsanar lagunas manifiestas en la propia letra de la Ley Integral. Una Ley en cuyo texto priman las vaguedades, las buenas palabras. Una norma que más se parece a una declaración de intenciones que a una herramienta expositiva de medidas muy concretas y eficaces.
Por lo pronto, se pueden citar algunos ejemplos de fragrante fracaso. Limitar la protección de la Ley a los abusos de género sufridos en las relaciones afectivas, ya que esta protección debería hacerse extensiva a todo tipo de abusos, como los sufridos por los niños en la cada vez más preocupante violencia escolar.
La Ley tampoco tiene previsto el derecho de las víctimas a obtener una reparación por los daños causados. Nada se especifica sobre la posibilidad de contemplar estos delitos dentro de la modalidad procesal de juicios rápidos, lo que a la larga, beneficia al agresor, que disfruta así, de una impunidad efectiva para seguir actuando mientras llega la fecha del juicio.
La Legislación ad hoc ni tan siquiera tiene previsto algo tan aparentemente sencillo como es que la víctima tenga derecho a no tener que coincidir con su agresor en las dependencias policiales ni judiciales, algo que echa para atrás a muchas mujeres a la hora de denunciar: el solo hecho de tener que verse cara a cara con el potencial verdugo propicia que la debilidad psicológica que padece la víctima se potencie echando por tierra el valor que ha conseguido atesorar para dar este importante paso.
Es público y notorio el fracaso de las diferentes instituciones creadas a tal fin, como la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, la creación de los juzgados sobre Violencia contra la Mujer, como muy bien especifica Cristina Alberdi, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y el nombramiento de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer,
Resulta sumamente interesante leer detenidamente las funciones asignadas a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de la Mujer, cuyo común denominador de sus competencias es el de la coordinación de todas las políticas y planes encaminados a erradicar en lo posible esta lacra, teniendo encomendada además, la tarea de plantear iniciativas.
Es interesante tener en cuenta que se establece como prioridad de sus funciones el trabajo conjunto con las comunidades autónomas. Lo cierto y verdad es que uno de los problemas que siguen sobre la mesa es el de la falta de una coordinación efectiva entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, con el fin de que en el momento en el que una mujer se presente a realizar la denuncia en cualquier lugar, pueda recibir la atención multidisplinar que ofrecen las CCAA y Asociaciones de mujeres. Esta condición multidisciplinar y transversal viene ex profeso expuesta en las funciones de esta Delegación Especial y hasta ahora, no se ha manifestado satisfactoriamente. Este es uno de los aspectos específicos del compromiso adquirido por el Partido Popular con la sociedad española.
En cuanto a la eficacia del Observatorio Estatal sobre la Mujer, tampoco ha surtido el efecto deseado. A través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, a este organismo corresponden el asesoramiento, la evaluación, la colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y las propuestas de actuación en materia de violencia de género.
Hoy por hoy, no se ha presentado ningún estudio digno de mención. En lo que si se hace mucho énfasis es que será un Observatorio “absolutamente paritario”.
A por las actuaciones concretas
Después de analizar este cúmulo de propuestas insuficientes y vagas, plagadas de creación de órganos, delegaciones, comisiones y planes, sería conveniente plantearse este grave tema desde un planteamiento más real: la violencia de género es, además de un drama humano, un problema de seguridad. Es en ese ámbito donde deben encuadrarse las primeras propuestas de actuación.
Bajo el prisma urgente de la seguridad, debe edificarse todo el cuadro de actuaciones para contribuir a paliar este problema. Seguridad personalizada, coordinación entre los diferentes actores: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tanto entre ellos mismos, como con otros responsables en el tema, como por ejemplo, las Comunidades Autónomas y juzgados especializados.
Es de vital importancia que la víctima tenga la seguridad de disponer de un plan de seguridad personalizado para cada caso en particular. Un plan que asegure la protección de todas las mujeres que dispongan de una orden de protección/alejamiento, que tengan la garantía de que tendrán a su lado a personal de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local o incluso, de seguridad privada, si llega el caso.
El Partido Popular se ha comprometido a que cuando gobierne incrementará el personal de estos Cuerpos en las Unidades Especializadas en violencia doméstica, además de propiciar la comunicación directa y permanente de estas víctimas con los funcionarios policiales asignados a su caso.
También se compromete a fomentar las campañas de sensibilización de estos efectivos, así como el de mejorar su formación. Este aspecto es uno de los más valorados por Amnistía Internacional, que incluso, lo propone como uno de los indicadores a tener en cuenta para medir la eficacia de los programas de actuación. Amnistía Internacional insiste en la necesidad de poner en marcha medidas de formación que abarquen no sólo a quienes componen las unidades especializadas, sino al conjunto de agentes policiales.
También es preciso extender el ámbito de la formación al personal sanitario y al de los juzgados, a fin de que puedan detectar cuándo están ante un caso de violencia de género. La Fundación Mujeres asegura que la formación específica prevista en la norma alcanza a menos del 10%» del personal, afirmando que la falta de medios materiales y humanos sigue siendo una constante.
Sería interesante que la Estrategia Nacional de Salud Mental incluyera medidas para abordar el impacto de la violencia de género en la salud psicológica de las mujeres y que los estudios de salud pública del Sistema Nacional de Salud incluyeran indicadores sobre la violencia de género.
Los recursos para una asistencia integral a las víctimas violencia de género siguen siendo insuficientes y desigualmente repartidos. Todavía no existe un centro de apoyo integral en todas las Comunidades Autónomas, tal como preveía a corto plazo la memoria económica de la Ley Integral y se siguen utilizando pensiones y hostales para albergar a las mujeres en situación de emergencia.
Otro gran problema para garantizar la seguridad de estas mujeres es el de la barrera del idioma y de los signos. En este aspecto también se levantan voces de diferentes ámbitos. Asociaciones de Mujeres y Amnistía Internacional aseguran que son muchas las víctimas que desisten de denunciar su caso por falta de medios para comunicarse con la policía o en los tribunales.
En la Conferencia de Seguridad celebrada por el Partido Popular se llegó al compromiso de facilitar traductores en las comisarías de policía y en los cuarteles de la Guardia Civil para facilitar a las mujeres extranjeras el trámite de la denuncia. También se hizo especial hincapié en dotar a estos Cuerpos de personal especializado en el lenguaje de signos para atender al colectivo de mujeres discapacitadas que así lo requieran.
En cuanto a la agilización de la justicia, tampoco se ha avanzado gran cosa en estos dos años de vigencia de la Ley Integral. A la fecha, existen 21 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y 417 juzgados con competencias compartidas con otros asuntos. Es necesaria una mayor dotación de juzgados para agilizar los trámites relativos a la violencia de género, sin interferir en el desarrollo del resto de asuntos judiciales.
Amnistía Internacional considera fundamental la especialización de la respuesta judicial ante la violencia de género. Pero la obtención de justicia sigue siendo un camino lleno de obstáculos. Estos juzgados acusan falta de medios para garantizar la intimidad y la seguridad de las víctimas, sobrecarga de trabajo y retrasos en las tramitaciones de los asuntos civiles que también tienen encomendados y, sobre todo, ausencia de formación del personal que los integra, como ya se ha especificado.
Otra de las propuestas del PP es la de extender la especialización exclusiva de la violencia sobre la mujer a los Juzgados de lo Penal a las fases de juicio oral y ejecución.
Seriedad y realidad
El grave problema de la violencia en nuestra sociedad tiene como uno de los primeros exponentes el de los malos tratos en el hogar, primer núcleo de la convivencia. Se trata de un problema complejo y de difícil solución a corto plazo, aunque es cierto que la sociedad está cambiando su actitud ante estas infames situaciones que padecen millones de mujeres, que poco a poco, comienzan a salir de su particular armario para presentar batalla y reclamar una divinidad que les ha sido arrebatada.
Es en este punto donde deben tener la absoluta certeza de que la sociedad está con ellas, y el Estado de Derecho en particular, que es el delegado encargado de facilitar una mejor convivencia, en prosperidad y libertad.
Sin seguridad no hay libertad. Aquí está el primer frente de esta batalla. Al margen de ir preparando y facilitando herramientas para la erradicación del problema en futuras generaciones, lo primordial es ofrecer garantías de seguridad plena- en lo máximo posible- a estas mujeres y sus hijos, ya que de lo contrario, se fomenta la impunidad del “delincuente doméstico”, frente a la agresión.
Hace dos años que se aprobó una Ley respaldada por todo el arco parlamentario con la esperanza de que fuera la primera piedra de este gran edificio social en convivencia armónica. Aún a sabiendas de sus carencias manifiestas, la prioridad de todos los grupos políticos era respaldar al Gobierno de Zapatero para que contara con herramientas con las que ponerse a trabajar.
Dos años después, el propio Ejecutivo admite su fracaso. Era previsible de una Ley que expone principios a grandes rasgos y cuyo 80% son vaguedades.
La respuesta del Gobierno sigue siendo pobre: otro Plan que se unirá a todo el abanico de delegaciones, observatorios, grupos y comisiones.
Señor presidente, la violencia de género es, en primera instancia, un grave problema de seguridad. La libertad demanda seguridad.
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