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Montevideo habla de inmigración, Zapatero de agua potable
Análisis nº 152   |  15 de Noviembre de 2006
 
El fin de semana que ha pasado el presidente Zapatero en Montevideo, con motivo de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, no parece que vaya a pasar a la historia de esta legislatura como el más fructífero para el presidente.
 
Esta es la Cumbre con menos repercusión de cuantas se han celebrado, hasta ocho ausencias importantes, algunas tan notables como la de Fidel Castro, Lula Da Silva o Hugo Chávez. Eso, sin contar con que los suyos, ya en España, han aprovechado su ausencia para reeditar el tripartito en tiempo récord y dejarle claro que no es quién para decidir algunos lugares del país.
 
Estos dos ejemplos sirven para comprobar que la buena estrella de Zapatero comienza a eclipsarse porque la demagogia no da más de sí. Ni dentro ni fuera de casa.
 
En el tema que nos ocupa, el de las migraciones, que ha sido el tema estrella de la Cumbre, nuestro presidente ha tenido una oportunidad de oro para liderar un plan de trabajo firme sobre el ordenamiento de los flujos migratorios de Iberoamérica hacia España. 
 
Era el momento de aprovechar la presencia de buena parte de los jefes de Estado y de Gobierno de los países emisores de remesas de inmigrantes a nuestro país para tratar de llegar a acuerdos que contemplen la posibilidad de desarrollar una migración ordenada, de acuerdo a la demanda del mercado laboral español, a la vez que se fortalecen mecanismos de cooperación para facilitar el regreso de estas personas a sus países de origen en condiciones adecuadas para desarrollar sus propios negocios con la ayuda de España. Algo que ya desarrolla la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Inmigración, cuya política se centra en fomentar la integración de los inmigrantes en la Comunidad mediante programas de integración positiva, a la vez que destina fondos para cooperación en los países de origen, pero no para paliar problemas puntuales, sino para el crecimiento económico sostenido en el tiempo.
 
Entre tanto, Zapatero ha seguido en su línea de manifiesta incompetencia. Mientras los demás mandatarios centraban sus discursos en los derechos humanos de los inmigrantes y de la necesidad que tienen de las remesas de divisas que envían a  sus países de origen, es decir, en las bondades de la inmigración de cara a su propio interés, salvo alguna excepción, como ha sido el caso de Colombia, Zapatero dejó caer alguna perla tal, como que la inmigración no es un problema tan grave. Su discurso se centró en la creación del Fondo de Acceso al Agua Potable y Saneamiento, como vehículo para erradicar la pobreza.
 
Hilarante, si no fuera porque este tipo de ideas fuera de lugar y contexto vienen de la mano del presidente del gobierno de España.
 
Lo que se ha dicho
 
“En atención a la trascendencia y a la creciente importancia de las migraciones internacionales y a sus proyecciones para nuestros países, hemos elegido esta materia, a iniciativa del gobierno del Uruguay, como tema central de la presente Cumbre, reafirmando los propósitos enunciados al respecto en anteriores declaraciones, y en especial en la emanada de la XV Cumbre Iberoamericana, realizada un año atrás en Salamanca – España. Asimismo, decidimos intensificar el diálogo y la cooperación sobre el tema e impulsar, en nuestras políticas nacionales, foros subregionales y acuerdos internacionales, la materialización del Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo, que es parte integrante de la presente Declaración
 
De este modo quedaba explicado el motivo de la reunión y así quedó reflejado en la Declaración de Montevideo ratificada por los 22 jefes de Estado y de Gobierno que han participado en la Cumbre. (Texto completo: http://www.cumbresiberoamericanas.com/principal.php?p=510). Esta manifestación de intenciones se ha pretendido desarrollar más ampliamente en el Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y desarrollo, como se especifica en el texto señalado.
 
En la filosofía de este Compromiso se perfilan dos tipos de orientaciones: por un lado, la mayoría de los mandatarios iberoamericanos han vertido un discurso dirigido al consumo interno de sus países, en el que quieren destacar su solidaridad con el respeto y la lucha por los derechos humanos de los que emigran,  y la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida, a la par que señalan como de máxima importancia la remesa de divisas que estos ciudadanos aportan a la economía de su lugar de origen.
 
Por otro lado, se ha reconocido la necesidad de  adoptar acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales que hagan posible una gestión ordenada de los flujos migratorios. Algo a lo que Zapatero se  ha apresurado a sumarse, en clara contradicción al proceso de regularización llevado a cabo hace algo más de un año en España por el gobierno socialista. Adelantó que en el segundo semestre de 2007,  habrá un Foro Iberoamericano de migración y desarrollo para evaluar las conclusiones de esta Cumbre de Montevideo y coordinar las estrategias que surjan del documento que se aprueba hoy.  "La emigración clandestina condena al que emigra a vivir al margen de los derechos más elementales", afirmó Rodríguez Zapatero, y agregó que el fenómeno fomenta "las mafias" y la economía sumergida.  No hay nada como escarmentar en propia piel.
 
De cualquier manera, y a pesar de que lo primordial para estos dirigentes ha sido apostar por la emigración y poco por mejorar sus propias condiciones de vida,  el reconocimiento de esta necesidad por parte de los países emisores de ciudadanos es notablemente importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el número de inmigrantes latinoamericanos en el mundo se incrementó notablemente en los últimos años: de 21 millones en 2000, pasaron a 25 millones en 2005, lo que supone el 13% del flujo migratorio mundial. La mayoría elige como destinos Estados Unidos y España, mientras que unos tres millones migran dentro de la región, principalmente a Argentina, Costa Rica y Venezuela. (Según datos de un estudio elaborado por CEPAL en junio de 2006).
Estas cifras, que no consideran la movilidad temporal, equivalen a la población de un país de tamaño demográfico intermedio en la región.
 
Una primera aproximación al impacto demográfico de la migración en la zona demuestra  que el total de inmigrantes (1.1% de la población regional) equivale a un cuarto del de emigrantes. Si bien este es el principal rasgo de Iberoamérica, hay algunas excepciones interesantes, como es el caso de Argentina, Costa Rica y Venezuela, que siguen recibiendo buena cantidad de inmigrantes de los países del alrededor; además, en Belice y algunos Estados insulares de El Caribe, los inmigrantes representan una alta proporción de las respectivas poblaciones nacionales.
 
Con relación a los emigrantes (el 4.1% de la población regional) cabe destacar que 9,3 millones de personas (el 43% del total regional) proceden de México que se dirigen a Estados Unidos. También sabemos que  los emigrantes originarios de Centroamérica, de El Caribe y Colombia exceden holgadamente el millón de personas en cada caso. Estas cifras revelan que la vigorosa emigración de latinoamericanos y caribeños no se manifiesta de manera homogénea entre los diversos países. Como expresión de ello, la incidencia relativa de la emigración sobre las poblaciones de origen es elevada en los países caribeños (la mayoría de los cuales tiene más del 20% de sus efectivos en el exterior) y en algunos de América Latina, como Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay (donde la relación oscila entre 8% y 15%).
 
El ejemplo de Colombia
 
Durante la Cumbre, ha sido especialmente interesante el discurso del presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien mostró su compromiso para abordar de forma eficaz la problemática migratoria, concertar posiciones y desarrollar acciones coordinadas, especialmente frente a los países receptores. Según sus palabras, su compromiso debe ser el de desalentar la migración indocumentada, crear empleo decente para los migrantes y fortalecer las acciones para proteger a las víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de personas.
 
Como buena práctica, puede señalarse que en  Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cumplimiento del Manifiesto Democrático, creó en 2003 el programa  “Colombia Nos Une”, destinado a fortalecer los vínculos con los colombianos que han migrado, reconocerlos como parte activa de la nación y crear políticas públicas para ellos.
 
Conscientes del creciente número de colombianos residentes en el exterior, de la importancia del fenómeno migratorio a nivel global y de la necesidad de visibilizarlos e incluirlos dentro de los proyectos nacionales, el programa “Colombia Nos Une” sirve como facilitador ante instituciones nacionales y organismos internacionales para generar programas y proyectos dirigidos a la diáspora colombiana.
 
A su vez,  en este país se ha promovido la investigación destinada a identificar socio-demográficamente a los colombianos en el exterior, establecer alianzas estratégicas destinadas a promover programas de impacto en estas comunidades, crear canales de comunicación entre los colombianos independientemente de su lugar de residencia, e indagar por el impacto de las remesas familiares en el ámbito local, regional y global.
 
De manera complementaria, se ha coordinado un trabajo regional para mostrar los efectos positivos de la migración internacional, tanto para países de origen como de destino, y luchar por la descriminalización de este fenómeno.
 
Se ha impulsado la ejecución de programas de migración laboral temporal, que facilitan la movilidad ordenada de los trabajadores, les aseguran el respeto de los derechos humanos y laborales y apoyan procesos productivos en las comunidades de origen. Los trabajadores colombianos reclutados bajo estos esquemas se destacan por su laboriosidad y contribuyen a la buena imagen del país en el exterior.
 
Finalmente, “Colombia nos Une” ha establecido un trabajo conjunto con los gremios de la construcción en el país, con el fin de canalizar las remesas hacia la adquisición de vivienda en Colombia desde el exterior.
 
Por dónde van los tiros
 
Es esperanzador comprobar que ya existen algunas iniciativas de esta naturaleza, aunque no sea la tónica general de la zona. Es bueno destacar que Ecuador, cuya comunidad en España es mayoritaria, también se ha decidido por emprender algunas políticas de esta naturaleza.
 
En 2001, Ecuador y el gobierno español de entonces firmaron el “Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios”. También dispone de  Unidad Técnica de Selección de Trabajadores Migratorios, que ha permitido contar a la fecha con una base de datos de 30.000 potenciales trabajadores que pueden ser seleccionados para ser contratados por empresas españolas.
 
De igual manera, Ecuador trata de apoyar  esfuerzos encaminados a la reducción de los costos de transferencia de remesas. Los emigrantes han identificado allí un obstáculo que compromete la inversión y ahorro en el país de origen, mas aún si la mayor parte de su ingreso permanece en el país receptor.
 
En esta línea van también las cien propuestas que ha presentado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, fruto de su conferencia sobre Inmigración celebrada en octubre, que incluyen, entre otras, la prohibición por Ley de las regularizaciones masivas, instrumentos para agilizar las expulsiones, aumentar los controles de los extranjeros a través del padrón, así como la creación de una agencia de inmigración y empleo, integrada por los agentes sociales y las administraciones públicas para actuar como oficina de información, orientación y empleo para los inmigrantes que deseen trabajar en España.
 
Un mes después de esta conferencia, el PP ha formalizado estas medidas a través de una proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a poner en marcha iniciativas contra la inmigración ilegal en distintos ámbitos, tanto a nivel estatal como de política exterior.
 
Se ofrece una batería de propuestas que arrancan con la modificación de la Ley de Extranjería para que no puedan hacerse más regularizaciones masivas y exigir la condición legal antes de que una persona pueda empadronarse. Se propone una estructura organizativa única para la coordinación de las políticas de inmigración con un único responsable al frente del Gobierno. También señala la necesidad de crear una comisión mixta Congreso-Senado sobre este asunto. El Grupo Popular sigue insistiendo en la necesidad de reforzar la seguridad en las fronteras, así como en trabajar en consonancia con la UE, con el fin de impulsar una línea de actuación común en la Unión, homogeneizar las estructuras administrativas, canalizar los flujos migratorios por las vías legales vigentes, promover la integración y combatir el racismo y la xenofobia.
 
También apuesta por intensificar la política de cooperación al desarrollo por parte de la UE, primando a aquellos estados que cooperen en el control de la inmigración ilegal y en particular, a los que firmen acuerdos de readmisión de irregulares. El PP cree asimismo que se debe contribuir al desarrollo de los países de origen, fomentando la formación de sus nacionales y contemplando la concesión de permisos de carácter temporal para su cualificación profesional, incluida la formación de directivos.
 
Las medidas que plantean afectan al ámbito del empleo y la integración, con programas de formación, culturales, prevención de la violencia doméstica, aprendizaje del castellano y la promoción de la participación electoral de aquellos ciudadanos de Estados con derecho a voto o con los que haya convenios.
 
Solo este puñado de propuestas ponen de manifiesto que son cada vez más los que comienzan a tener claro que la migración tiene dejar de ser algo clandestino para ser algo legal y organizado, donde los gobernantes deben dar el primer paso, si no queremos que el resto de los ciudadanos, tanto los que estamos, como los que llegan, nos veamos envueltos en situaciones desagradables que al final, solo generan problemas, cuando la inmigración bien disciplinada es enriquecedora, económica, humana y culturalmente para todos.
 
El presidente del gobierno debería reconsiderar su catálogo de prioridades y tomar como referencia todas estas propuestas que vienen de uno y otro lado…aunque potabilizar el agua también sea importante.

 
 
Ana Ortiz es Analista Adjunta en el área de Inmigración y Seguridad Interior.


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